Seguridad jurídica, proceso penal y corrupción en Perú

AutorCésar Eugenio San Martín Castro
Páginas187-207
SEGURIDAD JURÍDICA, PROCESO PENAL
Y CORRUPCIÓN EN PERÚ
César Eugenio San Martín Castro
Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Ponticia Universidad Católica. Perú
1. LA CORRUPCIÓN
1.1. Uno de los más graves problemas que presentan los países oc-
cidentales y, en especial, América Latina, es la lógica de las relaciones
que uyen entre las exigencias del Estado Constitucional, la seguridad
jurídica, el control de los delitos de mayor incidencia social —producto,
muchas veces, de serios problemas estructurales aún no resueltos y las
demandas colectivas de seguridad—, en especial la corrupción, y la e-
cacia del proceso jurisdiccional penal.
Asumir esta realidad y plantear, con racionalidad, determinadas po-
líticas públicas requiere tener presente no solo la idea de límites propia
de la democracia, sino asumir algunos ejes claves que evitarán alter-
nativas autoritarias o puramente simbólicas. Desde la perspectiva del
control del delito y el papel de la jurisdicción, como sustrato del Poder
Judicial, es importante reconocer sus notas características fundamenta-
les, su rol institucional y social, y saber mantener aquellas garantías in-
sustituibles que, sin mengua de la ecacia, puedan consolidar —en este
escenario de grandes cambios y desconcierto— un marco de denición
de conictos en el que el derecho se superponga a la política —a los
intereses coyunturales de determinados sectores de la población y de la
«clase» política—.
1.2. Lo primero y más importante, que es la base del presente análi-
sis, son los valores jurídicos que «pesan» en el ordenamiento jurídico, en
Seguridad Jurídica, Proceso Penal y corrupción en Perú
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el derecho y, por tanto, predenen la legitimidad de las actuaciones de
los poderes públicos y se erigen en pautas inexorables de la producción
jurídica de los jueces, del Poder Judicial.
Es particularmente relevante armar los valores del derecho y del
papel de la jurisdicción, pues la máxima tensión y conictividad institu-
cional se presentan cuando se trata de controlar las ilicitudes del Poder
Ejecutivo —del Gobierno— en especial, ámbito en el que, por sus pro-
pias competencias, el Poder Judicial ocupa un rol denitorio.
¿Existe, acaso, un papel más signicativo que sancionar las ilicitu-
des, en tanto un aspecto relevante de la actuación de la jurisdicción? Ello
supone poner en fuerte examen la posición política del Poder Judicial y
del Ministerio Público, su nivel de fortaleza institucional y, por cierto, su
propia autonomía y la independencia de los jueces y scales.
A partir de lo expuesto, cabe ubicar con sumo rigor el rol de la segu-
ridad jurídica, del propio Estado Constitucional, así como la considera-
ción internacional de la corrupción gubernativa y, a partir de este enfo-
que, analizar algunas instituciones procesales que pueden ser un punto
de apoyo a la reforma jurídica de la persecución penal de la corrupción.
1.3. La corrupción adquiere, desde hace algún tiempo, dimensiones
inusitadas. Constituye un crimen internacional y es fuente de preocupa-
ción mundial por estar presente en todos los países. El Director de la
Ocina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC),
Yuri Fedotov, informó en julio de 2012, que el crimen organizado —del
que la corrupción es parte esencial— mueve 870.000 millones de dólares
americanos, el 3,6 por 100 del Producto Bruto Interno Internacional. Los
negocios criminales y sus ganancias constituyen una de las veinte eco-
nomías principales del mundo, y su presencia es un gran impedimento
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de la salud y a la reducción de la pobreza entre los más pobres.
En este mismo sentido, la Alta Comisionada de la Organización de
las Naciones Unidas para los DDHH, Navi Pillay, a la par que: i) ar-
mó que la corrupción es un enorme obstáculo para el goce de todos los
derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
así como el derecho al desarrollo, ya que viola el principio fundamental
de transparencia y rendición de cuentas; ii) informó que la cantidad de
dinero robado cada año por la corrupción es ochenta veces más de lo
que hace falta para alimentar a la gente que pasa hambre en el mundo;
que los sobornos encarecen hasta en un 40 por 100 el costo total de los
proyectos para abastecer de agua potable y saneamiento a la población
mundial; que entre el 2000 y 2009 los países en desarrollo perdieron 8,44
billones de dólares en los ujos nancieros ilícitos, diez veces más que la
ayuda extranjera que reciben.
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas,
Ban Ki Moon, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción (9
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