Presentación
| Autor | Mikel de la Fuente lavín |
| Cargo | Director de Lan Harremanak |
| Páginas | 9-11 |
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La elección de la «Inclusión Social y Políticas de Empleo» como tema de este número de Lan Harremanak se sitúa en continuidad con «Los aspectos sociolaborales de la crisis» que fueron tratados en el precedente número de la revista. El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2008-2010, señalaba que el desarrollo y promoción del empleo de calidad como un elemento clave para fortalecer la inclusión social, en combinación con una política adecuada de rentas y la prestación de servicios sociales, que posibilite la salida del riesgo de exclusión social. Sin embargo, es dudoso que esos requisitos se estén cumpliendo y, especialmente, se vayan a cumplir en el próximo futuro. En efecto, la política y estrategia de flexiseguridad concebida por la Unión Europea y, adoptada por los Estados miembros -que fue objeto de análisis en el n.º 16 de esta revista- en la peor versión posible, de flexibilidad a ultranza y la política de ajuste fiscal y reducción del gasto público social, son contradictorias con el empleo de calidad y dificultan la integración laboral de las personas excluidas.
Por otra parte, la estrategia de activación que se ha abierto paso en los últimos años, inspirada en buena parte en la doctrina del workfare, se ha traducido no tanto en una activación general positiva mediante medidas de apoyo a la cualificación, a la búsqueda de trabajo y al establecimiento de itinerarios de inserción individualizados, sino más bien al establecimiento de medidas coercitivas y sancionadoras con el objetivo de evitar la desincentivación de la búsqueda de empleo y, paralelamente, mediante la instauración de incentivos dirigidos a empujar a la vuelta al trabajo de las personas paradas (García Serrano, 2007).
La Estrategia de Lisboa 2000 supuso, entre otros temas, el refuerzo de las políticas activas frente a las llamadas políticas pasivas, que en España se ha expresado en la creación de la renta activa de inserción, el reforzamiento del principio de activación en las prestaciones asistenciales por desempleo, la expansión de la formación ocupacional y continua de la gente tanto parada como ocupada, en la mayor atención a los servicios públicos de empleo o en las subvenciones y bonificaciones a las empresas para la contratación (Rodríguez Cabrero, 2009). Ese giro ha dado lugar a un aumento del gasto público en políticas activas, pero que se ha concentrado en los elementos cuya eficacia desde el punto de vista del
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