La regulación de las condiciones del contrato de seguro en el Anteproyecto de Código Mercantil

Autor:Luis Miranda - Javier Pagador
Cargo:Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Córdoba - Profesor Titular de Derecho Mercantil, Universidad de Córdoba
Páginas:331-358
 
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R.E.S. 2015, 163-164 R.E.S. 2015, 163-164
LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO DE SEGURO EN EL ANTEPROYECTO
DE CÓDIGO MERCANTIL1
LUIS MARÍA MIRANDA SERRANO
Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de CórdobaCatedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Córdoba
JAVIER PAGADOR LÓPEZ
Profesor Titular de Derecho Mercantil, Universidad de CórdobaProfesor Titular de Derecho Mercantil, Universidad de Córdoba
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SUMARIO: 1. Consideraciones preliminares, propósito y plan. 2. La exi-
gencia de que la póliza contenga todas las condiciones generales aplicables al
contrato (art. 581-3 apdo. 1º ACM). 3. La remisión expresa a la regulación de
las condiciones generales de la contratación (art. 581-3 apdo. 2º ACM). 4. El
control de inclusión o de incorporación de carácter general [art. 581-3 apdo. 3º
letra a) ACM]. 5. El control de contenido [art. 581-3 apdo. 3º letra b) ACM].
6. El control de inclusión o de incorporación de carácter especial: las cláusulas
limitativas de los derechos de los asegurados (art. 581-3 apdo. 4º ACM). 6.1.
Introducción. 6.2. La exigencia de comprensibilidad, aceptación expresa y espe-
cial resalto. 6.3. La distinción entre cláusulas limitativas y de delimitación del
riesgo. 6.4. Aceptación de las condiciones generales y particulares por el mero
silencio del tomador. 6.5. La regla de las cláusulas sorprendentes. 7. Lo que no
regula el ACM. 7.1. Las consecuencias negociales de la práctica de los diversos
controles previstos. 7.2. Los procedimientos de control abstracto.8. Indicación
bibliográfica.
1 Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de investigación de excelencia del Ministerio de Economía
y Competitividad intitulado “Contratación mercantil y competencia empresarial: nuevas tendencias reguladoras
y propuestas de conexiones normativas” (Ref. DER2013-43674-P), cuyos investigadores principales son los
Profs. Drs. Luis María Miranda Serrano y Javier Pagador López.
Luis María Miranda Serrano y Javier Pagador LópezLuis María Miranda Serrano y Javier Pagador López
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES, PROPÓSITO Y PLAN
Como se sabe, el contrato de seguro fue uno de los primeros tipos contrac-
tuales en cuya celebración se recurrió a la técnica de las condiciones generales
de la contratación. Naturalmente esto conlleva la exageración del principio de
autonomía de la voluntad para una de las partes contratantes (el asegurador),
y la consiguiente reducción del mismo para la otra (el tomador o asegurado), a
quien no le está permitido participar en la fijación del contenido contractual.
En otras palabras, podría decirse que en la generalidad de los casos los tomado-
res o asegurados no han tenido –ni siguen teniendo– otra vía para celebrar estos
contratos que la de adherirse a formularios negociales que le vienen ya dados e
impuestos por las compañías aseguradoras, lo que puede ser cauce de numero-
sos abusos, muy nocivos para el necesario equilibrio contractual.
Precisamente lo anterior explica que una de las principales finalidades de la
Ley del Contrato de Seguro de 1980 (en lo sucesivo, LCS) consista en otorgar
adecuada protección a los asegurados como parte débil de la relación contrac-
tual. No en vano, sobre la base en esta Ley y de otras normas posteriores, la
mejor doctrina ya incluye entre los Principios fundamentales del contrato de
seguro el “Principio de tutela del contratante débil”. Básicamente existe un cier-
to consenso en la comunidad jurídica en fijar en tres las razones fundamentales
que justifican la necesidad de protección del asegurado: 1) En primer lugar,
la existencia de una enorme desproporción de poder negocialentre las partes
contratantes. 2) En segundo lugar, la acusada asimetría de información también
apreciable entre ellas. 3)Y, por último, la complejidad cada vez mayor de los
productos que lanzan al mercado las compañías aseguradoras.
La apuntada finalidad de protección del asegurado inherente a la LCS se
manifiesta de forma muy clara y acusada en su art. 3, destinado a regular las
condiciones generales del contrato. En rigor, esteprecepto ha sido históricamen-
te la primera norma de nuestro ordenamiento jurídico positivo en establecer
una regulación especial de las condiciones generales de la contratación. Razón
por la cual es posible afirmar que la LCS ha sido en cierta medida precursora
del llamado “Derecho de protección de los consumidores y usuarios”, que no
empezó a contar con una base legal sólida en Derecho español sino hasta cuatro
años más tarde, esto es, a partir de 1984, con la promulgación de la Ley General
de Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU). A partir de entonces,
como sabemos, la normativa reguladora de las condiciones generales en los con-
tratos de consumo se ha ido modulando en función de las exigencias impuestas
al legislador español por las normas comunitarias. Y desde 1998 dicha norma-
tiva ha tenido que convivir en nuestro Derecho no sólo con el art. 3 LCS, sino
también con la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (en adelante,
LCGC), aplicable a las condiciones generales utilizadas en las relaciones nego-
ciales entabladas entre empresarios y/o profesionales.

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