Regularización administrativa de las cuotas devengadas y/o repercutidas del IVA

Páginas:489-490
 
EXTRACTO GRATUITO
El CiErrE FisC al y ContablE dEl E jErCiCio 2015 © aMado Con sultorEs © aM ado ConsultorEs El CiErrE Fis Cal y Contabl E dEl EjErCiCio 20 15
488 489
con multa fija de 300 euros; por último, también será sancionable, en este caso como lo era antes,
la utilización de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la Administración
cuando la normativa tributaria o aduanera exija dicho requisito, que es sancionado con multa fija
de 300 euros.
Como novedad y desde esta reforma será sancionable: el retraso en la obligación de llevar los
Libros Registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos reglamenta-
riamente. En este caso la sanción será de una multa pecuniaria proporcional de un 0,5 por ciento
del importe de la factura objeto del registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo
de 6.000 euros.
El ánimo sancionador del legislador respecto de las irregularidades cometidas en las presentacio-
nes de las obligaciones tributarias ha sido objeto de varias modificaciones durante la tramitación
parlamentaria (la más reciente en julio de 2015 que ya modificaba la redacción del artículo 199 de
la LGT) que finalmente se puntualiza que cuando se refiere a autoliquidaciones, declaraciones y
los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, también se está refiriendo, y ésta
es la puntualización, a cualquier otro documento con trascendencia tributaria.
También se lleva a cabo un retoque técnico-codificador modificando los apartados 2 y 7 con el fin
de que no coexistan dos apartados distintos en un mismo precepto, estableciendo, hasta ahora,
dos sanciones alternativas para una misma infracción.
Con esta reforma, la sanción por presentar “por medios distintos a los electrónicos, informáticos
y telemáticos, cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, consistirá en multa pecu-
niaria fija de 250 euros”; que es coincidente, dicha cantidad con la que consta en el apartado 1
del artículo 199 que se modificó en el Senado por una nueva enmienda reduciéndola de los 1.500
euros anteriores a los 250 euros establecidos en la reforma.
8.4. Las facturas
Se modifica el apartado 4 del artículo 106, que queda redactado con el siguiente tenor:
“4. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por ope-
raciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justicarse, de forma prioritaria,
mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspon-
diente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria.
Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto
de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administración cuestiona fundada-
mente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las
operaciones”.
Esta es una modificación de calado por su trascendencia y la atención que deberán prestar los
responsables contables de las empresas pues deberán tener bien justificado la realidad de las
operaciones con aquella documentación que sirva para acreditarlas, como pueden ser albaranes
firmados; transferencias o copia de los cheques y talones de los pagos y cobros; despachos
aduaneros;actas notariales, y si fueran precisas fotos del antes y después de las construcciones,
reparaciones o rehabilitaciones; justificantes y descripción a cargo del transportista de la mercan-
cía entregada; testimonios; etc. Todo sirve. Se da por descontado que la factura o el albarán de
entrega contendrá, con todo lujo de detalles, la descripción de la operación. Será pues preciso
hacerse, por precaución y en el momento de realizarse las operaciones, con todo aquello que
pueda servir de demostración y fundamento de las operaciones comerciales realizadas. Sirviendo
de orientación el viejo adagio probatorio que vale más que sobren pruebas o sean redundantes,
que no que falten.
Cuando la Administración pone en duda la realidad de una determinada operación, aún documen-
tada con factura reglamentaria, tiene malas consecuencias contables y fiscales. Será responsabi-
lidad del contribuyente demostrar la realidad de la cuestionada operación, además de con la fac-
tura, con todos aquellos medios válidos en derecho de los que pueda servirse. No sorprende esta
manifestación, pues es doctrina consolidada del Tribunal Económico Administrativo Central que
la factura no es un medio de prueba único ni principal respecto de la realidad de las operaciones
También la factura es objeto de modificación, en cuanto a su expedición se refiere, en
la nueva redacción del artículo 239 que modifica sus apartados 3, 5 y 6, e introduce un
nuevo apartado 7.
En virtud de lo cual se autoriza al reclamante, a la ejecución unilateral de la resolución cuando,
por parte del obligado (el reclamado), no se cumpla en el plazo establecido el mandato de expedir
la factura en cumplimiento de la resolución del Tribunal Económico Administrativo. Expidiendo la
factura en nombre y por cuenta del reclamado sirviendo de justificante de la operación. Con ca-
rácter previo el reclamante deberá comunicar por escrito la intención de que va a expedir la factura
de que se trate, en primer lugar al Tribunal que haya conocido el procedimiento y seguidamente
también por escrito y fehacientemente al reclamado.
En la factura, confeccionada por el reclamante, constará éste como destinatario de la operación, y
como expedidor el que ha incumplido la obligación de expedición. Una vez formalizada la factura
el reclamante remitirá copia de la misma al reclamado, debiendo quedar en su poder el original
de la misma. Por último deberá enviar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria una
copia de dicho documento junto con la copia del escrito presentado ante el Tribunal Económico-
Administrativo en el que comunicaba el incumplimiento de la resolución dictada.
8.5. Regularización administrativa de las cuotas devengadas
y/o repercutidas del IVA
Como quiera que la doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central impide dictar a la Ad-
ministración tributaria liquidaciones anuales del IVA en los casos de comprobación, hasta ahora
le resultaba imposible a la Administración distribuir por períodos concretos las cuotas que en su
caso no hubieran sido declaradas por el obligado tributario;de modo que el legislador ha ideado
un criterio de reparto que no contravenga con esa doctrina. El modo de hacerlo ha sido posibilitar
una distribución lineal de las cuotas entre los periodos de liquidación según sean éstos. De modo
que cuando la Administración tenga conocimiento probado de que se ha producido el devengo
de cuotas del IVA, que no han sido declaradas por el sujeto pasivo, durante el ejercicio que se
comprueba, sin poder cuantificarlas, sea por la razón que sea, por los periodos de liquidación
(mensuales o trimestrales) a los que corresponderían, y pretenda regularizar dichas cuotas deven-
gadas, podrá realizar una distribución de las cuotas de forma lineal entre los periodos de liquida-
ción que en su caso correspondan.
El texto modificado del artículo 108, reza:

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA