Racionalidad instrumental del legislador y estereotipos sociales sobre la delincuencia: modelos de argumentación punitivista

Autor:José Manuel Paredes Castañón
Páginas:301-321
 
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RACIONALIDAD INSTRUMENTAL DEL LEGISLADOR Y
ESTEREOTIPOS SOCIALES SOBRE LA DELINCUENCIA:
MODELOS DE ARGUMENTACIÓN PUNITIVISTA
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Universidad de Oviedo, España.
SUMARIO: 1. Los discursos legislativos como objeto de estudio. 2. Racionalidad
instrumental y función motivadora de la norma penal. 3. El destina-
tario de las normas penales: casos de estudio. 3.1. Cuatro modelos
de destinatario. 3.2. Caso 1 (terrorismo). 3.3. Caso 2 (hurto). 3.4.
Caso 3 (seguridad vial). 3.5. Caso 4 (violencia contra las mujeres).
3.6. Tabla comparativa. 4. Semántica del discurso legislativo sobre los
destinatarios de las normas. 4.1. Introducción. 4.2. Configuración
del espacio semántico: dominios conceptuales predominantes.
4.3. Conceptualización: temas prominentes en cada discurso. 5.
Categorización: tipología de delincuentes-modelo. 6. Crítica: es-
tereotipos legislativos, ideología punitivista y realidad empírica.
Bibliografía.
1. LOS DISCURSOS LEGISLATIVOS COMO OBJETO DE ESTUDIO
Todo legislador contemporáneo presume de proponer y de adoptar decisiones
racionales. Más aún: presume asimismo que sus decisiones resultan no sólo racio-
nales, sino además razonables desde el punto de vista de la razón pública 1. Así, al
menos en los discursos públicos, y especialmente en aquellos emitidos en las situa-
ciones más intensamente institucionales (como ocurre, por ejemplo, con los decla-
raciones públicas de representantes del gobierno o de los grupos parlamentarios
cuando presentan un proyecto de ley, con las exposiciones de motivos de dichos
proyectos y con las intervenciones y debates en sede parlamentaria), parece casi
imposible –más allá de algún caso anecdótico– encontrar ejemplos de líderes políti-
camente relevantes que declaren proponer o apoyar un proyecto de nueva ley o de
reforma de una ley preexistente tan solo por razones puramente egoístas, expresi-
1 Por razón pública (en tanto que forma intermedia de justificación –intermedia, en com-
paración con el juicio puramente moral– de las decisiones morales colectivas y de las decisiones
políticas) hay que entender la exigencia de que las reglas de racionalidad práctica que propo-
nemos y aplicamos les resulten justificables o, cuando menos, racionalmente aceptables, a todos
aquellos sujetos concernidos por la aplicación de dichas reglas: QUONG, 2017.
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vas o emocionales. Ocurre, en efecto, que, cuando menos en la cultura occidental,
la racionalidad es concebida como una virtud, pero también (y, paradójicamente, al
mismo tiempo) como un presupuesto (una condición trascendental, en el sentido
kantiano), imprescindible para que un discurso práctico –en torno al actuar– pueda
cobrar sentido. Y que, además, en la cultura política occidental, también se consi-
dera que la razonabilidad intersubjetiva constituye una virtud política de primer
orden.
Por supuesto, podría suceder que esta pretensión de racionalidad resultase
simplemente mendaz: podría ocurrir que se tratase tan solo de un caso de hipo-
cresía, ese –en palabras de LA ROCHEFOUCAULD– “tributo que el vicio rinde a la
virtud”; es decir, que los legisladores, siendo conscientes del valor que se atribuye en
nuestra cultura a la virtud de la racionalidad, disimulasen, detrás de sus alegaciones
de estar actuando racionalmente, puros intereses, puras emociones o puras. Y, des-
de luego, algo de eso hay siempre: sabiendo cómo transcurre la dinámica política
real, ni siquiera el más desinteresado y sereno de los líderes políticos puede ni debe
prescindir por completo de las implicaciones emocionales, simbólicas y electorales
de aquellas decisiones políticas que adopta. De manera que sí, es cierto: en algún
sentido (limitado, cuando menos), existe siempre, cuando se propone un cambio
legislativo, cierta hipocresía en las alegaciones de que se hace por (pura) racionali-
dad, por el “interés general”.
Ahora bien, siendo esto cierto, también lo es, me parece, que no constituye toda
la historia, sino tan sólo una parte. Que, por el contrario, también es verdad que, por
regla general, y dentro de ciertos límites, los legisladores también tienen la intención,
cuando proponen reformas legales, de obtener a través de ellas determinados resul-
tados ligados (cuando menos, según el marco de creencias en el que ellos piensan) al
interés general”. Y que tal intención es, muchas veces (aunque, desde luego, no siem-
pre), sincera. Es decir, que, como regla general, la acción legislativa no es, ni puede
ser, nunca puramente racional, pero tampoco es puramente irracional: es (como toda
acción humana y, especialmente, como toda actuación política) el fruto de decisiones
adoptadas a partir de una combinación inextricable de motivos racionales egoístas,
de motivos racionales altruistas (pro-sociales, en beneficio de un interés colectivo) y
de motivos “irracionales” (emocionales y/o expresivos) 2.
En este trabajo quisiera concentrarme exclusivamente en la segunda clase de
motivos referidos: en aquella parte de la motivación del legislador para actuar que
puede ser valorada como (conjunto de) motivos pro-sociales; aquellos que depen-
den de la intención de obtener, merced a la acción legislativa, un resultado benefi-
cioso (según su punto de vista) para el “interés general” (definido igualmente confor-
me a su propio marco de creencias). Tal y como más arriba se indicó, la motivación
pro-social del legislador es la que normalmente aparece de un modo más explícito,
en forma de razones para actuar, en los discursos públicos que profiere –en espe-
cial, en los de perfil más institucional– y que están destinados a justificar la acción
legislativa.
2 Prescindo aquí de una característica adicional: que se trata de una decisión (de actuar)
adoptada colectivamente. Sobre este último rasgo, vid. WALDRON, 2005, pp. 29 ss.

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