Presentación
| Autor | Anna Terrón Cusí |
| Cargo | Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. |
| Páginas | 7-9 |
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Es bien sabido que hasta su ingreso en la Comunidad Europea en 1986, España no disponía ni de una política ni de una legislación específicas para gestionar el fenómeno de la inmigración. La primera ley de inmigración española se aprobó en 1985, como prerrequisito para su adhesión a la Comunidad Europea, cuando España era aún un país de emigración. Ha sido en poco más de una década que España se ha consolidado como un país de inmigración.
Ha sido precisamente en las dos últimas legislaturas, cuando se han producido los avances más importantes en la consolidación de la política de inmigración en España. Una política basada en la gestión ordenada de los flujos y en el fomento de la ‘cultura de la regularidad’. La consolidación de este modelo de gestión ha sucedido en un contexto totalmente nuevo, porque nos encontramos ante un cambio de ciclo migratorio. No ha cambiado la política que este gobierno empezó a tejer hace 6 años, sino que ha cambiado el escenario en el que ésta se desarrolla. Por primera vez en la historia de inmigración española, nos encontramos simultáneamente con inmigración y crisis.
El modelo español deja claro la alta vinculación de la inmigración al mercado de trabajo y ese es, precisamente, el eje central de nuestra política y el que define las consecuencias de este nuevo ciclo. Por ello, el impacto económico en los flujos migratorios ha sido evidente. Y además, ha confirmado que los instrumentos implementados en estos últimos años, también son útiles para gestionar los flujos en tiempos de crisis. La capacidad, idoneidad y flexibilidad de estos instrumentos se ha demostrado suficientemente, pues están funcionando tanto en una coyuntura de expansión económica con una fuerte demanda de mano de obra, como en la actual coyuntura económica. Así, el año 2009 ha sido el segundo año consecutivo en el que la cifra de crecimiento de la población extranjera ha disminuido, circunstancia que no había sucedido en esta década y para la que habría que remontarse al año 1997. De hecho, las cifras cerradas a 30 de junio de 2010, muestran como en España residen hoy 136.948 extranjeros no comunitarios menos que en 2009.
Hemos superado una etapa caracterizada por una intensa aceleración en el número de llegadas y hemos pasado a una nueva fase con un notable descenso de las mismas. Los indicadores avalan este diagnóstico y ponen de relieve la acusadísima desaceleración de los flujos. De los 2.573.347 inmigrantes1que residen en nuestro país, la mayoría de ellos están trabajando y
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dados de alta en la Seguridad Social. De hecho, de los 1.899.660 extranjeros afiliados a la Seguridad Social a junio de 2010, 1.209.485 eran extranjeros no comunitarios. Y la cifra supone un crecimiento, pequeño pero constante, en relación con las de los cuatro meses anteriores.
Un nuevo contexto migratorio supone fortalecer los instrumentos y mecanismos requeridos para gestionar la inmigración, promoviendo que la misma funcione de manera ordenada y vinculada a derechos, obligaciones y oportunidades. Las políticas que se han ido tejiendo en estos últimos años tienen como objetivo la gobernanza de las migraciones. Este es un objetivo que no puede hacerse pensando en los modelos migratorios del siglo pasado, sino que debemos hacerlo pensando en un nuevo contexto global, en el que se mueven los capitales, los servicios y los bienes -tangibles e intangibles-. Estamos en la segunda década del siglo de la movilidad, por lo que tenemos que pensar no sólo en el corto, sino también en el medio y el largo plazo de las políticas que gobiernan la inmigración.
Para afrontar este nuevo contexto migratorio, tenemos dos grandes instrumentos -el reglamento de la ley de extranjería y el II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración-que nos permiten vincular el ahora con el mañana.
La reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobada en diciembre de 2009, fue un paso importante en la consolidación de la política de inmigración del Gobierno. El reglamento, que deberá ver la luz antes de finalizar el año en curso, desarrollará las grandes aportaciones de la Ley, como el perfeccionamiento de un sistema de regulación de los flujos migratorios vinculado a las demandas y a la capacidad de absorción del mercado de trabajo; la consolidación del reconocimiento de derechos fundamentales y la ampliación de las garantías para los colectivos más desprotegidos; la concertación territorial y el refuerzo de las políticas públicas de integración.
En la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, además, se plantearán otros temas clave para la gestión del fenómeno migratorio como la simplificación de trámites burocráticos; la prevención de la irregularidad sobrevenida; el fortalecimiento de los mecanismos de colaboración con las administraciones locales y regionales; y la inclusión de mecanismos para fomentar y garantizar la movilidad.
En relación con el II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, debe señalarse la importancia del nuevo contexto. No son las entradas sino la convivencia lo que se convierte en el reto clave para esta segunda iniciativa. Esto es obvio por la reducción de flujos ya señalada, pero también porque ya somos, sin duda, una sociedad diversa.
El primer plan 2007-2010 ha sido una pieza clave para impulsar el proceso de integración, orientando la acción de los poderes públicos y dinamizando a la sociedad en esta dirección. Elementos fundamentales del enfoque que subyace al Plan son la idea de que el mismo se dirige al conjunto de la ciudadanía, tanto autóctona como inmigrada, porque la integración concierne a todos los miembros de la sociedad, y la idea de que hay que abordar las políticas de integración de manera integral, y con una orientación proactiva. Este segundo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración será el instrumento práctico que sirva para plasmar cómo gestionar la diver-sidad y pluralidad en nuestra sociedad, y para determinar los instrumentos necesarios para avanzar en la protección de los derechos, de la igualdad y de la participación social de la ciudadanía, autóctona o inmigrante.
El arduo trabajo que se ha hecho en estos últimos años en este espacio ha sido clave. Las políticas de integración eran un erial que ha sido abonado y cuidadosamente trabajado en estos seis años. Ahora, en época de crisis, vamos a recoger los frutos de lo que hemos sembrado: la tenaci-
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dad de los actores sociales en su lucha diaria contra la discriminación, a favor de la igualdad y de la normalidad es una de las máximas garantías de este proceso.
No vamos a hacerlo solos, evidentemente. En la recién finalizada presidencia española de la Unión Europea, hemos puesto encima de la mesa la complejidad del tema de la integración y la necesidad de aunar voluntades para no cejar en nuestro empeño de construir sociedades plurales y respetuosas, enmarcadas en el contexto democrático en el que vivimos. Este es el sentir de la IV Conferencia Interministerial de Integración que reunió en Zaragoza a los ministros responsables de integración. En la Declaración de la Conferencia que les animo a leer, se presta una especial atención al concepto de capital humano, que debe inspirar las acciones en materia de educación y empleo; a la necesidad de intervenir en barrios con alta densidad de población migrante, socializando la participación de ésta; y la utilidad de poder establecer mecanismos de evaluación de las políticas de integración
Para nosotros y para el resto de socios UE, garantizar la integración y la convivencia es nuestro gran reto. La gestión de la diversidad requiere confianza en nuestras instituciones y en nuestras leyes, que protegen valores básicos de nuestra sociedad como la dignidad humana, la libertad y la igualdad. Por ello, debemos fortalecer todos aquellos discursos, instrumentos y políticas que se refieran a integración, y paulatinamente debemos recordar que estamos hablando de la gestión de la diversidad. Nuestra sociedad es ya una realidad plural y diversa, en la que caben muchas expresiones distintas.
En 2005, mediante un proceso extraordinario de normalización, se cerró un escenario previo en el que había primado la irregularidad, para abrir unos mecanismos mucho más desarrollados y acordes con el objetivo de garantizar la gestión ordenada de los flujos migratorios, especial-mente vinculados al mercado de trabajo.
En estos últimos años, hemos afrontado el reto de la gestión de flujos. Ahora, el reto está en garantizar la convivencia de nuestra sociedad plural, para asegurarnos que las diferencias no se conviertan en desigualdades. Para ello, contamos con el trabajo hecho entre todos hasta el día de hoy. Debemos ser capaces de continuar trabajando para solucionar los problemas reales de la ciudadanía, generando derechos, estableciendo deberes y ofreciendo oportunidades, y sobre todo, aprovechando la madurez que la sociedad española ha demostrado al convertirse en una sociedad de inmigración para repetir el éxito ante un nuevo ciclo migratorio.
[1] Los 2.269.152 residentes extranjeros restantes son ciudadanos comunitarios, y su permanencia en nuestro país no está vinculada al mercado de trabajo sino a la libre circulación en el marco europeo.
