La responsabilidad precontractual en la reforma proyectada: ¿una ocasión perdida? (Parte II)

Autor:Cuadrado Pérez, Carlos
Cargo:Profesor Titular de Derecho Civil. Universidad Complutense de Madrid - CUNEF
Páginas:2999-3047
RESUMEN

En esta segunda parte del trabajo, cuya primera entrega se publicó en un número anterior de esta revista, se estudian dos de las cuestiones más relevantes y que mayor polémica han suscitado en torno a la figura de la responsabilidad precontractual: los remedios de los que dispone el perjudicado por la vulneración de la bona fides in contrahendo y la naturaleza jurídica de este tipo de... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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I Remedios frente a la vulneración de la bona fides in contrahendo
1. Planteamiento

Con carácter general, en el primer inciso del artículo 1245.5 de la Propuesta de Modernización se dispone que la infracción del deber conducirse de buena fe en las negociaciones, así como la vulneración del deber de confidencialidad, «dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios».

No obstante, en el segundo inciso de ese mismo apartado del proyectado artículo 1245 se introduce una regla específica, que resultará aplicable única y exclusivamente cuando alguna de las partes haya procedido con mala fe al entablar o interrumpir las negociaciones y cuando haya entrado en ellas o las haya continuado sin intención de llegar a un acuerdo. En tales hipótesis, «la indemnización consistirá en dejar a la otra parte en la situación que tendría si no hubiera iniciado las negociaciones». Sin embargo, no se ofrece explicación alguna de la razón por la que solo se concreta la consistencia de la indemnización en las hipótesis recogidas en el artículo 1245.4 de la Propuesta de Modernización.

El texto de este precepto es manifiestamente defectuoso y decepcionante, pues en una materia extremadamente polémica, incierta y sobradamente discutida en nuestra doctrina, como es la responsabilidad precontractual, se debe esperar mucho más de nuestro legislador.

En primer lugar, aunque parece partir de la heterogeneidad de las eventuales hipótesis que pueden dar lugar a responsabilidad precontractual y de sus consecuencias jurídicas, la Propuesta de Modernización dista considerablemente de ser precisa y mínimamente desarrollada. En este sentido, en su artículo 1245 simplemente se hace alusión al principio general que impone la actuación conforme a la buena fe en la fase preliminar y a los supuestos ya mencionados: deber de confidencialidad -cuyas consecuencias ya analizamos en la primera parte de este trabajo, publicada en un número anterior de esta revista- y deber de no abandonar los tratos sin justa causa y de conducirse seriamente en los mismos. Por cuanto a sus consecuencias jurídicas se refiere, en dicho precepto se

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limita a disponer, con carácter general, que la responsabilidad precontractual se materializará en una «indemnización de daños y perjuicios», sin el rigor exigible. Hace gala de una mayor concreción, aunque insuficiente, en las hipótesis de interrupción injustificada de negociaciones o de falta de intención de contratar de una de las partes negociadoras, al especificar que la indemnización «consistirá en dejar a la otra parte en la situación que tendría si no hubiera iniciado las negociaciones». Incluso, en estas últimas alusiones, el texto proyectado se halla envuelto por una marcada confusión, que conviene resolver antes de su aprobación definitiva.

Por consiguiente, en la Propuesta de Modernización no se desarrolla, aunque hemos de observar que tampoco lo destierra, el planteamiento que ofreció CABANILLAS1, a cuyo tenor «las hipótesis agrupadas bajo la idea de responsabilidad precontractual no son absolutamente homogéneas y merecen de algún modo un tratamiento diferente». De hecho, como hemos comprobado, en el texto proyectado se contemplan algunos ejemplos concretos de responsabilidad precontractual, al margen de ofrecer una regla general ligada a la buena fe, si bien ni se establecen ni se excluyen explícitamente ciertos vínculos entre esta suerte de responsabilidad y otras hipótesis destacadas por nuestra doctrina y jurisprudencia. En concreto, el mencionado autor pone de relieve que cabe distinguir tres grupos de supuestos: a) responsabilidad precontractual cuando el contrato no se celebra; b) responsabilidad precontractual cuando el contrato es inválido; c) responsabilidad precontractual cuando el contrato es válido2.

Dado que consideramos correcto este esquema en el ámbito de nuestro análisis, vamos a centrar nuestra atención, a continuación, en los eventuales remedios propios de estas tres hipótesis.

2. El contrato finalmente no se celebra

En primer lugar, naturalmente, el daño se localiza en los gastos afrontados en torno a la negociación por aquel cuya confianza se ha visto quebrada por el abandono arbitrario de los tratos preliminares (v.gr., viajes, proyectos, estudios, etc). No obstante, parece lógico pensar que habrá que analizar si los desembolsos efectuados por el perjudicado por la ruptura injustificada de los tratos tienen su origen en expectativas razonables, que se han suscitado por la conducta de la otra parte de la negociación3. En relación con esta cuestión, DÍEZ-PICAZO pone de relieve que no resultan resarcibles los gastos denominados «especulativos» o que representan un riesgo inherente a todo negocio, de tal modo que habrá de probarse la conveniencia de los gastos en el ámbito del desenvolvimiento de los tratos preliminares4. Cuando las expensas resulten excesivas, se considera, con carácter general, que han de quedar a cargo de quien las ha efectuado imprudentemente, a menos que haya hecho conocer a la otra parte su intención

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de llevarlas a cabo y que esta le haya empujado a hacerlas o no haya tratado de impedir el desembolso5.

En relación con la regulación del resarcimiento inherente a la ruptura injustificada de las negociaciones prevista en la Propuesta de Modernización, emerge de manera espontánea la siguiente controversia: en los términos «dejar a la otra parte en la situación que tendría si no hubiera iniciado las negociaciones», ¿se puede incluir la parte del lucro cesante correspondiente a la pérdida efectiva de oportunidades de celebrar otros contratos, o simplemente se ha de entender comprendido el daño emergente?

A tenor de la doctrina y jurisprudencia actualmente dominantes6, el responsable ha de resarcir el denominado «interés contractual negativo» o «daño a la confianza» (el «negatives Vertrauensinteresse» del que habló JHERING7, y que hoy se conoce también como «reliance damages»), como el interés en la no conclusión del contrato o «id quod interest contractum initium non fuisse». Como podemos comprobar, este parece ser el designio de nuestro legislador en el texto proyectado del artículo 1245.5. Con este concepto resarcitorio se pretende restituir a la parte perjudicada a la situación en la que se hallaba con anterioridad al inicio de las negociaciones.

Teóricamente, el interés negativo incluye el daño emergente (los gastos e inversiones que los tratos hubieran generado al perjudicado, con las limitaciones a las que hemos hecho mención), así como una parte del lucro cesante8. A pesar de ello, en el interés negativo no se encierran los beneficios que dicho damnificado podría haber alcanzado en caso de haberse celebrado el contrato, pues tales conceptos se insertan en el marco del «interés contractual positivo» -o interés en el cumplimiento-, que ha de afrontarse en los casos en los que se declara que hay responsabilidad contractual por incumplimiento de contrato. Como explica PANTALEÓN9, en el caso de la ruptura injustificada de las negociaciones, pretender que el infractor indemnice el interés contractual positivo comportaría una injustificable limitación de su libertad de no contratar, así como una inadmisible compulsión a contratar.

En una primera aproximación al texto del proyectado artículo 1245, parece inferirse que únicamente habría de indemnizarse el daño emergente. Sin embargo, la expresión empleada en dicho precepto resulta ambigua. Si tomamos como punto de partida la tradicional controversia doctrinal en torno a esta cuestión, resultan inadmisibles y desalentadoras la tibieza y la vaguedad que impregnan los preceptos previstos sobre la responsabilidad precontractual. A nuestro juicio, la letra del referido precepto no permite erradicar el eventual resarcimiento de la parte del lucro cesante correspondiente a la pérdida de oportunidades, dada su oscuridad.

Por lo tanto, dentro del concepto de interés negativo habría de entenderse envuelto, al margen de los referidos gastos e inversiones, el coste de oportunidad experimentado por el perjudicado por la ruptura injustificada de los

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tratos, al haber rechazado otras ocasiones de contratar. Así pues, según esta postura, el lucro cesante resarcible se limitaría a la utilidad que el perjudicado no ha obtenido como consecuencia de haber confiado en la corrección de las negociaciones y no haber aprovechado otras posibilidades de contratar que se le presentaron. La dificultad de prueba de estas circunstancias y la lógica posición restrictiva en su apreciación por parte de nuestros tribunales no debe llevarnos a excluir, ab initio, su inclusión en el seno del interés contractual negativo.

Abonan nuestra percepción los comentarios relativos a algunos de los textos internacionales que han servido de inspiración a nuestra Propuesta de Modernización, y que podríamos considerar como «interpretación auténtica» de los mismos:

- Por ejemplo, en el artículo 2.1.15(2) de los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (en adelante, Principios UNIDROIT) únicamente se dispone que la interrupción maliciosa de los tratos trae consigo el deber de indemnizar por los daños y perjuicios irrogados a la otra parte, sin mayor precisión. En aras a concretar la consistencia de dicho resarcimiento, en el comentario correspondiente a este precepto se afirma, de...

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