Punto y aparte

AutorRafael de Mendizábal Allende
Páginas351-361

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1. Escorzo sociológico

El conflicto entre ambos Tribunales tiende a ser explicado en términos de izquierda-derecha y, por tanto, en función de la ideología de los magistrados contendientes. Un ejemplo nos lo brindó el voto particular discrepante formulado el 13 de octubre de 2005 respecto del informe del Consejo General del Poder Judicial en Pleno, que –según dice su redactor, el Vocal Luis Aguiar– rezuma recelos o celos “de los sectores conservadores de la carrera judicial hacia la posición y función del Tribunal Constitucional”. Nada más erróneo que este enfoque. Nada más peligroso a la hora de intentar solucionar el problema.

No se entendería en absoluto lo sucedido con el riesgo no ya potencial sino cierto, de tergiversarlo y malentenderlo al revés, si no se pusiera nombres a los protagonistas y se consignara su “media filiación”, expresión que tomo prestada de la jerga castrense. No se trata de que jueces conservadores de la cúpula judicial hayan protestado al ver disminuido su monopolio jurisdiccional y, por tanto, su poder, traspasado a eso que llaman jueces “progresistas”. No. Durante los doce años anteriores, desde 1982 hasta 1994, cuando la composición del Tribunal Supremo era residualmente franquista y, en todo caso, mayoritariamente conservadora, nadie rechistó, aun cuando las invasiones e interferencias del Tribunal Constitucional fueran constantes y más intensas, como he señalado en alguna ocasión anterior.

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En nuestros libros jurídicos o en los estudios monográficos se encaran los autores, salvo Alejandro Nieto, con actos y textos sin caras ni nombres, a diferencia del método anglosajón que, en sus análisis de la jurisprudencia y sobre todo de la constitucional, no duda en incluir otros factores como la personalidad de los jueces, la situación política en que se producen sus decisiones o sus repercusiones. La “rebeldía de los jueces” se produce por primera vez en 1994, levantándose en pleno, como hemos visto, la Sala Primera presidida, entre 1992 y 2004, por un magistrado perteneciente a la Asociación “Jueces para la Democracia” heredera de “Justicia Democrática”, Ignacio Sierra Gil de la Cuesta que ha sido además el ponente de todas las sentencias rebeldes, con una ideología orientada totalmente a la izquierda, adscripción que también puede predicarse de la mayoría. Paradójicamente, el único voto particular discrepante que tuvo la sentencia condenatoria de los magistrados del Constitucional fue formulado por Francisco Marín Castán, perteneciente a la Asociación Judicial “Francisco de Vitoria”. La Sala Segunda, por su parte, tuvo a su cabeza varios presidentes, entre ellos Enrique Ruiz Vadillo y José Jiménez Villarejo no encuadrables en el grupo conservador, y de ella ha formado parte todos estos años otro, Enrique Bacigalupo, discípulo de Jiménez de Asúa. A su vez, la Sala Tercera, más alejada de estas peripecias, ha sido dirigida hasta el año 2010 por Ramón Trillo Torres con un perfil ideológico que se escora más a babor. La hipertrofia cuantitativa –son 32 sus magistrados de plantilla– condiciona cualitativamente. Por otra parte, en ella predominan no sólo por su número sino también por su peso específico los magistrados “adscritos permanentemente a la jurisdicción contencioso-administrativa”, seleccionados por oposición. Por su parte, en el Tribunal Constitucional hubo de 1980 a 1995 una mayoría abrumadora de talante socialista –10 a 2– disminuyendo un poco el siguiente trienio, algo más el otro –7 a 5–, y recuperándose ahora gradualmente. No cabe pues interpretar siempre el enfrentamiento en clave de colores partidarios. En ambos contendientes predominaban los jacobinos.

Lo dicho hasta ahora refleja fielmente la realidad pero no la agota. Es verdad pero no toda la verdad. En este planteamiento más institucional que ideológico se introdujo en alguna ocasión anterior, esporádicamente, una variable que a partir de cierto momento –año 2004, principio del “septenio” zapaterista– se ha convertido en cróni-

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ca. Las dos sentencias recientes del Supremo y del Constitucional en el “caso Bildu” como las recaídas en el “caso Troitiño” reanudan, a mi parecer de observador desapasionado y con cierto distanciamiento, una tendencia que había iniciado el desencuentro en el caso de la excarcelación de la Mesa Nacional de HB en 1999. Se trata de la ruptura de ambos tribunales en dos grupos ideológicos homogéneos, paralelos de los bloques antagónicos en la arena política que es el sello de las dos legislaturas presididas por José Luis Rodríguez Zapatero, el gran separador, situado por propia voluntad a la izquierda de la izquierda, la extrema izquierda actual bajo la bandera de la “memoria histórica”, eficaz instrumento para enfrentar a los españoles, como he analizado por extenso en otro lugar78.

Pues bien, el juego de mayorías y minorías es lo normal y yo diría que lo deseable en toda institución colegiada. Nada hay más peligroso que la unanimidad. La esgrima de las opiniones dialécticamente divergentes aporta siempre luz. Desde antiguo corría por el Foro un proverbio en cuya virtud “jurisprudencia es / lo que de cinco dicen tres”. Pero en ese juego habitual sin ningún ingrediente extraño, la composición personal de quienes votan a favor o en contra es lábil y cambiante de un caso a otro. El que me apoya hoy puede unirse a otro contra mí mañana. Lo significativo y grave estriba en que dentro de las instituciones judiciales se formen grupos compactos que asuman una misma actitud sin fisuras y prácticamente sin matices, predeterminada y predecible por cualquier espectador, bloques con unas ciertas características reveladoras. Una de ellas, la procedencia común: los componentes de cada uno de ellos han sido propuestos, elegidos o nombrados por uno de los dos partidos nacionales. Otra la notable afinidad ideológica que ofrecen entre sí y con las escuderías de las cuales son oriundos, dando la sensación de ser un “caballo de Troya” en el seno de los tribunales, por actuar con visible disciplina de partido y mando a distancia79.

Invito a quien me lea que en los casos con trascendencia política producidos en el pasado y en los sucesivos a partir de ahora retenga los nombres o los anote, y podrá comprobar cómo se repiten monótonamente. Unos se llaman a sí mismos “progresistas”, no se sabe bien por qué, a otros les dicen “conservadores”, pero todos con un perfil biográfico claramente escorado a babor o a estribor. Su posición coincidirá siempre con los intereses del gobierno o de la oposición y a veces,

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como buenos monaguillos, serán más papistas que el Papa. Cuando se está en la madurez de la vida, no puede haber sorpresas a la hora de elegir un magistrado para el Tribunal Constitucional o el Supremo. Los...

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