Posición de la magistratura

Autor:Jesús Fernández Entralgo
Cargo:Magistrado de la Audiencia Provincial de Huelva.
Páginas:341-440
RESUMEN

1. Viajando por el túnel del tiempo.- 2. Naúfragos en un mar de dudas.- 2.1. ¿Un sistema resarcitorio vinculante para el juzgador o meramente indicativo?.- 2.1.1. Vinculación judicial al Sistema sólo en materia de daños causados sin que medie imprudencia (punible o meramente civil). 2.1.2. Vinculación judicial al Sistema sólo en materia de daños cubiertos por el Seguro de suscripción obligatoria.- 2.1.3. La Sentencia 280/1997, de 26 de marzo, de la Sala Primera del Tribunal Supremo.- 2.1.4. Afirmación de la vigencia... (ver resumen completo)

 
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1. Viajando por el túnel del tiempo

El número 268 del «Boletín Oficial del Estado» del año 1995, correspondiente al 9 de noviembre, publicó la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los Seguros Privados.

Su Disposición Adicional Octava , dedicada, según adelanta su epígrafe, a «Modificaciones en la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor», cambió la denominación de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, texto refundido aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, que pasó a ser la de «Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor», e introdujo las siguientes reformas:

[1] Nueva redacción de su Título I

[2] Inclusión de una Disposición Adicional sobre «Mora del asegurador» y

[3] Incorporación, como Anexo, de un «Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación».

Junto a las voces y plumas que saludaron con fervoroso entusiasmo la novedad legislativa, se multiplicaron otras que la criticaron con igual visceralidad.

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Alarcón Fidalgo1 presenta, con divertida desfachatez, la redacción del sistema de 1995 como la obra de «... un grupo de amigos que pretendía recoger y pegar "los pedacitos" en que se había convertido la seguridad jurídica ...»; y recuerda que los críticos radicales del nuevo sistema no deberían olvidar que, en definitiva, los verdaderos autores del baremo vinculante introducido en 1995 fueron los abogados y los jueces.

Los jueces, escribía, lo fueron «... porque habían contribuído a la reacción de la crispada situación en la que se encontra ba el sector de seguros por la excesiva pluralidad de criterios o en palabras del magistrado Vela Torres "por una indeseable discrecionalidad judicial como consecuencia de la cual la certeza del Derecho puede padecer serios quebran tos" ...».

Se había convertido en un lugar común la denuncia de la disparidad de criterios con que venían operando los diversos órganos jurisdiccionales. Ribelles Arellano2 realizó un trabajo comparativo breve pero sobradamente ilustrativo.

La queja era constante en la bibliografía especializada. En el informe, cuya cita se ha convertido en lugar común en la bibliografía especializada, elaborado por David McIntosh y Marjorie Holmes3, se recoge la plástica y contundente conclusión de los correspon sales españoles, luego repetida hasta la saciedad: en nuestro país, las cuantías resarcitorias se han convertido pura y simplemente en ... una lotería; y Ruiz Vadillo4 lamentaba elegantemente: «... los perma nentes aumentos de las indemniza ciones concedidas por los Tribunales y especialmente las importantes diferencias en casos y situa ciones similares producen una inseguridad total. Cada Juez actúa con honestidad absoluta y con el mejor deseo de acertar, pero el resultado no puede ser más deplorable. ...»

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La disparidad de criterios aplicativos provenía, en parte -como pusieron de relieve Ruiz Vadillo5 y Ribelles Arellano6- de la ausencia de criterios legales orientativos concretos. Esto no obstante, también es cierto que, en las resoluciones judiciales, se propendió a la concesión de tantos alzados, sin suficiente discriminación de partidas resarcitorias (a veces, este defecto arrancaba del plan-teamiento mismo de la demanda), y sin motivar adecuada mente la decisión correspondiente (Zoido7 y De Vicente8), aunque Ribelles Arellano pone en duda la eficacia real que la motivación pueda tener cuando falta referente legal que poder aplicar.

Junto a los jueces -añadía Alarcón- contribuyeron, también, ciertamente, los abogados, a la imposi ción del baremo vinculante, por su «... afán de pedir por pedir, sin base suficiente y fuera de lo que es el principio, al menos como meta ideal, de la restitutio in integrum ...».

Por todo ello se multiplicaron las voces que demandaban la introducción de un mínimo de racionalización y de certeza en esta materia, a través de baremos indemnizatorios.

Y así, tras la experiencia de un sistema resarcitorio meramente indicativo y orientador, construído por la Orden de 5 de marzo de 1991, del Ministerio de Economía y Hacienda, pareció llegado el momento de pasar a su transformación en norma vinculante, de aplicación obligatoria por los órganos jurisdiccionales.

Así lo hizo la Disposición Adicional Octava de la citada Ley 30/1995, que dio nueva redacción a la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, texto refundido aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, cambiando incluso su denominación, que pasó a ser la de «Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor».

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2. Náufragos en un mar de dudas

En el curso del debate parlamentario de la Ley Especial, se puso de relieve que se estaba produciendo una homogeneización de las cuantificaciones judiciales de la compensación por daño corporal, tomando como base las propuestas de la Fiscalía General del Estado, aunque indudablemente ello no llegaba a la unificación conseguida por los acuerdos de los Tribunales italianos.

El nuevo sistema resolvía este problema pero, como consecuencia de su defectuosa técnica, no sólo no puso fin a la repetidamente denunciada situación de inseguridad jurídica, argumento favorito de los precursores de aquél, sino que la empeoró. El caos es tal que dentro de un mismo tribunal, las interpretaciones varían en función del Magistrado ponente, cuando, al resolver recursos de apelación interpuestos contra sentencias en primera instancia en juicio de faltas, el órgano se constituye como unipersonal.

La reacción de la Magistratura9 fue dispar. Una minoría, consciente de la imperiosa necesidad de establecer criterios uniformes de tratamiento de los casos de responsabilidad civil extracontractual en general y de los de circulación de vehículos de motor en particular, acogieron favorablemente -y, en casos ciertamente contados, hasta con entusiasmo- la novedad. La mayoría, sin embargo, se mostró hostil.

Las causas de esta hostilidad eran muy distintas.

[a] Se consideraba que el sistema vulneraba la independencia de los órganos jurisdiccionales en la determinación de las personas con derecho a compensación y resarcimiento y en la cuantificación de las partidas compensatorias y resarcitorias, olvidando que esta libertad de configuración del caso era consecuencia de su falta de regulación legal, lo que no impedía en modo alguno que la Ley fijara las normas que en adelante habían de regular estos conflictos.

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[b] Estaba muy extendida la sensación de que el sistema indemnizatorio había sido impuesto, mirando por sus propios intereses, por el grupo de presión formado por las empresas aseguradoras, que controlaban de hecho la actividad de la Dirección General de Seguros, convertido en lo que Pantaleón Prieto10 denominó muy expresivamente «el legislador en la sombra».

[c] Se criticaba además su confusión entre problemas que debían ser tratados separadamente y desde perspectivas propias e independientes:

[c.1] la responsabilidad civil, ámbito dentro del que habría que tratar las partidas resarcibles del daño corporal y las pautas de cuantificación e su compensación y de los daños y perjuicios patrimoniales derivados de aquél;

[c.2] el aseguramiento voluntario de esa responsabilidad11; y

[c.3] el mecanismo de aseguramiento colectivo frente a las consecuencias lesivas y perjudiciales de una actividad (la circulación de vehículos a motor) cuya peligrosidad se reconoce al igual que su utilidad social, de forma que su autorización comporta la previsión de un instrumento de cobertura de las posibles víctimas directas e indirectas frente a aquéllos resultados12.

Todavía hoy los problemas propios del primer apartado se enfocan desde alguna de las otras dos perspectivas. Es comprensible que las empresas aseguradoras patrocinen esta confusión tan provechosa para sus propios intereses; menos explicable es que de ella participen tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo.

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