Segunda asamblea mundial sobre el envejecimiento

ANTECEDENTES

En el marco de las Naciones Unidas desde 1969 se empezó a tomar conciencia de la necesidad de proteger los derechos y el bienestar de las personas mayores. Esta preocupación se reflejó en diversas Resoluciones hasta que la Asamblea General adoptó la decisión de organizar una Asamblea Mundial como foro para iniciar un programa internacional de acción que garantizara la seguridad económica y social de dichas personas.

La Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento tuvo lugar en Viena, de 26 de julio a 6 de agosto de 1982. En ella se aprobó un Plan de Acción que supuso un gran avance en las políticas para personas mayores, con la atención centrada en los países desarrollados. Fue un Plan muy avanzado para la época, que pone de manifiesto una serie de «esferas de preocupación» que hacen patente la necesidad de un enfoque coordinado de las políticas e investigaciones en el contexto de la planificación económica y social global, formulando recomendaciones que aún no han perdido su vigencia, como se demuestra en los Planes más recientes que vamos a examinar.

Los progresos alcanzados como consecuencia de la Primera Asamblea fueron desiguales de un país a otro, en función de la disparidad de los recursos disponibles y de las prioridades políticas pero, en las sucesivas evaluaciones que se llevaron a cabo en 1985, 1989, 1992 y 1996, se comprobó, en general, una mejora notable en el desarrollo de las infraestructuras nacionales para personas mayores, se elaboraron planes, programas y mecanismos de coordinación sobre el envejecimiento, se especializaron servicios de salud, se reforzó la asistencia estructurada y no estructurada, aumentó la seguridad a través de los regímenes de pensiones y se incrementó la participación en la sociedad de las personas mayores.

En los resultados de los cuestionarios de evaluación que las Naciones Unidas dirigieron a los distintos países, se pusieron de manifiesto determinadas sugerencias para el futuro: incorporar los avances de la tecnología

Consejera Técnica de la Subdirección General de Relaciones Sociales Internaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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y sus repercusiones en la educación, el empleo y la salud; necesidad de intervenciones normativas para promover la participación activa, proporcionar un entorno favorable a las personas mayores, proteger sus derechos en lo que se refiere a malos tratos y violencia, mejorar la seguridad económica ampliando la cobertura, estudiar las repercusiones de los movimientos migratorios, la capacitación de los profesionales de la salud y de los servicios sociales, la importancia de la investigación en este campo y la vinculación de las futuras medidas a compromisos mundiales. En definitiva, el camino a seguir estaba trazado tras el impacto de la Primera Asamblea. La misma Asamblea había decidido, además, celebrar una Segunda veinte años después.

En 1999 se celebró el Año Internacional de las personas mayores. Su lema fue «una sociedad para todas las edades», inspirado en el concepto de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social que tuvo lugar en Copenhague en 1995, lo que significa que «cada persona, cada una, con sus derechos y responsabilidades, tiene un papel activo que desempeñar». Como dijo entonces la Embajadora Julia T. Alvarez, de la República Dominicana, gran impulsora de los derechos de las personas mayores, «contemplar el envejecimiento como un fenómeno que se produce durante toda la vida y en toda la sociedad, y no solo como un fenómeno propio únicamente de las personas mayores, significa un gran cambio de mentalidad».

Obtener una sociedad para todos implica la aplicación de políticas que refuercen el desarrollo individual a lo largo de toda la vida, desarrollo centrado en la autoayuda, en la independencia y en entornos favorables de familias, vecinos, comunidades de intereses e instituciones sociales, basadas en los principios de reciprocidad, solidaridad e interdependencia. Requiere, además, apertura hacia nuevos modos de percibir, valorar y ordenar la realidad. Significa, también, que ningún grupo debe ser discriminado o especialmente favorecido a causa de la edad. Presupone, en definitiva, el cambio de mentalidad impulsado en el Año Internacional.

SEGUNDA ASAMBLEA MUNDIAL DEL ENVEJECIMIENTO

En su Resolución 54/262, de 25 de mayo de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se celebraría en 2002 y que la Comisión de Desarrollo Social actuaría como Comité preparatorio. España se había ofrecido como sede con ocasión de la clausura del Año Internacional de las Personas mayores y su candidatura fue aceptada.

La Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento se celebró en Madrid durante los días 8 a 12 de abril de 2002, con la participación de 159 delegaciones nacionales y de numerosos observadores, tanto del sistema de las Naciones Unidas como del ámbito no gubernamental.

La mayor parte de las reuniones del proceso preparatorio y la celebración de la propia Asamblea tuvieron lugar durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea por lo que correspondió a España el importante papel de negociar la Declaración política y el Plan de Acción, resultado de la Asamblea, en un doble plano: el de la concertación comunitaria y a nivel mundial como portavoz de la Unión Europea. España se hizo cargo, además, de la organización de una serie de actividades paralelas a la Conferencia, como el Foro de las Organizaciones no Gubernamentales y la celebración de seis mesas redondas identificadas como «Diálogos 2002» en las que se debatieron los principales temas actuales en materia de envejecimiento.

En la Asamblea se aprobaron una Declaración política y un Plan de Acción, conocido en adelante, por Resolución de la misma Asamblea, como Plan de Madrid.

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2.1. Declaración política

En la Declaración política los representantes de los Gobiernos se comprometen a adoptar medidas a todos los niveles en las tres direcciones prioritarias marcadas por el Plan de Acción. Aceptan la esperanza de vida en muchas regiones del mundo como uno de los mayores logros de la humanidad y reconocen la importancia de la cooperación internacional para complementar los esfuerzos nacionales en la aplicación del Plan de Acción.

Adoptan también el compromiso de eliminar la discriminación por motivos de edad y cualquier forma de abandono, abuso y violencia, reconociendo la dignidad de las personas mayores y su derecho a disfrutar de una vida plena con participación activa en la vida económica, social, cultural y política.

Admiten que los países en desarrollo y algunos con economías en transición tienen que superar aún muchos obstáculos para participar plenamente en la economía mundial, lo que produce la marginación de muchas personas y en particular de las personas mayores, de ahí la importancia de incluir el tema del envejecimiento en los programas de desarrollo y en las estrategias de erradicación de la pobreza.

La Declaración incorpora expresamente la perspectiva de género, lo que constituye una innovación y destaca el valor de la investigación como instrumento indispensable para la formulación de las políticas relativas al envejecimiento asumiendo además, lógicamente, los objetivos del Plan en todos los sectores, salud, empleo, educación y protección social. Se recalca la función de las familias, el voluntariado, las comunidades y las organizaciones de personas mayores para prestar apoyo y cuidados no estructurados, haciéndose cargo de la obligación de fortalecer la solidaridad entre las generaciones y las asociaciones intergeneracionales.

La responsabilidad sobre el envejecimiento corresponde, en primer lugar, a los Gobiernos, pero es indispensable la colaboración entre los Gobiernos nacionales y locales, los organismos internacionales, la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y las propias personas mayores así como la asistencia del sistema de las Naciones Unidas.

2.2. Plan de Madrid sobre el envejecimiento

El Plan de Madrid tiene un punto de partida gráfico y efectivo con la descripción de los aspectos demográficos ligados al envejecimiento como fenómeno mundial. Es riguroso, además, porque tiene como fuente los datos del Programa de la División de políticas sociales y de desarrollo social de la Secretaria de las Naciones Unidas, presentando un perfil demográfico tan llamativo y evidente que resultan obvios los inevitables cambios que van a producirse en la vida de las personas, en las instituciones, en las comunidades y prácticamente en todas las áreas del gobierno y de la sociedad. Como dijo Kofi Annan en la inauguración del Año Internacional de las Personas Mayores «estamos en pleno centro de una revolución silenciosa. Esta revolución, que va más allá de la demografía, tiene consecuencias importantes en los planos económico, social, cultural, psicológico y espiritual».

Lo que el Plan de Madrid califica también de «revolución de la longevidad» empezó a manifestarse como tendencia a mitad del siglo XX en los países desarrollados y va a constituir una de las características más marcadas del siglo presente, extendiéndose, ahora, a un ritmo acelerado, a los países en vías de desarrollo.

De acuerdo con los datos de la Secretaria de las Naciones Unidas, existen actualmente 600 millones de personas mayores de 60 años en el mundo, número que ascenderá a 2.000 millones en el año 2050. La esperanza media de vida al nacer ha aumentado 20 años desde

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1959 y aumentará aún 10 años más en 2050. Se trata de una auténtica mutación demográfica y, de confirmarse las previsiones, dentro de tres generaciones exactamente se invertirá, por primera vez, la proporción de jóvenes y de personas mayores. Actualmente, una persona de cada diez tiene más de 60 años, en el año 2050 será una persona de cada cinco.

El envejecimiento de la población será mucho más espectacular en los países en desarrollo, que envejecerán rápidamente en la primera mitad de este siglo. Para 2050 el porcentaje de personas mayores aumentará del 8% al 19% mientras que el de niños descenderá del 33% al 22%.

Curiosamente, el grupo de personas que crece más rápidamente es el que tiene 80 años de edad o más. En el año 2000 se cifraba en 70 millones de personas y en los próximos 50 años esa cifra aumentará más de cinco veces. Las mujeres representan un 55% de la población mayor de 60 años y un 65% de la población mayor de 80 años.

Los tipos de hogares en los que vive la población mayor son también diferentes en los países desarrollados y los países en desarrollo. En estos últimos una gran proporción de personas mayores vive en hogares multigeneracionales.

Con este planteamiento de entrada sobre la transformación mundial en la que estamos inmersos, es fácil deducir que el envejecimiento va a incidir de manera inevitable en la evolución del desarrollo. Aunque los países desarrollados han envejecido más gradualmente, casi acaban de descubrir que deben enfrentarse con resultados adversos como el desempleo y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, por ejemplo. Los países en desarrollo tienen un doble problema: simultanear desarrollo y envejecimiento, lo que acentúa sus dificultades. De ahí que una de las características más significativas y ambiciosas del Plan de Madrid sea su enfoque, porque considera que es indispensable la integración del proceso de envejecimiento mundial dentro del proceso más amplio del desarrollo. Con este enfoque, además de una perspectiva novedosa, en el sentido de que el envejecimiento no es un problema separado que deba abordarse aisladamente de otros, se consigue un efecto aglutinador al incorporar todos los logros de las Naciones Unidas en materia de desarrollo, que indudablemente han sido muy numerosos, alcanzados en su mayor parte consensualmente, mediante disposiciones, declaraciones políticas, principios orientadores o medidas de acción acordadas en conferencias, cumbres y periodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General. Dichos compromisos inspiran en buena parte los temas centrales que se recogen a lo largo del texto.

La intención del Plan es ofrecer un instrumento práctico para ayudar a identificar las prioridades básicas asociadas con el envejecimiento de los individuos y de las poblaciones a los encargados de la formulación de las distintas políticas. Si bien las políticas concretas han de variar según los países y las regiones, en el Plan se reconocen características y problemas comunes, pero se tienen en cuenta las divergencias, las distintas etapas del desarrollo, las situaciones transitorias que atraviesan algunas regiones y la interdependencia promovida por la globalización.

Para guiar las actuaciones políticas en el mundo que envejece, el Plan recomienda tres orientaciones prioritarias en torno a las que deben agruparse las medidas a adoptar, medidas que deben ir encaminadas a la creación de una sociedad para todos, en el más absoluto respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales sin los cuales sería imposible construir dicha sociedad. Recordemos una vez más que el concepto tiene su origen en la Cumbre Mundial de Copenhague de 1955 y fue el lema del Año Internacional de las Personas Mayores 1999.

Las orientaciones prioritarias son las siguientes: determinar el marco en el que se

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sitúa la vinculación entre las personas de edad y el desarrollo, fomentar la salud y el bienestar hasta la llegada de la vejez y crear entornos propicios y favorables.

Siguiendo la primera de las orientaciones, constatamos que la política de desarrollo ha estado particularmente centrada en alcanzar el crecimiento económico, lo que ha llevado a una cierta marginación de las personas mayores al considerarlas improductivas. En 1994 la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo lamentó que los adultos mayores fueran considerados como beneficiarios dependientes del desarrollo antes que como contribuyentes a él. Esta doble visión no se logró hasta la Cumbre Social de Ginebra 2000. El Plan de Madrid se hace eco de este reconocimiento y expone la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la constante integración y habilitación de las personas de edad que deben participar plenamente en el desarrollo y en la distribución de beneficios que reporte.

La relación entre las personas mayores y el desarrollo se desdobla para el Plan en una serie de cuestiones en relación con las cuales se deben diseñar, promover o mejorar medidas: los aspectos participativos, el empleo y el envejecimiento de la fuerza de trabajo, tendencias a tener en cuenta como la urbanización, la ruralización y el fenómeno migratorio así como la solidaridad entre las generaciones.

Las personas mayores deben tener la oportunidad de participar activamente en la sociedad, lo que se sustenta en la valoración y aceptación de su contribución social, cultural económica y política y en su derecho a participar en las decisiones que afectan a sus vidas. El Plan de Madrid no considera la participación sólo como elemento filosófico o metodológico sino que le otorga un enfoque de derechos humanos al introducir como primera medida cautelar la lucha contra todas las formas de discriminación. Conecta también en esta visión con los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad que se traduce en la obligación de recibir un trato digno y justo así como merecer una valoración independiente de su contribución económica.

Tal vez fuera conveniente en este punto utilizar un breve referente teórico y hacer una aproximación al concepto de envejecimiento productivo.

Un estudio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada nos hace notar que la última generación de investigadores en materia de sociología de la vejez define el envejecimiento productivo como «cualquier actividad, remunerada o no, realizada por una persona mayor que produce bienes y servicios o que desarrolla la capacidad de producirlos. El término está restringido a las actividades con repercusiones para la comunidad o la sociedad». Productividad ha de entenderse, lejos de la interpretación estrictamente economista del término, como el conjunto de beneficios que podemos conseguir para los propios mayores pero, sobre todo, a través de ellos para la comunidad de la que, por otro lado, ellos mismos forman parte. De este modo, lo que se pretende resaltar es que la persona mayor tiene un rol social que cumplir con auténticas responsabilidades en la medida en que quiera y pueda. Esta facultad de autodeterminar sus acciones es muy importante. Lo que conceptos como este permiten, en definitiva, es un acercamiento crítico sobre las aportaciones de las personas mayores a la sociedad y la búsqueda de modelos positivos de envejecimiento.

En su contribución a la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, la Oficina Internacional del Trabajo puso de manifiesto que la empleabilidad de los trabajadores está fuertemente influenciada por factores individuales y profesionales. La capacidad de trabajo es el resultado de la interacción entre los recursos del individuo, las condiciones de trabajo y la organización del mismo. Los recursos individuales incluyen la salud, la capacidad funcional, la educación básica y profesio-

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nal y la experiencia teórica y práctica. La promoción y conservación de la capacidad de trabajo tienen que considerarse una estrategia activa para hacer frente a los desafíos del cambio demográfico y del mercado de trabajo.

La OIT considera también que la consecución de una fuerza de trabajo totalmente inclusiva respecto de todos los grupos de edad supone claras ventajas para el mundo empresarial porque proporciona una gama de calificación más variada y extensa y que la clave para la inclusión de los trabajadores mayores consiste en dotarlos de los conocimientos que se requieren y de la manera de actualizarlos. Es decir, propugna la educación permanente como estrategia y como necesidad económica.

Siguiendo las tendencias actuales sobre el envejecimiento activo, el Plan establece que «se debe permitir a las personas mayores seguir realizando tareas remunerativas mientras lo deseen y puedan hacerlo productivamente».

Para promover la empleabilidad de los trabajadores mayores se distinguen en el Plan dos vías simultáneas:

1. Valorar la experiencia de la mano de obra que envejece porque su empleo continuado no solo no reduce las oportunidades de los jóvenes sino que puede ser de gran utilidad para capacitar a trabajadores más jóvenes y nuevos, lo que redunda en beneficio de la actividad y de la producción económica nacional.

2. Adoptar políticas que aumenten las oportunidades de empleo. Se proponen cuatro líneas de actuación:

   Establecer nuevas modalidades de trabajo basadas en fórmulas de jubilación flexible o bien que permitan compatibilizar el trabajo remunerado con otras actividades.

   Modificar las estructuras de incentivos existentes, por ejemplo, para alentar a los trabajadores a aplazar voluntariamente su jubilación.

   Introducir cambios en la gestión de recursos humanos para fijar nuevas prácticas laborales que faciliten la retención y la participación productiva de los trabajadores mayores en la fuerza de trabajo.

   Implantar medidas concretas para aumentar la participación, tales como un nuevo enfoque de la jubilación, la educación y formación permanente, el acceso a nuevas tecnologías, fomento de la contratación de trabajadores mayores, los aspectos preventivos de salud laboral, la rehabilitación profesional, el empleo independiente de personas mayores, entre otras.

   El Plan presta especial atención al necesario aumento de la participación de las mujeres mayores en el trabajo remunerado y reconoce como objetivo integral el equilibrio de los sexos en los lugares de trabajo.

   En la panorámica del desarrollo habrá que considerar forzosamente algunas tendencias propias de nuestro tiempo como la urbanización, la situación del mundo rural y las migraciones.

   En términos generales, puede decirse que la población mayor es cada vez más urbana, aunque hay grandes diferencias entre los países desarrollados, los países en desarrollo y aquellos con economías en transición. En los países desarrollados el 51% de la población mayor vive en ciudades aunque las previsiones indican que en 2025 el porcentaje aumentará al 82%. En los países en desarrollo hay una proporción mayor de personas mayores que vive en zonas rurales, estimándose que solo el 35% vive en zonas urbanas.

   En principio el envejecimiento de las zonas rurales se debe al éxodo de los jóvenes adultos. Las personas mayores que permanecen allí se ven privadas del apoyo familiar tradi-

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   cional y, a veces, incluso de recursos. Las mujeres mayores son particularmente vulnerables en este medio. En las zonas urbanas la pérdida de las redes sociales y la falta de infraestructuras de apoyo pueden conducir a las personas mayores a la marginación y a la exclusión.

   A pesar de las distintas situaciones según las regiones, el Plan consigue esbozar unas medidas comunes para las personas mayores de las zonas rurales. Es necesario mejorar las condiciones de vida y la infraestructura de estas zonas en lo que concierne a la protección social, a los servicios sociales básicos para todos, a la capacitación permanente sobre tecnologías agrícolas mejoradas y al acceso a sistemas de microfinanciación local, previniendo, cualquier posible marginación a través de mecanismos sociales de apoyo.

   Siguiendo con el examen de las tendencias actuales, el alcance del término «migración» debe entenderse con referencia no solo a las personas que han emigrado y han envejecido en los lugares de destino sino también a los emigrantes que retornan al lugar de origen para envejecer en sus países de procedencia. El único mensaje del Plan para los migrantes mayores es integración en todos los planos, social, cultural, político y económico.

   La migración forzada es otro aspecto más, tratado de manera detallada en el Plan. Se contemplan como posibles situaciones de emergencia los conflictos armados, la ocupación extranjera y los desastres naturales y se intentan determinar los objetivos que deben guiar la protección que requiere la especial vulnerabilidad de las personas mayores en estas circunstancias.

   Las personas mayores deben tener igualdad de acceso a los alimentos, a la atención médica, al alojamiento y servicios, que el resto de la población que se ve obligada a trasladarse, por lo que, a la hora de elaborar planes y programas de ayuda humanitaria, habrán de evaluarse no solo sus necesidades sino también sus posibles contribuciones. Es preciso sensibilizar en este sentido al personal de los organismos de socorro. La participación de las personas mayores en la reconstrucción de las comunidades es importante, aunque habrá que establecer mecanismos para impedir su explotación financiera por parte de oportunistas y protegerlos de todo tipo de abusos. Posteriormente, después de los desastres, será preciso ayudarlos a restablecer su autosuficiencia económica mediante proyectos que incluyan la generación de ingresos, programas de educación y programas de actividades ocupacionales.

   El Plan menciona particularmente la situación de los refugiados mayores de orígenes culturales distintos que envejecen en entornos nuevos, donde van a necesitar redes sociales y apoyo adicional por lo que habrá que garantizarles el acceso a estos servicios. También considera de modo especial a los desplazados, a los que habrá que prestar ayuda humanitaria, información y asesoramiento jurídico al verse privados de sus bienes personales y medios de producción.

   Otros elementos indispensables para que las personas mayores puedan llevar una vida activa y plena son la educación, la solidaridad intergeneracional y la erradicación de la pobreza.

   La educación requiere igualdad de oportunidades y beneficiarse de la experiencia adquirida con la edad. El Plan prevé mejorar en un 50% los niveles de alfabetización de adultos para el año 2015, en particular las mujeres, ofrecer un acceso equitativo a la educación básica y permanente, garantizar los beneficios de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y estimular el diseño de computadoras teniendo en cuenta las aptitudes físicas y la capacidad visual de las personas mayores.

   La solidaridad entre las generaciones a todos los niveles -familiar, comunitario y nacionales fundamental para lograr una

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   sociedad para todas las edades. Es un requisito indispensable para la cohesión social y fundamento de los sistemas de protección social estructurados así como de los sistemas asistenciales no estructurados. El objetivo que propone el Plan es, consecuentemente, el fortalecimiento de la solidaridad basándose en la equidad y en la reciprocidad, promoviendo un intercambio productivo mutuo entre las generaciones, facilitando la celebración de reuniones para todos los grupos de edades y evitando la segregación generacional, abordando la situación peculiar de la generación que tiene que ocuparse al mismo tiempo de sus padres, de sus propios hijos y de los nietos e introduciendo en la educación pública la comprensión del envejecimiento como una cuestión que interesa a toda la sociedad.

   La pobreza y la exclusión niegan a las personas mayores un lugar en el desarrollo. La lucha contra la pobreza es uno de los objetivos fundamentales del Plan, ya que en algunos países estas personas están excluidas de los planes y programas para erradicar la pobreza. Las desigualdades de género en lo que se refiere al acceso al mercado laboral y a la independencia económica así como la parcialidad de los sistemas de protección social basados en una actividad laboral ininterrumpida y el número de hogares monoparentales encabezados por mujeres, han intensificado el fenómeno de la feminización de la pobreza. Las personas mayores discapacitadas son también más vulnerables.

   Para combatir la pobreza el Plan considera medidas reductoras y medidas preventivas. Como reductoras pide, precisamente, la inclusión de las personas mayores en los planes y programas de reducción de la pobreza con especial atención a las mujeres, fijando esta reducción en un 50% para 2015. Sería muy útil desarrollar indicadores por edad y por género. La vía preventiva viene determinada por garantizar unos ingresos mínimos a las personas mayores a través de sistemas de protección social básicos, tanto contributivos como no contributivos, adoptando medidas para su sostenibilidad y para contrarrestar los efectos de la hiperinflacción. El Plan resalta la importancia del establecimiento de unos servicios de información para asesorar a las personas mayores en esta materia e incide especialmente en la importancia de la cooperación internacional para fortalecer la participación en la economía de los países en desarrollo y ayudarlos a erradicar la pobreza.

   Otra de las orientaciones prioritarias del Plan es fomentar la salud y el bienestar durante toda la vida. Para evitar una enumeración exhaustiva de posibles actuaciones, en este capítulo nos vamos a fijar más bien en las ideas de fondo.

   El Plan se hace eco de la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud de 1986, de los objetivos en la materia de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 y de las medidas recomendadas al respecto por la Organización Mundial de la Salud.

   La responsabilidad de una vida saludable compete no solo a los gobiernos sino también a la propia persona, pero para mantener y mejorar la salud hacen falta algo más que medidas dirigidas específicamente a influir directamente en ella. Los factores ambientales económicos y sociales como el entorno físico, la educación, la ocupación, la condición social, el apoyo social, la cultura y el género inciden notablemente en la salud. Consecuentemente, habrá que reducir los efectos acumulativos de los factores que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades (pobreza, deficiencias de las familias para cuidar a los mayores, agentes medioambientales que contribuyen a la aparición de enfermedades, uso indebido de medicamentos, malos hábitos ) y fomentar la educación sanitaria mediante campañas de información pública. Por supuesto, también son necesarias políticas preventivas, como intervenciones tempranas que puedan prevenir discapacidades futuras, vacunación de adultos, asesoramiento sobre

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   modos de vida saludable, evitar el aislamiento social e impulsar modos de vida activa. Se destaca, asimismo, la importancia de cuidar los aspectos nutricionales desde la primera infancia.

   El Plan prevé el acceso universal y en condiciones de igualdad a la atención primaria, con programas comunitarios específicos para las personas mayores, realizando un seguimiento continuo de sus necesidades básicas, con especial referencia a los pobres y a los que habitan en zonas rurales. Apoya la prestación paliativa y su integración en la atención general, en línea con la definición de la Organización Mundial de la Salud que define dicha atención como «atención total activa a los pacientes cuya enfermedad no responda al tratamiento curativo, a saber, mitigando el dolor y otros síntomas de la enfermedad y ofreciendo apoyo psicológico, social y espiritual a los pacientes y sus familiares».

   Alienta, por otra parte, a las empresas farmacéuticas para que realicen investigaciones que lleven a descubrir medicamentos para curar las enfermedades que afectan a las personas mayores en los países en desarrollo a precios asequibles y dedica un apartado a los efectos del VIH/Sida sobre las personas mayores, tanto infectadas como las que se dedican a atender a los supervivientes.

   El aspecto más novedoso del Plan en esta materia es la consideración de la salud mental de las personas mayores, ya que los problemas mentales se encuentran entre las causas principales de la reducción de su calidad de vida. Para el Plan, estos trastornos deben ser atendidos desde una base multidisciplinar y las estrategias para hacerlos frente incluyen la prevención, la medicación adecuada, los programas de apoyo a enfermos y familiares, la divulgación de información sobre síntomas, tratamiento y consecuencias, la capacitación de los profesionales de la salud, estructuras especiales de atención en régimen interno y programas de terapia psicosocial para la reintegración de personas que han salido de establecimientos hospitalarios.

   Por último, se consideran los efectos de la disminución de la capacidad y las discapacidades en las personas mayores y el tipo de políticas que deban desarrollarse para su participación plena en la sociedad.

   La tercera orientación prioritaria y tal vez la más evolucionada es la creación de un entorno propicio y favorable.

   El fomento de un entorno propicio para el desarrollo social fue uno de los objetivos principales acordados en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, refrendado posteriormente en el vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al seguimiento de la Cumbre y en la Declaración del Milenio. La puesta en práctica de este compromiso implica:

1. Una serie de condiciones esenciales que deben darse, tanto en el plano político nacional como internacional, tales como el reconocimiento de todos los derechos humanos, el buen gobierno, la interacción entre las políticas económicas, sociales y medioambientales.

2. Una movilización de recursos existentes así como la utilización eficaz y eficiente de los mismos.

   Se viene observando, sin embargo, una escasez creciente de recursos destinados al desarrollo social, lo que significa que los objetivos convenidos internacionalmente no se están cumpliendo del todo. Los países con economías en transición y los países en desarrollo tienen grandes dificultades por ello, a las que hay que añadir los cambios demográficos y la carga de la deuda externa.

   Partiendo de una reflexión sobre estos temas, el Plan propone una nueva asociación entre países desarrollados y países en desarrollo, asociación que debe reflejarse en una serie de obligaciones: adoptar políticas sane-

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   adas, aplicar el principio de legalidad, promover el comercio internacional como motor del desarrollo, la financiación sostenible de la deuda, el alivio de la deuda externa, aumentar la cooperación técnica para el desarrollo y procurar que los sistemas financieros, monetarios y de comercio internacionales sean más coherentes.

   Propone también un compromiso firme para crear sociedades inclusivas y cohesionadas para todos, mujeres, hombres, jóvenes, niños y personas mayores.

   De acuerdo con el Plan, un entorno favorable para las personas mayores significa realzar sus capacidades, promover su independencia y ofrecer posibilidades de participación activa. Se señalan cuatro claves para lograrlo: las condiciones de vida, el sistema asistencial, la eliminación de toda forma de abuso, malos tratos y violencia así como una imagen positiva del envejecimiento.

   En cuanto a las condiciones de vida, todas las medidas que se plantean giran en torno a tres objetivos: promover el envejecimiento en la comunidad en que se ha vivido, mejorar el diseño ambiental y de las viviendas teniendo en cuenta las necesidades de accesibilidad y seguridad de las personas mayores y la previsión de transportes accesibles y económicamente asequibles. Se prevén medidas tan interesantes como fomentar las inversiones en infraestructuras locales de manera que sean válidas para comunidades multigeneracionales, la asignación equitativa de viviendas sociales a las personas mayores, vincular la vivienda con los servicios de protección social para asegurar la integración de las condiciones de alojamiento con la atención a largo plazo y las oportunidades de interacción social, entre otras.

   La asistencia prestada a las personas mayores corre a cargo principalmente de la familia o de la comunidad, especialmente en los países en desarrollo, pero este sistema asistencial debe estar reforzado por políticas públicas para lograr unos servicios eficaces de prevención, tratamiento, asistencia y apoyo. El Plan prevé la asistencia continuada a las personas mayores de diversas fuentes, estructuradas y no estructuradas así como el apoyo a las personas que prestan asistencia.

   Siempre en el ámbito del entorno favorable que estamos tratando, podemos recordar que en la segunda reunión del Comité Preparatorio de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó un importante informe sobre «Abusos contra las personas mayores» cuya sustancia ha querido recoger el Plan. Se pretende la eliminación de todas las formas de abandono, abuso y violencia contra las personas mayores, en sus distintas manifestaciones, física, psicológica, emocional o financiera, mediante el establecimiento de medidas legales y de sensibilización al mismo tiempo que se recurre a la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil. Se impulsa, asimismo, la creación de servicios de apoyo para atender los casos de abuso y maltrato, alentando a los profesionales de la salud y al público en general a denunciar las sospechas que puedan tener en este sentido y propiciando servicios de información sobre la protección de que se dispone, incluidas medidas de prevención del fraude a los consumidores mayores. Las mujeres de edad corren mayor riesgo de ser objeto de maltrato físico y psicológico debido a actitudes sociales discriminatorias, a la ausencia de oportunidades económicas y de recursos, a la falta de acceso a la educación o su mínima participación en los procesos de toma de decisiones. La pobreza puede agravar esta situación de vulnerabilidad. El Plan contempla también sus circunstancias especiales.

   Como uno de los reflejos más evidentes de este entorno favorable y aspecto crucial en el Plan de Acción sobre el Envejecimiento 2002, nos encontramos con la importancia de una imagen positiva de las personas mayores, proyectada en el reconocimiento público de su autoridad, sabiduría, productividad y otras

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   contribuciones fundamentales. Educadores y medios de comunicación pueden jugar un papel decisivo en este cambio de la sociedad, descartando estereotipos perjudiciales y combatiendo cualquier discriminación.

   2.3. Seguimiento del Plan

   El Plan de Madrid deja a la iniciativa de los Estados la creación de los mecanismos institucionales adecuados para llevar a cabo el seguimiento de las estrategias diseñadas para su ejecución, pero destaca la importancia de establecer revisiones sistemáticas de los avances que se hayan producido. Deberá establecerse una colaboración eficaz con la sociedad civil, el sector privado y en especial las organizaciones de los propios interesados.

   A nivel internacional, la Comisión de Desarrollo Social se encargará de la evaluación de la ejecución del Plan y corresponderá a las Comisiones Regionales la responsabilidad de traducir el Plan en planes de acción regionales.

   Las instituciones financieras internacionales y los fondos y programas de las Naciones Unidas facilitarán también la implantación del Plan, incorporando la cuestión del envejecimiento a sus proyectos.

   La cooperación internacional jugará, asimismo, un gran papel para complementar las acciones nacionales, por lo que se insta a adoptar medidas para alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del producto nacional bruto para los países en desarrollo y el 0,15% de los países desarrollados para los menos desarrollados.

APLICACIÓN REGIONAL DEL PLAN DE MADRID

El párrafo 112 del Plan de Madrid dispone que corresponde a las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas la responsabilidad de plasmar dicho Plan en planes de acción regionales. La Comisión Económica para Europa (CEPE ) se encargó de elaborar el texto de una Declaración y de la Estrategia de Aplicación Regional, textos que fueron negociados en Ginebra por un Grupo de trabajo de composición abierta, constituido especialmente para la preparación de la Conferencia Ministerial sobre el Envejecimiento, que se celebró en Berlín los días 10 a 13 de septiembre de 2002. En las reuniones preparatorias, España actuó como portavoz de la Unión Europea, a excepción de la última y, aún en ésta, desarrolló un papel muy activo colaborando con la Presidencia recién estrenada danesa.

3.1. La Declaración Ministerial

La Declaración Ministerial de Berlín, como la de Madrid, se empezó a negociar cuando ya estaba acordado la mayor parte del Plan de Acción, por lo que no es sino un reflejo del mismo. La Declaración testimonia el compromiso de los Gobiernos de aplicar la Estrategia en desarrollo del Plan de Madrid para hacer frente a los retos del envejecimiento. Es una responsabilidad a todos los niveles, tanto local como nacional y en colaboración con los actores relevantes de la sociedad civil y el sector privado. Entiende el envejecimiento como un fenómeno positivo y considera a las personas mayores como una fuente valiosa de recursos, por lo que se enfatiza su participación plena en todos los aspectos de la vida. El enfoque utilizado para promover una sociedad para todas las edades es el fortalecimiento de la solidaridad intergeneracional, destacando el importante papel que juegan al respecto las generaciones jóvenes. Asume el compromiso de asegurar el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores así como sus derechos civiles y políticos. Se compromete, igualmente, a eliminar todas las formas de discriminación y combatir todas las formas de abandono, abuso y violencia. El éxito de

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las respuestas al envejecimiento de la población se vincula a su sostenibilidad y a un enfoque transversal que permita que el envejecimiento sea una cuestión abordada por todas las políticas. La Declaración reconoce también que prestará una atención prioritaria a la cooperación entre los Estados de la Región, pero sin que ello sea en detrimento de los compromisos asumidos en la Segunda Asamblea relativos a la cooperación internacional. Resalta, además, la importancia de un seguimiento efectivo de la aplicación que se de por los Estados a la Estrategia Regional, seguimiento que ha de permitir un intercambio productivo de información, experiencias y buenas prácticas.

3.2. La Estrategia Regional

La Estrategia Regional de Aplicación del Plan de Madrid es el Plan de Acción aplicable a la Región de la CEPE.

La Estrategia Regional tiene la misma finalidad que el Plan de Madrid, es decir, facilitar el desarrollo de metas políticas que permitan a los gobiernos afrontar el fenómeno del envejecimiento en la Región. Su estructura es más sencilla pero muy convincente, al presentarse en forma de compromisos. Tiene un enfoque holístico y parte de un primer compromiso global para integrar el envejecimiento en todos los ámbitos políticos de manera transversal como método para afrontar el reto demográfico, identificando como dichos ámbitos los sectores sanitario, económico, del mercado de trabajo, de protección social y el educativo.

Los mensajes que contiene este primer compromiso expresan la filosofía de toda la Estrategia y son claves para orientar las preocupaciones sobre las repercusiones del envejecimiento. Algunos son coincidentes con el Plan de Madrid, como la «creación de una sociedad para todos» y «la solidaridad entre las generaciones»; otros son nuevos, como la consideración del envejecimiento como un proceso que se extiende «a lo largo de toda la vida» y la «solidaridad intrageneracional», que refleja la importancia de la asociación de intereses para tener éxito en las demandas. Llama la atención, sin embargo, el hecho de que se reproduzca el párrafo del Plan de Madrid sobre los derechos humanos pero más restringido, porque dicho Plan habla de «derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo» y la Estrategia omite la mención al derecho al desarrollo.

Los aspectos participativos como vía de integración, contenidos en el Compromiso 2, no introducen elementos nuevos en relación a los contemplados en el Plan de Madrid: participación activa, la participación de los mayores considerada como capital social y valiosa en términos económicos, tanto desde el punto de vista de las contribuciones que aporta su experiencia como desde la perspectiva de constituir un significativo grupo de consumo con necesidades propias así como la importancia de promocionar una imagen positiva de estas personas.

El Compromiso 3 se refiere a la necesidad de promover un crecimiento económico equitativo y sostenible como respuesta al envejecimiento de la población, con un contenido ceñido a la Región. El envejecimiento en la Región va a producir un notable aumento de personas que no trabajan con relación a la población trabajadora, lo que repercutirá en la sostenibilidad de los sistemas de protección social. En este contexto, los políticos deben ser conscientes de que la distribución de recursos debe hacerse de manera equitativa y sostenible lo que solo puede lograrse mediante un crecimiento también equitativo y sostenible. Como se reconocen grandes diferencias , el crecimiento debe producirse también de diferente manera. La meta para Europa occidental y Norteamérica será, por una parte, asegurar una mayor consistencia entre la política fiscal y la monetaria y por otra, priorizar los objetivos del crecimiento y del empleo. Para los países con economías en

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transición la prioridad será la elaboración de estrategias para erradicar la pobreza, especialmente entre las personas mayores, y prevenir la corrupción. La ayuda internacional debe apoyar las reformas sociales y la creación de instituciones para procurar una economía de mercado e instituciones democráticas.

En materia de protección social, Compromiso 4, la Estrategia prevé varias áreas de acción: fortalecer los objetivos básicos, esto es, prevenir la pobreza y proporcionar un nivel adecuado de protección para todos; contribuir a la seguridad de las personas mayores desarrollando un marco legal para las pensiones profesionales y privadas; adaptar los sistemas de protección social a los cambios demográficos y a las estructuras familiares; igualdad de trato para mujeres y hombres durante toda su vida, con especial atención a las personas obligadas a interrumpir su carrera profesional para la educación de los hijos o el cuidado de miembros de la familia, lo que puede repercutir en sus carreras de seguro y por tanto en la reducción de su futura pensión.

El Plan de Madrid, como ya hemos visto, trata de la erradicación de la pobreza, cuantificando objetivos y garantizando unos ingresos mínimos.

El Compromiso 5, relativo a la adaptación del mercado de trabajo como respuesta a las consecuencias del envejecimiento, no aporta nada nuevo en relación al Plan de Madrid excepto las consideraciones relativas a los trabajadores migrantes. Pese a las corrientes de pensamiento actuales, la Estrategia estima que los flujos migratorios son un elemento a tener en cuenta al diseñar políticas de crecimiento y de pleno empleo, pero por si mismas no constituyen una solución al problema del envejecimiento. Las políticas migratorias deben basarse en una amplia valoración de los intereses económicos, sociales y regionales pero, si se requiere mano de obra cualificada, no habrá que olvidar que ello supone una pérdida para los procesos de desarrollo de los países de origen.

Uno de los temas más interesantes de la Estrategia es la idea de que la educación para la vejez abarca toda la vida de una persona, es un proceso desde la infancia, no es algo que pueda limitarse a la última etapa. La formación continua, además de promover la empleabilidad de los trabajadores mayores tiene que servir para prepararlos para la posible prejubilación y para la jubilación. Por supuesto que establecer las necesidades de educación de las personas mayores, incluido el entrenamiento en su autocuidado, requiere estrategias específicas para ejercer distintas opciones en la vida y métodos didácticos nuevos para entrenarlos en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y a ejercitar sus habilidades cognitivas físicas y sensoriales. De todo ello se ocupa el Compromiso 6.

El título del Compromiso 7 es suficientemente expresivo: «garantizar la calidad de vida a todas las edades y mantener una forma de vida independiente incluyendo la salud y el bienestar». Una vez más nos encontramos la idea de proceso vital y un enfoque holístico a largo plazo. La salud es un resultado de factores multisectoriales. El medio ambiente, la agricultura, el transporte, la protección de los consumidores, la vivienda, la educación, el empleo, la protección social y otras políticas tienen una gran influencia en la salud y el bienestar. Es más, cada sector deberá tener en cuenta las consecuencias de sus acciones futuras para la salud de las personas. La Estrategia, por tanto, coincide con el Plan de Madrid en el enfoque y también se hace eco de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Comparte, igualmente, los principios de acceso universal y equitativo a la asistencia sanitaria así como la extensión de la misma, que debe abarcar medidas preventivas, curativas y rehabilitadoras, con especial énfasis en la atención primaria, la educación sanitaria, la información y la inducción a hábitos saludables. Prevé tam-

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bién los cuidados paliativos en términos idénticos al Plan de Madrid y otorga asimismo un tratamiento específico a las enfermedades mentales y al VIH/Sida. Quizás el Plan de Madrid hace una mayor incidencia sobre algunos efectos acumulativos de riesgo, entre los que destaca la pobreza y la exclusión social, agrupa las políticas preventivas, advirtiendo sobre el efecto para la salud del aislamiento y la falta de participación y propone acuerdos con la Organización Mundial del Comercio a efectos del precio de los medicamentos. La Estrategia se detiene más en los problemas propios de la Región como los cuidados a largo plazo, la salud laboral, la financiación adecuada de los servicios sociosanitarios y el control del gasto, pero puede decirse que el planteamiento global de ambos planes de acción es muy parecido, lo que pone de manifiesto las características avanzadas en esta materia del Plan mundial a la hora de su aplicación regional.

En el Plan de Madrid la perspectiva de género está contemplada en cada sección del texto, mientras que la Estrategia de Berlín, con independencia de algunas citas puntuales, concentra este tema en un solo compromiso, el Compromiso 8. Los términos son, sin embargo similares. La igualdad entre mujeres y hombres es prioritaria para conseguir una sociedad para todas las edades. La situación laboral y las condiciones de vida de mujeres y hombres en la Región difieren según el desarrollo de los distintos países. En general las mujeres son las que cuidan predominantemente a las personas mayores, reciben salarios más bajos, niveles inferiores que los hombres en protección social, encuentran obstáculos para la educación y formación y están expuestas más a menudo al riesgo de exclusión social. Los gobiernos deben adoptar medidas para lograr la plena igualdad de género en el mercado laboral, en los sistemas de protección social en el acceso a los recursos económicos, para garantizar la conciliación de la vida profesional y familiar, para promover su empoderamiento y su participación en la toma de decisiones, eliminando cualquier forma de discriminación y propiciando, de este modo, la independencia social y económica de las mujeres. La introducción de una perspectiva de género es, en definitiva crucial para mejorar la situación de las personas mayores y afrontar el reto del envejecimiento.

El tratamiento de los aspectos familiares, sin embargo, tiene un punto de partida diferente en ambos documentos. El Plan de Madrid se centra en los vínculos intergeneracionales a todos los niveles -familias, comunidades, nacionesdesde la óptica de la solidaridad y la equidad. En la Estrategia Regional, en el Compromiso 9, se proclama a la familia como célula básica de la sociedad, preservadora de sus valores y principal agente del desarrollo sostenible, y es la familia, junto a las comunidades, la que proporciona el marco para la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, aunque se reconoce la existencia de varias formas de familia. Las políticas familiares varían en la Región pero, en cualquier caso, los gobiernos deben responder a las transformaciones que se están produciendo en las estructuras familiares, haciendo frente a las consecuencias sociales y económicas del cambio demográfico.

3.3. Previsiones sobre el seguimiento de la Estrategia

El mecanismo de seguimiento de la Estrategia será responsabilidad de los Estados y se desarrollará a nivel nacional y, cuando se considere necesario, en el marco de las reuniones de la CEPE en su Sesión Anual incluido en el capítulo general dedicado al seguimiento de Conferencias y Cumbres Mundiales.

Los procedimientos y plazos para llevar a cabo el seguimiento serán fijados por los Estados miembros, de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Comisión de Desarrollo Social que es la que realizará el seguimiento global.

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La Secretaría de la CEPE asistirá a los Estados, cuando estos lo soliciten, en la implementación y evaluación nacionales apoyada por expertos de las organizaciones intergubernamentales o por organizaciones no gubernamentales relevantes.

Las actividades de seguimiento de la Estrategia por parte le la Secretaría de la CEPE serán financiadas con los recursos existentes aunque, de acuerdo con el párrafo 112 del Plan de Madrid, el Consejo Económico y Social podría considerar la posibilidad de reforzar la capacidad de la CEPE.

CONCLUSIÓN

El enfoque del Plan de Madrid es completamente diferente al Plan de la Primera Asamblea Mundial. El Plan de Viena se centraba en los países desarrollados y en las necesidades de las personas mayores. El Plan de Madrid describe las condiciones existentes en los países en desarrollo y en los países con economías en transición, poniendo el acento en las personas mayores como generadoras de recursos económicos y valorando su participación activa en todos los aspectos de la sociedad.

El Plan de Madrid se hace eco de las sugerencias formuladas a raíz de las sucesivas evaluaciones del Plan de Viena pero, de hecho, introduce una serie de elementos no considerados formalmente hasta ahora:

La participación activa de los mayores en la sociedad está considerada desde la perspectiva de los derechos humanos.

La salud mental y concretamente la enfermedad de Alzheimer.

La discapacidad en las personas mayores.

La necesidad de adoptar medidas contra el abandono, el abuso y la violencia en pro del concepto de la dignidad humana.

La perspectiva innovadora de concebir el envejecimiento como un proceso que abarca toda la vida, aunque esta idea ya estaba esbozada como principio en el Plan de Viena.

La prolongación voluntaria de la vida laboral activa más allá de la edad prevista para la jubilación.

La migración forzada de las personas mayores.

La cuantificación de la reducción de la pobreza y de la alfabetización de adultos.

La propuesta explícita de una nueva asociación entre países desarrollados y países en desarrollo en torno a los recursos necesarios para el desarrollo social.

La situación de las personas mayores en relación con el VIH/Sida en los países en desarrollo y la consideración específica de los abuelos que deben cuidar de sus nietos porque sus padres han muerto a causa de dicha enfermedad.

La implantación de medidas antidiscriminatorias por la edad, basada en la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

La introducción de la perspectiva de género.

La vinculación de la dimensión de la edad a los Planes y Programas de Desarrollo.

El fomento de la solidaridad entre las generaciones como un factor de cohesión social.

En cuanto a la Estrategia de Berlín, quizás el cambio al método comparativo utilizado

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para examinar el texto no sea de lo más ortodoxo, pero, por tratarse de la adaptación de un plan mundial a una Región concreta y además una Región como la de la CEPE, integrada mayoritariamente por países desarrollados (países europeos miembros de NNUU, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Turquía y los países de la antigua esfera soviética, para no enumerarlos todos) parecía, en principio, más útil comparar las diferencias y similitudes en lugar de describir exhaustivamente medidas en buena parte reiterativas. Cabría pensar, también, que la Región CEPE, al haberse planteado hace ya tiempo el problema del envejecimiento, siendo un fenómeno tan real y contando con más recursos que otros Grupos regionales de las Naciones Unidas, produciría un texto ambicioso y posiblemente innovador, producto de la investigación y de la reflexión económica y social. No ha sido así. No hay aportaciones novedosas ni avances significativos con relación al texto de Madrid. Hay una estructura formalmente más ordenada, con concentración de temas, con un buen compromiso global, que responde a una propuesta noruega, y unos contenidos, como la priorización del crecimiento y del empleo, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, las estrategias para luchar contra la exclusión social y el mainstreaming de género entre otros, que son un reflejo coherente de las políticas actuales de la Unión Europea. El seguimiento de la Estrategia, cuyo primer borrador elaborado por la Presidencia española era mucho más riguroso, con evaluaciones detalladas de dos compromisos por año, ha quedado completamente debilitado a nivel regional. Es decir, la Estrategia responde a un contexto, pero no entusiasma ni va más allá en el futuro. Esto pudiera deberse a una de estas dos causas: o que el Plan de Madrid es realmente un plan ponderado y muy avanzado o que la Comisión Económica para Europa no tiene costumbre de tratar en su agenda los temas sociales. Seguramente ambos motivos confluyen.

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