Prólogo

Autor:Ana Mª Marcos del Cano - Juan Antonio Gimeno Ullastres - Rafael de Asís Roig
Páginas:11-19
 
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El futuro del derecho a la protección de la salud constituye, sin lugar a duda, uno de los principales elementos de preocupación ciudadana en nuestros días. Ese derecho ha de concretarse en el derecho a recibir unas prestaciones sanitarias dignas, esto es, adecuadas a la dignidad que posee todo y cada ser humano, con independencia de su nacionalidad, raza, género o posición social

La preocupación es perfectamente legítima tras la considerable disminución en los fondos asignados a las prestaciones sanitarias públicas. Pensar que en un futuro este tipo de situaciones no puedan producirse de nuevo puntualmente o, peor aún, de manera sistematizada, carece de fundamento. Como tampoco parece sensato negar que una población más envejecida y con un número creciente de enfermos crónicos tensará la cuerda de los presupuestos sanitarios hasta más allá de lo soportable y tal vez llegará a producirse, efectivamente, una imposibilidad real de afrontar el coste de un sistema sanitario adecuado a las exigencias más básicas.

Por descontado, esto no significa que dicho escenario tenga por qué producirse necesariamente. Quienes, ejerciendo de agoreros, se apresuran de hecho a anunciarnos todos los males de este mundo esperando tras la esquina, deberían recordar, por un lado, que la tecnología también avanza y que la incorporación al arsenal sanitario de la nuevas biotecnologías, son

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oportunidades maravillosas a la hora de conseguir incrementar sustancialmente nuestra riqueza sanitaria, esto es, nuestra capacidad de satisfacer las necesidades de un mayor número de personas en un intervalo de tiempo muy inferior al actual.

Por otro lado, el problema tendrá que ver no tanto no solo con la disponibilidad de medios y recursos sino también en la forma en que se producirá la captación de los ingresos necesarios para sostener el sistema y la manera en que se repartirán los medios disponibles. ¿Seremos capaces de conseguir que todos contribuyan al sostenimiento del sistema de una forma equitativa? ¿Serán todas estas técnicas universalmente disponibles? ¿O se limitará su acceso a aquellos que sean capaces de satisfacer su coste de manera privada?

Por último, no es tolerable admitir un debate sobre «la quiebra del sistema sanitario» sin enmarcarlo en el debate general de las prioridades sociales. No deja de ser sospechosamente sesgado que ese debate se limite a prestaciones sociales como la sanidad o las pensiones pero nunca a otros gastos colectivos como la seguridad, la defensa o las relaciones diplomáticas. El planteamiento correcto obliga, claro es, a definir adecuadamente cada uno de nuestros derechos y mejorar la eficiencia en las prestaciones. Pero también a contemplar todos los gastos presupuestarios y, además de exigir iguales precisiones y mejoras, ordenar adecuadamente las prioridades.

Obviamente, es muy complejo saber a priori cuál será la respuesta correcta a estas preguntas. Quizás por el sesgo citado, parece que cunde una cierta mentalidad derrotista, sin duda fortalecida por la crisis económica que acabamos de padecer y de la que aún nos estamos recuperando. Tanto es así que, en el campo sanitario, ya se han implementado tres tipos de medidas que pretenden solucionar un problema que dan por inevitable: negar la asistencia sanitaria pública a ciertos colectivos, implantar el copago o favorecer fiscalmente la contratación de seguros privados.

Con respecto a la primera de estas medidas, cabe reseñar que el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgen-

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tes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, prevé que quienes obtengan rentas no provenientes del trabajo altas no puedan acceder a la atención sanitaria subvencionada por el Estado, lo que supone que un colectivo de hasta 47.000 personas puedan perder su derecho a la asistencia sanitaria. A ello hay que añadir la exclusión de los inmigrantes irregulares de la...

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