Propuestas socialistas: empleo con derechos, relaciones laborales en igualdad y consolidación del sistema público de pensiones

Autor:Luz Rodríguez Fernández
Páginas:197-212
Cargo:Secretaria de Empleo de la CEF del PSOE y Portavoz de Empleo y Seguridad Social del Grupo Parlamentario Socialista
 
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España tiene un problema estructural con relación al empleo, tanto en términos cuantitativos, como de calidad. Nuestro modelo productivo es poco intensivo en trabajo, como demuestra el hecho de que solo en plena burbuja inmobiliaria fuéramos capaces de alcanzar el nivel medio de desempleo de los países de la Unión Europea. Por eso, para crear empleo suficiente y con derechos, necesitamos mucho más que reformas en el mercado laboral. Necesitamos, ante todo, una transición en la oferta productiva y un cambio radical en el modelo de crecimiento.

La crisis económica y las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular para hacer frente a la misma han dejado una preocupante secuela en nuestro mercado laboral en términos de un nivel de paro muy elevado, rebajas salariales, precariedad inaceptable en las condiciones laborales y deterioro de la negociación colectiva.

La primera medida que adoptó el PP cuando llegó al poder fue su reforma laboral. Cuatro años después el paisaje es desolador. Hoy tenemos más de 4,7 millones de personas en nuestro país que quieren trabajar y no pueden. De ellas, más de 2 millones llevan más de 2 años en situación de desempleo, 1 millón de las cuales tienen más de 45 años. Estas son las grandes víctimas de esta crisis, las grandes olvidadas. Más de 400.000 jóvenes han tenido que abandonar su país porque aquí no hay ni futuro ni esperanza y más de 1,8 millones de personas menores de 34 años están en el paro: España ostenta el vergonzoso record de ser el país con la tasa de desempleo juvenil más alta de todos los países de la Unión Europea.

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La situación no es menos dramática para los que trabajan. La marca España de empleo con el Gobierno del PP es la precariedad: trabajo a tiempo parcial no querido, ultra-temporalidad, salarios de pobreza, degradación de las condiciones de trabajo y muerte de la negociación colectiva. 9 de cada 10 contratos de trabajo que se celebran en nuestro país son temporales, con una duración media de menos de 54 días, y un tercio de los cuales es, además, a tiempo parcial.

Desde que gobierna el PP los salarios (coste salarial por trabajador) han caído más de un 10% y su poder adquisitivo es hoy el mismo que tenían a principios de los años 90. No es extraño, pues, que en nuestro país existan hoy más de 2,5 millones de trabajadores pobres y que más del 13% de los trabajadores vivan en hogares por debajo del umbral de la pobreza.

España es el país de la Unión Europea con mayores diferencias salariales entre los que más y menos ganan y la brecha salarial entre mujeres y hombres es de un 24%, lo que significa que una mujer tiene que trabajar 80 días más que un hombre para ganar lo mismo que él. En nuestro país se realizan cada semana cerca de 10 millones de horas extraordinarias ilegales, la mayoría de las cuales ni siquiera se cobra por parte de los trabajadores, y la explotación laboral se ha vuelto una práctica común en cientos de centros de trabajo.

Finalmente, desde que entró en vigor la reforma laboral del PP, el número de convenios colectivos se ha reducido prácticamente a la mitad, y los trabajadores protegidos por la negociación colectiva, que antes eran casi 11 millones, hoy son poco más de 6 millones.

Todo este empeoramiento de las condiciones laborales y de la destrucción de empleo es fruto de una política gubernamental que apostó por un ajuste económico vía devaluación de las condiciones laborales, la desprotección frente al desempleo y el vaciamiento de las políticas públicas de empleo.

Frente a esta realidad, los socialistas nos reconocemos en el reto fundamental de nuestra sociedad: promover empleos de calidad que garanticen una vida digna, aumentar las oportunidades para los jóvenes, atender urgentemente a los parados de larga duración y reequilibrar las relaciones laborales de una manera acorde con los requerimientos de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Dada la magnitud de este reto, nuestra vocación es afrontarlo desde una perspectiva integral. La precarización del empleo y de las relaciones laborales no responde exclusivamente a los aspectos institucionales y legales de nuestro mercado de trabajo, sino que hunde sus raíces en nuestro patrón de crecimiento económico, la baja productividad, el pequeño tamaño empresarial, el carácter estacional de nuestro sistema productivo, la debilidad, en definitiva, de una economía centrada en la competencia vía costes y con poco músculo innovador y tecnológico. Sin embargo, la materia laboral necesita también de profundas transformaciones.

Desde esta perspectiva, nuestras prioridades serán las siguientes:

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1. Reformar el sistema público de empleo

Tras la reforma laboral, y de forma paralela, se han reducido en un 40% los fondos destinados a políticas activas de empleo. Dicha medida, junto con las reducciones realizadas en las CCAA gobernadas por el PP, han supuesto el desmantelamiento efectivo de los servicios públicos de empleo.

En materia de inversiones, hemos pasado de un gasto medio de 1.300 euros por desempleado/año (2011) a 700 euros/año en 2014. Muy lejos aún de los países europeos más desarrollados que destinan más de 3.000 € por persona desempleada al año.

Estos años no han servido para acometer el proceso de recualificación y formación que necesitaba nuestro país, tanto para los trabajadores ocupados como para los desocupados. Ha sido una legislatura perdida justo en el momento en que más necesaria era la formación como uno de los motores para recuperar empleo de calidad.

En la actualidad tenemos casi 2,6 millones de trabajadores en desempleo con un nivel de estudios tan bajo que necesitarán formarse y reciclarse profesionalmente como única forma de tener esperanza de encontrar un trabajo. De ahí la transcendencia de la formación de los trabajadores, estén ocupados o en situación de desempleo.

Los socialistas nos proponemos abordar este reto mediante una reforma radical de nuestro sistema público de empleo, impulsando y coordinando las políticas activas y pasivas de empleo y transformando de raíz el sistema de formación.

Así, nuestros objetivos se han de canalizar a través de tres ejes de actuación:

SISTEMA PÚBLICO DE EMPLEO, UN PILAR FUNDAMENTAL DE LA POLÍTICA DE EMPLEO

· Duplicar las inversiones destinadas a las políticas activas de empleo.

· Elaborar un Plan Estratégico 2016-2025 que incluya, entre otros aspectos, el cambio de modelo de atención a las personas en situación de desempleo, una correcta articulación de las relaciones entre el servicio estatal y los autonómicos, mayor financiación, mejorar la vinculación entre políticas activas y pasivas, sana colaboración con entidades privadas e intensa digitalización.

· Crear una Agencia Pública de Empleo y Cualificación como instrumento para una gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema, con la sustitución automática del actual Servicio Público de Empleo Estatal y mayor coordinación con las políticas de empleo de las CCAA.

· Con respeto al principio de unidad de caja de la Seguridad Social, permitir que la gestión de la protección por desempleo sea asumida por las CCAA a efec-

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tos de mejorar la vinculación entre políticas activas de empleo y protección económica por desempleo y la atención integral que merecen las personas en situación de desempleo.

RECUPERACIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

· La Agencia Pública de Empleo y Cualificación desarrollará una verdadera acción pública de colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores. El servicio de intermediación aspirará a ocupar un papel central en la contratación en el mercado de trabajo. Se dotará de recursos humanos especializados en la selección de personal.

· La acción pública de colocación priorizará la selección de personal de PYMES, siendo un servicio gratuito, eficaz y que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

· Implantar políticas de activación económica, dirigidas a aquellos colectivos más vulnerables económicamente, especialmente las personas en situación de desempleo mayores de 45 años.

· Desarrollar el Plan de Garantía Juvenil como instrumento fundamental de activación para los jóvenes desempleados. Promover programas de segunda oportunidad para luchar contra las consecuencias del abandono escolar temprano. Diseñar actuaciones para aquellos jóvenes que carezcan de experiencia a través de programas de primera experiencia profesional.

· En concreto, los socialistas proponemos un programa intensivo de "formación más acreditación" para que 700.000 jóvenes adquieran la formación básica necesaria para su recualificación profesional. Un programa para la reinserción formativa de los jóvenes que han abandonado el sistema educativo sin la titulación de ESO y que no trabajan. El objetivo es ofrecer la posibilidad a 700.000 jóvenes de acreditase en competencias clave de nivel 2 imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo de 6 meses. El programa se desarrollará con la suma de estas tres acciones: (i) oferta pública de cursos de competencias clave de nivel 2; (ii) elaboración de un dispositivo de formación a distancia para realizar estos cursos; (iii) realización masiva de pruebas de acreditación de las competencias clave.

FORMACIÓN INTEGRAL AL SERVICIO DEL EMPLEO

· Suprimir todas las bonificaciones a la contratación, salvo las dedicadas a las personas con discapacidad,...

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