Presentación

Autor:Consuelo Rumí Ibáñez
Cargo:Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración.
Páginas:7-9
 
CONTENIDO

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El año 2009 -coincidiendo practicamente con la aparición del nuevo número de Migraciones Internacionales- ha finalizado confirmándose el cambio de tendencia de los movimientos migratorios en relación a España. Los datos que nos permiten este diagnostico son ya importantes: en todos los ámbitos en los que podemos medir la llegada de ciudadanos extranjeros a España -desde las variaciones en el número de residentes y las contrataciones en origen hasta las matriculaciones no universitarias- se produce una acusada ralentización de los accesos lo que nos anticipa que el impacto migratorio de la última década y media, a partir de la irrupción de la crisis económica global ha dado paso a una etapa de transición que puede conducir a un nuevo escenario migratorio en el segundo decenio del siglo XXI. Un nuevo ciclo caracterizado por un importante descenso en el volumen de llegadas y por una composición considerablemente más equilibrada en cuanto a los perfiles de los inmigrantes que ingresarán en el país.

En realidad, se trata de una evolución hasta previsible teniendo en cuenta que la llegada de inmigrantes a España, se ha correspondido casi simétricamente con la evolución económica y laboral de un país que en 15 años ha vivido un ensanchamiento histórico en las dimensiones de su mercado laboral, pasando de 12 millones a prácticamente 20 millones de ocupados en su punto más álgido; ampliación del empleo que ha incluido la incorporación de casi tres millones de trabajadores extranjeros que, en su inmensa mayoría, han venido a desempeñar puestos de trabajo no ocupados por empleados españoles.

El crecimiento económico ha requerido de la aportación de los trabajadores inmigrantes, fundamentalmente en sectores que necesitaron de un volumen muy elevado de mano de obra. Sin esa contribución - que además ha resuelto desajustes históricos de nuestro mercado laboral - la sociedad española hubiese tenido que renunciar al crecimiento, al menos en las tasas tan elevadas que se registraron año tras año y consiguientemente a sus consecuencias más beneficiosas.

Quedan desmentidos con rotundidad quienes responsabilizaron a las políticas públicas y a los derechos que estas generan, de la llegada de extranjeros. Hoy ya es incontestable la absoluta relación entre el volumen de los accesos y la existencia de una oferta extensa de puestos de trabajo que deben ser cubiertos por trabajadores extranjeros ante la falta de nacionales o residentes. Y el momento más intenso de este proceso, de este choque inmigratorio en España, se produce en el año 2002, a partir del cual más del 50% de los nuevos empleos son ocupados por extranjeros.

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La crisis y sus consecuencias sobre el empleo, especialmente acusados entre el colectivo inmigrante, han puesto una marca que para el Gobierno traza el camino hacia un nuevo modelo productivo; y también determinarán un cambio progresivo de los perfiles de los nuevos inmigrantes hacia España: desde una mano de obra identificada por su carácter intensivo y no necesariamente cualificado, hacia un tipo de inmigración que, sin abandonar completamente la demanda de trabajadores en sectores como la hostelería o los servicios de proximidad, crecerá en su nivel de especialización y cualificación.

En este nuevo escenario que se muestra de manera todavía incipiente, el año 2009 ha conocido también el proceso de debate y aprobación de la reforma de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Un proyecto que ha nacido a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional anulando determinados preceptos de la reforma del 2000 y de la trasposición de hasta nueve Directivas de la Unión Europea, pero que el Gobierno ha querido ampliar en un empeño modernizador de la legislación migratoria para que esta respondiese a los cambios que ha conocido este fenómeno en la última década.

Es importante subrayar que tanto la vocación moderada de la ley como el proceso de dialogo abierto a lo largo de su tramitación, han dejado sin expectativas las previsiones de fractura en este terreno, representando la excepción a una trayectoria de más de una década en la que cualquier reforma de extranjería ha ido acompañada de una polarización política y social muy intensa

Esta quiebra ahora no se ha producido, desterrando las simplificaciones entre duros y blandos, estereotipos que carecen de cualquier realismo pero que tanta efectividad dispusieron en otros momentos. Ese es ya un escenario del pasado porque esta ley es la expresión de un nuevo tiempo y plasma un equilibrio necesario para una gestión ordenada y garantista de las migraciones.

Es cierto que constituye una reforma que incorpora instrumentos más eficaces en la lucha contra la inmigración clandestina, que persigue el fraude de ley o que modula, en el marco del derecho europeo, la reagrupación familiar de los ascendientes.

Y también es cierto que es la ley que reconoce los derechos fundamentales de asociación, reunión, manifestación, huelga, asistencia jurídica gratuita y educación para los extranjeros y que da protección, amplía y refuerza las garantías de los más vulnerables, como los menores no acompañados, las víctimas de malos tratos, las victimas de la trata de personas y las víctimas de la explotación laboral.

Es la reforma que mejora la reagrupación familiar, ampliándose a las parejas de hecho y facilitando el derecho al trabajo de los familiares reagrupados desde el mismo día de su llegada a España, que permitirá el acceso de las organizaciones no gubernamentales a los centros de internamiento y que incluye, por vez primera, la integración como un objetivo esencial de las políticas públicas.

Una reforma importante y equilibrada que nos aporta condiciones para una mejor gobernanza de las migraciones y que, no albergo duda, conecta con las aspiraciones de una mayoría de ciudadanos que quieren orden y legalidad, lucha contra la irregularidad, igualdad en los derechos y obligaciones, integración y respeto a las normas básicas de la convivencia.

Cuando atisbamos ya el fin de esta primera década de siglo, España está abriéndose a un nuevo ciclo migratorio, acaba de superar sin traumas una importante y necesaria reforma y cuenta ya con la arquitectura de una política pública para gobernar la inmigración de acuerdo a nues-Page 9tras capacidades como país. Además, en una etapa de particular intensidad en los flujos de llegadas al país, aunque hayan existido algunas tensiones y síntomas de desconfianza, el diagnostico es globalmente muy favorable y mira a una sociedad que ha sabido afirmar la convivencia entre personas provenientes de más de un centenar de países.

En el panorama, por tanto, hay muchas más luces que sombras y, a la vez, existen importantes objetivos que deben comprometer una gran responsabilidad colectiva para los próximos años. En el año 2008, el 24% de los nacidos en España han tenido un padre, una madre, o ambos, que son extranjeros. Nos hallamos ante los hijos de quienes protagonizaron el viaje migratorio y cuya incorporación plena a los mecanismos de movilidad e integración social resultará crucial para evitar el fracaso colectivo en el que se han visto inmersas muchas sociedades de nuestro entorno.

De como sepamos abordar esta cuestión, dependerá que se consume su sentido de pertenencia a esta sociedad, reforzando la cohesión social, o que, por el contrario, se abra el portón de su exclusión y la consiguiente fractura social que provocaría. Un importante desafío social con respecto al cual son perfectamente inútiles tanto las apelaciones de tinte ejemplarizante como las proclamas paternalistas hacia los propios inmigrantes.

Es, sin duda, una tarea que requiere de un tratamiento de la inmigración normalizado, con mesura e inteligencia, y de una legítima ambición que debe atravesar todas las políticas, todas las conciencias.