La prestación asistencial por desempleo. Un estudio de los requisitos de acceso.

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Autor	Icíar Alzaga Ruiz
Cargo	Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Educaci ón a Distancia.
Páginas	77-96

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

a protección por desempleo se estruc-

tura en un nivel contributivo y un

nivel asistencial, ambos de carácter

público y obligatorio. Mientras que el primero

tiene como finalidad proporcionar prestacio-

nes sustitutivas de las rentas salariales deja-

das de percibir como consecuencia de la pér-

dida de un empleo anterior o de la reducción

de la jornada, el segundo garantiza la protec-

ción a los trabajadores desempleados que se

encuentren en alguno de los supuestos inclui-

dos en el art. 215 LGSS1.

La existencia de dos niveles de protección

supone una dificultad añadida a una situa-

ción compleja ya en su configuración legal

(fruto de la evolución histórica del nivel asis-

tencial, que ha añadido progresivamente

situaciones protegidas a las ya existentes2),

al requerir que se valore no sólo la pérdida de

ingresos por parte del solicitante, sino tam-

bién la carencia de recursos y la concurrencia

de determinadas circunstancias que agravan

la situación de necesidad3. Ninguno de los dos

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

* Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social de la Universidad Nacional de Educa-

ción a Distancia.

1Art. 204 LGSS.

2Un análisis de la evolución normativa del subsidio

asistencial por desempleo permite apreciar la compleji-

dad que ha alcanzado, al romper la inicial simplicidad

del art. 13 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto. En efecto,

La prestación asistencial

por desempleo: un estudio

de los requisitos de acceso

ICÍAR ALZAGA RUIZ*

la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por des-

empleo, modificó el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de

octubre, Básica de Empleo hoy derogada, y presentó, en

su art. 13, una estructura similar a la hoy contenida en el

art. 215 LGSS. Estableció unos requisitos generales para

el acceso al subsidio e identificó los colectivos protegi-

dos en términos parecidos a la regulación actual. El art.

13 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, fue posteriormen-

te modificado por el Real Decreto-ley 1/1989, de 31 de

marzo, la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, el Real

Decreto-ley 1/1992, de 3 de abril, la Ley 22/1992, de 30

de julio y la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. También

el art. 215 LGSS ha sido objeto de sucesivas reformas,

entre las que destacan las llevadas a cabo por la Ley

13/1996, de 30 de diciembre, la Ley 66/1997, de 30 de

diciembre, el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo,

la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, el Real Decreto-ley

5/2006, de 9 de junio y la Ley 43/2006, de 29 de

diciembre.

3DESDENTADO BONETE, A. y MERCADER UGUINA, J. R.:

El desempleo como situación protegida. (Un estudio de

los problemas de acceso a la protección en el nivel con-

tributivo y en el asistencial), Civitas, Madrid, 1996,

pág. 25.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

niveles responde a mecanismos puramente

contributivos o asistenciales4, pero ambos

forman un sistema integrado de protección,

en el que se aprecia una combinación de téc-

nicas protectoras5.

El subsidio de desempleo se encuentra

regulado en los arts. 215 y ss. LGSS. Tiene

una naturaleza híbrida asistencial y contri-

butiva, que rebasa los límites de una mera

asistencia social6. El carácter contributivo

aparece en la exigencia de que el interesado

tenga cubierto un número de años de cotiza-

ción previa7(de mera extensión del nivel con-

tributivo ha hablado en estos casos con acierto

la doctrina científica8). Y, el carácter asisten-

cial se vincula a la acreditación de la situación

de especial necesidad del solicitante. La pres-

tación tiene carácter asistencial, pero quien

accede a ella en la mayoría de los supuestos ha

agotado previamente una prestación contri-

butiva. Supone un segundo nivel de protección

cuya finalidad es complementar la protección

dispensada por el nivel contributivo.

La universalidad de la cobertura no se da

en el nivel asistencial, al tratarse, en la

mayoría de los supuestos, de medidas protec-

toras que pretenden cubrir las deficiencias

del nivel contributivo, es decir, que no buscan

proteger a todas las personas que se encuen-

tran en una situación de necesidad, sino a

aquellas que, estando en dicha situación, han

mantenido previamente una conexión con el

nivel contributivo9. Tiene, pues, carácter

selectivo. A pesar de ello, el espíritu que

informa el subsidio de desempleo responde a

la necesidad de satisfacer unas necesidades

de subsistencia nacidas de una falta de recur-

sos del solicitante. Persigue la protección de

unos colectivos determinados, protección que

obedece a razones muy variadas, pero que

pretende, en todo caso, «subvenir o remediar

situaciones de necesidad nacidas de la caren-

cia de un nivel mínimo de subsistencia»10. El

legislador es consciente de la diversidad de

colectivos que engloba el nivel asistencial de

la protección por desempleo y, en este senti-

do, cuando en el art. 204 LGSS estructura los

niveles de protección, se refiere a ellos de for-

ma distinta. El objetivo del nivel contributivo

es «proporcionar prestaciones sustantivas de

las rentas salariales dejadas de percibir como

consecuencia de la pérdida de un empleo

anterior o de la reducción de la jornada»;

mientras que para el nivel asistencial no

logra presentar un criterio unificador y opta

por describir qué personas pueden ser benefi-

ciarias del mismo11.

ESTUDIOS

78 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

4ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J. L.: Institu-

ciones de Seguridad Social, 18ª ed., Civitas, Madrid,

2002, pág. 231.

5GARRIDO PÉREZ, E.: «Nivel asistencial. Comentario

al art. 215 LGSS», en AA. VV.: Comentarios a la Ley

General de Seguridad Social, Dir. M. R. Alarcón Cara-

cuel, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2003, pág. 1365.

6ALARCÓN CARACUEL, M. R.: «El desempleo: niveles

de protección y régimen de las prestaciones», en AA.

VV.: Comentarios a la nueva legislación laboral, Tecnos,

Madrid, 1985, págs. 251 y ss. y GARCÍA MURCIA, J.: «La

protección por desempleo: un repaso de jurisprudencia

reciente a la luz de los últimos cambios legales», AL, nº

3, 1998, págs. 903 y ss.

7De contrasentido califica SEMPERE NAVARRO, A. V. el

hecho de que la Ley denomine asistenciales «a presta-

ciones cuyo reconocimiento y devengo se supedita a la

previa y en cierto modo prolongada contribución del

solicitante a la financiación del sistema de protección

por desempleo»; en «El agotamiento de la prestación

contributiva por desempleo como presupuesto para el

acceso a algunas modalidades de protección asisten-

cial», AS, vol. III, págs. 1342 y ss.

8ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: «La protección del des-

empleo: su polémico carácter contributivo y su adecua-

ción a los trabajadores con empleo atípico», en AA. VV.:

Debates sobres el empleo. España, Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social, Madrid, 1992, pág. 92.

9Sabido es que constituye un principio constitutivo

básico de la asistencia social su vocación universalista en

la cobertura. Cfr. MONEREOPÉREZ, J. L.: El sistema de pro-

tección por desempleo en España, Tirant lo Blanch,

Valencia, 1997, pág.169.

10 STS de 1 de julio de 1994 (Ar. 6327).

11 MÁRQUEZ PRIETO, A.: «Nivel asistencial. Comenta-

rio al art. 215 LGSS», en AA. VV.: Ley General de Seguri-

dad Social, comentada y con jurisprudencia, Dir. A. Mar-

tín Valverde y J. García Murcia, La Ley, Las Rozas, 2009,

pág. 1563.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

En el art. 215 LGSS precepto de estruc-

tura compleja y desordenada se mezclan

diversos requisitos que combinados entre sí,

delimitan el ámbito subjetivo de aplicación

del subsidio12. En primer lugar, se concretan

determinadas condiciones generales cuya

finalidad es constatar, por una parte, la

voluntad real de trabajo del solicitante y, por

otra, su carencia de ingresos. En segundo

lugar, se contemplan diversos supuestos en

los que además del cumplimiento de los

requisitos descritos, se atiende a otros ele-

mentos que acreditan la situación de necesi-

dad del beneficiario: tener responsabilida-

des familiares, la edad, ser emigrante retor-

nado, haber sido liberado de prisión y ser

inválido declarado posteriormente incapaz.

Cubre situaciones tales como: a) Otorgar

durante más tiempo protección por desem-

pleo a aquellos beneficiarios que han agota-

do la prestación por desempleo; b) Proteger a

trabajadores que no han disfrutado de la

prestación contributiva, por no haber alcan-

zado el período mínimo de cotización; c)

Tomar en consideración situaciones especia-

les de determinados colectivos de trabajado-

res (emigrantes retornados, liberados de pri-

sión o inválidos permanentes declarados

aptos para el trabajo); y, d) Proteger a aque-

llos desempleados de edad avanzada hasta

el momento en que puedan lucrar pensión de

jubilación.

Y, así, en la prestación asistencial por des-

empleo se exige la presencia de determinados

factores de agravación de la situación de nece-

sidad que justifican la aplicación de medidas

protectoras específicas. El nivel asistencial se

configura, en consecuencia, como complemen-

tario del nivel contributivo, en la medida en

que pretende dirigir los recursos hacia las

situaciones de necesidad consideradas más

graves13. Puede decirse, por ello, que el nivel

asistencial de desempleo se encuentra subor-

dinado al nivel contributivo.

Pese a que el principio de universalidad en

la cobertura no sea de aplicación en estos

supuestos al estar conectado el subsidio con

una necesaria situación de protección contri-

butiva previa el eje en torno al cual gira la

institución de la protección asistencial por

desempleo es la voluntad de satisfacer una

situación de escasez de recursos.

La delimitación de los beneficiarios del

nivel asistencial de la protección por desem-

pleo aporta una serie de condiciones de acceso

a cada modalidad que se añaden a unos requi-

sitos comunes a todas ellas. En las siguientes

páginas abordaremos precisamente el trata-

miento de los aspectos relativos a los requisi-

tos generales de acceso al subsidio por desem-

pleo: la carencia de rentas del solicitante y su

voluntad de trabajar. Un estudio sistemático

de este complejo precepto aconseja ahondar

en las condiciones generales que debe reunir

un solicitante del subsidio, es decir, en los

límites generales de la situación de necesidad

y de la voluntad de trabajar, definiendo, en

consecuencia, el objeto de la protección.

2. BENEFICIARIOS

El art. 215 LGSS enumera diversas situa-

ciones protegidas, sin que exista un criterio

sistemático claro de ordenación14. En concre-

to, podrán ser beneficiarios del subsidio aque-

ICÍAR ALZAGA RUIZ

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

12 En este sentido, SSTS de 8 de enero de 1991 (Ar.

7741), 15 de febrero de 1992 (Ar. 10485), 23 de diciem-

bre de 1994 (Ar. 512/1995) y 13 de mayo de 2008 (Ar.

3291).

13 POQUET CATALÁ, R.: Protección por desempleo. El

sistema tras las últimas reformas, Tirant lo Blanch, Valen-

cia, 2008, pág. 105.

14 Para un estudio de la evolución histórica de la

prestación por desempleo, cfr., entre otros, GARCÍA DE

BLAS, A.: «La reforma de la prestación de desempleo:

Evolución y perspectivas», RL, 1985-I, pág. 38, ESCUDERO

RODRÍGUEZ, R.: «Una enmarañada ampliación de la

cobertura por desempleo», RL, 1989-II, págs. 1174 y ss.

y, del mismo autor, «El Decreto-ley 1/1992: La conmo-

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

llos desempleados que reúnan las siguientes

condiciones:

1. Los parados que figuren inscritos como

demandantes de empleo durante al

menos un mes, no hayan rechazado

una oferta de empleo adecuada ni se

hayan negado a participar, salvo causa

justificada en acciones de promoción,

formación o reconversión profesiona-

les, carezcan de rentas de cualquier

naturaleza superiores en cómputo

mensual, al 75 por 100 del salario míni-

mo interprofesional, excluida la parte

proporcional de las dos pagas extraor-

dinarias y se encuentren en alguna de

las situaciones siguientes: a) Haber

agotado la prestación por desempleo y

tener responsabilidades familiares;

b) Haber agotado la prestación por des-

empleo, carecer de responsabilidades

familiares y ser mayor de cuarenta y

cinco años de edad en la fecha del ago-

tamiento; c) Ser trabajador español

emigrante retornado de países no per-

tenecientes al Espacio Económico

Europeo, o con los que no exista conve-

nio sobre protección por desempleo,

acredite haber trabajado un mínimo de

doce meses en los últimos seis años en

dichos países y no tenga derecho al per-

cibo de la prestación por desempleo; d)

Haber sido liberado de prisión y no

tener derecho a la prestación por des-

empleo, siempre que la privación de

libertad haya sido superior a los seis

meses; y, e) Haber sido declarado ple-

namente capaz o inválido en el grado

de incapacidad permanente parcial

para la profesión habitual, como conse-

cuencia de un expediente de mejoría de

una situación de invalidez en los gra-

dos de incapacidad permanente total

para la profesión habitual, incapacidad

permanente absoluta para todo trabajo

o gran invalidez.

2. Los desempleados que reúnan los

requisitos expuestos (salvo el relativo

al período de espera), se hallen en

situación legal de desempleo y no ten-

gan derecho a la prestación contributi-

va por no haber cubierto el período

mínimo de cotización, siempre que

hayan cotizado al menos tres meses y

tengan responsabilidades familiares o

hayan cotizado al menos seis meses,

aunque no las tengan.

3. Los trabajadores mayores de cincuenta

y dos años siempre que se encuentren

en alguno de los dos supuestos anterio-

res, hayan cotizado por desempleo al

menos durante seis años y acrediten en

el momento de la solicitud que reúnen

todos los requisitos salvo la edad para

acceder a cualquier tipo de pensión

contributiva de jubilación.

4. Los desempleados mayores de cuaren-

ta y cinco años en la fecha en que hayan

agotado su derecho al percibo de la

prestación por desempleo de setecien-

tos veinte días de duración, que cum-

plan los requisitos mencionados en el

apartado 1, salvo el período de espera.

3. LOS REQUISITOS DE ACCESO

3.1. La carencia de rentas

El requisito de la carencia de rentas se

configura como un control adicional de la

existencia de un estado de necesidad del soli-

citante, quien no sólo habrá de acreditar la

pérdida de ingresos profesionales propia de la

pérdida de su empleo, sino también la falta de

ESTUDIOS

80 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

protección de desempleo», RL, 1992-II, págs. 1139, ss. y

GARCÍA MURCIA, J.: «Cambio y continuidad en la protec-

ción por desempleo. A propósito de las reformas de

1992», REDT, nº 64, 1993, págs. 715 y ss., GONZÁLEZ

ORTEGA, S.: «La protección por desempleo», RL, 1993-II,

págs. 335 y ss. y TOSCANI GIMÉNEZ, D.: El nivel asistencial

de protección por desempleo, Tirant lo Blanch, Valencia,

2004, págs. 15 y ss.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

otros recursos y, en concreto, estar por debajo

del umbral mínimo de subsistencia tomado

en consideración. La carencia de rentas se

configura como el requisito más característi-

co del subsidio de desempleo: permite consta-

tar la existencia de una situación real de

necesidad del solicitante, que se pretende

subvenir o remediar15.

Con anterioridad a la reforma llevada a

cabo por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre,

la Ley General de Seguridad Social hacía

referencia a las «rentas de cualquier natura-

leza». Tras la reforma, el art. 215 LGSS, el

legislador apuesta por superar la doctrina

unificada del Tribunal Supremo que había

interpretado el concepto de rentas en un sen-

tido civil estricto16 y exige que el solicitante

carezca «de rentas de cualquier naturaleza17

superiores, en cómputo mensual, al 75% del

salario mínimo interprofesional, excluida la

parte proporcional de dos pagas extraordina-

rias», entendiendo por rentas «cualesquiera

bienes, derechos o rendimientos de que dis-

ponga o pueda disponer el desempleado deri-

vados del trabajo, del capital mobiliario o

inmobiliario, de las actividades económicas y

los de naturaleza prestacional, salvo las asig-

naciones de la Seguridad Social por hijos a

cargo y salvo el importe de las cuotas destina-

das a la financiación del convenio especial con

la Administración de la Seguridad Social.

También se considerarán rentas las plusva-

lías o ganancias patrimoniales, así como los

rendimientos que puedan deducirse del mon-

tante económico del patrimonio, aplicando a

su valor el 50 % del tipo de interés legal del

dinero vigente, con la excepción de la vivien-

da habitualmente ocupada por el trabajador

y de los bienes cuyas rentas hayan sido com-

putadas, todo ello en los términos que se esta-

blezcan reglamentariamente».

La insuficiencia de rentas ha de concurrir

en el momento del hecho causante y asimis-

mo, en el momento de solicitud del subsidio,

de sus prórrogas o reanudaciones y durante

la percepción de todas sus modalidades18. De

esta forma, cuando la situación originaria se

altera, quiebra el presupuesto para el mante-

nimiento del subsidio19. Se considera fecha

del hecho causante «aquélla en que se cumpla

el plazo de espera de un mes, o se produzca la

situación legal de desempleo, o la del agota-

miento del derecho semestral o la de la finali-

zación de la causa de suspensión»20.

La amplitud del concepto legal provocó

ciertos problemas interpretativos y obligó a

los Tribunales a concretar el concepto de ren-

tas. Tres fueron las cuestiones que suscitaron

ICÍAR ALZAGA RUIZ

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

15 STS de 1 de julio de 1994 (Ar. 6327).

16 LUJÁN ALCARAZ, J.: «El subsidio por desempleo y la

colocación adecuada», en AA. VV.: Empleo, despido y

desempleo tras las reformas de 2002. Análisis de la Ley

45/2002, de 12 de diciembre», Coord. A. V. Sempere

Navarro, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pág.

207.

17 La expresión genérica de «rentas de cualquier

naturaleza» responde a la necesidad de incluir no sólo

las procedentes del trabajo asalariado o rendimientos de

capital, sino también cualquier otra. Al respecto, STS de

28 de julio de 1995 (Ar. 6349).

18 Art. 215.3 LGSS.

19 Con anterioridad a la reforma llevada a cabo por la

Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que estableció que los

requisitos de carencia de rentas y de tenencia de respon-

sabilidades familiares habían de concurrir igualmente

durante la percepción del subsidio por desempleo, algu-

nos tribunales defendieron que la norma exigía la concu-

rrencia de los requisitos en el momento en el que se

devengaba el subsidio y, de acuerdo con la jurisprudencia

[entre otras, SSTS de 4 de diciembre de 1995 (Ar. 9087),

27 de enero de 1996 (Ar. 204) y 28 de mayo de 1996 (Ar.

4685)], pero no en las fases intermedias. Cfr. STSJ de

Andalucía/Málaga de 27 de octubre de 1997 (Ar. 4091).

20 Art. 215.3.1 LGSS, precepto que añade que «si no

se reúnen los requisitos, el trabajador sólo podrá obte-

ner el reconocimiento de un derecho al subsidio cuando

se encuentre de nuevo en alguna de las situaciones pre-

vistas en los apartados 1.1, 2, 3 y 4 de este artículo y reú-

na los requisitos exigidos, salvo en el caso de que dentro

del plazo de un año desde la fecha del hecho causante

se acredite que se cumplen los requisitos de carencia de

rentas o, en su caso, de existencia de responsabilidades

familiares, en que el trabajador podrá obtener el subsi-

dio que corresponda a partir del día siguiente al de su

solicitud sin reducción de su duración».

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

mayor debate doctrinal y jurisprudencial:

a) Cómo se computan las rentas; b) En qué

momento ha de apreciarse la insuficiencia de

rentas; y, c) Cómo se concreta el límite en el

cómputo de las rentas. Y, en concreto, se

planteaban, entre otras, las siguientes pre-

guntas: ¿A los efectos de cumplir con el requi-

sito de insuficiencias de rentas para percibir

el subsidio por desempleo han de tomarse en

consideración las rentas brutas o las rentas

netas del solicitante? ¿Las plusvalías obteni-

das por la venta de acciones o activos mobi-

liarios tienen la consideración de rentas a los

efectos de la prestación de desempleo? ¿Y las

plusvalías obtenidas por la enajenación de

bienes inmuebles? ¿En caso de separación de

hecho de un matrimonio deben seguir compu-

tándose los ingresos de ambos cónyuges o sólo

de uno de ellos para el cálculo de la renta de

la unidad familiar?

Vayamos por partes.

Se consideran rentas o ingresos computa-

bles:

 Todo bien o derecho de que disponga o

pueda disponer derivado del trabajo inclui-

da la parte proporcional de pagas extraordi-

narias21, del capital mobiliario, del capital

inmobiliario, los importes de cualquier pres-

tación de la Seguridad Social y sus mejoras

voluntarias, las pensiones alimenticias pro-

pias22 (aunque no la pensión de alimentos

percibida por los descendientes, ni la de

orfandad23), los premios en metálico, rentas

mínimas de inserción o ayudas análogas de

asistencia social concedidas por las Comuni-

dades Autónomas u otros Entes públicos o

privados24. En consecuencia, se consideran

computables aquellas cantidades que supon-

gan un incremento efectivo del patrimonio

del solicitante, aunque carezcan de naturale-

za estrictamente salarial. Las rentas a tener

en cuenta han de ser ingresos reales, por lo

que se excluyen las cantidades no efectivas25.

Para acreditar las rentas, la entidad gestora

puede solicitar al trabajador una declaración

de las mismas y, en su caso, la presentación

de las declaraciones tributarias realizadas26.

ESTUDIOS

82 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

21 SSTS de 8 de noviembre de 1993 (Ar. 8558), 24

de marzo de 1994 (Ar. 2632) y 28 de julio de 1995 (Ar.

6349). Con anterioridad, algún pronunciamiento aisla-

do había considerado que de las rentas debía descontar-

se la parte proporcional de las pagas extraordinarias, así

la STSJ del País Vasco de 10 de marzo de 1992 (Ar.

1293). Se trata de un añadido introducido por el Real

Decreto 625/1985, que no se encontraba en el texto ini-

cial de la Ley 31/1984. La corrección de la fórmula de

cálculo introducida por este Real Decreto fue objeto de

duras críticas por el distinto tratamiento que se estable-

cía entre la prestación contributiva y el nivel asistencial,

en la medida en que en aquélla no opera la exclusión de

las pagas extraordinarias. Esta cuestión fue resuelta por

el Tribunal Constitucional en su sentencia 150/1994, de

23 de mayo, pronunciamiento en el que el Alto Tribunal

negó que la regla establecida en el Real Decreto

625/1985 pudiera considerarse discriminatoria. La

razón esgrimida fue sencilla: sólo se establece un módu-

lo objetivo de detección de la situación de necesidad

que se trata de subvenir y el impacto que se produce

sobre los destinatarios es en atención a las rentas que

éstos perciben; criterio difícilmente vinculable a factores

discriminatorios.

22 STSJ de Cantabria de 19 de noviembre de 1996

(Ar. 3816).

23 STS de 20 de octubre de 1997 (Ar. 6995) y STSJ

de Asturias de 16 de febrero de 1996 (Ar. 282).

24 En extenso, COLLADO GARCÍA, L. y PIQUERAS PIQUE-

RAS, M. C.: El subsidio por desempleo. Un estudio del

nivel asistencial de la protección, Trotta, Madrid, 1997,

págs. 37 y ss.

25 STSJ de Andalucía/Málaga de 29 de marzo de

1996 (Ar. 525).

26 Es a la entidad gestora y no el beneficiario a quien

corresponde legalmente la atribución de reconocer, y

mantener en su caso, el derecho a las prestaciones de

desempleo (art. 226.1 LGSS), llevando a cabo los cálcu-

los y operaciones interpretativas que lo determinan;

complicación y dificultad que se acrecientan seriamen-

te, por cierto, debido al acelerado cambio normativo

experimentado en este sector del ordenamiento. El

papel del beneficiario se debe limitar a colaborar en la

efectividad de la regla de evaluación continua del dere-

cho prevista en el art. 215.1 de la LGSS, proporcionan-

do información inmediata de los cambios de circunstan-

cias económicas, profesionales o familiares que puedan

tener relevancia en la decisión de la entidad gestora;

una decisión que, por otra parte, habrá de ser revisada

de nuevo si sobreviene otro cambio de circunstancias de

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

 Por el contrario, no se tendrán en cuenta

el importe de las cuotas destinadas a la finan-

ciación del convenio especial con la Seguridad

Social27, ni las asignaciones por hijo a cargo28,

ni las dietas29, ni las compensaciones por los

gastos ocasionados al desarrollar el trabaja-

dor su prestación de servicios30, ni los benefi-

cios sociales que no constituyen rentas perió-

dicas y no tienen naturaleza salarial31. Tam-

poco ha de ser tenida en consideración la

indemnización percibida en los supuestos de

extinción del contrato de trabajo, con indepen-

dencia de que el percibo de dicha cantidad sea

único o periódico32, al tener naturaleza indem-

nizatoria y no salarial33. Ahora bien, habrán

de ser tenidas en consideración en su exceso,

las indemnizaciones por despido que excedan

de las cuantías legalmente previstas34, así

como, las rentas o intereses fruto de la inver-

sión financiera de la indemnización por despi-

do35, en la medida en que los frutos son distin-

tos del bien que los produce la indemniza-

ción36 y, al mismo tiempo, se incluyen sin

ICÍAR ALZAGA RUIZ

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

distinto signo. La valoración y calificación de tales posi-

bles cambios de circunstancias no es, por tanto, carga

del beneficiario sino competencia de la entidad gestora;

STS de 29 de octubre de 2003 (Ar. 4094).

27 STS de 9 de junio de 2009 (Ar. 3123).

28 STS de 20 de octubre de 1997 (Ar. 6995) y STSJ

de Asturias de 16 de febrero de 1996 (Ar. 282).

29 No deben computarse el plus de transporte y el

de desgaste de herramientas, STS de 29 de octubre de

2001 (Ar. 2377).

30 En relación a la inclusión o no de los complemen-

tos extrasalariales, el Tribunal Supremo ha considerado

que los gastos de desplazamiento, alojamiento o manu-

tención tienen naturaleza indemnizatoria y, por tanto,

extrasalarial, por lo que no han de ser tenidos en consi-

deración a los efectos del cálculo de la renta. Al respec-

to, STS de 24 de enero de 2003 (Ar. 1479). En detalle,

POQUET CATALÁ, R.: Protección por desempleo. El sistema

tras las últimas reformas, cit., pág. 110.

31 STS de 20 de enero de 2004 (Ar. 1726).

32 En relación al pago atrasado de la indemnización

por extinción del contrato, la STS de 18 de septiembre

de 1996 (Ar. 6571) afirmó que no han de computarse

como rentas «las percepciones correspondientes al apla-

zado de la indemnización debida por extinción del con-

trato de trabajo, pues éstas no constituyen utilidad o

beneficio rendido anualmente por un bien, sino parte

integrante de tal indemnización, la cual, en el caso, no

se abonó de una sola vez, sino desglosado en los plazos

convenidos, constituyendo la suma de sus respectivos

importes el total fijado para la misma». Así mismo, STSJ

de las Islas Baleares de 31 de enero de 2005 (Ar. 585),

STSJ de Cataluña de 1 de febrero de 2007 (Ar. 1950) y

STSJ de Cataluña de 10 de marzo de 2008 (Ar. 1239).

Cfr. LUJÁN ALCARAZ, J.: «El requisito de insuficiencia de

rentas en el subsidio por desempleo», AS, nº 5, 2002,

págs. 137 y ss.

33 Ello incluye la indemnización que no exceda de

veinte días por año de servicio en los supuestos de expe-

dientes de regulación de empleo. Al respecto, STS de 3

de diciembre de 2008 (Ar. 250/2009). El Real Decreto-

ley 5/2002, de 24 de marzo, estableció la incompatibi-

lidad entre el subsidio por desempleo y el percibo de

una indemnización por despido, opción que mereció

duras críticas por parte de la doctrina científica. Cfr.

RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: «Los elementos

asistenciales en la protección por desempleo», RL, nº 4,

2002, pág. 11 y DESDENTADO BONETE, A. y DE LA PUEBLA

PINILLA, A.: «La reforma de la prestación por desempleo

en el Real Decreto-ley 5/2002», en AA. VV.: Comenta-

rios de urgencia a la reforma del sistema de protección

por desempleo, Lex Nova, Valladolid, 2002, págs. 56 y

ss. Anteriormente, el art. 15.1 del Real Decreto

625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley

31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo,

permitía la compatibilidad entre el percibo del subsidio

y de la indemnización por despido y esa fue también la

postura mantenida por el Tribunal Supremo, entre otras,

en sus SSTS de 6 de junio de 1995 (Ar. 4762) y 18 de

septiembre de 1996 (Ar. 6571). El concepto de rentas

incorporado por la Ley 45/2002 corrigió el exceso en el

que había incurrido el Real Decreto-ley 5/2002, al com-

putar como ingresos del desempleado el importe de la

indemnización por extinción del contrato de trabajo, en

oposición a la doctrina jurisprudencial mantenida hasta

la fecha y a la naturaleza de la institución.

34 STSJ de Castilla y León/Valladolid de 27 de

noviembre de 2006 (Ar. 4073).

35 STSJ de Cataluña de 23 de enero de 1996 (Ar.

868).

36 SSTS de 22 y 23 de diciembre de 1994 (Ar. 511 y

512), 31 de enero de 1995 (Ar. 678), 13 y 27 de marzo

de 1995 (Ar. 1765 y 2344), 5 de abril de 1995 (Ar.

3030), 5, 8 y 10 de mayo de 1995 (Ar. 3748, 3754 y

3766), 1, 2 y 6 de junio de 1995 (Ar. 4744, 4748 y

4762), 4 de julio de 1995 (Ar. 5475) y 18 de septiembre

de 1996 (Ar. 6571). Y también, STSJ de Cataluña de 23

de enero de 1996 (Ar. 868), STSJ del País Vasco de 14 de

febrero de 1996 (Ar. 1747) y STSJ de Cantabria de 30 de

julio de 2004, que contempla un supuesto de inversión

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

dificultad en el concepto amplio de rentas o

ingresos que ofrece el art. 215.3.2 LGSS.

 Con anterioridad a la reforma, la juris-

prudencia perfiló los contornos del concepto

de renta computable y consideró que no debí-

an incluirse los bienes patrimoniales origen

de los rendimientos del solicitante, es decir,

sin que pudiera tomarse en consideración el

valor conjunto de los bienes que integraban el

patrimonio del solicitante37. En consecuencia,

aunque la persona en cuestión poseyera un

patrimonio de un valor económico elevado, si

las rentas por él obtenidas no alcanzaban el

porcentaje mencionado, se le reconocía el

derecho al percibo del subsidio. La reforma

llevada a cabo por la Ley 45/2002, de 12 de

diciembre, amplió sensiblemente el concepto

de renta computable al incorporar conceptos

que hasta entonces habían sido expresamente

excluidos por los Tribunales. Y así, el valor del

patrimonio del solicitante que hasta la fecha

permanecía al margen de cualquier conside-

ración, ahora se reputa computable. O dicho

en otras palabras, los bienes que integran el

patrimonio del solicitante han de valorarse, se

aplicará a la cuantía obtenida de la valoración

el porcentaje mencionado y la cifra resultante

permitirá conocer si concurre o no el presu-

puesto exigido de la carencia de rentas. Se

computan, por tanto, «los rendimientos que

puedan deducirse del montante económico del

patrimonio, aplicando a su valor el 50 por 100

del tipo de interés legal del dinero vigente, con

excepción de la vivienda habitualmente ocu-

pada por el trabajador y de los bienes cuyas

rentas hayan sido computadas»38. Y así, el

legislador opta por una solución propia del

ámbito fiscal y al considerar como rentas

mensuales ficticias del desempleado dichas

cantidades con olvido del carácter asistencial

del subsidio por desempleo39.

 ¿Qué criterio ha de aplicarse a las plus-

valías generadas por la venta de bienes

inmuebles? Inicialmente y ante parquedad de

la normativa aplicable que, como vimos, se

limitaba a declarar que habían de incluirse

las rentas «de cualquier naturaleza», el Tribu-

nal Supremo se planteó la disyuntiva de acu-

dir al concepto de renta que ofrecía el Derecho

Común (restrictivo) o a la noción de renta

existente en la legislación fiscal (más amplia).

La cuestión fue resuelta por el Tribunal

Supremo en sus sentencias de 31 de mayo de

199940 y 30 de junio de 200041, referidas a las

plusvalías generadas por la venta de inmue-

bles, pero aplicables también a los supuestos

de venta de bienes muebles42. En ellas el Tri-

bunal rechazó la extrapolación de conceptos

ajenos al campo de la protección social al

optar por el concepto civil de renta. Defendió,

en aquel momento, que «es cierto que los arts.

23, 44 y 57 de la Ley 18/1991 consideran como

renta, a efectos del impuesto de la renta de las

personas físicas, los incrementos patrimonia-

les que se pongan de manifiesto como conse-

cuencia de alteraciones del patrimonio a tra-

vés de transmisiones onerosas o lucrativas.

Pero esta calificación no trasciende a otros

campos del Derecho y, concretamente, al de la

Seguridad Social, porque ese tipo de operacio-

nes no es equiparable a una renta que mejora

o eleva los ingresos mensuales del beneficia-

rio. En realidad, lo que sucede es que un ele-

mento patrimonial es sustituido por otro43.

Así en el plano de la protección asistencial lo

único relevante en relación con tales elemen-

tos patrimoniales serían los ingresos periódi-

cos que proporcionaran al interesado, que sí

que serían computables y podrían neutralizar

ESTUDIOS

84 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

de la indemnización en un plan de renta fija, que gene-

ra intereses vitalicios a favor del solicitante.

37 STS de 12 de diciembre de 2000 (Ar. 810/2001).

38 Art. 215.3.2 LGSS.

39 LUJÁN ALCARAZ, J.: «El subsidio por desempleo y la

colocación adecuada», cit., pág. 207.

40 Ar. 6156.

41 Ar. 6279.

42 STS de 8 de noviembre de 2004 (Ar. 7352).

43 Desde el punto de vista del derecho privado, un

elemento patrimonial (el inmueble) había sido sustituido

por otro (el precio) y aunque la enajenación del inmue-

ble tuviese repercusión de cara a la legislación tributaria,

no por ello trascendía a otras parcelas del Derecho,

como el Derecho del Trabajo.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

en su caso el derecho a la prestación asisten-

cial»44. O dicho en otros términos, la doctrina

judicial se separaba de la noción fiscal de ren-

ta y apostaba por un concepto de renta más

próximo al civil, de forma que las plusvalías

generadas por la venta de bienes muebles

representase una renta computable a los efec-

tos del art. 215.1.1 LGSS45. Tras la reforma

citada, el legislador apuesta por una noción de

renta que incluye las plusvalías o ganancias

patrimoniales, es decir, por una noción fiscal

de renta, ampliando, en consecuencia, el ini-

cial concepto civil46. Para su cómputo, habrá

de calcularse el 50 por 100 del interés legal del

dinero. El Tribunal Supremo adaptó su doc-

trina a la nueva regulación legal en su sen-

tencia de 27 de marzo de 200747, dictada en

unificación de doctrina, a la que han seguido

otros muchos pronunciamientos de nuestros

Tribunales48. Opta el legislador y le sigue el

Tribunal Supremo por intentar configurar

un procedimiento que le permita enjuiciar la

verdadera situación de necesidad en que se

encuentra el solicitante. Intenta que se pro-

duzca un examen de la situación económica

real del beneficiario, al incluir otros conceptos

económicos que pueden compensar la insufi-

ciencia de recursos de la persona en cuestión.

Pretende, por tanto, conocer con la mayor

exactitud posible si concurre o no un estado de

necesidad real fruto de una insuficiencia de

recursos económicos49.

 ¿Las plusvalías obtenidas por la venta

de acciones o activos mobiliarios tienen la

consideración de rentas a los efectos de la

prestación de desempleo? Inicialmente y al

igual que sucedió con la plusvalía generada

por la venta de un inmueble, el Tribunal

Supremo optó por defender que desde el pun-

to de vista asistencial, habían de ser tomados

en consideración los ingresos periódicos per-

cibidos por el solicitante y no el precio obteni-

do en la venta de valores mobiliarios, pues en

estos supuestos, se había producido única-

mente una sustitución de un elemento patri-

monial (el valor mobiliario) por otro (el pre-

cio). O dicho en palabras, del Tribunal Supre-

mo, «lo único relevante en relación con tales

elementos patrimoniales serían los ingresos

periódicos que proporcionaran al interesado

(en este caso las cantidades abonadas por la

participación en los beneficios sociales que

deriva de la titularidad de las acciones), que

sí serían computables y podrían neutralizar

en su caso el derecho a la prestación asisten-

cial»50. La reforma legislativa descrita supuso

la inclusión no sólo de los ingresos periódicos,

sino también de los rendimientos que pudie-

ran deducirse del montante económico del

patrimonio. Se aplica el 50 por 100 del tipo

del interés legal del dinero al montante eco-

nómico resultante. La finalidad fue clara:

intentar que se produjera un examen de la

situación económica real del beneficiario, al

incluir otros conceptos económicos que pudie-

ran compensar la insuficiencia de recursos de

la persona en cuestión51.

 ¿Las becas han de computarse como

ingresos a la hora de determinar el nivel de

rentas? Los Tribunales han distinguido entre

las becas profesionales y las estrictamente

ICÍAR ALZAGA RUIZ

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

44 STS de 8 de noviembre de 2004 (Ar. 7352).

45 DESDENTADO BONETE, A. y DE LA PUEBLA PINILLA, A.:

«Introducción. El porqué de dos reformas», en AA. VV.: La

Ley 45/2002 de reforma de la protección por desempleo

(La «reforma» de la reforma del despido, de los salarios de

tramitación y del desempleo), Coord. Ignacio García-

Perrote Escartín, Lex Nova, Valladolid, 2003, pág. 62.

46 DESDENTADO BONETE, A. y DE LA PUEBLA PINILLA, A.:

«Introducción. El porqué de dos reformas», cit., pág. 66.

47 Ar. 4628.

48 Entre otros, STSJ de la Comunidad Valenciana de

20 de enero de 2009 (Ar. 1732), comentada por ÁLVAREZ

DEL CUVILLO, A.: «Las contradicciones en la determina-

ción de la situación de necesidad a efectos del subsidio

por desempleo», AS, nº 14, 2009, págs. 41 y ss.

49 STS de 27 de enero de 2005 (Ar. 2536), pronun-

ciamiento en el que el Tribunal explica que si el solici-

tante acredita que durante el año anterior a su solicitud

no ha obtenido por la inversión de valores mobiliarios

una cantidad superior al salario mínimo interprofesio-

nal, se le reconocerá la prestación, sin que quepa exigír-

sele la prueba que justifique la diferencia de rendimien-

to obtenido en los dos años anteriores.

50 STS de 17 de septiembre de 2001 (Ar. 8087).

51 STS de 27 de enero de 2005 (Ar. 2536).

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

académicas. Las primeras, de naturaleza

salarial, pretenden remunerar a un trabaja-

dor por los servicios prestados y, en conse-

cuencia, han de ser tenidas en consideración.

Las segundas, tienen por finalidad compen-

sar por los gastos generales y desventajas

económicas que lleva consigo la dedicación al

estudio y, por ello, están excluidas de la renta

a considerar52. Asimismo, cuando la beca es

de cuantía elevada y obliga al beneficiario a

realizar un curso de formación para acceder a

un puesto de trabajo, nuestros Tribunales

han considerado que se incumple el requisito

de disponibilidad para el trabajo que exige la

protección por desempleo53.

Para la determinación de la insuficiencia

de rentas, han de aplicarse asimismo las

siguientes reglas:

 A los efectos de cumplir con el requisito

de insuficiencias de rentas para percibir el

subsidio por desempleo han de tomarse en

consideración las rentas brutas del solicitan-

te, esto, es, los ingresos menos los gastos

necesarios para producirlos. Las razones son

varias. Una interpretación gramatical del

art. 215 LGSS parece inclinarse por este sen-

tido, en la medida en que los preceptos lega-

les y reglamentarios aplicables no dicen nada

de rebajar la cuantía de la renta mensual que

se adopta como punto de referencia con

deducciones de gastos, por lo que cabe con-

cluir que dicha renta es la renta adquirida o

bruta y no la renta neta o disponible54. En

segundo lugar, ha de recordarse que el cálcu-

lo de la renta neta o disponible es normal-

mente de difícil determinación y comproba-

ción; lo que comporta costes altos de gestión

que sólo serían exigibles afrontar de haber

sido expresamente previstos por el legisla-

dor55. Y, en fin, igual doctrina unificada se

había establecido para el cómputo de ingre-

sos en el requisito de carencia de rentas de las

prestaciones no contributivas. En consecuen-

cia, el rendimiento a computar será aquel

procedente de las actividades empresariales,

profesionales, agrícolas, ganaderas o artísti-

cas, resultante de la diferencia entre los

ingresos y los gastos necesarios para su

obtención56, con ciertas matizaciones en los

casos de trabajadores autónomos57.

 La insuficiencia de rentas se mide

tomando en consideración las rentas perso-

nales del solicitante, cualquiera que sea el

régimen económico del matrimonio. Se asu-

me el criterio de la individualización de las

rentas, de forma que se atribuye el rendi-

ESTUDIOS

86 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

52 STSJ de la Rioja de 3 de junio de 1997 (Ar. 2084).

Comenta esta sentencia SEMPERE NAVARRO, A. V.: «Per-

cepción del subsidio asistencial por desempleo y disfru-

te de becas académicas», en SEMPERE NAVARRO, A. V.:

Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo, Vol. 3,

Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, págs. 2691 y ss.

53 STS de 28 de julio de 1995 (Ar. 6349).

54 SSTS de 31 de mayo de 1996 (Ar. 4715), 21 de

noviembre de 2007 (Ar. 1030/2008) y 28 de octubre de

2009 (Ar. 67/2010). En este sentido, STSJ de la Comuni-

dad Valenciana de 24 de octubre de 1991 (Ar. 5862)

que consideró como «con independencia de que a

efectos fiscales se permita computar los rendimientos

netos de trabajo en lugar de los íntegros, es lo cierto que

por razones de igualdad, en esta sede, deben tomarse

en consideración los rendimientos íntegros o brutos

tanto por tener como elemento de referencia o com-

paración precisamente el Salario Mínimo Interprofe-

sional íntegro; que, en todo caso, como tal salario, tam-

bién está sujeto a deducciones (), como por el hecho

de dar igual tratamiento a las rentas, cualquiera que sea

su procedencia, sin diferenciar las procedencias de

actividades empresariales, profesionales o artísticas,

frente a las de trabajo personal y ello porque la norma-

tiva de desempleo habla de rentas y no de rentas dis-

ponibles».

55 STSJ de Castilla-La Mancha de 5 de abril de 1993

(Ar. 2039).

56 STS de 21 de noviembre de 2007 (Ar. 1030/

2008), en la que se establece que la renta obtenida por

el alquiler de un bien inmueble propiedad del marido

de la solicitante debe ser valorada según su cuantía bru-

ta.

57 STSJ de Asturias de 17 de septiembre de 1999 (Ar.

3012) y STSJ de la Comunidad Valenciana de 9 de junio

de 2000 (Ar. 5277), pronunciamientos en los que se des-

cuenta del total de los ingresos, los gastos deducibles,

como los salarios o los seguros de los trabajadores a su

servicio, aunque no otros conceptos como los préstamos

o tributos.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

miento al cónyuge que ha generado el ingre-

so58. Independientemente de posibles cargas

familiares, habrá de acreditarse que el solici-

tante carece de rentas suficientes, de forma

que sólo cuando se haya superado este primer

requisito, el solicitante podrá alegar aqué-

llas. En consecuencia, no han de computarse

los ingresos de la unidad familiar59. La doc-

trina jurisprudencial del cómputo anual de

las rentas familiares para la apreciación del

requisito de insuficiencia o carencia de rentas

tiene por objeto «evitar que un incremento

esporádico de la renta de la unidad familiar

por un período de corta duración determine la

pérdida completa del derecho al subsidio»60.

Dicho efecto de pérdida completa del derecho

al subsidio se desprendía de lo establecido en

el art. 219.2 LGSS, en su versión anterior61.

Para una consecuencia grave, como es el per-

juicio definitivo o extinción del derecho, se

exigía un cómputo de las rentas familiares

que permitiera efectuar un pronóstico consis-

tente de mejoría estable de la economía fami-

liar. Pues bien, tras la reforma operada por la

Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas

urgentes para la reforma del sistema de pro-

tección por desempleo y mejora de la ocupabi-

lidad, la superación del umbral de carencia

de rentas de la unidad familiar en la modali-

dad del subsidio de desempleo por responsa-

bilidades familiares no determina actual-

mente, la extinción del derecho a la presta-

ción de nivel asistencial, sino sólo su suspen-

sión62. En la nueva regulación el legislador

establece a cargo de la entidad gestora un

seguimiento constante de las situaciones de

necesidad que dan lugar a la percepción del

subsidio y permite, a cambio, que los asegu-

rados recuperen inmediatamente el derecho

al subsidio cuando se reproduce la situación

de necesidad tras la desaparición de la per-

cepción de rentas esporádicas. La finalidad

de la reforma en este punto fue clara: ajustar

la dinámica de la situación de desempleo a la

dinámica del derecho a prestaciones. Este

hecho ha llevado al Tribunal Supremo ha

considerar que «lo lógico es proceder al cóm-

puto mensual o en unidades temporales redu-

cidas de las rentas familiares, en lugar de al

cómputo anual. Tal cómputo mensual o en

unidades temporales reducidas es por razo-

nes evidentes más adecuado para alcanzar

dicho propósito de ajuste entre situación de

necesidad y acción protectora, no comportan-

do ya, para los supuestos de obtención de ren-

tas o ingresos esporádicos («por tiempo infe-

rior a doce meses»), la consecuencia inacepta-

ble de pérdida del derecho que llevaba consi-

ICÍAR ALZAGA RUIZ

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

58 Con independencia de que éste se haya incorpo-

rado a la comunidad matrimonial. Cfr. SSTS de 24 de

mayo de 1994 (Ar. 4300), 13 de noviembre de 1997 (Ar.

8311) y 30 de abril de 1998 (Ar. 4582).

59 Ahora bien, los ingresos de la unidad familiar sí

habrán de ser tenidos en cuenta para el subsidio por car-

gas familiares. Cfr. DESDENTADO BONETE, A. y NOGUEIRA

GUASTAVINO, M.: La Seguridad Social en la Unificación de

Doctrina. Una síntesis de jurisprudencia (1991-1996),

Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 146.

60 SSTS de 18 de julio de 1994 (Ar. 7054), 13 de

mayo de 1997 (Ar. 4270) y 8 de febrero de 2006 (Ar.

2104).

61 Este precepto establecía lo siguiente: «Asimismo

el subsidio se extinguirá por la obtención de rentas supe-

riores a las establecidas en el art. 215 [...] y por dejar de

reunir el requisito de responsabilidades familiares pre-

visto en los apartados 2 y 3 del mismo artículo».

62 Obsérvese que los efectos jurídicos de la suspen-

sión del derecho a las prestaciones de desempleo son

distintos a los de su extinción y menos gravosos para el

asegurado. Entre otras cosas, «la suspensión supondrá

la interrupción de la misma y no afectará al período de

su percepción» (art. 212.2 LGSS), mientras que la extin-

ción del derecho implica la pérdida total del mismo,

con las consiguientes dificultades de recuperación de la

protección por desempleo en virtud de un derecho que

ha de nacer y reconocerse de nuevo. Cfr. art. 219.2

LGSS, que dispone que: «Asimismo el subsidio se sus-

penderá por la obtención, por tiempo inferior a doce

meses, de rentas superiores a las establecidas en el art.

215, apartados 1.1, 2, 3 y 4 y 3 de esta Ley, y por dejar

de reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito

de responsabilidades familiares previsto en los aparta-

dos 2 y 3 del mismo artículo, cuando hubiese sido

necesario para el reconocimiento del derecho. Tras

dicha suspensión, el trabajador podrá reanudar la per-

cepción del subsidio siempre que acredite el requisito

de carencia de rentas y, en su caso, el de responsabili-

dades familiares []».

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

go la extinción de la prestación asistencial en

la legislación anterior»63.

Una cuestión objeto de polémica ha sido la

relativa a si, en caso de separación de hecho

de un matrimonio deben seguir computándo-

se los ingresos de ambos cónyuges o sólo de

uno de ellos para el cálculo de la renta de la

unidad familiar a los efectos previsto en el

apartado 2 del art. 215 LGSS. Es decir, se tra-

ta de determinar la renta familiar en los

supuestos de existencia de una separación

conyugal no declarada judicialmente y de una

falta de convivencia efectiva de los cónyuges.

Obsérvese que el debate no gira entorno a la

existencia de convivencia para causar dere-

cho a la prestación, cuestión ya resuelta por

el Tribunal Supremo en el sentido de conside-

rarlo un requisito no exigible a partir de la

redacción dada por el Texto Refundido de la

LGSS, que no lo exige expresamente64, sino si

el cónyuge separado de hecho debe estimarse

que forma parte de la unidad familiar a los

efectos del cálculo de sus rentas conforme a lo

dispuesto en el art. 215 LGSS. Esta cuestión

ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en

una sentencia de 11 de octubre de 200565, dic-

tada en unificación de doctrina, en la que

defiende que «una familia sigue subsistiendo

con todos sus derechos y obligaciones mien-

tras no se produzca la separación legal o la

disolución del matrimonio, de conformidad

con lo previsto en los arts. 81 y concordantes

del Código Civil, con todas las consecuencias

que ello acarrea tanto en el terreno de las

relaciones personales como en las de carácter

patrimonial». En base a lo anterior, concluye

que en el supuesto de separación de hecho de

los cónyuges, el beneficio asistencial de la pro-

tección por desempleo sólo puede reconocerse,

previo cómputo de todos los ingresos de la

unidad familiar, en la medida en que la uni-

dad familiar debe entenderse subsistente66.

 En el supuesto de que las rentas se per-

ciban con periodicidad mensual, se computan

aquellas referidas al mes anterior al hecho

causante del subsidio, con la condición de que

se mantengan en el mes correspondiente al

hecho causante o al de la solicitud del subsi-

dio o durante la percepción de éste. Si se per-

ciben con periodicidad superior a la mensual,

se computan a prorrata mensual sobre el

período que corresponda67.

 ¿Qué sucede en los supuestos en los que

las rentas se obtienen en un pago único? En

estos casos, se toman en consideración las

rentas obtenidas en el mes anterior al hecho

causante o al de su solicitud68, prorrateando

su importe entre doce meses69. Este criterio

es aplicable a las indemnizaciones por extin-

ESTUDIOS

88 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

63 STS de 8 de febrero de 2006 (Ar. 2104).

64 Al respecto, SSTS de 11 de abril de 2000 (Ar.

3435) y 3 de mayo de 2000 (Ar. 6619), en las que esta-

blece que «la inexigencia de la convivencia o de vivir

bajo el mismo techo la ha interpretado esta Sala, de con-

formidad con la razón de ser de la nueva norma, a los

efectos de poder determinar la existencia de una carga

familiar, y por lo tanto para calcular la existencia de un

hijo a cargo aun cuando no conviva con sus padres si

depende económicamente de ellos. Con ello es cierto

que ha quedado sin resolver el problema de si quien no

convive ha de computarse como integrante de la unidad

familiar no sólo en negativo sino también en positivo, o

sea, a los efectos de poder contar con sus rentas para el

cálculo de los ingresos cuya suma darán o no derecho al

subsidio asistencial. Pero la solución en caso de falta de

convivencia ha de ser la misma cuando la unidad fami-

liar permanece aunque esté dispersa por cuanto, en

cualquier caso, si subsisten los lazos de familia también

a estos efectos ha de seguir hablándose de unidad fami-

liar».

65 Ar. 7788.

66 Este era el criterio mantenido también por el Tri-

bunal Supremo con anterioridad a la reforma operada

por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas

urgentes para la reforma del sistema de protección por

desempleo y mejora de la ocupabilidad, entre otras, en

la STS de 6 de mayo de 1994 (Ar. 6837).

67 Art. 7 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril

reformado por el Real Decreto 200/2006, de 17 de

febrero.

68 Computados de fecha a fecha o durante su per-

cepción.

69 En los meses siguientes a la fecha de la obtención

de la renta, se computa o su rendimiento mensual efec-

tivo o su rendimiento mensual presunto.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

ción de contrato abonadas en un importe úni-

co que exceda de la indemnización legal, a

rendimientos procedentes de la enajenación

de valores mobiliarios o bienes inmuebles

(excepción hecha de la vivienda habitual)70,

al rescate de planes de pensiones y a las

ganancias patrimoniales o rendimientos irre-

gulares en general71. La cantidad correspon-

diente al rescate de un plan de pensiones ha

de imputarse en su totalidad a las rentas del

año en que se produce el rescate72.

Los bienes patrimoniales, fondos de inver-

sión mobiliaria e inmobiliaria, fondos o

planes de jubilación o cualquier otra fórmula

de inversión de capital que tenga diferida su

sujeción al impuesto sobre la renta de las per-

sonas físicas73, computan por su rendimiento

mensual presunto, resultante de aplicar el 50

por 100 del tipo de interés legal del dinero

vigente sobre el valor del bien patrimonial,

prorrateado entre doce meses74.

3.2. La voluntad real de trabajar

Pueden acceder al subsidio por desempleo

aquellas personas desempleadas que figuren

inscritas como demandantes de empleo

durante el plazo de un mes, sin haber recha-

zado oferta de empleo adecuada ni haberse

negado a participar, salvo causa justificada,

en acciones de promoción, formación o recon-

versión profesionales.

La constatación de la concurrencia de la

voluntad de trabajo por parte del solicitante

es elemento esencial de la articulación del

subsidio de desempleo y se garantiza por

medio de una doble exigencia:

a) La inscripción como demandante de

empleo durante al menos un mes, en el

momento de solicitar la prestación.

b) La obligación de no rechazar una oferta

de empleo adecuada, ni negarse a par-

ticipar, salvo causa justificada, en

acciones de formación, promoción o

reconversión profesionales.

Este presupuesto material se configura

como requisito imprescindible para el naci-

miento del derecho al percibo del subsidio.

Su finalidad es sencilla: controlar la existen-

cia de la voluntad de trabajar por parte del

solicitante75. Se refiere a la condición de dis-

ponibilidad para el trabajo y, para ello,

emplea una fórmula más amplia que la con-

tenida en el art. 207.c) LGSS en relación a la

prestación de desempleo en el nivel contribu-

tivo, que requiere simplemente estar en

situación legal de desempleo y acreditar dis-

ponibilidad para buscar activamente empleo

y para aceptar colocación adecuada a través

de la suscripción del compromiso de activi-

dad76.

ICÍAR ALZAGA RUIZ

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

70 STS de 27 de enero de 2005 (Ar. 2536): en rela-

ción a las renta de capital mobiliario computan aquellas

acreditadas en el año inmediatamente anterior a la soli-

citud, aun cuando en la declaración de la renta de años

anteriores consten ingresos superiores; sin que quepa

exigir el cumplimiento de cualquier otro requisito, como

es la necesaria prueba de la justificación atinente a la

diferencia comprobada entre lo obtenido por rendi-

miento de valores inmobiliarios en los dos años anterio-

res a la percepción del subsidio de desempleo para

mayores de 52 años.

71 Art. 7 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril

reformado por el Real Decreto 200/2006, de 17 de

febrero.

72 STS de 2 de julio de 2007 (Ar. 5484).

73 Excepto la vivienda habitual y los planes de pen-

siones.

74 Art. 7 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril

reformado por el Real Decreto 200/2006, de 17 de

febrero.

75 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: «La Ley 31/1984, de pro-

tección por desempleo: objeto de la protección y perso-

nas protegidas», en AA. VV.: Comentarios a la nueva

legislación laboral, Coord. Miguel Rodríguez-Piñero y

Bravo-Ferrer, Tecnos, Madrid, 1985, pág. 242, DESDEN-

TADO BONETE, A. y MERCADER UGUINA, J.: El desempleo

como situación protegida. (Un estudio sobre los proble-

mas de acceso a la protección en el nivel contributivo y

en el asistencial), cit., pág. 119.

76 Al que se refiere el art. 231 LGSS.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

La condición de parado77 del solicitante

alude no sólo a la falta de ocupación sino tam-

bién a su voluntad de trabajar (quien que-

riendo trabajar, no puede). Se exige la capaci-

dad y la voluntad de trabajar78. En conse-

cuencia, no cumple este requisito la persona

que carezca o que no haya renovado la autori-

zación para trabajar (imposibilidad legal)79,

ni el solicitante en situación de incapacidad

permanente (imposibilidad física)80.

¿Se exige la continuidad de la inscripción

como demandante de empleo como requisito

de acceso al subsidio? Inicialmente, nuestros

Tribunales se dividieron en torno a dos líneas

jurisprudenciales diferenciadas. La primera,

basada en la necesidad de permanencia en la

inscripción como exigencia legal, en cuanto

manifestación de la voluntad del solicitante

de trabajar y, al mismo tiempo, como medio

de control de la entidad gestora de la conti-

nuidad en la situación de desempleo81. Ahora

bien, los Tribunales atemperaron la exigen-

cia de la continuidad en la inscripción en la

oficina de empleo en función de las circuns-

tancias concurrentes en cada supuesto, flexi-

bilizando su exigencia si mediaba enferme-

dad, accidente u otra causa justificadora de la

interrupción en la inscripción82. La segunda

línea interpretativa entendía que la no reno-

vación de la demanda de empleo no conlleva-

ba la pérdida de la inscripción como deman-

dante de empleo, en la medida en que se tra-

taba de un requisito que ni es constitutivo, ni

su incumplimiento puede tener más alcance

que su consideración de falta leve o grave83.

La cuestión estribaba en determinar si la no

renovación de la inscripción como demandan-

te de empleo revelaba una voluntad del solici-

tante de no emplearse, al ser ésta incompati-

ble con cualquier prestación por desempleo.

En esta polémica terminó terciando el Tri-

bunal Supremo, al exigir la continuidad en la

inscripción como demandante de empleo

exclusivamente en los supuestos de acceso al

subsidio en virtud de normas transitorias84 y

no en los demás casos85. En concreto, conside-

ró la continuidad en la inscripción como un

requisito de mantenimiento, pero no de acce-

so al subsidio. Su ausencia tendría como úni-

ca consecuencia la suspensión de la percep-

ción de la prestación. El requisito de perma-

necer inscrito como demandante de empleo se

introduce en el Reglamento. Su finalidad es

garantizar que el solicitante continúe cum-

pliendo las condiciones que lo incluyen en

alguno de los supuestos que dan lugar al per-

ESTUDIOS

90 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

77 La utilización en el art. 215 LGSS del término

«parado» y no «desempleado» ha planteado la cuestión

de si es posible plantear diferencias en el campo de

aplicación subjetiva de los niveles contributivo y asis-

tencial. En extenso, GARRIDOPÉREZ, E.: «Nivel asistencial.

Comentario al art. 215 LGSS», cit., pág. 1366.

78 Debe entenderse con arreglo a lo dispuesto en el

art. 203 LGSS.

79 STSJ de Cataluña de 16 de marzo de 1994 (Ar.

1276).

80 STSJ de Andalucía/Sevilla de 20 de junio de 1997

(Ar. 4844).

81 STS de Aragón de 12 de febrero de 1991 (Ar.

638), STSJ de Madrid de 3 de julio de 1991 (Ar. 4629) y

STSJ de Andalucía/Málaga de 17 de enero de 1992 (Ar.

1057).

82 STSJ de la Comunidad Valenciana de 18 de

noviembre de 1992 (Ar. 5884) y STSJ de Galicia de 10

de marzo de 1993 (Ar. 1346).

83 En función de si el incumplimiento es o no reite-

rado. Al respecto, STSJ del País Vasco de 26 de marzo de

1996 (Ar. 1158), STSJ de Cataluña de 26 de octubre de

1996 (Ar. 4805), STSJ de Canarias/Santa Cruz de Teneri-

fe de 11 de abril de 1997 (Ar. 1261) y STSJ de Aragón de

1 de octubre de 1997 (Ar. 4935). En extenso, TOSCANI

GIMÉNEZ, D.: El nivel asistencial de la protección por des-

empleo, cit., pág. 23.

84 Disposición Transitoria 2ª de la Ley 31/1984, de 2

de agosto, de protección por desempleo, Disposiciones

Transitorias 2ª, 3ª y art. 7.3.b) del Real Decreto

625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley

31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo

y Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto-ley

3/1989, de 31 de marzo, de medidas adicionales de

carácter social. De especial interés resultan también las

sentencias del Tribunal Constitucional 25/1987, de 26

de febrero, 119/1987, de 9 de julio y 116/1988, de 8 de

abril.

85 SSTS de 27 de febrero de 1997 (Ar. 1603), 8 de

julio de 1998 (Ar. 6431) y 30 de abril de 2001 (Ar. 4617),

entre otras.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

cibo del subsidio, pero en manera alguna pue-

de ser interpretado como requisito constituti-

vo del mismo. El art. 215.1.1 LGSS, entre las

condiciones generales para el acceso al dis-

frute del subsidio por desempleo, sólo exige el

que el parado figure inscrito como demandan-

te de empleo «durante el plazo de un mes».

Por su parte, el art. 7.3.II.b) del Real Decreto

625/1985, de 2 de abril86, requiere que los tra-

bajadores solicitantes «hubiesen permaneci-

do inscritos como desempleados desde la

situación legal de desempleo».

La contradicción entre la norma legal y la

reglamentaria era evidente. El Tribunal

Supremo optó por una interpretación flexible

de dicho requisito. En concreto, consideró que

«las interpretaciones que conduzcan a la

estricta exigencia de la ininterrupción de la

inscripción como demandante de empleo

durante el período indicado y a configurar tal

requisito no exigido en la norma legal como

constitutivo del subsidio, son rechazables por

vulnerar el principio de jerarquía normativa

y obligarían a inaplicar la norma reglamenta-

ria como vulneradora del referido principio,

por imperativo de lo dispuesto en el art. 6 de

la Ley Orgánica del Poder Judicial».

De esta forma, para el Tribunal Supremo,

el requisito de figurar inscrito como deman-

dante de empleo durante el período compren-

dido entre la situación legal de desempleo y la

fecha de solicitud del subsidio es sólo uno de

los medios acreditativos de la subsistencia de

la voluntad del solicitante del subsidio de

permanecer en el mercado de trabajo y de que

no querer separarse del Sistema de la Seguri-

dad Social, siendo su finalidad la de comple-

tar la acreditación de que se reúnen las con-

diciones para estar incluido en alguno de los

supuestos que dan lugar a la percepción del

subsidio a favor de los que han conservado la

voluntad de emplearse87.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido

en la Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la

que se regula el programa temporal de pro-

tección por desempleo88, programa prorroga-

do hasta el 15 de agosto de 201089, los solici-

tantes deberán estar inscritos como deman-

dantes de empleo, suscribir el compromiso de

actividad a que se refiere el art. 231.2 LGSS y

comprometerse a realizar las distintas actua-

ciones que se determinen por el Servicio

Público de Empleo correspondiente en el iti-

nerario activo de inserción laboral en el que

participen. Este requisito de figurar inscrito

en la oficina de empleo ha de interpretarse de

manera restrictiva de forma que su ausencia,

una vez concedida provocará la simple sus-

pensión de la prestación90.

La exigencia de permanecer ininterrumpi-

damente inscritos en la oficina de empleo

encuentra una peculiaridad en el subsidio

para mayores de 52 años. En concreto, cabe

preguntarse si a tenor de lo dispuesto en el

art. 215.1.1.3 LGSS, constituye requisito

necesario para poder acceder a las prestacio-

nes por desempleo para mayores de 52 años

que éstos hayan permanecido ininterrumpi-

damente inscritos como demandantes de

ICÍAR ALZAGA RUIZ

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

86 Vigente con carácter reglamentario.

87 SSTS de 14 de julio de 1989 (Ar. 5470), 10 de

marzo de 1992 (Ar. 1633), 27 de febrero de 1997 (Ar.

160), 8 de julio de 1998 (Ar. 6431), 17 de abril de 2000

(Ar. 5882), 30 de abril de 2001 (Ar. 4617), 5 de noviem-

bre de 2003 (Ar. 593/2004), 14 de febrero de 2005 (Ar.

2966) y 20 de junio de 2007 (Ar. 6851), entre otras. En

fin, debe distinguirse entre los solicitantes que durante

un gran período de tiempo se apartaron del mundo del

trabajo y sólo se dan de alta para cobrar la prestación, de

aquellos otros que, incluso si han permanecido al mar-

gen de la oficina de empleo, han acreditado su interés

por trabajar al inscribirse varios meses antes como

demandantes de empleo en la oficina correspondiente;

éstos últimos sí se hallan en situación de desempleo, STS

de 20 de junio de 2007 (Ar. 6851).

88 BOE del 12 de noviembre.

89 Prorrogado por el Real Decreto 133/2010, de 12

de febrero.

90 Al respecto, FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: «El programa

temporal de protección por desempleo e inserción y su

prórroga (Ley 14/2009, de 11 de noviembre)», CEF Tra-

bajo y Seguridad Social, nº 324, 2010, pág. 16 y ALEGRE

NUENO, M.: «La prestación extraordinaria por desem-

pleo», AL, nº 5, 2010, pág. 512.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

empleo en la oficina pública correspondiente

o si, por el contrario, basta que lo hayan esta-

do en un período anterior a su solicitud de

prestación suficientemente demostrativo de

su intención de obtener algún trabajo, aun

cuando haya transcurrido un período inter-

medio más o menos importante dados de baja

como demandantes de empleo. Al respecto, el

Tribunal Supremo ha considerado que el art.

215.1.1.3 LGSS «está contemplando la situa-

ción de quien accede al subsidio para mayores

de 52 años inmediatamente después de extin-

guida la prestación contributiva y por ello no

exige más requisitos de inscripción que los

generales del art. 215.1.1.1 de la misma Ley,

y que, por lo tanto, estas situaciones en las

que existe una gran separación entre una y

otra prestación no encajan directamente en

las previsiones expresas del legislador. Por

ello esta Sala atendiendo a la finalidad del

precepto ha distinguido entre aquellos solici-

tantes que durante un gran período se apar-

taron del mundo del trabajo y sólo se dan de

alta para cobrar la prestación en cuyo caso se

entiende que no están en situación real de

desempleo porque ello no es suficiente para

acreditar su voluntad de trabajar, de aquellos

otros que, aun cuando hayan permanecido al

margen de la oficina de empleo, sin embargo

han acreditado su interés por trabajar inscri-

biéndose varios meses antes como deman-

dantes de empleo en la oficina correspondien-

te, por entender que éstos sí que se hallan en

situación de desempleo, derivado de su mani-

fiesta voluntad en tal sentido expresada con

su inscripción en la correspondiente oficina

con tiempo suficiente para dar ocasión de que

se les ofreciera un nuevo trabajo que hubie-

ran debido aceptar»91.

La falta de renovación de la inscripción

como demandante de empleo supone el

incumplimiento de una obligación impuesta

al administrado. Se encuentra tipificada

como una infracción leve, de acuerdo con lo

establecido en el art. 24.3.b) LISOS92 e impli-

ca la pérdida de la prestación durante un

mes, pérdida que puede aumentar hasta lle-

gar a la extinción en función de la reinciden-

cia en el incumplimiento93.

El solicitante habrá de observar, asimis-

mo, un período de espera de un mes inscrito

en la Oficina de Empleo. El legislador entien-

de que la no obtención de trabajo durante

dicho plazo un mes supone un indicio adi-

cional del estado de especial necesidad en que

se encuentra el solicitante94. Al mismo tiem-

po, el art. 215.1 LGSS contempla dos supues-

tos de exención del período de espera de un

mes: a) Los parados que reuniendo los requi-

sitos del apartado 1.1 del art. 215 LGS, salvo

el relativo al período de espera, se hallen en

situación legal de desempleo y no tengan

derecho a la prestación contributiva, por no

haber cubierto el período mínimo de cotiza-

ción siempre que hayan cotizado al menos

tres meses y tengan responsabilidades fami-

liares o hayan cotizado al menos seis meses,

ESTUDIOS

92 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

91 SSTS de 14 de julio de 1989 (Ar. 5470), 10 de

marzo de 1992 (Ar. 1633), 27 de febrero de 1997 (Ar.

160), 8 de julio de 1998 (Ar. 6431), 17 de abril de 2000

(Ar. 5882), 30 de abril de 2001 (Ar. 4617), 5 de noviem-

bre de 2003 (Ar. 593/2004), 14 de febrero de 2005 (Ar.

2966) y 20 de junio de 2007 (Ar. 6851), entre otras, que

establecen como: «Tanto la antigua Ley 31/84 -art. 13-2,

como el vigente art. 215.3 de la LGSS vinculan el dere-

cho al subsidio para los mayores de 52 años con derecho

a la pensión de jubilación, salvo la edad, con los supues-

tos precedentes en que se tiene derecho al subsidio de

desempleo en los siguientes términos... siempre que se

encuentren en alguno de los supuestos contemplados

en los apartados anteriores... es decir, según los térmi-

nos de la Ley basta reunir las condiciones que dan lugar

al derecho al subsidio, se haya o no disfrutado de él,

mientras que el Reglamento sustituye esta expresión con

los supuestos de los apartados a) y b) del núm. 3 de su

art. 7º y así esta vinculación queda establecida o bien

porque se esta disfrutando del subsidio o se tiene dere-

cho a él, supuestos del apartado a) o porque se ha ago-

tado su percepción y se permanece inscrito como des-

empleado, apartado b)».

92 Precepto que considera falta leve «no renovar la

demanda de empleo en la forma y fechas que se deter-

minen en el documento de renovación de la demanda,

salvo causa justificada».

93 Art. 47.1.a.1.

94 STSJ de Madrid de 7 de julio de 1995 (Ar. 2882).

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

aunque carezcan de responsabilidades fami-

liares95; y, b) Los desempleados mayores de

45 años96.

En fin, el solicitante tiene obligación de no

rechazar una oferta de empleo adecuada o

negarse a participar, salvo causa justificada,

en acciones de formación, promoción o recon-

versión profesionales. El perceptor de la pres-

tación por desempleo se encuentra obligado a

buscar activamente empleo, participar en

acciones de mejora de su ocupabilidad que

puedan arbitrar los Servicios Públicos de

Empleo y aceptar la colocación adecuada que

estos Servicios de Empleo le puedan ofrecer.

A estos efectos, se considera colocación ade-

cuada de necesaria aceptación por el trabaja-

dor, la profesión demandada por el trabaja-

dor, aquella que se corresponda con su profe-

sión habitual o sus aptitudes físicas o forma-

tivas y la coincidente con la última actividad

laboral desempeñada, siempre que su dura-

ción hubiera sido igual o superior a tres

meses. Transcurrido un año de percepción

ininterrumpida de las prestaciones, además

de las profesiones anteriores, también pue-

den ser consideradas adecuadas otras coloca-

ciones que a juicio del Servicio Público de

Empleo puedan ser desempeñadas por el tra-

bajador97. El legislador otorga al Servicio

Público de Empleo vía libre para determinar

cuándo un empleo es o no adecuado para el

beneficiario del subsidio. Y, así, se entenderá

adecuada, aunque implique una cierta movi-

lidad geográfica98 o la cuantía del salario no

sea equiparable a la obtenida en su último

empleo o, incluso, al subsidio que pudiera

percibir o viniera percibiendo99.

La conducta contraria, consistente en

rechazar una oferta de empleo o negarse a

participar en dichas actividades, resulta

incompatible con la necesaria disponibilidad

para el trabajo100, en la medida en que «el

objeto de la protección no es una situación de

conveniencia, sino de necesidad y voluntad de

realizar una actividad laboral»101.

4. MOMENTO EN EL QUE DEBE

CONCURRIR EL REQUISITO

DE LA CARENCIA DE RENTAS

El art. 215.3 LGSS establece, en relación

al tiempo en que han de concurrir los requisi-

tos de carencia de rentas y de tenencia de res-

ponsabilidades familiares, lo siguiente: «El

requisito de carencia de rentas a que se refie-

re el art. 1.1 de este artículo deberá concurrir

en el momento del hecho causante y durante

la percepción de todas las modalidades del

subsidio establecidas en el presente artículo.

En aquellos subsidios en que se requiera la

tenencia de responsabilidades familiares,

dicho requisito deberá concurrir igualmente

en el momento del hecho causante y durante

su percepción»102. Del tenor del precepto se

ICÍAR ALZAGA RUIZ

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

95 Art. 215.2 LGSS.

96 Art. 215.4 LGSS.

97 Arts. 207.c) y 231.1.h) LGSS.

98 Cuando se ofrezca en la localidad de residencia

habitual del trabajador o en otra localidad situada en un

radio inferior a 30 kilómetros desde la localidad de resi-

dencia habitual, salvo que el trabajador acredite que el

tiempo mínimo para el desplazamiento, de ida y vuelta,

supera el 25 por 100 de la duración de la jornada diaria

de trabajo, o que el coste del desplazamiento supone un

gasto superior al 20 por 100 del salario mensual, o cuan-

do el trabajador tenga posibilidad de alojamiento apro-

piado en el lugar del nuevo empleo.

99 Salvo que el nuevo salario fuera inferior al SMI,

una vez descontados de aquél los gastos de desplaza-

miento.

100 STSJ de Castilla-La Mancha de 14 de diciembre

de 1992 (Ar. 6311).

101 STS de 8 de febrero de 1995 (Ar. 786).

102 La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas

fiscales, administrativas y del orden social, introdujo un

tercer párrafo al art. 215 LGSS, para precisar que el

requisito de carencia de rentas «deberá concurrir en el

momento del hecho causante y durante la percepción

de todas las modalidades de subsidio establecidas en el

presente artículo». La redacción que se dio al art. 215.3

LGSS por el Real Decreto 5/2002 exigía el cumplimien-

to de los requisitos tanto en el momento inicial del

hecho causante y también en el momento de solicitud

del subsidio, de sus prórrogas o reanudación de las mis-

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

deduce que el requisito de la carencia de ren-

tas es exigible en todo el tiempo que dura la

prestación.

La propia Ley General de Seguridad Social

establece cuál es la fecha del hecho causante

que ha de tomarse en consideración. En con-

creto, el art. 215.3.1 LGSS dispone que: «Se

considera fecha del hecho causante aquella

en que se cumpla el plazo de espera de un mes

o se produzca la situación legal de desempleo

o la del agotamiento del derecho semestral, o

de la finalización de la causa de suspensión».

Si no se reunieran los requisitos, en los

supuestos en los que en el plazo de un año

desde la fecha del hecho causante se acredite

que se cumplen los requisitos de carencia de

rentas o, en su caso, de existencia de respon-

sabilidades familiares en los que el trabaja-

dor podrá obtener el subsidio que correspon-

da a partir del día siguiente al de su solicitud

sin reducción de su duración, se considerará

como fecha del hecho causante aquella en que

se cumpla el plazo de espera de un mes o se

produzca la situación legal de desempleo, la

de agotamiento del derecho semestral, o la de

finalización de la causa de suspensión.

Junto a dicha exigencia, la Ley General de

la Seguridad Social establece un deber a cargo

del beneficiario de comunicación inmediata de

las modificaciones de su situación económica,

familiar o profesional. El precepto legal que lo

enuncia es el art. 231.e)103, que obliga «a soli-

citar la baja en las prestaciones por desem-

pleo cuando se produzcan situaciones de sus-

pensión o extinción del derecho o se dejen de

reunir los requisitos exigidos para su percep-

ción»; que habrá de cumplirse «en el momento

de la producción de dichas situaciones» de

suspensión o extinción del derecho104.

ESTUDIOS

94 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

mas. El legislador pretendía exigir la concurrencia de los

requisitos desde el hecho causante hasta prácticamente

la extinción del subsidio. La falta de concurrencia de los

requisitos implicaba la pérdida del subsidio o la denega-

ción de su prórroga o reanudación si ya se hubiese con-

cedido. La modificación introducida por la Ley 45/2002,

permitió evitar la pérdida del subsidio que se estuviese

ya percibiendo, si no se cumpliesen en un momento

determinado los requisitos de carencia de rentas o de

responsabilidades familiares. En concreto, se establece

que la falta de concurrencia de los requisitos implica,

como regla general, la pérdida del subsidio, pérdida que

sería definitiva. Como excepción a dicha regla, se intro-

duce la posibilidad de suspender el subsidio en los

supuestos en los que la pérdida del requisito de carencia

de rentas o de responsabilidades familiares sea poco

relevante para enjuiciar la situación de especial necesi-

dad del beneficiario. Y, así, si en el transcurso de un año,

desde la fecha del hecho causante, el parado vuelve a

reunir los requisitos para tener derecho al percibo del

subsidio, podrá acceder al mismo o reanudarlo por el

tiempo que le restara, contando su duración desde el

día siguiente al de la solicitud, y sin que por ello quede

reducida en tiempo equivalente a aquel en que no se ha

tenido derecho al percibo del subsidio por incumpli-

miento de los requisitos. Por lo que se refiere a la nece-

sidad de concurrencia de estos requisitos durante la per-

cepción del subsidio y, por tanto, no sólo en el momen-

to de la solicitud o de la de sus prórrogas o reanudacio-

nes, el Tribunal Supremo consideró, en pronunciamien-

tos anteriores a la reforma de 2002, que: «La prestación

de desempleo, a nivel asistencial, por insuficiencia de

ingresos, tiene por finalidad suplir esa carencia de recur-

sos económicos, pero no compensa la pérdida de rentas

de trabajo, como ocurre con la prestación contributiva.

Por ello no puede persistir el derecho a percibir el subsi-

dio cuando el beneficiario supera con sus ingresos los

límites establecidos en el art. 215.1 LGSS». Al respecto,

SSTS de 29 de septiembre de 1998 (Ar. 7310), 24 de

febrero de 1998 (Ar. 1956) y 27 de abril de 2001 (Ar.

5126).

103 En la redacción por la Ley 13/1996, de 30 de

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del

orden social.

104 La exigencia de este deber está reforzada en el

25.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden

social, que, en términos parecidos a los del precepto de

la Ley General de la Seguridad Social, tipifica como

infracción grave la conducta de «no comunicar, salvo

causa justificada, las bajas en las prestaciones en el

momento en que se produzcan situaciones determinan-

tes de suspensión o extinción del derecho, o cuando se

dejen de reunir los requisitos para el derecho a su per-

cepción». La sanción prevista en el art. 47.1.b. de la

LISOS para la referida infracción del deber de comunica-

ción es la pérdida del derecho a la prestación de desem-

pleo: «Las infracciones se sancionarán: b) las graves tipi-

ficadas en el artículo 25 con pérdida de la prestación o

pensión durante un período de tres meses, salvo las de su

número 3 en las prestaciones y subsidios de desempleo

en las que la sanción será extinción de la prestación».

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

¿Qué sucede en los supuestos de solicitud

tardía del subsidio de desempleo? Este hecho

no exime a la entidad gestora de comprobar si

concurren o no los requisitos de carencia de

rentas y, en su caso, de responsabilidades

familiares, en el momento del hecho causan-

te. Si el solicitante reúne los requisitos de

acceso, tendrá igualmente derecho al percibo

del subsidio. La única consecuencia que cabe

destacar es que, de conformidad con lo dis-

puesto en el art. 219.1 LGSS, el derecho nace-

rá a partir del día siguiente al de la solicitud,

reduciéndose su duración en tantos días como

medien entre la fecha en que hubiera tenido

lugar el nacimiento del derecho, de haberse

solicitado en tiempo y forma y aquella en que

efectivamente se hubiera formulado la solici-

tud105.

El criterio de la división de rentas irregu-

lares entre el número de años en los que se

generaron no es de aplicación al subsidio de

desempleo. En consecuencia, se imputarán

íntegramente los incrementos patrimoniales

de acuerdo a un criterio de imputación de

rentas mensual106, en supuestos tales como la

venta de un bien inmueble107, el rescate de un

plan de pensiones108 o de un seguro de vida

concertado por la empresa a favor del solici-

tante109. Tras la reforma llevada a cabo por la

Ley 45/2002, el criterio de imputación de ren-

tas ha de ser mensual, con independencia de

su cuantía. Esta es la razón que explica que el

período de suspensión del subsidio deba refe-

rirse a ese único mes110.

ICÍAR ALZAGA RUIZ

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

105 Como excepción ha de tenerse en cuenta lo dis-

puesto en el art. 215.3 LGSS en el supuesto de que en el

plazo de un año desde la fecha del hecho causante se

acredite que se reúnen los requisitos de carencia de ren-

tas o, en su caso, de responsabilidades familiares.

106 En relación a la unidad temporal para el cómpu-

to de las rentas de la unidad familiar, el Tribunal Supre-

mo ha defendido, desde su sentencia de 17 de junio de

1998 (Ar. 5784), que tal período de tiempo debe ser el

año. Descarta, por tanto, que el cómputo deba efec-

tuarse mensualmente, a pesar de que la interpretación

literal del art. 215.1 de la LGSS permitiría esta solución.

Esta doctrina jurisprudencial de computar las rentas de

la unidad familiar a efectos de la prestación asistencial

de desempleo por el promedio anual de los ingresos de

la misma se basa en el siguiente argumento: «Los ingre-

sos o rentas de las unidades familiares son muchas veces

irregulares; afirmación que vale también para las propias

rentas de trabajo, teniendo en cuenta el alto volumen de

contratación temporal existente en el actual sistema pro-

ductivo. Así las cosas, la situación económica de caren-

cia de rentas sólo se puede evaluar con una mínima

aproximación compensando las oscilaciones del mes a

mes (o del día a día) en un marco temporal coyuntural,

pero de mayor amplitud, como lo es el año o ejercicio

económico; marco temporal al que suelen referirse por

otra parte las principales fuentes de información sobre

las circunstancias económicas de los ciudadanos. No es

obstáculo para la interpretación anterior que el art.

215.1. de la LGSS. utilice la expresión «cómputo men-

sual», ya que la misma debe entenderse referida no al

cómputo de las rentas de la unidad familiar del benefi-

ciario, sino al cómputo del 75% del salario mínimo inter-

profesional que constituye el umbral de la carencia de

rentas, el cual debe hacerse por su importe mensual,

con exclusión de las partes proporcionales de las pagas

extraordinarias de devengo superior al mes». En idéntico

sentido, STS de de 29 de octubre de 2003 (Ar. 4094).

107 STS de 27 de marzo de 2007 (Ar. 4628).

108 SSTS de 18 de abril de 2007 (Ar. 3985) y 2 de

julio de 2007 (Ar. 5484).

109 STSJ de Castilla y León/Valladolid de 24 de enero

de 2007 (Ar. 1202).

110 STSJ de la Comunidad Valenciana de 20 de ene-

ro de 2009 (Ar. 1732).

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

ESTUDIOS

96 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 89

RESUMEN Este estudio presenta un análisis de los problemas de la delimitación del desempleo como

situación protegida en el nivel asistencial. Aborda cuestiones tales como los beneficiarios

de la prestación asistencial por desempleo y, sobre todo, los requisitos de acceso: la volun-

tad de trabajar, que se traduce fundamentalmente en la inscripción como demandante de

empleo y la carencia de rentas. Se adentra en los problemas prácticos que estos requisitos

han planteado, al hilo de la evolución normativa reciente y de la doctrina judicial, tanto en

suplicación, como en unificación de doctrina.

ABSTRACT This paper presents an analysis of the problems derived of demarcating unemployment as

a protected situation at the welfare level. It tackles issues such as the beneficiaries of the

non-contributory unemployment benefit and, above all, the access requirements: will to

work, which is mainly translated in signing up as a jobseeker, and lack of income. Moreo-

ver, the paper deepens on the practical problems those requirements have showed as per

the recent evolution of regulations and the judicial doctrine, both in its petitions for recon-

sideration as in the appeals for the unification of doctrine.

SUMARIO

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La prestación asistencial por desempleo. Un estudio de los requisitos de acceso.

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