Los riesgos del copago y su polémica expansión: análisis jurídico

AutorManuel Lucas Durán
Páginas372-374
Anuario Facultad de Derecho - Universidad de Alcalá X (2017) 363-366
ISSN: 1888-3214
372 Recensiones
NAVARRO GARCÍA, ALBERT, LOS RIESGOS DEL COPAGO Y
SU POLÉMICA EXPANSIÓN: ANÁLISIS JURÍDICO,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 307 págs., ISBN: 9788491199939
MANUEL LUCAS DURÁN
Universidad de Alcalá
La crisis económica que hemos vivido recientemente y que sólo ahora pare-
ce empezar a disiparse ha tenido unas consecuencias terribles para las finanzas pú-
blicas: los ingresos tributarios se desplomaron y, sin embargo, los gastos públicos
se mantuvieron inercialmente, creándose de este modo un déficit continuado en el
tiempo que amenazaba la sostenibilidad del sistema.
Ante tales circunstancias, y habida cuenta no solo de la nocividad económica de
un déficit creciente sino, además, de las limitaciones jurídicas de la Unión Europea
en dicho ámbito, el poder político tenía dos opciones: recortar el gasto público, con
las dolorosas implicaciones sociales que ello conlleva o, por otro lado, aumentar los
ingresos públicos, con el riesgo electoral asociado a tales medidas; o bien realizar
ambas operaciones simultáneamente.
Ciertamente, en el caso de decidirse aumentar los ingresos públicos, la medida
puede adoptar perfiles diversos: bien esperar un incremento de la recaudación man-
teniendo el nivel tributario (lo cual sólo acontece en épocas de expansión económi-
ca), o bien elevar los tipos efectivos –incrementado tipos nominales o reduciendo
beneficios fiscales– de las distintas figuras impositivas de nuestro Estado (IRPF, Im-
puesto sobre Sociedades, IVA, impuestos especiales, etc.).
Como es sabido, todas las medidas antes referidas (recorte del gasto público y
aumento de impuestos) se han adoptado en los años pasados con el objeto de sos-
tener las finanzas públicas en España. Sin embargo, también se ha propuesto por
algunos sectores políticos la instauración de ciertos “copagos” en relación con los
servicios públicos provistos a la ciudadanía, lo cual ha sido avalado por recientes
informes de expertos nacionales (Informe Lagares de 2014) e internacionales (Fon-
do Monetario Internacional en 2015). Se trata, en definitiva, de la posibilidad de
requerir un determinado monto a quien use un servicio público (Sanidad, Servicios
Sociales, Administración de Justicia, etc.) con un doble objetivo:
en primer lugar, contribuir a sufragar el coste del servicio público provisto;
ello tiene su fundamento último en el principio económico de “equivalen-
cia”, en virtud del cual quien obtiene un beneficio de un ente público puede
ser llamado a financiarlo, siquiera en parte, mientras que el resto del coste
no financiado por el usuario iría a cargo de los presupuestos generales de la
entidad pública que provee tal servicio, esto es y por lo general, con cargo a
los impuestos satisfechos por la ciudadanía.
en segundo lugar, y a fin de evitar una idea de gratuidad total del servicio
público que idealmente pudiera conllevar una sobredemanda del mismo, se
Anuario Facultad de Derecho - Universidad de Alcalá X (2017) 372-374
ISSN: 1888-3214

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