Responsabilidad penal del profesional sanitario por omisión de asistencia. Una revisión dogmática de algunos aspectos del art. 196 CP.

Autor:Patricia Esquinas Valverde
Cargo del Autor:Doctora Contratada. Dpto. Dº Penal. Universidad de Granada
Páginas:323-354
RESUMEN

I. Introducción. II. Solución nº 1: “El herido aún vivía en el momento de la reclamación de auxilio; por lo tanto, el profesional sanitario ha incurrido en una denegación de asistencia penalmente relevante”. III. Solución n° 2: “La muerte del accidentado se produce inmediatamente después del momento en que se... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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I Introducción

El delito de denegación de asistencia sanitaria o abandono de los servicios sanitarios viene recogido en el art. 196 del CP español de 1995, de acuerdo con el que se castigará con las penas del art. 195 en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, al “profesional que,Page 324 estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas.” Es este un delito considerado por la doctrina como de confusa redacción1, y cuya creación, por parte del legislador de 1995, no era necesaria2. La ambigüedad de sus términos obliga a “una muy estricta depuración”, es decir, a trazar con la mayor precisión posible su ámbito de eficacia, a fin de que pueda aplicarse de forma coherente con lo que exige su tipo objetivo y, al mismo tiempo, con los principios de la desvaloración penal. Por eso, puede llegar a perder la relevancia que el legislador quiso darle3.

Prueba de ello es la exigua utilización que por el momento están realizando nuestros tribunales del precepto, hasta el punto de que ha sido necesario esperar doce años para poder leer la primera sentencia condenatoria en base a dicho delito; y probablemente, será preciso esperar otros tantos antes de que recaiga la segunda. En concreto, esta primera aplicación del art. 196 CP fue realizada en 2006 por la AP de Sevilla, a partir de veredicto dictado por el Tribunal del Jurado, con fecha de 2 de noviembre de ese año. Tal Sentencia fue ratificada, en parte4, por elPage 325 TSJ de Andalucía en fallo de 26 de abril de 2007, y finalmente por el Tribunal Supremo, el 28 de enero de 2008. Los hechos probados para estas resoluciones podrían resumirse del siguiente modo: el 11 de enero de 2001, entre las 7:30 horas y las 7:41 horas, el conductor de un vehículo que circulaba por Sevilla sufrió un episodio cardíaco, perdiendo el control de su coche y empotrándose entre unos contenedores colocados en la calle. Inmediatamente acudieron al lugar varias personas, quienes observaron los síntomas de gravedad que presentaba el conductor, y una de ellas realizó una llamada telefónica al 061. La llamada, en la que este testigo comunicó las circunstancias del accidentado, se registró a las 7: 41 horas. A su vez, otro de los ciudadanos que se habían detenido al ver el accidente se dirigió al Centro de Salud próximo, llegando al mismo sobre las 7:50 horas. Tras llamar al timbre, pues el Centro se encontraba cerrado, fue atendido por un celador del Servicio Especial de Urgencia, a quien informó de lo que había ocurrido: que, a unos cincuenta metros del Centro, en medio de unos contenedores de basura, había una persona en el interior de un vehículo que requería asistencia sanitaria. Ante esto, el celador efectuó inmediatamente una llamada al 061 (registrada a las 7:53 horas), indicándole los encargados de tal servicio que ya tenían conocimiento del hecho por el aviso anterior, y que una unidad móvil había salido hacia el lugar. En el Centro de Salud, en esos momentos, no se encontraba paciente alguno, sino únicamente el personal de asistencia: entre ellos, el médico de guardia, quien en todo ese tiempo no salió a ver lo que ocurría. Posteriormente, fue avisado por el propio celador de lo acontecido, así como de que ya estaba alertado el 061, decidiendo entonces el médico permanecer en el Centro de Salud. En este contexto ha quedado probado, además, que el conductor del vehículo aún vivía tanto en el momento en que el celador tuvo conocimiento de la emergencia, como en el instante posterior en que transmitió al médico el aviso. En cualquier caso, el accidentado falleció muy poco después, aproximadamente hacia las 7:57 horas5, sin que hubieran acudido aún los servicios de emergencias requeridos.

A la vista de los hechos probados, podrían sugerirse inicialmente diversas soluciones para el caso de autos, correspondientes a otras tantas interpretaciones dogmáticas del art. 196 CP. Analicemos dichas propuestas:

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II Solución nº 1: “El herido aún vivía en el momento de la reclamación de auxilio; por lo tanto, el profesional sanitario ha incurrido en una denegación de asistencia penalmente relevante”

La causa planteada sugiere, en primer lugar, algunas consideraciones acerca del requisito de “necesidad” de la asistencia que forma parte del tipo penal dispuesto en el art. 196 CP6. En efecto, dada la proximidad, en este caso, del momento en que se requiere la intervención del profesional sanitario condenado (poco después de las 7:53 horas) con respecto al tiempo en que se produjo la muerte del accidentado (a saber, de acuerdo con los peritos, probablemente entre las 7:41 y las 7:57 horas, o, según otras pruebas, aproximadamente a las 8:00 horas), podría pensarse razonablemente que dicha intervención por parte del acusado ya no era necesaria, de tal forma que habría sido incorrecto sancionarlo por el delito de denegación de asistencia.

En este contexto, importa fundamentalmente el punto de vista desde el que se evalúe tal necesidad de la ayuda. En verdad, si nos decantamos por un criterio objetivo ex ante o apriorístico, llegaremos a la conclusión de que el médico, con su omisión de auxilio, sí ocasionó un riesgo relevante para el herido, al privarle de una asistencia que en ese instante previo aparecía como imprescindible7. En efecto, entonces el accidentado aún continuaba con vida, por lo que cualquier médico con una capacidad media de juicio tendría que haber reconocido la posibilidad aún de salvarle (es decir, la evitabilidad del resultado de agravación o de muerte del herido), o, en otras palabras, el riesgo que para la salud y la vida de éste todavía encerraba su omisión de auxilio (peligrosidad ex ante de la actuación).

En consecuencia, de acuerdo con un juicio a priori, habría que sostener que el médico habría causado cierto riesgo a través de su inasistencia, en la medida en que, encontrándose obligado a intervenir, no habría cumplido con tal deber, dando lugar a un elemento de retraso o dilación significativa en el acceso del herido a otra fuente eficaz de protección. En definitiva, desde este enfoque ex ante, lo que esencialmente se exige al profesional en la situación crítica es que actúe, poniendo a disposición del enfermo los medios adecuados para procurar su sanación, conforme a la lex artis; y ello, con independencia de que a posteriori se llegue a la conclusión (siempre hipotética) de que la ayuda denegada podría, o no po-Page 327dría, haber evitado el resultado de muerte o lesiones8. Por ello, si pese a ser consciente de estas circunstancias, el facultativo no interviene, quedará fuera de duda su actitud dolosa respecto al peligro objetivo que ocasiona con su inhibición.

Por el contrario, de acuerdo con la misma perspectiva ex ante, si, en el caso de autos, el profesional sanitario hubiera conocido desde el primer momento el dato de que el herido ya se encontraba muerto en ese preciso instante, o en el instante inmediatamente posterior al requerimiento de la ayuda, habría que declarar la inutilidad de toda asistencia. De esa forma, debería entenderse que de la omisión no habría llegado a derivarse riesgo grave alguno para la salud del paciente. Por consiguiente, en principio no procedería sancionar al médico por su conducta9.

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A su vez, en el caso planteado, eventualmente también podría haber ocurrido que, a posteriori, no fuera posible ya verificar con seguridad si el herido estaba muerto o no en el momento en que se realizó el llamamiento (o bien, al tiempo en que el profesional, en teoría, hubiera podido llegar a presencia del enfermo). Bajo esta hipótesis, de acuerdo con el citado planteamiento ex ante, habría que seguir en todo caso sancionando al médico por su reprochable retraso, pues él no podía saber de antemano si la ayuda continuaba siendo necesaria o no. Por el contrario, en el mismo supuesto, a partir de un criterio ex post habría que negar la tipicidad de la conducta del facultativo, merced al principio del in dubio pro reo, pues no podría afirmarse con la suficiente certeza el necesario nexo de causalidad entre una hipotética intervención sanitaria del médico y un posible resultado de efectiva sanación del accidentado, o, incluso, de evitación de su muerte.

Volviendo a ese punto de vista ex ante que se ha explicado, y dando un paso más, en virtud de tal perspectiva estaríamos identificando el “grave riesgo para la salud de las personas” que exige el precepto 196 CP, y que ha de derivarse de la denegación de asistencia o del abandono de los servicios sanitarios por parte del profesional, con un concepto esencialmente normativo10. Según éste, el riesgo típico consistiría en aquella situación de desamparo que origina la omisión de auxilio por parte de quien es garante de dicha ayuda11, siempre y cuando, en la situación dada, exista todavía el peligro (probabilidad) de mayores daños al objeto material como consecuencia de esa omisión12. En definitiva, según este planteamiento, el delito del art. 196 CP se cometerá en cuanto que el paciente que precisa el...

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