Presentación

Autor:Matías Recio Juárez
Cargo del Autor:Doctor en Derecho por la Universidad de Vigo
Páginas:15-16
 
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Durante el año 2015 van a visitar nuestro país casi 68 millones de turistas provenientes de todas la partes del mundo; por otra parte se calcula que un once por cien de la población residente en nuestro territorio tiene nacionalidad extranjera. A 31 de diciembre de 2014 consta que 4.925.089 de ellos están domiciliados en España con certificado de registro o tarjeta de residencia –2.773.707 en régimen de libre circulación de la Unión Europea y 2.151.382 en régimen general– y al menos otros 573.712 se encuentran en territorio nacional sin ningún tipo de permiso administrativo.

Tan alto número de extranjeros determina –con lógica estadística– que un gran porcentaje pueda verse involucrado en la comisión de delitos de la más variada naturaleza y gravedad. Son delitos cometidos por ciudadanos extranjeros, no delitos vinculados con la inmigración. En efecto, baste recordar que del elevado número de ciudadanos foráneos que se encuentra cumpliendo condena en los centros penitenciarios españoles –superior al veintinueve por cien del total– una importante mayoría carece de cualquier tipo de vinculación previa con España.

Desde el año 1985 (Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España) nuestro ordenamiento jurídico admite la sustitución de la condena impuesta al extranjero o del proceso incoado al mismo por su expulsión del territorio nacional. Desde entonces, según la progresión y la evolución del fenómeno de la extranjería en España y, derivadamente, la política de los diferentes Gobiernos, tanto en relación con la inmigración como en materia de gestión penitenciaria, se han sucedido distintas reformas de la expulsión sustitutiva que han culminado en la reciente modificación del Código Penal (LO 1/2015). En esta evolución normativa se refleja un progresivo endurecimiento del sistema, que ha debido ser corregido por la jurisprudencia tras la ponderación adecuada de la doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y –más recientemente– del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente.

La última reforma, como las anteriores, suscita graves tensiones interpretativas: ¿impunidad del...

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