Sobre el principio de igualdad

Autor:Juan Manuel López Ulla
Páginas:375-412
RESUMEN

La diferencia de trato no siempre implica discriminación: la igualdad ante la ley. El matrimonio y la convivencia extrantatrimonial no son situaciones equivalentes a los efectos. A) De una pensión de viudedad. B) De una subrogación arrendaticia. Discriminación por razón de sexo. A) Pensión de viudedad. B) Permiso de lactancia. C) Masculinidad como criterio preferente para la sucesión regular de tí... (ver resumen completo)

 
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La diferencia de trato no siempre implica discriminación: la igualdad ante la ley

STC NUM. 22/1981, FJ. 3:

"La pretendida inconstiturionalidad descansa, pues, en el supuesto de que toda discriminación vulnera el principio de igualdad. Ahora bien, aunque es cierto que la igualdad jurídica reconocida en el art 14 de la Constitución vincula y tiene como destinatario no sólo a la Administración y al Poder Judicial, sino también al Legislativo, como se deduce de los artículos 9 y 53 de la misma, ello no quiere decir que el principio de igualdad contenido en dicho artículo implique en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado, en relación con el artículo 14 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación. El artículo 14 del Convenio Europeo -declara el mencionado Tribunal en varias de sus sentencias- no prohibe toda diferencia de trato en el ejercicio de los derechos y libertades: la igualdad es sólo violada si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe precisarse en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida"6.

STC NUM. 34/1981, FJ. 3, apdo. A):

El TC señala que el principio de igualdad vincula a todos los poderes públicos incluido el legislativo (arts. 53.1 y 53.2 CE). Subraya que la inobservancia por parte del legislador de este principio puede dar lugar a una declaraciónPage 376 de inconstitucionalidad. En el apdo. B) del FJ. 3 vuelve a recordar que el principio de igualdad no impide que se puedan diferenciar situaciones jurídicas distintas:

"B) Partiendo de esta afirmación debemos ahora señalar que el principio de igualdad jurídica consagrado en el art. 14 hace referencia, irüciaknente, a la universalidad de la ley, pero no prohibe que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de diferenciar situaciones jurídicas distintas y de darles un tratamiento diverso, que puede incluso venir exigido, en un Estado social y democrático de derecho, para la efectividad de los valores que la Constitución consagra con el carácter de superiores del Ordenamiento como son la justicia y la igualdad (art. 1), a cuyo efecto atribuye/ además, a los Poderes Públicos el que promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (art. 9.3). Lo que prohibe el principio de igualdad jurídica es la discriminación, como declara de forma expresa el art. 14 de la Constitución; es decir, que la desigualdad de tratamiento legal sea injustificada por no ser razonable.

La apreciación de en qué medida la ley ha de contemplar situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar desigualmente o, desde otra perspectiva, que no deben ser tratadas igualmente, queda con carácter general confiada al legislador. Pero tal valoración tiene unos límites, ya que no puede dar lugar a un resultado que vaya contra derechos y libertades reconocidos en la Constitución (art. 53.1), ni en general contra cualquier precepto o principio de la misma (art. 9, núms. 1 y 3, relativos a la sujección a la Constitución de todos los Poderes Públicos y a la interdicción de la arbitrariedad); ni, como resulta obvio, contra la esencia del propio principio de igualdad que rechaza toda desigualdad que por su alcance sea irrazonable y por ello haya de calificarse de discriminatoria.

  1. Las consideraciones anteriores reflejan, por otra parte, los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diversas Sentencias, como las de 23 de julio de 1968 y 27 de octubre de 1975, al señalar que se produce una discriminación cuando una distinción de trato carece de una justificación objetiva y razonable; afirmando que la existencia de tal justificación debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida".

STC NUM. 3/1983, FJ. 3:

"El artículo 14 de la CE, que consagra la igualdad de todos los españoles ante la ley, prohibe la discriminación, entre otros factores, por cualquier condición o circunstancia personal o social, estando indudablemente incluidas en ellas la cualidad de empresario o trabajador. Pero como ya ha declarado estePage 377 Tribunal en reiteradas ocasiones, tal precepto no establece un principio de igualdad absoluta que pueda omitir tomar en consideración la existencia de razones objetivas eme razonablemente justifiquen la desigualdad de tratamiento legal. Y mucho menos que excluya la propia necesidad del establecimiento de un trato desigual que recaiga sobre supuestos de hecho que en sí mismos son desiguales y tengan por función precisamente contribuir al restablecimiento o promoción de la igualdad real, ya que en tal caso la diferencia de régimen jurídico no sólo no se opone al principio de igualdad, sino que aparece exigida por dicho principio y constituye instrumento ineludible para su debida efectividad".

Y se señala que, de acuerdo con el 9.2 CE:

"(...) se está superando el más limitado ámbito de actuación de una igualdad meramente formal y propugnando un significado del principio de igualdad acorde con la definición del art 1, que constituye a España como un Estado democrático y social de Derecho, por lo que, en definitiva, se ajusta a la Constitución la finalidad tuitiva o compensadora del Derecho laboral en garantía de la promoción de una igualdad real que en el ámbito de las relaciones laborales exige un mínimo de desigualdad formal en beneficio del trabajador".

STC NUM. 75/1983, FJ. 2:

"El artículo 14 de la Constitución configura el principio de igualdad ante la ley como un derecho subjetivo de los ciudadanos, evitando los privilegios y las desigualdades discriminatorias entre aquéllos, siempre que se encuentren dentro de las propias situaciones de hecho, a las que deben corresponder un tratamiento jurídico igual, pues en tales supuestos la norma debe ser idéntica para todos, comprendiéndolos en sus disposiciones y previsiones con la misma concesión de derechos que eviten las desigualdades, pues de no actuarse legislativamente de tal manera surgiría un tratamiento diferenciado a causa de una conducta arbitraria, o al menos no debidamente justificada del poder público legislativo. Sólo le resulta posible al Legislador, en adecuada opción legislativa, establecer para los ciudadanos un tratamiento diferenciado cuando tenga que resolver situaciones diferenciadas tácticamente con mayor o suficiente intensidad que requieran en su solución por su mismo contenido una decisión distinta, pero a tal fin resulta indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, cuya exigencia deba aplicarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo estar presente por ello una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidadPage 378 perseguida y dejando, en definitiva, al Legislador con carácter general la apreciación de situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar desigualmente, siempre que su acuerdo no vaya contra los derechos y libertades protegidos en los arts. 53.1 y 9.3 de la Constitución ni sea irrazonada, según deriva todo ello de la doctrina establecida por este Tribunal Constitucional en las Sentencias de 10 de julio de 1981,14 de julio de 1982, y 10 de noviembre de este último año, así como de las Sentencias del TEDH de 23 de julio de 1968 y 27 de octubre de 1975".

FJ.3:

"(...) la prohibición de discriminación, enunciada con carácter general en el art. 14 de la CE, y concretamente en cuanto al acceso y a la permanencia en los cargos y en las funciones públicas, en el art. 23.2 de la CE, responde a uno de los valores superiores que según la Constitución han de inspirar el ordenamiento jurídico español, el valor de la igualdad (art. 1.1). El derecho a la igualdad tiene así un carácter general que comprende a los servicios públicos y actúa, en el acceso de la función pública y a lo largo de la duración de la relación funcionarial, de modo que los ciudadanos no deben ser discriminados para el empleo público o una vez incorporados a la función pública. La edad no es de las circunstancias enumeradas normativamente en el artículo 14 pero no ha de verse aquí una intención üpificadora cerrada que excluya cualquier otra de las precisadas en el texto legal, pues en la fórmula del indicado precepto se alude a cualquier otra condición o circunstancia personal o social, carácter de circunstancia personal que debe predicarse de la edad; de modo que la edad, dentro de los límites que la ley establece para el acceso y la permanencia en la función pública, es una de las circunstancias comprendidas en el art. 14 y en el artículo 23.2 desde la perspectiva excluyente de tratos discriminatorios (...)".

El TC recuerda que, según estableció la STC núm. 68/1982, de 22 de noviembre, cuando se solicita la aplicación del principio de igualdad...

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