Prólogo

AutorAlbert González I Jiménez
Cargo del AutorAbogado. Doctor en Derecho. Licenciado en Criminología
Páginas17-19

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Uno de los problemas procesales más complejos –y oscuros– que plantea el enjuiciamiento criminal es el de precisar el alcance de las diligencias policiales de investigación y su posible valor probatorio. Una decimonónica ley procesal penal y una confusa doctrina jurisprudencial no ayudan a dar luz en esta materia. De ahí que sean bienvenidos todos los estudios, máxime si son el resultado de un trabajo de reflexión meditado como es una tesis doctoral: el lector tiene entre sus manos un libro que constituyó la base de la tesis doctoral de Albert González i Jiménez, que tuve la fortuna de dirigir junto al profesor Federico Adán Doménech, y que fue defendida el 19 de junio de 2014 en la Universidad Rovira i Virgili ante un tribunal presidido por el profesor manuel Cachón Cadenas y compuesto además por los profesores Julio muerza Esparza y Lorenzo Bujosa Vadell, y que mereció la máxima calificación académica de excelente cum laude por unanimidad.

El libro se compone de tres capítulos: en el primero, intitulado como «La policía judicial», se contextualiza la conceptualización del término policía judicial desnudándose las deficiencias técnicas de una ley decimonónica, y constatando que las dificultades persisten en la actualidad ante la falta de una regulación que determine exactamente quién constituye policía judicial, y cuál debe ser el marco competencial de su actuación. La existencia de una doble dependencia (orgánica, del ministerio del Interior; y funcional, de Jueces, Tribunales y ministerio Fiscal) tampoco contribuye a que sus actuaciones sean acogidas con la determinación, claridad e imparcialidad necesarias en el ámbito del proceso penal, y con respeto a todas sus garantías. La constatación de la dirección, directamente, de la investigación de los

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delitos por parte de la policía judicial que viene apuntada en este capítulo, revela una insurrección policial, ante la pasividad de Jueces de Instrucción y ministerio Fiscal a la hora de practicar diligencias que, posteriormente, serán traídas al juicio oral, sin ningún tipo de estupor, comprometiendo el resultado del propio proceso. Por otra parte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las reformas que la han sucedido, y la jurisprudencia cambiante, parecen dar respaldo a que la intervención policial en la práctica de diligencias que, posteriormente, van a tener una considerable influencia en el fallo, cobre realidad.

El segundo capítulo, que constituye la parte más extensa...

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