Presentación
| Autor | Jaime Rodríguez-Arana Muñoz |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Administrativo. Director del Instituto Nacional de Administración Pública |
| Páginas | 29-31 |
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Resulta ciertamente frecuente comprobar cómo los estudios doctrinales sobre los aspectos jurídicos de la Administración Pública se centran mayoritariamente en la dimensión externa de las relaciones con los ciudadanos, enfoque que encuentra como principal justificación teórica la desconfianza por el poder y la consiguiente exigencia de fortalecer los mecanismos para luchar contra sus excesos. Esta perspectiva constituye un requerimiento ineludible de la opción constitucional por el Estado de Derecho, principio que se proyecta en el some-timiento pleno de la Administración Pública a la Ley y al Derecho, en la inter-dicción de la arbitrariedad y el sometimiento a los fines que justifican su existencia, en el control judicial de todos sus actos, normas e incluso inactividades y, en definitiva, en la responsabilidad por los daños que pudieran producirse en el servicio a los intereses generales constitucionalmente exigido. Con ser importantes estos bienes jurídicos consagrados normativamente al más alto nivel, debe tenerse también en cuenta que el Texto Constitucional requiere de forma inexcusable que la actividad administrativa se realice conforme al principio de eficacia, de manera que no es suficiente predicar únicamente el sometimiento al Derecho de la actividad administrativa y, a modo de reverso de una misma moneda, la tutela de las pretensiones de los particulares perjudicados por la actuación administrativa irregular sino, ante todo, requerir que la actuación conforme a la legalidad sea eficaz para la consecución de los fines encomendados a la Administración Pública, que no son otros que la promoción de los derechos fundamentales de las personas.
Pues bien, esta perspectiva dual -sometimiento al Derecho desde el prisma de la eficacia- nos invita a reclamar una mayor atención doctrinal para los estudios jurídicos sobre la organización administrativa, perspectiva de gran trascendencia para cumplir con la exigencia constitucional de eficacia antes referida. En efecto, sólo contando con unas estructuras administrativas adecuadas a la realidad social en que han de desenvolverse y dotadas de un régimen jurídico construido e interpretado en base a dicha exigencia cabe plantear una actuación eficaz de los poderes públicos, tarea en la que la doctrina administrativista ha de comprometerse activamente.
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El trabajo sobre los órganos colegiados llevado a cabo por el Dr. Julián Vale-ro Torrijos se enmarca precisamente en dicha línea...
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