Seguridad jurídica: información y formación de contribuyentes y de profesionales

Páginas:481-484
 
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© AMADO COn sultOres el Cierre FisC Al y COntAble Del e jerCiCiO 2015
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Capítulo 8
La nueva Ley General Tributaria:
principales alertas a tener en cuenta
en el cierre del ejercicio.
Seguidamente se abordan aquellas cuestiones que son objeto de modificación en virtud de la Ley
34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, y que de un modo u otro afectan al ámbito de la contabilidad fiscal y por lo tanto
a los cierres contables, de manera especial al del ejercicio 2015.
Para esta redacción se han tenido en cuenta los textos remitidos por el Senado al Parlamento de
la nación en el mes de septiembre de 2.015 y la recién publicada Ley.
Según el preámbulo de esta Ley, redactada por la Comisión con competencia legislativa plena y
que forma parte de la nueva exposición de motivos, esta reforma es la de mayor calado que se
produce desde la entrada en vigor de la Ley 58/2003, (publicada en el BOE nº 302 en fecha 18 de
diciembre de 2003) y que afecta a diversas partes del texto legal, tiene, según el legislador, su jus-
tificación en motivos de diversa índole tratando de respetar en todo momento el principio de esta-
bilidad normativa que fortalezca la seguridad jurídica en beneficio de los operadores que aplican el
sistema tributario: los obligados tributarios, los colaboradores sociales y la propia Administración
Tributaria. Todo, según justifica el legislador, con el fin de incrementar la eficacia de la actuación
administrativa en la aplicación de los tributos, logrando, a la vez, un mejor aprovechamiento de los
recursos a disposición de la Administración.
Esta modificación, pretende seguir las pautas marcadas por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre,
de medidas para la prevención del fraude fiscal, y por la más reciente Ley 7/2012, de 29 de octu-
bre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude,
incorporando nuevas figuras sustantivas y procedimentales para cubrir los vacíos legales hasta
ahora existentes o adaptando la norma para superar situaciones de controversia interpretativa,
administrativa y jurisdiccional, puestas de manifiesto a lo largo de estos años. También procura
mejorar, adaptar y completar la regulación del sistema tributario español con el fin de reducir la
litigiosidad en esta materia, regulando de manera más precisa, clara y sistemática todos aquellos
procedimientos a través de los cuales se aplica y gestiona el sistema tributario; y facilitando e
incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
Es de prever que se consiga bajar el nivel de litigiosidad al que se ha llegado dada la interrela-
ción de normas contables, fiscales y jurídicas, que obliga ala introducción de nuevos modelos de
relación entre los contribuyentes y la Administración que conducen en no pocas ocasiones a las
alternative dispute resolution o aplicación de medios extrajudiciales, en el marco de una pacífica
relación contribuyente-administración. Estos cambios son bienvenidos para unos pero no tanto
para otros; como es el caso de la publicación de las listas de morosos, la publicación anual de los
paraísos fiscales, los nuevos plazos en el procedimiento inspector y los supuestos de suspensión
de dicho procedimiento, la posibilidad de liquidación administrativa en los casos de delito fiscal
(cosa que hasta ahora no era posible), aumento de los supuestos de liquidación tributaria en los
delitos de contrabando, establecimiento de una mayor concreción en el régimen de estimación
indirecta, la cuasi imprescriptibilidad del derecho de la Administración a comprobar los créditos
fiscales de ejercicios que con la anterior normativa eran considerados prescritos a todos los efec-

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