La reforma de la pensión de jubilación realizada por la Ley 27/2011

Autor:Jaime Fernández Orte
Cargo:Doctor en Derecho y Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Páginas:95-130
RESUMEN

La reforma de la pensión de jubilación realizada por la Ley 27/2011, salvo algunos aspectos de signo positivo, tendrá un efecto negativo sobre la mayor parte de la sociedad, aunque afectará sobre todo a las mujeres. Se endurecerán las condiciones para tener acceso a la pensión, se reducirá su importe para la mayoría de los trabajadores, se penalizará a aquellos colectivos que tengan en promedio ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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I Introducción

Conforme al artículo 38 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, LGSS), la acción protectora de la Seguridad Social comprende, entre otras prestaciones económicas, la jubilación, en sus modalidades contributiva y no contributiva1. La jubilación en su modalidad contributiva consiste en una pensión vitalicia que es reconocida, en la cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando alcanzada la edad establecida, se cese o se haya cesado en el trabajo (artículo 160 de la LGSS). Por su parte, la jubilación en su modalidad no contributiva consiste en una prestación concedida a las personas que habiendo cumplido una edad determinada, carecen de rentas o ingresos en cuantía superior a unos determinados límites y residan o hayan residido legalmente un determinado período de tiempo en territorio español (artículo 167 de la LGSS).

El Pleno del Congreso de los Diputados, más de quince años después de que se aprobara el año 1995, el catálogo de quince recomendaciones que sería conocido como el «Pacto de Toledo»2, con fecha 25 de enero de 2011, aprobó el denominado «Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo» (en adelante, el Informe), en el que se efectúan veintiún recomendaciones al Gobierno sobre el sistema público de prestaciones económicas.

Por otro lado, el Gobierno y los interlocutores sociales más representativos, el día 2 de febrero de 2011 firmaron el Acuerdo Social y Económico para el

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crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones (en adelante, ASE)3, cuyo punto II de la parte primera está dedicado al «Acuerdo para la reforma y fortalecimiento el sistema público de pensiones», en el que se recogen unos contenidos que implican una reforma sustancial del sistema de la Seguridad Social, con mayor incidencia en la pensión de jubilación de carácter contributivo.

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social (en adelante, la Ley)4, recoge con algunas diferencias los compromisos alcanzados en el ASE, así como una parte importante de las recomendaciones reflejadas en el Informe.

Pero esta reforma no se va a aplicar a todos los supuestos de acceso a la pensión de jubilación que se produzcan a partir de la entrada en vigor de aquella (esto es, el 1 de enero de 2013)5, ya que el apartado 2 de la disposición final
12.ª de la Ley mantiene la regulación de la pensión de jubilación, a las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

— Que la extinción de la relación laboral se haya producido antes del 2 de agosto de 2011, fecha de publicación de la Ley.

— Que mantuvieran la relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo (ERE), o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito y/o acuerdos o colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados o suscritos con anterioridad al 2 de agosto de 2011, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido antes o después.

— Por último, que hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad al 2 de agosto de 2011, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013.

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El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de la Ley, en todo aquello que incida o pueda incidir en la pensión de jubilación, subrayando las modificaciones en relación con la normativa precedente y las repercusiones de la nueva regulación. El trabajo consta de diez epígrafes y finaliza con unas breves conclusiones. El primer epígrafe está dedicado a la jubilación ordinaria que contiene la parte más importante de la reforma. El segundo epígrafe a la jubilación anticipada. El tercer epígrafe a la jubilación parcial. El cuarto epígrafe a la integración en el Régimen General del Régimen Especial de los Empleados de Hogar. El quinto epígrafe a las modificaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El sexto epígrafe a la regulación de los complementos a mínimos de las pensiones contributivas. El séptimo epígrafe a la pensión no contributiva de jubilación. El octavo epígrafe a otras cuestiones relativas a la pensión de jubilación. El noveno epígrafe a la incidencia en el encuadramiento en la Seguridad Social. Y el último epígrafe a las modificaciones en la cotización y en la financiación.

II La jubilación ordinaria
1. Edad de jubilación

De conformidad con lo apuntado en la recomendación 12.ª del Informe titulada «edad de jubilación» y en el ASE, se establecen distintas edades de jubilación ordinaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4.Uno de la Ley, que da nueva redacción al artículo 161.1 de la LGSS6.

Se mantiene la edad de jubilación a los 65 años para quienes completen 38 años y 6 meses de cotización y se amplía hasta los 67 años7, cuando no se cumple esa condición, lo que puede suponer un agravamiento de las condiciones físicas y psicológicas de los trabajadores8, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias9. Si bien la exigencia del nuevo límite de edad (67 años) o el período de cotización exigible para poder acceder a la jubilación a los 65 años (38 años y 6 meses), se aplica en un período

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de 15 años, en la forma que se detalla en el cuadro siguiente10(según la disposición transitoria 20.ª de la LGSS, en la redacción incorporada por el artículo 4. Dos de la Ley):

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Dado que las mujeres, como recoge el ASE, tienen mayores dificultades a la hora de acreditar carreras largas a efectos de determinar la edad legal de jubilación, se hace imprescindible reducir el impacto que la nueva regulación tendrá para las mismas11. A tal efecto, el artículo 9.Uno de la Ley que introduce la disposición adicional 60.ª en la LGSS, conforme a lo recogido en la recomendación 17.ª del Informe, titulada «mujer y protección social», establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional 44.ª de la LGSS12, en cualquier régimen de Seguridad Social y a todos los efectos, salvo para el cumplimiento del período mínimo de cotización exigida13, se computará como período cotizado el correspondiente al de interrupción de la cotización, derivado de la extinción de la relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones de desempleo...

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