Recomendaciones de Avance Normativo y Políticas de suelo comisión de Expertos sobre Urbanismo.
Publicamos a continuación el Informe de la Comisión de Expertos en materia de Urbanismo, último borrador llegado a nuestro poder, aunque al parecer queda por redactar el definitivo, pero la inmediatez con la noticia recomienda su publicación.
Completamos dicha publicación con dos artículos, jurídico y técnico, que creemos de gran interés y que ayudarán al lector en sus conclusiones.
La Comisión de Expertos sobre Urbanismo ha estado integrada por:
ILMO. SR. D. JESUS MALAGA GUERRERO
Alcalde de Salamanca
SR. D. MARIANO AISA GOMEZ
Ex - Presidente de SEOPAN
ILMO. SR. D. FELIX ARIAS GOYTRE
Director Técnico. Dirección General de Planificación Territorial.
MOPTMA
Excmo. SR. D. JERONIMO AROZAMENA SIERRA
Consejero de Estado
ILMA. SRA. Dª. RITA BARBERA MOLLA
Alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia
ILMO. SR. D. JULIO BURDIEL HERNANDEZ
Director General de los Registros y del Notariado
ILMO. SR. D. BORJA CARRERAS MOYSI
Director General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.
MOPTMA
ILMO. SR. D. JOSE ANGEL CUERDA MONTOYA
Alcalde de Vitoria
ILMO. SR. D. JOSE VICENTE DOMINE REDONDO
Subdirector General de Urbanismo. MOPTMA
ILMO. SR. D. IGNACIO ECHEVERRIA ECHANIZ
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Madrid
ILMO. SR. D. XERARDO ESTEVEZ FERNANDEZ
Alcalde del Ayuntamiento de Santiago de Compostela
ILMO. SR. D. JOSE Mª EZQUIAGA DOMINGUEZ
ILMO. SR. D. GERARDO ROGER FERNANDEZ FERNANDEZ
Director General de Urbanismo. Generalidad Valenciana
ILMO. SR. D. FRANCISCO FERNANDEZ LAFUENTE.
Director General de Actuaciones concertadas en las ciudades. MOPTMA
ILMO. SR. D. RAFAEL GIL CREMADES
Subdirector General de Seguimiento Normativo. MAP
ILMO. SR. D. MIGUEL A. LASHERAS MERINO
Director del Departamento de Economía. Gabinete de Presidencia Gobierno
ILMA. SRA. Dª.Mª. JOSE LLOMBART BOSCH
Directora General. Centro Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. MEyH
SR. D. EDUARDO MANGADA SAMAIN
Arquitecto - Urbanista
SR. D. MANUEL MARTI FERRER
Gerente de la Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios
ILMO. SR. D. JOSE MENDEZ ESPINO
Alcalde del Ayuntamiento de Murcia
SR. D. ANGEL MENENDEZ REXACH
Catedrático de Derecho Administrativo
SR. D. JUAN DE ORBANEJA Y DESVALLS
Presidente de la Asociación Nacional de Urbanizadores
ILMO. SR. D. Luis ORGAZ GARCIA
Subdirector General de Política Macroeconómica. MEH
SR. D. LUCIANO PAREJO ALFONSO
Catedrático de Derecho Administrativo
ILMA. SRA., Dª. EVA POVEDANO MORENO
Asesora del Gabinete del MEH
SR. D. FERNANDO PRATS PALAZUELO
Arquitecto - Urbanista
ILMO. SR. D. FERNANDO RODRIGUEZ AVIAL
Director General de «Vallehermoso, S. A.»
ILMO. SR. D. JULIO RODRIGUEZ LOPEZ
Ex - Presidente del Banco Hipotecario
ILMO. SR. D. JOAQUIN SANCHEZ GARRIDO
Alcalde del Ayuntamiento de Toledo
ILMO. SR. D. JOSEP SANUS TORMO
Alcalde del Ayuntamiento de Alcoy
SR. D. ANTONIO SERRANO RODRIGUEZ
Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio
ILMO. SR. D. JUAN ANTONIO SOLANS i HUGUET
Director General de Urbanismo Generalidad de Cataluña
SR. D. FERNANDO TERAN TROYANO
Catedrático de Urbanismo
ILMO. SR. D. HERMINIO TRIGO AGUILAR
Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba
ILMO. SR. D. JOSE MARIA VERDU VALENCIA
Director General de Arquitectura y Vivienda Junta de Andalucía
ILMO. SR D. Luis ZARRALUQUI ORTIGOSA
Director General Ordenación Territorio y Medio Ambiente Diputación Foral de Navarra
Secretario de la Comisión:
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JAVIER GARCIA BELLIDO
Director Técnico de Urbanismo. MOPTMA
Relatores:
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JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
Abogado - Urbanista
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JOAQUIN CLUSA ORIACH
Economista - Urbanista
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RECOMENDACIONES DE POLITICAS URBANAS Y DE SUELO
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Las Administraciones Públicas deben dar prioridad al desarrollo de políticas activas de suelo eficaces, agotando las posibilidades del marco legal vigente. El problema de precio y disponibilidad de suelo urbanizado es, fundamentalmente, un problema de gestión (Ref.). No obstante, se considera imprescindible avanzar en ciertos aspectos de la legislación urbanística vigente, dentro de un proceso de adaptación siempre necesario en una normativa que, por su propia esencia, es compleja. La concertación y cooperación entre las diversas Administraciones Públicas constituye un principio básico para asegurar la consideración y valoración adecuadas de los intereses públicos que se hacen presentes en la utilización del territorio.
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La acción pública urbanizadora con la ulterior subasta de solares o de cesión de derecho de superficie puede ser un método eficaz para estabilizar el precio de los diversos segmentos del mercado y para cumplir el mandato constitucional de impedir la especulación del suelo.
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La previsión de una oferta adecuada de suelo clasificado y urbanizado y la planificación de las necesidades de suelo urbanizado, abordando los trámites necesarios con la suficiente antelación, son imprescindibles para evitar las tensiones entre las puntas de demanda del mercado (como la que conllevará el próximo período de reactivación económica) y la oferta insuficiente de so lares. Dada la dificultad que conlleva, tanto para el sector público como para el privado, el mantenimiento de «stocks» de suelos urbanizados sin utilizar, en cantidades suficientes como para neutralizar tales puntas, parece necesario insistir en la conveniencia de realizar programas públicos específicos de suelo y urbanización que eviten estrangulamientos de los usos más débiles ante el mercado, como son las viviendas protegidas y ciertas actividades económicas.
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Los patrimonios públicos de suelo que gestionan las diversas Administraciones Públicas y los órganos y sociedades de ellas dependientes deben ponerse al servicio de los objetivos de la acción pública urbanizadora, a través de mecanismos de cooperación. Su gestión no puede basarse en fines lucrativos ligados a la financiación de los organismos o empresas que detentan su propiedad. Los servicios públicos que la sociedad demanda deben ser financiados, fundamentalmente, con fondos presupuestarios.
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Es necesario realizar un esfuerzo para romper los bloqueos infraestructurales y las deficiencias que en materia de grandes dotaciones territoriales siguen padeciendo las ciudades españolas.
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La atención a la generación de nuevo suelo urbanizado no implica olvidar el gigantesco reto de regeneración urbana que deben abordar muchas de nuestras ciudades. La rehabilitación, la desaparición de focos de degradación ambiental, la reutilización de espacios urbanos obsoletos y la recalificación de muchas áreas urbanas pueden tener, en algunos ámbitos y segmentos, un efecto decisivo sobre el precio final de la vivienda, al poder ampliar sensiblemente una oferta que dé respuesta a los deseos de amplios colectivos de la población que, razonablemente, rechazan vivir en espacios degradados.
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El mandato constitucional de impedir la especulación obliga a adoptar modelos de desarrollo urbano no especulativos en los que el valor de los aprovechamientos urbanísticos lucrativos se reduzca a través de la disminución de las densidades urbanísticas o mediante la implantación de porcentajes de vivienda protegida, haciendo, que el valor residual del suelo se aproxime al inicial (Ref.).
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Es imprescindible una política territorial eficaz, plasmada a través de instrumentos de obligado cumplimiento, para reequilibrar el sistema urbano, asegurar la coordinación de las ordenaciones de los diversos municipios, permitir reservas para la implantación de las grandes dotaciones territoriales y proteger los elementos cuyo interés supere el ámbito municipal.
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La calidad de vida en la ciudad requiere, entre otros aspectos, preservar también su diversidad de usos y actividades, la riqueza del paisaje urbano y el carácter integrado de las diferentes piezas. Ello no se logra solamente a través del cumplimiento de normativas generales, sino que requiere evitar actuaciones insuficientemente integradas en la ciudad y la mejora general de la calidad del planeamiento. La difusión de la normativa urbanística, la mejora de la formación de los técnicos y la formulación de recomendaciones técnicas, guías de diseño y otros instrumentos de difusión tienen, en tal sentido, efectos sumamente positivos a medio plazo.
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La obtención de suelo para la acción urbanizadora a través del instituto expropiatorio se ve dificultada por las controversias que surgen en la aplicación de los criterios legales de valoración. Tales controversias deberían intentar resolverse mediante mecanismos arbitrales. En caso de que se planteen en vía judicial, se debe facilitar su rápida resolución, dotando a los Tribunales de los medios técnicos y humanos adecuados.
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La normalización del mercado del suelo exige que los procesos de compra - venta de terrenos y su ulterior urbanización tengan un grado de transparencia fiscal análogo al de cualquier otra actividad económica. Consecuentemente, es necesario realizar un serio esfuerzo en la inspección del cumplimiento de la normativa vigente y en analizar sus posibilidades de modificación y mejora de cara a evitar procedimientos que permiten eludir la tributación de las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos conforme al mandato constitucional. En tal sentido cabe coincidir plenamente con las recomendaciones que, al respecto, figuran en el Informe de la Unidad Especial para el estudio y Propuesta de Medidas para la Prevención y Corrección del fraude, creada por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 4 de agosto de 1993.
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Los diversos órganos de las Administraciones Públicas, cuando actúan como agentes urbanos, deben cumplir rigurosa - mente tanto la normativa urbanística como el espíritu en el que se inspira, contribuyendo de tal forma a generar una nueva cultura de respeto al medio rural y urbano (y a su calidad ambiental), así como de lucha contra los comportamientos especulativos.
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El desarrollo equilibrado de nuestras ciudades y la disminución de las tensiones en los mercados inmobiliarios, y especialmente en los lugares centrales, exige un importante esfuerzo...
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