El proceso de Bolonia y el nuevo plan de estudios de Derecho de la UAM
| Autor | Javier Díez-Hochleitner/José María Rodríguez De Santiago |
| Cargo | Decano/Vicedecano de Grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid |
| Páginas | 131-147 |
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En 1999 se reunieron en Bolonia (sede de la decana de las Universidades de Europa, lo que –según se comprende fácilmente– es lo mismo que decir del mundo) más de 30 ministros de educación superior de Europa, con el objeto de diseñar el modelo de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El acuerdo intergubernamental (no vinculante en términos jurídicos) se plasmó en la denominada “Declaración de Bolonia” que contenía el germen del “Proceso de Bolonia”. El nombre de la ciudad italiana se ha convertido así, desde entonces, en un concepto y se ha cargado de un contenido frente al que se dirigen las adhesiones o el rechazo.
El Proceso de Bolonia tiene como objetivo último, según se ha dicho, la creación del EEES, un espacio universitario único europeo, que pretende ad intra la supresión de barreras y el crecimiento de la movilidad académica, mediante la regulación uniforme por los Estados de un sistema de titulaciones comparable, la armonización de los niveles y ciclos académicos (grado, máster y doctorado) y el establecimiento de un sistema único de créditos que se asignan a las materias que son objeto de aprendizaje (el denominado ECTS: European Credit Transfer System); y se dirige ad extra a ofrecer un gran modelo europeo de educación superior, que resulte atractivo para el resto del mundo y, en términos prácticos, que pueda aceptar al reto de competir con las Universidades de los Estados Unidos.
Para el ordenamiento jurídico español lo más relevante del Proceso de Bolonia se ha convertido en norma de Derecho interno a través del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que supuso el punto de partida de un importante proceso de reforma de los planes de estudio, que con no poco esfuerzo están llevando a cabo actualmente la mayor parte de las Universidades españolas.
Para los estudios de Derecho (como para otros muchos) la Licenciatura desaparece y es sustituida por el Grado en Derecho y el Máster. El nuevo Grado en Derecho se integra por los 240 créditos ECTS que debe adquirir el estudiante a lo largo de cuatro años (frente a los 300 créditos de la Licenciatura). Debe destacarse –porque ésta es una de las claves de la reforma– que para el cálculo de lo que supone un crédito en el aprendizaje lo relevante ya no es el número de horas lectivas que correspondan a cada materia, sino la carga de trabajo que la consecución de unos objetivos supone para el alumno. Un crédito ECTS implica de 25 a 30 horas de trabajo del estudiante, horas de trabajo en las que se computan las presenciales (un tercio de esas 25-30 horas, aproximadamente, distribuidas en clases magistrales, semi-
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narios, clases prácticas, tutorías, etc.) y las no presenciales (estudio personal, preparación de los casos y lecturas propuestos, etc.). En síntesis, menos clases y más trabajo del alumno.
El procedimiento interno (en la Facultad de Derecho de la UAM) para la reforma del plan de estudios comenzó formalmente con la convocatoria y celebración de un seminario de profesores el 14 de junio de 2007. Se trataba en aquella reunión de que los miembros del equipo decanal competentes por razón del cargo, el Decano y el Vicedecano de Grado e Innovación Docente, informaran a los colegas docentes en la Facultad del inminente proceso de reforma, de las líneas directivas del cambio (en especial, metodología docente derivada de la implantación del ECTS, relevancia para el futuro plan de una ordenación académica que hiciera posible el aumento del peso relativo de los sistemas de evaluación continua, adaptación de la planificación de las enseñanzas a criterios que, por entonces, ya eran conocidos del futuro Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, etc.) y de las bases del procedimiento que habría de observarse para su desarrollo y aprobación. El seminario suscitó un interés muy notable y un productivo debate.
Por Acuerdo de la Junta de Facultad de 15 de junio de 2007 se constituyó la Comisión de Reforma de los Panes de Estudios de Grado de la Facultad de Derecho, con las siguientes funciones y composición, según consta en los documentos oficiales de creación de dicho órgano:
“Definición y funciones. La Comisión de Reforma de los Planes de Estudios de Grado es un órgano colegiado con funciones de preparación de documentos y de propuesta de decisiones –para su aprobación por otros órganos con competencia decisoria– en relación con la reforma de los planes de estudios de grado de la Facultad de Derecho derivada del denominado proceso de Bolonia y de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior.
Composición. La Comisión estará integrada por el Decano –que será su Presidente-, el Vicedecano de Posgrado, el Vicedecano de Grado e Innovación Docente –que será el Secretario de la Comisión-, la Vicedecana de Ordenación Académica, y los Profesores Doctores doña Pilar Benavente Moreda (Profesora Titular de Derecho civil, por el Departamento de Derecho privado, social y económico), don Manuel Cancio Meliá (Catedrático de Derecho penal, por el Departamento de Derecho público y Filosofía jurídica), doña Elena García Guitián (Profesora Titular de Ciencia política y de la Administración, por el Departamento de Ciencia política) y don Pablo de Lora Deltoro (Profesor Titular de Filosofía del Derecho, como anterior Vicedecano de Grado, promotor de buena parte de los proyectos
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de innovación docente vigentes) y dos de los representantes de los estudiantes en la Junta de Facultad”.
Los alumnos miembros de la Comisión (y de la Junta de Facultad) que participaron en todas las reuniones de trabajo –hasta la fase final de redacción material de la Memoria, en la que (a petición propia) fueron sustituidos por otros– son don Pablo Peláez Martínez y don Tomás Arranz Fernández-Bravo.
Por acuerdo de 11 de febrero de 2008, adoptado tras múltiples reuniones de trabajo, la Comisión para la Reforma de los Planes, aprobó un “documento de trabajo” que debería someterse al procedimiento de participación y debate inter-no que se diseñaba en el propio acuerdo, como apartado final. El documento se refería especialmente a la planificación de las enseñanzas, pero contenía también directrices estructurales sobre metodología docente derivada de la implantación del ECTS y sobre ordenación académica para la implantación del Grado.
El procedimiento diseñando en el citado documento de trabajo, según consta literal-mente en su texto, es el siguiente:
“- Presentación pública del Borrador (que habrá sido previamente distribuido por correo electrónico) por parte de algunos miembros de la Comisión para la reforma de los planes de estudio a los Profesores de la Facultad y a los representantes de los alumnos en la Junta de Facultad en sesión que se celebrará en el lugar y fecha que se determinen.
Fase de audiencia a las Áreas y a las Asociaciones de estudiantes, que podrán formular sus alegaciones, propuestas de modificación o mejora o esquemas alter-nativos de planificación hasta el próximo 5 de mayo de 2008 (…). Las Asociaciones de estudiantes articularán del modo que consideren más oportuno las formas de dar publicidad al Borrador y posibilitar el debate y la participación de todos los alumnos y alumnas, en su caso, con carácter previo a la formulación de sus alegaciones. El Decanato facilitará a dichas Asociaciones el apoyo material que aquéllas requieran para cumplir con la tarea de articular la participación estudiantil.
Elaboración por la Comisión para la reforma de los planes de estudio de un nuevo documento a la vista de las alegaciones formuladas (y, en su caso, ajustando la planificación a las normas comunes sobre estructura de las enseñanzas que se aprueben por los órganos centrales de la UAM) para su elevación a la Junta de Facultad como propuesta.
- Aprobación de la propuesta de la planificación de las enseñanzas por la Junta de Facultad”.
La presentación pública del documento de trabajo –a la que se hace referencia en el primer apartado del texto transcrito– tuvo lugar en el Aula magna de la Facultad, con nutrida representación de profesores, estudiantes y representantes del personal de administración y servicios, el 13 de marzo de 2008.
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Desde esa fecha hasta el 5 de mayo de 2008 fueron presentadas por escrito las alegaciones de todas las Áreas y de las Asociaciones de estudiantes. Al mismo tiempo –y esto puede considerarse como una gráfica manifestación del interés suscitado por las cuestiones que se debatían en el procedimiento– algunos profesores formularon alegaciones a título individual y propuestas alternativas que fueron distribuidas por correo electrónico a todos los miembros de la Facultad. De entre las mencionadas alegaciones formuladas a título individual cabe destacar las presentadas por los profesores don Francisco Laporta (Catedrático de Filosofía del Derecho), don Miguel Amores (Catedrático de Derecho internacional privado), don Manuel Aragón (Catedrático de Derecho constitucional, actualmente en servicios especiales como Magistrado del Tribunal Constitucional), don José Luis López González (Profesor titular de Derecho constitucional) y don Javier Bermúdez Sánchez (Profesor contratado doctor del Área de Derecho...
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