El resultado del plebiscito por la paz en Colombia: entre la participación y la razón de Estado
| Autor | Erika M. Rodríguez Pinzón |
| Páginas | 171-183 |
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En las últimas décadas y a partir de los mecanismos de participación que introdujo la Constitución de 1991 en Colombia la participación popular se ha dinamizado enormemen-
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te. En línea con el perfil de representación amplia de la Asamblea Nacional Constituyente y con el objeto de incluir a los amplios sectores de la población históricamente excluidos de las instancias de decisión, se consignó una importante variedad de mecanismos que buscaban mejorar la calidad de la democracia y romper con las dinámicas negativas del histórico bipartidismo.
De esta forma se amplió la elección democrática de Alcaldías, Gobernaciones, Concejos distritales y municipales, Alcaldías locales; se instituyeron el plebiscito, el referendo, el referendo Derogatorio y Aprobatorio, la consulta popular, el cabildo abierto, la Iniciativa Popular, la Revocatoria del Mandato y el mecanismo de «tutela».
La variedad de mecanismos abrió, sin duda, espacios de ampliación de la democracia y dinamizaron la participación ciudadana. Sin embargo, este hecho positivo a primera vista, ha tenido también impactos negativos marcados por el abuso de algunos mecanismos. Así, por ejemplo, la Misión de Observación Electoral (MOE) luego de revisar los 166 procesos de revocatorias iniciados en Colombia, alertó porque este mecanismo se convirtió en una «catapulta para otros políticos»1 que lideran unas iniciativas de revocatoria para lanzar sus propias campañas.
Según la MOE de los procesos de revocatoria documentados, 165 fueron para alcaldes y uno para gobernador. Solo 50 llegaron a las urnas y 116 no han superado la etapa de recolección de firmas. Sorprende la frecuencia con la que se utiliza un mecanismo que se supone extraordinario y asimismo resulta preocupante el impacto que este abuso genera, al generar una imagen de ineficacia de los mecanismos no porque no sirvan para su cometido sino porque se utilizan con fines privados y porque genera una percepción de que son herramientas electorales y no un instrumento de garantía democrática.
Otra de las dificultades que enfrentan los instrumentos de participación es la baja participación. Los datos de la participación en las elecciones presidenciales entre 1990 y 2014 fluctúan entre un 59% en su mejor momento en 1998 y un 34% en 1994. Es preocupante que entre las elecciones de 2010 y de 2014 se presente un 10% menos de participación en las últimas. Colombia es de hecho uno de los países más abstencionistas de América latina2. El plebiscito por la paz, a pesar de su importancia no fue una excepción, alcanzando un porcentaje de abstención del 62%.
La abstención en el caso colombiano tiene varias lecturas, entre ellas la falta de presencia del Estado en algunas zonas del país, en las que además se han instalado actores no
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democráticos. Como los grupos armados no estatales o únicamente las fuerzas de seguridad del Estado. También se ha señalado la excepcionalidad de este proceso y sus características como un desincentivo para los comportamientos clientelares que a pesar de ser cuestionables desde el punto de vista de la democracia, la justicia y la operación del Estado sí que son un reconocido movilizador de votos3. Los líderes regionales que no veían una ganancia concreta en la movilización de su electorado podrían no haberse empeñado en esta tarea, tal como si ocurre en las elecciones de corporaciones y cargos.
La negociación de paz en Colombia tomó casi 6 años de los cuales dos fueron de conversaciones privadas entre las partes, para permitir el inicio del «proceso» y cuatro años más en los que los miembros de la «mesa de la Habana» discutieron los puntos del acuerdo en el cual las FARC se desmovilizaban como grupo armado con el objetivo último de pasar a la vida política.
Este proceso ha estado profundamente marcado por la sombra de la política del Presidente Uribe, antecesor de Santos y quien con la política de «seguridad democrática» asestó importantes golpes militares a las FARC que sin duda contribuyeron a debilitar la viabilidad del proyecto armado. Sin embargo dicha política también insitió en un mensaje de negación del conflicto armado para reducirlo a una «amenaza narco-terrorista» con lo cual cerró cualquier posibilidad de salida negociada de la guerra con las FARC. Esto llevó a que la propuesta de paz del Presidente Santos se convirtiera en un giro de 180 grados frente al anterior presidente desatando una importante polarización social alrededor del tema.
El resultado final de la negociación entre el gobierno y las FARC es un texto de casi 300 páginas, y con un nivel de complejidad considerable, en el que se recogen siete puntos a través de los cuales se producirá el proceso de desmovilización y desarme de las FARC. Este Acuerdo no solo incluye la puesta en marcha de un conjunto de políticas que permitan la transición hacia la vida política del grupo armado sino que ademas contempla un diagnóstico y medidas para superar algunas de las causas sociales históricas del conflcito armado y sus consecuencias. A continuación se describen de forma muy breve los siete puntos que componen el Acuerdo:
• Solución al problema de las drogas ilícitas: Cambio en el abordaje de los distintos eslabones del problema de las drogas, incluyendo las perspectivas social y sanitaria y reforzando la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
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• Política de desarrollo rural integral: Medidas de desarrollo rural que inciden en la distribución de la tierra, infraestructuras y programas de desarrollo con enfoque territorial.
• Participación política: El acuerdo incluye los pasos para la participación en política del nuevo movimiento o partido que surja de las FARC, una vez terminado el proceso de dejación de las armas y previo cumplimiento de los requisitos que exige la ley para la creación de un partido (estatutos, plataforma política, entre otros). Además se garantiza que en los dos próximos periodos electorales (2018 y 2022) contarán con cinco representantes en las dos cámaras que componen el Congreso, aunque tendrán que concurrir a elecciones y solo se les asignarán las curules cuando las que falten para alcanzar las cinco pactadas no se consiguieran a través del voto; Creación de las Circunscripciones «Transitorias» Especiales de Paz que representarán a las zonas más afectadas por el conflicto y que no han tenido representación en el Congreso...
• Víctimas: El núcleo del acuerdo se basa en la verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. Para garantizar estos tres principios, se constituirá una Comisión de la Verdad, una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas durante el conflicto y una Jurisdicción Especial de Paz (JEP), además de unas medidas de reparación. Los responsables de los crímenes más graves serán investigados, juzgados y sancionados. Para todos los actores vinculados al conflicto e incluidos en el Acuerdo se estipulan penas privativas de la libertad y de prestación de servicios a las comunidades afectadas de 2 a 5 años para delitos graves y de 5 a 8 para delitos muy graves. Ahora bien, si los imputados no cuentan toda la verdad, reparan a sus víctimas y se comprometen a no repetir, o lo hacen tardíamente, recibirán penas de cárcel que van desde 5 hasta 20 años. Asimismo, si vuelven a delinquir perderán los beneficios judiciales.
• Fin del conflicto: Las FARC dejarán todas las armas, abandonarán el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, bajo la verificación de Naciones Unidas. Su proceso de reincorporación civil dará inicio al agruparse en 22 zonas veredales y 6 campamentos donde se garantizará la seguridad por...
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