Ley 25/2011 de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital

Autor:Vicente Conde Viñuelas
Cargo:Socio del Área de Corporate
Páginas:15-20
 
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El 2 de octubre de 2011 ha entrado en vigor la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, que fue publicada en el BOE el día 2 de agosto de 2011.

Según reza su preámbulo, esta Ley tiene como principales objetivos (i) la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, (ii) la introducción de algunas normas de modernización del derecho de esta clase de sociedades, (iii) la supresión de algunas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada, y (iv) la trasposición a la legislación interna de la mencionada Directiva 2007/36/CE, que regula básicamente el funcionamiento de las juntas generales en las sociedades cotizadas. La Ley modifica también, entre otros aspectos, las normas relativas al informe de expertos independientes en fusiones contenida en la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

A continuación se exponen las principales novedades que la Ley 25/2011 introduce en relación con cada uno de los objetivos mencionados en la Ley de Sociedades de Capital (la "LSC"), así como la modificación de la regulación del informe de expertos independientes en fusiones. Ha de advertirse que la nueva norma incluye también otras modificaciones menores, esencialmente de carácter técnico, que por su escasa trascendencia práctica no serán tratadas en este artículo.

1. Modificaciones relativas a la reducción de costes de organización y funcionamiento de las sociedades

(i) Convocatoria de juntas: Se extiende a las sociedades anónimas la posibilidad, hasta ahora reconocida sólo a las sociedades de responsabilidad limitada, de que los estatutos sociales permitan que la convocatoria de la junta general se realice únicamente mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad o por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita a todos los socios (art. 173 LSC). Se exceptúa de esta posibilidad a las sociedades con acciones al portador, en cuyo caso la junta deberá ser convocada al menos mediante anuncio en el BORME, y a las sociedades cotizadas, que quedan sujetas a unas reglas de convocatoria de junta más severas a las que nos referiremos más adelante.

En relación con esta cuestión, se introduce un nuevo artículo 11 bis en la LSC para regular la página web corporativa. De acuerdo con este precepto, la creación de la página web debe ser acordada por la junta general, y el acuerdo de creación debe publicarse en el Registro Mercantil o bien ser notificado a todos los socios. Corresponde a los administradores la prueba de la certeza del hecho de la inserción de contenidos en la web y de la fecha en que se hizo. Parece claro que con esta regulación se pretende solucionar los problemas de interpretación surgidos a raíz de la incorporación del sistema de con-

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vocatoria de juntas a través de página web por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre1.

(ii) Supresión de la obligación de publicación de determinados acuerdos sociales: Se suprimen las obligaciones que se imponían a las sociedades anónimas de publicar en la página web o en periódicos de gran circulación los acuerdos de cambio de denominación, cambio de domicilio, sustitución o modificación del objeto social (derogación del art. 289 LSC) y los acuerdos de disolución de la sociedad (art. 369 LSC).

(iii) Modos de organización de la administración de sociedades anónimas: Se extiende a las sociedades anónimas la posibilidad, que ya tenían las sociedades de responsabilidad limitada, de que sus estatutos sociales establezcan distintos modos de organizar la administración de la sociedad, permitiendo que sea la junta la que en cada momento opte por el que considere preferible sin necesidad de modificar los estatutos (art. 23.e) LSC).

2. Normas de modernización del derecho de sociedades

(i) Denegación de la información solicitada por los accionistas: La LSC permite a los administradores de una sociedad anónima o limitada denegar la información solicitada por los accionistas o socios con ocasión de una junta general cuando consideren que la publicidad de dicha información perjudica el interés social, salvo que la solicitud de información esté apoyada por un 25% del capital social. La Ley 25/2011 introduce ahora la posibilidad de que los estatutos sociales de la sociedad anónima reduzcan ese porcentaje hasta el 5% (art. 197.4)2.

(ii) Administrador persona jurídica: Se introduce un nuevo artículo 212 bis en la LSC que regula el régimen del representante persona física del administrador persona jurídica. Lo más destacable del nuevo precepto no es tanto lo que dice (en la práctica, no introduce grandes novedades respecto de lo dispuesto sobre esta materia en el art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil) cuanto lo que deja de decir: el texto finalmente aprobado no establece la responsabilidad solidaria del representante persona física y el administrador persona jurídica que recogía el proyecto de ley, aun cuando el preámbulo de la Ley sigue haciendo referencia a dicha responsabilidad solidaria, seguramente por un error del legislador.

(iii) Convocatoria del consejo de administración: Se establece la posibilidad de que los administradores que representen, al menos, un tercio de los miembros del consejo de administración de una sociedad anónima o limitada puedan convocarlo cuando, previa petición al presidente, éste no lo hubiera hecho en el plazo de un mes sin causa justificada (art. 246 LSC).

(iv) Derecho de separación en caso de no reparto de dividendos: Los socios de sociedades limitadas o anónimas no cotizadas que hubieran votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrán derecho de

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separación en caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente repartibles. Este derecho sólo será efectivo a partir del...

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