Los retos pendientes para una reforma del gobierno local que implique a las Comunidades Autónomas
| Autor | Andrés Boix Palop |
| Cargo | Universitat de València-Estudi General |
| Páginas | 100-112 |
NUEVA ÉPOCA
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, Nueva Época – N.o
3, Enero-Diciembre 2016 – ISSN: 1989-8983
Los retos pendientes para una reforma del gobierno local
que implique a las Comunidades Autónomas
Andrés Boix Palop
Universitat de València-Estudi General 1
Andres.Boix@uv.es
I. DEL FRACASO DE LA REFORMA LOCAL DE 2013
Concluida la legislatura comenzada a finales de 2011 –con períodos de sesiones de principios de 2012 a finales
2015–, así como la primera de sus prórrogas –la breve legislatura que ha cubierto el primer semestre de 2016– y en
vísperas de que haya de dar comienzo, necesariamente, una nueva –sea con elecciones mediante o sin ellas– pue-
de ser conveniente echar la vista atrás para valorar algunas de las reformas que han protagonizado este tiempo.
Un tiempo marcado por un contexto muy peculiar, de crisis económica pero también social e institucional en Es-
paña, así como de indisimulada presión por parte de las instituciones europeas, que quizás explique, al menos en
parte, tanto los orígenes de las mencionadas reformas como algunas de sus insuficiencias.
La reforma local aprobada definitivamente por las Cortes a finales de 2013 –esto es, a mitad de la legislatura en
cuestión– es un buen ejemplo de ello. Forma parte del «paquete de reformas» que el Gobierno de España impulsó
con la idea de «racionalizar» la Administración española, junto a otras muchas iniciativas, tras las que se atisba no
sólo la evidente necesidad de hacer frente a la grave situación económica sino la no menos patente presión por
parte de las instituciones de la Unión Europea, muy preocupadas en esos años ante la posibilidad de que la situación
económica e institucional de España pudiera repercutir negativamente en la estabilidad tanto del propio proyecto
europeo como de la moneda que comparten muchos de sus miembros, entre ellos nuestro país. No es casualidad,
por ejemplo, que el Memorando de Entendimiento acordado entre el Reino de España y la Facilidad de Estabiliza-
ción Financiera Europea en nombre de la Unión Europea a fin de determinar las condiciones de política sectorial y
financiera que se imponían a España a cambio de la financiación acordada dentro del Acuerdo Marco de Asistencia
Financiera, que permitió al gobierno español acometer el saneamiento de las entidades de crédito con más dificulta-
des, se firme precisamente el 24 de julio de 2012 –por mucho que tarde medio año en ser publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado–, tras meses de enormes presiones y turbulencias en los mercados financieros que amenazaban con
comprometer no sólo todo el mercado del crédito español sino con afectar de forma muy grave a los de los socios
europeos. El gobierno de España, a cambio de esta inyección económica –instrumentada en forma del conocido «cré-
dito en condiciones muy ventajosas»– se comprometía a acometer una importante cantidad de reformas. Las unas,
plasmadas en el documento y resultado de la explícita condicionalidad que vehicula el Memorando, que tenían que
ver con el saneamiento del propio sector financiero español y su marco regulador. Las otras, sin necesidad de que
aparecieran comprometidas en el documento escrito, firmado y publicado, pero que a nadie se le escapaba que eran
fruto de presiones y recomendaciones europeas con una fuerza casi equivalente a las que sí aparecían plasmadas,
tenían que ver con la necesidad inaplazable de que nuestro país pusiera en marcha importantes reformas en otros
sectores de nuestras economía y, también, en nuestras Administraciones públicas con el objetivo indeclinable de
lograr su «modernización», «racionalización», «eliminación de duplicidades», «adaptación a los modelos imperantes
en los países de nuestro entorno más avanzados», «sostenibilidad»... Todo ello formas más o menos elegantes de
expresar cuál era en realidad el mandato en cuestión, impuesto por la Unión Europea y asumido por el gobierno es-
pañol, que de forma mucho más sencilla y directa se puede traducir como la necesidad imperiosa y urgente de hacer
recortes y lograr importantes ahorros en el gasto público de nuestras corporaciones locales, aparatos burocráticos
de las Comunidades Autónomas y estructura orgánica de la Administración del Estado.
1 Andrés Boix Palop es Profesor de Derecho Administrativo en la Universitat de València-Estudi General. Correo electrónico: Andres.
Boix@uv.es. Twitter: @Andres_Boix. Blog sobre Derecho público y página web personal: http://www.uv.es/aboixp.
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