El reto de la exclusión social en la estrategia europea 2020

AutorRaquel Yolanda Quintanilla Navarro
Cargo del AutorProfesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Páginas23-34

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I Introducción

Europa 2020 es la estrategia decenal de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo. Se puso en marcha en 2010 con el fin de crear las condiciones requeridas para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Tras la Estrategia de Lisboa, la Unión Europea ha adoptado la Estrategia Europa 2020, en la que se fijan objetivos ambiciosos en materia de empleo, mejora de los niveles educativos y reducción de la pobreza y exclusión. Dichos objetivos han sido concretados por los Estados miembros en sus Programas Nacionales de Reforma.

La Unión Europea tiene de plazo hasta 2020 inclusive para alcanzar cinco objetivos principales en los ámbitos de empleo, investigación y desarrollo, clima y energía, educación, inclusión social y reducción de la pobreza.

En un esfuerzo de simplificación, dado que la Estrategia de Lisboa se había hecho incomprensible con tantos objetivos y medidas, la Estrategia 2020 ha querido focalizarse en los cinco ambiciosos objetivos mencionados. En este sentido, y por primera vez, se ha fijado un objetivo preciso y cuantitativo de reducción de la pobreza y de

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la exclusión social en la propia Unión Europea ("El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos"1).

2. Identificación de la exclusión social

Para acercarse al fenómeno de la exclusión social, en general, y para identificar los grupos o individuos que están en dicha situación o en riesgo de entrar en ella, resulta necesario, previamente, convenir qué debe calificarse como tal.

De ahí que el punto de partida deba ser el concepto de cohesión social y de igualdad en el Estado social y democrático de Derecho. En este sentido, el término "exclusión social" se refiere a poblaciones en situación de desventaja social en el mundo actual. Tras dicho concepto de exclusión social, se halla una quiebra en el modelo de integración social basado en el empleo asalariado y en las relaciones de solidaridad familiar y social. El problema, sin embargo, está en la identificación precisa y correcta de las causas o factores que abocan a ese resultado.

La referencia a los derechos fundamentales y las libertades públicas puede ser un buen criterio delimitador y definidor, habida cuenta de su extendida difusión y, sobre todo, de su reconocimiento constitucional.

Se entiende fácilmente que los términos "exclusión social" y "pobreza", aunque próximos, no son sinónimos, puesto que podría decirse que todos los pobres están en situación o en riesgo de exclusión social, pero no que todos los excluidos son pobres. Por eso, el concepto de exclusión debe abarcar distintos aspectos de la desigualdad.

El concepto de exclusión social, en suma, alude a complejos procesos sociales, económicos y culturales que dificultan el desarrollo integrado de una persona o de un grupo dentro de una sociedad. Entendida así, la exclusión social se caracteriza por cuatro rasgos principales, en la medida en que se trata de un fenómeno:

• Estructural, al afectar a colectivos relacionados bien con una trayectoria histórica de desigualdades sociales, bien con una concreta situación en el actual estadio de evolución social, económica, tecnológica y cultural.

• Dinámico, en cuanto conjunto de procesos que afectan de forma cambiante a personas y colectivos, dentro de fronteras móviles y fluidas, con índices de riesgo cambiantes y que cada vez pueden afectar a más personas.

• Multidimensional, puesto que la exclusión social trae su causa de un cúmulo de circunstancias desfavorables, a menudo, fuertemente interrelacionadas.

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• Estratégico, al ser susceptible de ser abordado desde la acción colectiva, desde el tejido social y desde las políticas públicas. Parece ser inherente a las sociedades tecnológicamente avanzadas con procesos debilitados de movilización.

En función de la aproximación conceptual que se acaba de realizar a la noción de exclusión social, sería posible identificar los factores o circunstancias desfavorables que desencadenan, aislada o conjuntamente, el proceso de exclusión. Asimismo, desde ese punto de partida se podría avanzar en la delimitación de los colectivos vulnerables a esos factores, que pueden colocarles en riesgo o en situación de exclusión social.

Desde el punto de partida anterior, también se puede avanzar en el estudio de las medidas de política de empleo que, desde la Unión Europea, pasando por la política a nivel nacional y descendiendo a las políticas sociales autonómicas, se toman en orden a evitar y paliar los efectos de la exclusión social en relación con determinados colectivos propensos o afectados por dicha exclusión.

Dentro de las medidas de política de empleo en concordancia con la Estrategia Europea por el Empleo, se establecen nuevos protagonistas en las relaciones laborales, como las Empresas de inserción y el Tercer Sector; nuevos yacimientos de empleo y nuevos itinerarios de inserción. Las medidas anteriores persiguen que se inserten en el mercado de trabajo determinados colectivos afectados o en riesgo de verse afectados por la exclusión social, como los jóvenes en busca de su primer empleo, los adultos desempleados, los discapacitados, las mujeres y los parados de larga duración, los inmigrantes, las minorías étnicas, las personas no cualificadas profesionalmente, los pensionistas.

Por tanto, la identificación de la exclusión social requiere tener en cuenta los colectivos afectados, las causas que la originan y las medidas tanto preventivas como de solución de la exclusión social misma, mediante los distintos instrumentos jurí-dico-laborales y su reflejo en la economía, en la acción pública y en la cohesión social. En concreto:

• Resulta imprescindible abordar con carácter científico-jurídico el problema de la detección de los factores desencadenantes de las situaciones de exclusión social, que caracterizan a los colectivos en situación o en riesgo de exclusión social.

• Deben examinarse los viejos y nuevos protagonistas de la exclusión social, como son los colectivos en riesgo o en situación de exclusión social.

• El análisis del marco jurídico normativo de las medidas contra la exclusión social en España debe hacerse desde una perspectiva interdisciplinar, con la doble finalidad de detectar los fallos de coordinación, eficacia y eficiencia del

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sistema; así como de trabajar por la mejora del Estado social y democrático de Derecho.

• Por otro lado, la perspectiva comparada respecto de las políticas sociolabora-les concretamente, de la política de empleo, como instrumento de inclusión social, resulta imprescindible para comprobar la eficacia de las medidas que se adoptan y la posibilidad de exportar o importar algunas de esas medidas que favorezcan la inclusión social.

Sólo desde esta perspectiva completa, podemos identificar el problema en toda su magnitud y aportar propuestas de cambio que, desde el origen del problema, contribuyan a reducir los muy negativos efectos sociales, económicos y políticos de la exclusión social; en definitiva, que permitan alcanzar la cohesión social, característica de todo Estado social y democrático de Derecho.

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