España: La protección del Patrimonio Cultural Subacuático

AutorTomás Fernández-Quirós; Victoria Andrés Cabrera
CargoAbogados del Área de Mercantil de Uría Menéndez (Barcelona).
Páginas63-65

Page 63

Introducción

La controversia entre el Gobierno español y la compañía Odyssey Marine Exploration derivada del hallazgo y exportación por parte de ésta a Estados Unidos de un tesoro compuesto por escudos y reales españoles, ha puesto de actualidad y generado un agrio debate en torno a la suficiencia o insuficiencia de la regulación existente para la protección del patrimonio cultural subacuático. Este tipo de disputas no son nuevas. Conocidos son los antecedentes de los galeones «Santa Margarita» y «Nuestra Señora de Atocha», o de las fragatas «Juno» y «La Galga», que motivaron disputas judiciales que se siguieron ante Tribunales norteamericanos entre el Reino de España y los caza-tesoros que reclamaban que se les reconocieran derechos sobre los tesoros hundidos. Argumentos de toda índole fueron esgrimidos por estas empresas para defender sus derechos sobre los pecios hallados y sus tesoros: si habían sido abandonados y, por tanto, pasaban a ser propiedad del Estado Federal en que se habían sido hallados, si les resultaban de aplicación determinados Convenios o Tratados suscritos en los Siglos XVIII y XIX, incluso remontándose a una época en que los Estados Unidos de América no eran más que las Trece Colonias pertenecientes a su Graciosa Majestad Británica. En fin, no faltaron todo tipo de argumentos en estas disputas judiciales que, en general, se saldaron desfavorablemente para los intereses españoles.

En el caso que comentamos, y que ha saltado en los últimos meses a las páginas de los periódicos, la novedad estriba en que hablamos de pecios hundidos frente a nuestras costas, y donde las principales discusiones se centran no sólo en el pabellón del pecio, sino también en su localización física, si está hundido en aguas donde España ejerce derechos soberanos. Recordemos brevemente los hechos. El 18 de mayo de 2007 la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration anunció el hallazgo de un tesoro, que había sido enviado previamente a Estados Unidos, procedente de una nave colonial hundida, según informó la propia empresa, en un lugar indeterminado del Océano Atlántico. Sin embargo, desde un primer momento el Gobierno español sospechó que el pecio del que fue extraído el tesoro era de pabellón español y no se encontraba hundido en un lugar cualquiera del Océano Atlántico, sino en el estrecho de Gibraltar, por lo que inició una revisión de todos los movimientos realizados por los buques de la compañía en los días anteriores al hallazgo e interpuso una demanda ante un tribunal del Estado de Florida en Estados Unidos para exigir cualquier derecho sobre los hallazgos. Paralelamente, un Juzgado de la Línea de la Concepción dictó una orden de apresamiento contra otros dos buques de la compañía que se encontraban atracados en Gibraltar para verificar su carga y determinar si la compañía estadounidense podía estar llevando a cabo expolio del patrimonio histórico español. El 12 de julio de 2007, el buque «Ocean Alert» al salir del Puerto de Gibraltar fue apresado por la Guardia Civil y conducido al Puerto de Algeciras para su registro.

La mediatización de este apresamiento, avivada por la propia compañía estadounidense, que invitó a periodistas a bordo del buque, ha sido el germen del debate en torno a la insuficiencia de protección de nuestro patrimonio cultural subacuático. Esta protección no ha sido una de las preocupaciones fundamentales del legislador, por lo que, como se verá, ni la normativa nacional ni la internacional resuelven adecuadamente la cuestión. Sin embargo, el avance de la técnica y, con él, la mayor proliferación de empresas dedicadas a la búsqueda de pecios hundidos han incrementado la inquietud de los Estados que históricamente han estado más volcados en la navegación marítima por proteger los buques hundidos de su pabellón. Y es al hilo de este caso donde se plantean dos cuestiones fundamentales: (i) sobre qué aguas tiene jurisdicción España para...

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