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Vincent
AutorAlberto Palomar Olmeda; Javier Vázquez Garranzo
Cargo del AutorMagistrado de lo Contencioso-Administrativo/Letrado-Jefe del IB-SALUT
Páginas9-10

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La contratación de las Administraciones Públicas se ha convertido, como otros sectores del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, en uno de esos temas recurrentes en los que el legislador español produce la sensación final de no encontrar un modelo mínimamente aceptable y con una validez y estabilidad razonable.

Las causas de esta inestabilidad son de diversa índole y, desde luego, tienen mucho que ver con la necesidad de dotar a las Administraciones Públicas del mejor esquema de actuación que evite comportamientos irregulares y que compagine las necesidades públicas con el principio de eficiencia inherente a la actuación pública.

Es cierto, igualmente, que la incidencia de la normativa comunitaria para conseguir que la normativa de contratos públicos del conjunto de los integrantes de la Unión Europea no acabe afectando seriamente al propio mercando europeo ha hecho que, realmente, lo que eran mínimos esquemas para la organización común se hayan consolidado como un conjunto normativo ciertamente intenso y cuyas exigencias cambiantes inspiran algunos de los cambios realizados y algunos de los que, probablemente, deberán realizarse en los próximos años.

En este esquema la publicación de la Ley 30/2007, de 30 octubre 2007, de Contratos del Sector Público constituye un cambio serio e importante en la configuración estructural de la contratación pública que afecta a cuestiones tan importantes como el ámbito de aplicación, el recurso especial en materia de contratación pública, los sistemas de contratación y las propias modalidades contractuales con la aparición de algunos nuevos tipos contractuales que, realmente, van a tardar algún tiempo en consolidarse y en conocerse su verdadera virtualidad.

Así las cosas y ante este cúmulo de novedades la reflexión teórica y el conocimiento de las mismas es, sin duda, una exigencia natural de los estudiosos del Derecho Administrativo pero, también, lo es propiciar algunos instrumentos prácticos enfocados a contribuir al manejo de la norma y su ubicación en el propio procedimiento de contratación.

El presente trabajo tiene, exclusivamente, una finalidad práctica. Esta pensando en clave de usuarios, de aquellos que se aproximan a la contratación del Sector Público y quieren conocer algunas pautas para realizar trámitesPage 10 concretos de los que componen el procedimiento de contratación. A tal fin se ha diseñado una serie de formularios que se corresponden con los trámites esenciales...

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