La crisis constitucional de 1876 en las elecciones presidenciales estadounidenses: Hayes contra Tilden (II)
| Autor | Jorge Pérez Alonso |
| Páginas | 369-425 |
Page 370
3.3.3. Crisis constitucional y búsqueda de soluciones.
There is now no law, and there has never been a law, providing what shall be done in case of a contested election of presidential electors>>
Representative James A. Garfield, March 24, 18683
-
La laguna constitucional y la inexistencia de soluciones específicas al conflicto planteado.
El panorama, pues, el día 6 de diciembre de 1876 era el siguiente: de los treinta y ocho estados que por entonces integraban la Unión, cuatro de ellos (Florida, Oregón, Luisiana y Carolina del Sur) remitieron no una, sino dos listas de compromisarios, una demócrata y una republicana, que emitían su voto para diferentes candidatos, tanto a la Presidencia como a la Vicepresidencia. Ya hemos citado anteriormente el Artículo II Sección 1ª de la Constitución de los Estados Unidos, precepto que debe complementarse con las previsiones de la decimosegunda enmienda. Ahora bien, este último precepto, cuando remite la decisión final a la Cámara de Representantes, está pensando en supuestos en los cuales ningún candidato obtuviese la mayoría del voto compromisario, y no en casos en que la disputa se centrase en los resultados del voto popular (más que nada porque en la época de aprobación del texto constitucional y de la decimosegunda enmienda los compromisarios eran elegidos por las
Page 371
legislaturas de los estados y no por elecciones libres4; no obstante, recordemos que todo el proceso y desarrollo electoral es de competencia de los estados, y no de la federación). Existía, pues, un aspecto en el cual no existía una regulación específica en el texto constitucional. Acudamos a la interpretación de dos brillantísimos juristas norteamericanos que nos resumen con toda claridad el estado de la cuestión. Por un lado, Bernard Schwartz:
The Constitution did not answer these questions, which assumed critical importance in the face of conflicting electoral certificates from four states5>>
Por otro lado, William Rehnquist, tras reproducir igualmente el precepto constitucional citado por Schwartz, coincide con el mismo a la hora de plantear la ambigüedad de las previsiones constitucionales:
The Constitution was silent as to who would do the counting. Was it the president of the Senate, or the two houses in joint session6
Se estaba, por tanto, no sólo ante una crisis política de primera magnitud que arrojaba incertidumbres en cuanto a la identidad del candidato que finalmente alcanzaría la Presidencia, sino ante una complicada situación para la cual la Constitución de los Estados Unidos no ofrecía solución alguna y, sobre todo y lo más importante, ante la cual la división política existente con un legislativo bloqueado al dominar cada partido una de las cámaras, parecía eliminar cualquier solución pacífica al conflicto, pues The passage of any measure therefore required the support of both parties, and ultimately of the candidates themselves7>>.
-
Debates previos sobre las atribuciones del Congreso en relación con los certificados remitidos por los estados.
Existían serias dudas jurídicas en cuanto a las potestades o atribuciones
Page 372
que ostentaban tanto el Presidente del Senado como el Congreso en lo relativo al recuento del voto compromisario. Ya en marzo de 1868 James Garfield había presentado una moción en la Cámara de Representantes instando la aprobación de una norma que fijase el criterio a seguir en caso de existir disputa en el recuento de voto compromisario8. En febrero de 1865 se había aprobado la joint rule 22, aprobada en enero de 1865 cuya redacción era la siguiente: no vote objected shall be counted except by the concurring vote of the two Houses.>> No obstante, tal precepto había sido modificado en 1875 merced a una moción de Oliver Morton, senador por Indiana, pasando a tener la siguiente redacción no objection to any such vote shall be valid unless such objection is sustained by affirmative vote by both Houses.>> Como bien indican Fairman y Rehnquist, si en la redacción inicial ningún voto objetado podría contarse excepto con el voto favorable de ambas cámaras, la modificación operada en 1875 este voto favorable de ambos cuerpos legisladores era necesario para confirmar la impugnación del voto, por lo que éste, en principio, se contabilizaría9. Las razones ofrecidas para tal modificación eran que la Cámara de Representantes podría, simplemente con el hecho de provocar una discrepancia con el Senado, impedir la contabilización de un voto compromisario y, en consecuencia, atribuirse la última palabra en las elecciones presidenciales.
No obstante, en el largo prólogo a su por tantas razones magnífico estudio sobre la crisis de 1876, Charles Fairman resalta una circunstancia de la que no se ha hecho eco ningún otro estudioso del tema, y es que los debates jurídicos que tuvieron lugar en el Senado entre la primavera de 1875 y 1876 sobre el tema del recuento de voto compromisario en las elecciones presidenciales, muestran claramente una circunstancia: tanto demócratas como republicanos eran conscientes, y así lo manifestaron claramente, que el Congreso carecía de atribuciones para investigar los resultados electorales y el recuento de votos practicado en los estados, aunque existiesen sospechas de fraude o intimidación10. El senador demócrata Bayard, por ejemplo, sostenía que todo el proceso electoral era competencia de los estados; el Presidente del Senado carecía de facultades discrecionales para excluir voto alguno, siendo su labor estrictamente discrecional limitada a la apertura de los certificados pero, lo que es más importante, los miembros de las cámaras eran simply witnesses to the count and tally of that vote [...] There is nothing in this language [of the Constitution] that authorizes either House of Congress, or both Houses..., to interfere with the decision which has been made by the electors themselves and certified by them and send to the President of the Senate. There is no pretext that for any cause whatever Congress has any power, to refuse to receive and count the result of the action of the voters in the States in that election as certified by the electors whom they have chosen. That questions may arise whether that choice was made...whether that election was properly held or whether it was a free and fair election is undoubtedly true; but
Page 373
there is no machinery provided for contest and no contest seems to have been anticipated on this subject11.>> El senador republicano Oliver Morton coincidía con tal afirmación, pues The election in a State may be elected by fraud or by violence, but if they come up here properly certified there is no power here to examine the vote in the State below...it was not the intention that Congress should have that power. That was placed with the States, and it was the theory that the election of a President should be left to the States and taken away from Congress. You cannot provide for that except by amending the Constitution.>> De la misma opinión era el senador demócrata William Hamilton coincidía con Morton, coincidencia que también compartía el senador demócrata Merrimon, para quien it has been asked, suppose there are great frauds practiced in the States in an election of President...There is no power conferred in the Constitution on the national authority to contest the election in that behalf. The authority remains in the State to provide for that...I admit that the States have not theretofore provided a tribunal for such contest, but that does not prove that they might not have so provided...I believe that it is important that...every State should pass a statute regulating the manner and the election of electors of President...12>>
Es decir, que en vísperas de las elecciones de 1876, si en algo habían coincidido tanto demócratas como republicanos es que ni la Cámara de Representantes ni el Senado ostentaban bajo la Constitución autoridad alguna para investigar las elecciones en los distintos estados. Aún en el supuesto de que hubiese fraude o intimidación o se demostrase que en un estado no pudiese hablarse de elecciones libres, si dicho estado remitía una lista de compromisarios certificada por las autoridades estatales, las Cámaras legislativas estaban atadas de pies y manos y debían aceptar tal certificación.
-
Alternativas ofrecidas para solucionar el problema y decisión final adoptada.
En un intento de solventar el problema, se plantearon sucesivamente diferentes opciones para la solución del recuento de voto compromisario. La primera, que evidentemente era la defendida y deseada por los republicanos, consistía en interpretar los preceptos constitucionales en el sentido de entender que el presidente del Senado tenía la facultad no sólo de abrir los certificados y contar los votos, sino de excluirlos. Ello les beneficiaba claramente, pues tras la muerte del vicepresidente Henry W. Wilson en 1875, el entonces senate mayority leader Thomas W. Ferry pasó a ocupar la presidencia de la Cámara. Los republicanos sostenían que Ferry era la autoridad competente no sólo para contar los votos, sino para rechazar los que considerase nulos, mientras que los demócratas lógicamente se opusieron de manera rotunda a concederle facultad decisoria alguna dada la ideología republicana del entonces presidente del Senado. Hayes se mostró partidario de esta opción hasta el último momento, para encontrarse con que dentro de su propio partido se le ponían obstáculos. El frustrado aspirante republicano a la nominación presidencial Roscoe Conckling, por motivos ciertamente espúreos y egoístas13, se negó a
Page 374
conceder a Ferry cualquier posibilidad de tomar la decisión en solitario, por lo que esta opción quedó prontamente descartada.
La segunda posibilidad consistía en atribuir la última palabra, en otorgar la potestad decisoria a ambas cámaras en...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba