Principales hallazgos
| Autor | Helena Soleto/Aurea Grané |
| Páginas | 45-88 |
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De acuerdo con los datos recogidos en octubre y noviembre de 2016, el 35,7% de los expedientes de ejecutorias de 2012 estaban archivados definitivamente. El 33,1% estaban en archivo provisional, el 26,1% seguían en trámite y un 5,2% estaban en archivo provisional mejor fortuna. Véase la Ilustración 6.
Los datos que figuran en LIBRA son algo diferentes: el 57,4% de los expedientes constan como terminados, el 37,6% en trámite y el 5,1% se encuentran suspendidos, lo que apunta la situación ya conocida de que LIBRA no refleja adecuadamente la situación procesal de los asuntos.
Los resultados del segundo estudio, recogidos en octubre y noviembre de 2017, reflejan que el 41,1% de ejecutorias de 2014 seguían en trámite (frente al 26,1% en 2102), un 36,0% estaban en archivo provisional y un 4,4% en archivo provisional mejor fortuna. Las mayores diferencias se dan en la AP, donde el 55,9% de los expedientes estaban en trámite (frente al 38,5% en 2012) y el 35,4% se encontraban archivados pro-
Ilustración 6. Estado de los expedientes de ejecutorias de 2012.
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Ilustración 7. Estado de los expedientes de ejecutorias de 2012. Juzgados de lo Penal.
visionalmente (frente al 43,1% en 2012). En los Juzgados de lo Penal, estos porcentajes ascienden al 34,2% para los asuntos en trámite y al 36,4% para los asuntos archivados provisionalmente.
Respecto al tipo de delito, los de mayor frecuencia fueron el robo con fuerza en el 18,2% de los expedientes, el delito de lesiones en el 16,4% de los casos, hurto en el 11,3% y robo con violencia o intimidación en el 9,5% de los casos. El resto de delitos tuvo una incidencia menor.
Respecto al tipo de procedimiento, dada la competencia de los distintos tribunales y la incidencia de los distintos delitos, en el 76,0% de los casos se llevó a cabo el procedimiento abreviado, un juicio rápido en el 16,4%, ordinario en el 5,8% y jurado
Ilustración 8. Estado de los expedientes de ejecutorias del segundo estudio.
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Ilustración 9. Tipo de procedimiento en las ejecutorias de 2012.
popular en el 1,4% de los casos. Los procedimientos de faltas rápido y ordinario tuvieron una incidencia inferior al 0,2%, dado que no eran competencia de este tipo de órganos. Véase la Ilustración 9.
En las ejecutorias de Madrid se observa una presencia casi generalizada del Ministerio Fiscal, una participación casi nula de la acusación popular y el ejercicio de la acusación particular en muchos de los asuntos más graves, en la Audiencia Provincial, siendo menor su personación en Juzgados de lo Penal.
Ilustración 10. Incidencia de acusaciones en expedientes de ejecución.
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La acusación particular, presenta una incidencia del 34,4% en plaza de Castilla y del 38,6% en Getafe, Móstoles y Alcalá de Henares, frente al 62,9% en la AP.
La participación mayor en Audiencia Provincial puede justificarse en la mayor gravedad de los hechos, y llama la atención la baja incidencia de la acusación particular en Juzgado de lo Penal.
La mayoría de las víctimas son personas físicas; en el primer estudio, se contabilizaron un total de 1824 perjudicados, siendo persona física el 72,1%. El número de víctimas en los expedientes del segundo estudio asciende a 1916, correspondiendo el 72,1% a personas físicas.
Es muy interesante observar el papel de la persona jurídica en el proceso penal, que es predominantemente como víctima: entidades bancarias, empresas de energía, aseguradoras y comunidades de propietarios son las personas jurídicas más habituales.
Las 438 personas jurídicas que han sido víctima en el segundo estudio son empresas en el 78,1% de los casos, administraciones públicas en el 13,5%, organismos púbicos en el 7,8% y ONG’s o asociaciones en el 0,7% restante.
Ilustración 11. Víctimas, clase de entidad.
En cuanto al género, en el primer estudio se observa que son varones en el 67,8% de los casos, mujeres en el 32,2%. Véanse las cifras correspondientes en la Ilustración 12.
Respecto a las 1381 víctimas persona física del segundo estudio, el 62,1% son varones y el 37,9% mujeres, siendo de nacionalidad española en el 80,4% de los casos.
Por edades, las víctimas del segundo estudio son en el 8,1% menores de 18 años, el 13,4% tienen de 18 a 24 años, el 41,6% de 25 a 39 años, el 32,5% de 40 a 64 años y el 4,3% restante tiene 65 o más años de edad.
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Ilustración 12. Número de víctimas en las ejecutorias de 2012 analizadas.
Ilustración 13. Edad de las víctimas. Segundo estudio.
Respecto al número de víctimas por expediente, en el 77,1% de los casos del segundo estudio se trata de una sola persona afectada, en el 14,4% son dos personas, en el 4,9% tres personas y en el 3,6% restante, hay tres o más víctimas por expediente.
Los delitos con mayor incidencia en los expedientes que ocupan el segundo estudio son hurtos y robos en el 23,2% de los casos, seguido del 19,6% de delitos de lesio-
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Ilustración 14. Porcentaje de víctimas según tipo de delito.
nes y maltrato familiar, el 18,1% de estafa, apropiación indebida y defraudaciones y el 8,4% de delitos sexuales y violentos; el 30,7% corresponde al resto de delitos.
El siguiente cuadro resume las características principales de las personas físicas que han sido víctimas de los tipos de delitos anteriores:
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Partimos de la tesis de que la Administración Pública iba a conseguir una mayor eficacia de pago de indemnización cuando ella sea la víctima, dado que tiene acceso directo a los datos fiscales de los sujetos y capacidad ejecutiva. Si esto se confirmara, podría concluirse que la Administración de Justicia debería contar con los mismos mecanismos para desarrollar la función ejecutiva, sin embargo, los resultados no avalan la tesis.
Del total de expedientes del segundo estudio, la Administración Pública o algún Organismo Público (AAPP) aparecen como víctimas en el 6,4% de los casos. Respecto a si se dictan más o menos indemnizaciones en favor de las AAAPP, en el gráfico siguiente se observa que el porcentaje expedientes con indemnizaciones es del 80,6% cuando la AAPP no es víctima frente al 53,8% cuando sí lo es. Para averiguar si estas diferencias son estadísticamente significativas se realiza un contraste Chi-cuadrado de independencia, obteniendo un p-valor de 0,000. Por tanto, hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la probabilidad de que se dicten indemnizaciones es mayor cuando las AAPP no aparecen como víctima.
Ilustración 15. Porcentaje de asuntos con o sin indemnización con víctima Administración Pública.
Respecto a si las AAPP consiguen una mayor eficacia de pago de indemnización cuando son víctimas, en el gráfico siguiente se observa que el porcentaje de cobro es del 53,5% cuando las AAPP son víctimas frente al 69,2% cuando no lo son. Estas diferencias son estadísticamente significativas para un nivel del confianza del 95% (dado que el p-valor asociado al contraste Chi-cuadrado de independencia es de 0,030). Por tanto, parece que la probabilidad de que se cobren indemnizaciones (por lo menos en parte) es mayor cuando las AAPP no aparecen como víctimas.
Respecto al porcentaje medio pagado varía: cuando las AAPP son víctimas es del 34,3%, mientras que cuando no lo son es del 44,6%.
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Ilustración 16. Porcentaje de pago con o sin víctima Administración Pública.
La práctica totalidad de los condenados es persona física, lo que llama la atención en relación con la situación de la persona jurídica, que es con mucha más incidencia víctima que condenado.
El número de condenados en las ejecutorias del primer estudio asciende a 1973, siendo personas jurídicas 24, que suponen un 1,2%. De las personas físicas, son hombres el 85,8% de los condenados, y mujeres el 14,2%.
Ilustración 17. Número de condenados en las ejecutorias de 2012 (primer estudio).
En el segundo estudio, se han analizado un total de 1308 expedientes. En ellos, el número de condenados asciende a 1693, correspondiendo el 99,4% a personas físicas y el 0,6% restante a personas jurídicas, correspondiente a 10 personas jurídicas las cuales son una Administración Pública, cuatro Organismos Púbicos y cinco empresas.
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Respecto...
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