Prologo

AutorMaría del Carmen Navarro Villanueva
Cargo del AutorDoctora en Derecho

Creo que no es exagerado calificar como caótica la vigente regulación legal de la ejecución penal y, en particular, la concerniente a la ejecución de penas privativas de libertad. Si la calidad normativa fuera un indicador fiable del interés efectivo que un determinado ordenamiento jurídico muestra respecto de una concreta materia, se diría que la ejecución de las penas privativas de libertad no es un tema que preocupe en exceso a nuestro sistema jurídico. Me refiero a la calidad normativa, y no a la cantidad de preceptos, porque, desde luego, el número de disposiciones que se ocupan de la ejecución de las penas privativas de libertad es ingente. Tan copioso como disperso. Las normas relativas a esta materia se hallan desperdigadas en diferentes textos legales: Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal, Ley Orgánica General Penitenciaria y Reglamento Penitenciario, entre otros. Desde el punto de vista de la aplicación práctica de esa maraña de preceptos, que a fin de cuentas es el problema que más importa, la dispersión normativa sería un inconveniente menor si estuviera acompañada por una adecuada coherencia sistemática. Pero, desgraciadamente, esto no es así. Se trata de una regulación que se ha ido formando mediante sucesivos aluviones legislativos, en la que se echa en falta un diseño armónico de conjunto.

Queda apuntada la primera dificultad a la que ha debido hacer frente la Profesora Carmen Navarro Villanueva en el trabajo que ahora ve la luz, y que constituye, con pequeñas modificaciones, una parte de la tesis doctoral defendida por la autora en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El punto de partida de la presente obra es relativamente sencillo. Dictada una sentencia firme que imponga una pena privativa de libertad, en algunos supuestos el cumplimiento efectivo de esa condena puede ser sustituido por una sanción penal distinta o por medidas de otra clase, y, en ocasiones, puede quedar excluido sin más. Esta alteración de la eficacia jurídica de la sentencia firme de condena puede obedecer a una ulterior resolución judicial, pero la exoneración del cumplimiento de la pena privativa de libertad también puede derivar, excepcionalmente, de una decisión gubernativa.

Pues bien, el objetivo fundamental perseguido por la Dra. Carmen Navarro en este trabajo consiste en llevar a cabo, desde una perspectiva procesal, la sistematización y el análisis de los supuestos a los que se ha hecho referencia. Para culminar esta tarea, la autora ha...

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