Problemas de control
| Autor | John M. B. Balouziyeh |
| Páginas | 121-137 |
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Como consecuencia de que los propietarios de las sociedades anónimas cerradas no tienen un mercado establecido en el que vender sus acciones en caso de desacuerdo con la gerencia de la sociedad anónima, la jurisprudencia y las leyes han evolucionado para ofrecer en tales sociedades anónimas cerradas una protección especial en las áreas de control y abuso de control.
Tanto el Derecho común como las leyes estatales han reconocido el derecho que tienen los accionistas de sociedades anónimas cerradas a celebrar acuerdos para votar de forma conjunta y multi-plicar así su poder de voto en la elección de los administradores o en la determinación de las políticas corporativas. Estos acuerdos son necesarios para que los accionistas aseguren sus inversiones cuando no existe un mercado disponible en caso de que deseen vender. Los tribunales han declarado reiteradamente que tales acuerdos son un instrumento válido que los accionistas pueden utilizar para ejercer
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influencia sobre las sociedades anónimas cerradas. En Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows vs. Ringling (Del. Ch. 1947), por ejemplo, el demandante y Aubrey Ringling Haley (la codeman-dada) acordaron votar siempre de forma conjunta en una sociedad anónima de tres accionistas y someter a arbitraje los casos en que no estuvieran de acuerdo. Cuando surgió un desacuerdo en cuanto a quién debía ser votado para el consejo de administración, Haley incumplió el acuerdo y votó por su cuenta, argumentando que el referido acuerdo era nulo. El tribunal discrepó, sosteniendo que los acuerdos de sindicación de voto son válidos. Puesto que Haley incumplió el acuerdo, se ordenó una nueva votación y el voto de Haley no fue tenido en cuenta.
Los tribunales han sostenido también que los acuerdos de sindicación de voto no sólo son válidos en sociedades anónimas cerradas, sino también en otros tipos societarios. En Ramos vs. Estrada (Cal. Ct. App. 1992), el demandante y el administrador demandado celebraron un contrato con otros accionistas de Broadcast Group para votar en el sentido de la mayoría en la toma de decisiones. Cuando el demandado incumplió en una votación, los demandantes acordaron su salida del consejo; el demandado sostuvo que tal acuerdo era nulo. El tribunal indicó que los accionistas pueden convenir la delegación de voto para gobernar una sociedad anónima de tal manera que la mayoría decida y para elegir a los directivos de su elección. A pesar de que estos acuerdos, por lo general, han sido utilizados en el contexto de sociedades anónimas cerradas, también pueden ser utilizados por otras formas empresariales, como era el caso de Broadcast Group, que no era de propiedad cerrada. El tribunal ratificó el fallo a favor del demandante.
Los tribunales han limitado la validez de tales acuerdos cuando restringen las facultades del consejo de administración una vez que resulta elegido. Por tanto, los acuerdos entre accionistas no pueden referirse a la elección de directivos, los sueldos de los administradores y otros temas en que los administradores, al resultar elegidos, deben ser libres para decidir sobre la base de su propio juicio independiente. En McQuade vs. Stoneham (N.Y. 1934), el demandante, en aquel entonces magistrado de la ciudad, llegó a un acuerdo con el accionista mayoritario de los New York Giants (el demandado) cuando el demandante le compró acciones. El acuerdo conservaba sus funciones como directivos y administradores y fijaba
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los sueldos de los directivos. Cuando surgieron discrepancias y el demandante fue despedido como directivo, el demandado y McGaw (codemandado), en contravención del acuerdo, se abstuvieron de votar en la junta. El tribunal sostuvo que, aunque los accionistas pueden suscribir pactos de voto, no pueden celebrar acuerdos relativos a la actuación de los directivos, a su remuneración y a otras materias que dependan del juicio independiente de los administradores. El poder de los administradores para administrar una sociedad anónima, seleccionar a sus directivos fijando sus salarios y actuar en su mejor interés no puede estar limitado por pactos entre accionistas.
La estricta interpretación de McQuade fue modificada en 1936 por Clark vs. Dodge (N.Y. 1936), donde el mismo tribunal de Nueva York sostuvo que los pactos entre accionistas que obligan a los administradores a votar en cierto sentido para determinados directivos son válidos cuando los accionistas y los administradores son el mismo grupo de personas. En Clark, donde los únicos accionistas eran los administradores de la sociedad anónima, un acuerdo circunscribía el papel y las tareas del accionista minoritario deman-dante (también administrador) y preveía que el accionista mayoritario demandado reemplazaría al demandante como administrador. Cuando el demandado incumplió el acuerdo, el demandante pidió la ejecución y el caso fue desestimado. En la apelación, el tribunal sostuvo que el acuerdo relativo al nombramiento de directivos era válido. A diferencia de McQuade, aquí los propietarios y administradores eran las mismas personas y no existía, por tanto, preocupación por el hecho de que los accionistas interfirieran con la administración. Un acuerdo, que no daña ni perjudica a terceros, es válido.
La sentencia de Clark vs. Dodge ha sido repetida y concretada por otros tribunales. En Galler vs. Galler (Ill. 1964) se declaró que los acuerdos entre los propietarios de una sociedad anónima cerrada relativos a su administración se reputan como válidos cuando se celebran entre los propietarios y los administradores, no hay menoscabo a los intereses de minoritarios, del público o de los acreedores, y no existe evidencia de fraude o incumplimiento de la ley. En Galler el tribunal confirmó que un pacto de accionistas era válido y sostuvo que los propietarios de una sociedad anónima cerrada, donde los dueños y la gerencia son los mismos, pueden obligar a la
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gerencia cuando se puede demostrar que no hay fraude o desventaja para los minoritarios.
A pesar de que los accionistas mayoritarios necesitan cierta libertad cuando se trata de tomar decisiones de futuro en una sociedad anónima cerrada, debe alcanzarse un equilibrio entre el interés propio y el deber fiduciario debido a la minoría; los accionistas mayo-ritarios deben actuar de buena fe y con lealtad hacia los accionistas minoritarios. En Wilkes vs. Springside Nursing Home, Inc. (Mass. 1976), el demandante y otras tres personas se unieron para explotar un hogar de ancianos. Cuando el demandante fue despedido como administrador, interpuso demanda en la que reclamaba una sentencia declaratoria y los daños y perjuicios equivalentes al salario dejado de percibir. El tribunal sostuvo que la carga de la prueba para demostrar que el despido tenía un fin legítimo recaía en la mayoría. En tanto que no constaba tal evidencia en el expediente, se dictó sentencia favorable al demandante y el caso quedó visto para deter-minar el grado en que los fondos remanentes de la sociedad anónima debían ser empleados para cumplir la sentencia.
En la sociedad anónima cerrada Wilkes, la carga de probar un propósito comercial legítimo se desplazó a la parte demandada mien-tras que, por el contrario, en las grandes sociedades anónimas abiertas rige la presunción de business judgment rule y es responsabilidad del demandante desvirtuarla. En la sociedad anónima cerrada, si los demandados son capaces de demostrar que actuaron con un fin comercial legítimo, la carga de la prueba volverá a recaer nuevamente en la parte demandante, que deberá demostrar que eso era sólo un pretexto, o que el mismo fin se podría haber logrado de una forma menos perjudicial.
Sin embargo, el mero estatus de accionista minoritario no protege contra el despido cuando existe un contrato indefinido. En Ingle vs. Glamore Motor Sales, Inc. (N.Y. 1989), el directivo interpuso demanda contra la sociedad anónima por haberle despedido infringiendo sus deberes fiduciarios y por incumplimiento de contrato. El tribunal sostuvo que no existe un deber implícito de buena fe y trato justo en relación con el empleo continuado en los contra-
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tos laborales indefinidos; tal deber implícito contravendría el espíritu del contrato indefinido, al que puede ponerse término en cualquier...
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