La propuesta de podemos en materia laboral: revertir, proteger y dignificar

AutorAlberto Montero Soler
CargoResponsable del área de Economía de Podemos y Presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados
Páginas213-221

Page 213

1. Un diagnóstico de partida: la profundización de la naturaleza mercantil de las relaciones laborales

Si hay un ámbito en el que la crisis ha impactado con mayor contundencia trastocando los cimientos de las estructuras económicas y sociales sobre los que se sustenta nuestro modelo de sociedad ese es el de las relaciones laborales.

En efecto, en el marco de una sociedad sustentada sobre el trabajo como vector de inclusión social y económica de la mayor parte de su población y en donde, además, tanto los mecanismos redistributivos que inciden sobre la distribución primaria de la renta como las políticas sociales que tratan de dar contenido material y real a la igualdad de oportunidades y a un conjunto de derechos humanos así como de paliar las situaciones de carencia relativa o extrema dependen, también y en gran medida, de los niveles de participación en el mercado de trabajo de la población activa, nos encontramos con que todo lo que afecte a éste incide de forma decisiva sobre los precarios equilibrios sociales y económicos que sustentan dicho modelo.

Sin embargo, sería pecar de excesivo reduccionismo explicar la evolución reciente de nuestro mercado de trabajo aludiendo exclusivamente al impacto de la crisis.

Qué duda cabe de que la crisis económica ha tenido una repercusión negativa sobre los mecanismos tradicionales de inclusión social -especialmente sobre las políticas sociales. Sin embargo, el grueso del shock sobre el mercado de trabajo hay atribuirlo a las políticas económicas que, ofertadas como mantra incuestionado para sacar al país de la crisis y recuperar el empleo, no sólo no lo han logrado sino que, además, han impactado de forma brutal sobre dicho mercado. Esas políticas han agudizado los rasgos que ya distanciaban al mercado laboral

Page 214

español de los estándares de nuestro entorno y han mermado su capacidad tanto para la generación de renta suficiente para una gran parte de la población que, a pesar de gozar de empleo, carece de salario con capacidad emancipatoria como para reducir los niveles de desempleo proporcionando empleo para un importante porcentaje de la población activa que carece del mismo y/o de la población inactiva que, desesperanzada, ha dado por imposible la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo.

En el marco de esas políticas contra la crisis económica cabe destacar, por su decisivo impacto sobre el mercado de trabajo, las dos reformas laborales que se aplicaron en 2010 por el gobierno del PSOE y en 2012 por el gobierno del Partido Popular y que, con la excusa de recuperar el empleo, tuvieron como resultado la cronificación del desempleo, la extensión del subempleo y la agudización de la pobreza de un porcentaje creciente de trabajadores.

Uno de los ámbitos de mayor incidencia de esas reformas se produjo en el terreno de la negociación colectiva y, por lo tanto, sobre el carácter tuitivo de la normativa laboral para los trabajadores. Las reformas han incrementado el poder de negociación de los empresarios y ha provocado el desmantelamiento de los mecanismos que dificultaban, aunque no impedían, el que el trabajo fuera considerado como un factor de producción más. De esta forma, se ha facilitado la flexibilización y liberalización del trabajo hasta extremos que facilitan su uso como variable de ajuste casi automático ante variaciones en la demanda y que tratan de preservar frete a otros riesgos el excedente empresarial.

En efecto, la reforma de 2012 dinamitó los principios jurídicos sobre los que se había sustentado la negociación colectiva desde la transición democrática: la ultractividad y la prevalencia de los convenios de ámbito superior sobre los inferiores (nacional, sectorial y de empresa). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el desmantelamiento del segundo de los principios ya se había iniciado con la reforma de 2010, cuando se aprobó el régimen de inaplicación salarial o "descuelgue salarial" de forma que una empresa, bajo determinadas condiciones, podía no aplicar unilateralmente la tabla salarial o el incremento fijado en un convenio de ámbito superior.

Las consecuencias de esas reformas no tardaron en aparecer: la pérdida de capacidad negociadora de los trabajadores tras la reforma de 2012 se tradujo, por ejemplo, en que se ha extendido la figura del trabajador pobre que, según la OIT, ya son el 12,5% de los trabajadores y trabajadoras españoles. De ahí se deduce también el que la tasa de pobreza, por ejemplo, se situara en 2014 en el 22,2% de la población, lo que significa que alrededor de 12,7 millones de españoles se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, con el agravante de que de ese total hay más de un millón de trabajadores asalariados, con contratos temporales (570.000) o de jornada parcial (450.000), junto a 665.000 trabajadores autónomos que tienen ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

Page 215

Por otra parte, la reforma laboral también ha tenido una fuerte incidencia sobre los incrementos salariales como producto de la pérdida de capacidad negociadora de los trabajadores. Así, se ha pasado de incrementos salariales promedio de un 2,3% en 2011 a un 0,53% en 2013; lo más grave es que esa moderación salarial ha sido asimétrica y se ha cebado sobre los trabajadores con salarios más bajos y entre aquellos que carecen de un mayor poder de negociación de sus salarios individualmente y aquellos que sí lo poseen.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR