Prólogo

AutorLuis Cosculluela Montaner
Cargo del AutorCatedrático de Derecho Administrativo
Páginas9-12

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El advenimiento y progresiva implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han generado numerosas transformaciones en la sociedad en general y en las Administraciones públicas en particular. Y estos cambios no han hecho sino comenzar. El futuro nos deparará, sin duda, novedades que no es posible predecir en la actualidad que estarán marcadas por los avances técnicos. El Derecho también ha reaccionado en diver-sos ámbitos para intentar acomodar las relaciones jurídicas a la nueva sociedad. Desde este punto de vista, el autor reflexiona sobre esta cuestión desde el Derecho administrativo, pero no prescinde de la incidencia de estas nuevas tecnologías en otras ramas del Derecho como el Derecho procesal o laboral, ni en otras facetas de la sociedad.

El ordenamiento jurídico-administrativo español ha tenido en cuenta las nuevas tecnologías en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo 45 dispone que las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias. Con posterioridad, y como suele ser práctica habitual a pesar de las críticas doctrinales sobre el abuso de este tipo de leyes, en una ley de "acompañamiento", la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, se han modificado expresamente diversos apartados de la Ley 30/1992 precisamente para potenciar el empleo de esas nuevas tecnologías por las Administraciones Públicas. Esta norma -y otras de similares características (en especial, el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre la firma electrónica)- explican que el autor afirme que España se sitúa en esta materia a la cabeza de la Unión Europea, aunque habría que matizar esta afirmación para situarla sólo en el ámbito normativo.

La utilización de Internet por las Administraciones Públicas permite mejorar y agilizar la instrucción y tramitación de los procedimientos administrativos, facilitando las relaciones con los ciudadanos y con otros órganos de

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la misma o de distinta Administración, contribuyendo a una mejor y más completa información ciudadana sobre la actividad administrativa y fomentando la participación de la sociedad. Pero también plantea problemas en orden a garantizar concretos derechos de los ciudadanos, fundamentalmente en su cualidad de...

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