Prólogo
| Autor | María Rosa Blanch Domeque/Jaume González Calvet |
| Páginas | 9-15 |
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A finales de los años setenta me incorporé a la docencia universitaria en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, a cuyo frente se encontraba el catedrático de la disciplina Dr. D. Manuel Alonso García. Recuerdo con mucho agrado que mis inicios en la actividad docente fueron en actividades prácticas, por una parte, y en la impartición de clases teóricas de Derecho Procesal del Trabajo por otra.
Puedo asegurar que en pocas ocasiones habré leído, estudiado y analizado con la exhaustividad que entonces lo hice, la normativa reguladora del procedimiento laboral. Durante varios años expliqué con mucho detenimiento el Real Decreto Legislativo 1568/1980 de 30 de junio por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, y en una etapa ya posterior de mi vida académica pasé a la explicación de la nueva LPL aprobada por el RDLeg 521/1990 de 27 de abril, derogado cinco años más tarde por un nuevo RDLeg, núm. 2/1995 de 7 de abril, que mantuvo su vigencia (aunque con varias modificaciones parciales durante la misma) hasta la aprobación de la vigente Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social, que es la objeto de atención en la obra ahora prologada. Mi interés por la materia se plasmó en varios artículos y también en una publicación de la que guardo especial recuerdo, elaborada conjuntamente con el profesor Francisco Pérez Amorós y el magistrado Lluís Saura Lluvià, “Formularios Procesales Laborales. Comentarios y Jurisprudencia”, publicada en 1988 y que tuvo una segunda versión en 1991 justamente como consecuencia de la necesaria adaptación a la nueva Ley de Procedimiento Laboral de 1990.
Por cierto, y como mero recordatorio histórico para personas poco conocedoras de aquello que ocurría en las Universidades públicas
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(las únicas entonces existentes), les diré que los grupos de clases prácticas eran de alrededor de 100 alumnos y alumnas, y que el alumnado de las clases teóricas superaba los doscientos.
He traído este breve recuerdo de mis inicios en la “carrera universitaria” (término que en la actualidad difícilmente puede usarse por los importantes recortes económicos habidos en los últimos años y que han imposibilitado la progresión de un buen número de muy cualificados universitarios) porque fue uno de los autores de la obra que me honro en prologar, el magistrado, y profesor asociado de la unidad docente de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB, Jaume González Calvet, el que me recordó que había sido mi alumno a principios de los años ochenta en la abarrotada aula número 15 del entonces denominado “Edificio Ilerdense”, anexo a la Facultad de Derecho de la UB que se había quedado pequeña para acoger a todo el alumnado y profesorado.
Digo que es una satisfacción prologar la obra “Los intereses procesales en la jurisdicción social” porque también lo es, y mucho, comprobar que aquellas explicaciones de un entonces joven profesor ayudante fueron de utilidad para despertar el interés por la disciplina laboralista, y más concretamente de la vertiente procesal, en un también entonces joven estudiante que poco después accedería a la carrera judicial.
La obra es producto del trabajo conjunto del magistrado Jaume González Calvet y de la letrada de la Administración de Justicia Dña. Mª Rosa Blanch Domeque. He tenido la oportunidad de leer con atención los currículums profesionales de ambos autores, y no hay duda de la solvencia que los avala con creces para elaborar esta nueva publicación que aborda, sin ningún género de dudas, una temática de...
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