Políticas de mercado y daño social: ¿la pérdida de una generación?
| Autor | Iván Vidal Tamayo |
| Páginas | 130-141 |
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La crisis en que hoy se hunde España ha acarreado dolor, pobreza e incertidumbre a toda una nación y ha puesto en duda el presente y el futuro de, especialmente, las generaciones más jóvenes que miran con recelo el porvenir bajo una sombra de perplejidad... mirada, lamentablemente, no privativa sólo de los jóvenes españoles, pues Europa, quiéralo o no, cede día a día ante las presiones de un monstruo que jamás antes enfrentaron: la ideología de mercado definitivamente desatada o, en palabras de Ferrajoli, los «poderes salvajes» (2011).
Pero, ¿cómo pudo ocurrirle esto a uno de los países que había logrado pasar en apenas 30 años del pauperismo al desarrollo económico? ¿Cómo, si a principios del presente siglo España sorprendía al mundo con su sostenido crecimiento y modernización, de pronto, en menos de un lustro se desploma?
El presente artículo no pretende ser un acabado estudio ni económico ni histórico del camino que llevó del auge a la crisis ni intenta buscar a culpables individuales, sino que, en clave de una ampliación de la mirada de las criminologías (Ceretti [1992] 2008, p. 103), pretende acercarse al tema desde de la sociología jurídico-penal y, particularmente, desde el punto de vista del estudio de los daños sociales asociados e intentará, muy someramente, hacerse cargo de la dañosidad y la real criminalidad de una serie de factores vinculados a las políticas de mercado decididas e implementadas ideológicamente dentro del marco de una política global de shock (Klein, 2012), y las consecuencias visibles de tales; especialmente, se considerará comparativamente
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—sin necesariamente establecerse una relación causal—, el comportamiento de las estadísticas mercantiles con las del desempleo juvenil, deserción y fracaso escolar, el aumento de la tasa de suicidios y de encarcelamiento de jóvenes, así como la migración de éstos hacia distintos destinos en el extranjero durante el periodo observado, pues:
Enfrascados en la limitada mirada criminológica [tradicionalintrasistémica], nunca llegaremos a poder evaluar el daño real que producen los actos humanos. No solamente el delito definido legalmente es limitado y simplificador de las relaciones sociales, sino que además, la persecución y el procesamiento sólo de algunos de esos delitos impide ver hasta qué punto otras acciones generan un daño mayor [Bernal/Cabezas/Forero/Rivera/Vidal, 2012, p. XLI].
En esta línea sostendremos que no sólo las grandes matanzas militares y los crímenes de Estado por todos conocidos han sido y son las manifestaciones modernas de las peores atrocidades de la humanidad, sino que, las más de las veces, una vez pacificado los territorios, «civilizados o incivilizados» (Morrison [2006] 2012), serán las políticas de control de las economías (Bernal/Cabezas/Forero/Rivera/Vidal, 2012, p. XLVI) las que vendrán a jugar el rol «legal y legítimo» de generación de inclusión o, a la inversa, de exclusión, pobreza, dolor, hambre, sometimiento y vulneración de garantías fundamentales, especialmente en un mundo que, mirando extasiado la globalización no es autoconsciente desde sus propias culturas y localidades que ello implica como contracara la pérdida de las soberanías (Bergalli, 1996) y que éstas, caen cada día más profundamente en manos de consorcios privados con nombres como la OMC, el Banco Mundial, el FMI, la OCDE (dominada por los antes nombrados) y otros tantos, en que los sistemas democráticos o las ciudadanías organizadas no suelen tener pase de ingreso (Ferrajoli, 1996).
A partir de 1939, tras la guerra civil, España se vio sumida en el hambre y la escasez, situación que no cambiaría mayormente por décadas, fruto, especialmente, de las políticas autárquicas
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en materia de industria, moneda y comercio impulsadas por la dictadura (Tamamés y Rueda, 2005), situación que se mantuvo instalada ideológicamente hasta 1959, cuando se comienza a implementar el «Plan Nacional de Estabilización Económica» amén del estrangulamiento de la economía española y las fuertes presiones internacionales por la vía del cobro una deuda externa, por entonces, impagable (Vaccaro, 2012).
Dentro de las medidas que implementó la dictadura fran-quista, estuvo el permitir el ingreso de inversión extranjera para reactivar la economía nacional, lo que, por entonces —entre otras transformaciones—, significaba cambiar la ideología nacionalista por una tecnocracia emergente (Vaccaro, 2012). Entre 1964 y 1973 se logró un progreso macroeconómico hasta ese entonces no conocido, aunque la microeconomía apenas si atestiguó más alguna estabilidad que un real crecimiento; pero, con la crisis mundial de 1973, las mejores expectativas —ni siquiera de desarrollo sino de, a lo menos, mantener el feble statu quo— se vieron truncadas.
Terminada la dictadura y hasta 1984, pese a los «Pactos de Moncloa»,1la situación económica de España no tendrá otro apelativo más gráfico: «un desastre»; y ello significa que la mayor parte de la población española estaría sumida por esos años, merced a las malas decisiones de políticos interesados, no sólo en la pobreza, sino en una perspectiva de futuro que poco y nada prometerá para superar esa situación (Raymond, 1983).
Hasta ese momento, pese a su inserción natural en Europa, no sólo geográfica y obvia, sino política y económica, España sólo podía ser comparada —conforme a los parámetros occidentales de modernidad— con los países del tercer mundo; especialmente, con América Latina, situación que estaba por cambiar.2
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En efecto, tras un crudo periodo que se arrastrará hasta el año 1995, el Estado español comenzará a ser visto, tanto desde América Latina como hacia el interior de la propia Europa, como un milagro de transformación que lo sacó del aislamiento y, en menos de tres décadas de transformaciones, lo puso a la van-guardia del desarrollo no sólo económico, sino también social, llegando incluso a superar en sus indicadores a muchos de sus pares continentales con mucha más larga historia de bienestar (Alonso y Furió, 2010).
Para 1995, importantes factores internos, como el crecimiento demográfico que presionó la oferta del mercado del trabajo y la liberalización de la economía, así como externos, ligados a la globalización y, especialmente las privatizaciones latinoamericanas «...posibilitaron la entrada y consolidación de un número muy significativo de empresas españolas que, gracias a su implantación en la región, han adquirido un carácter de empresas multi-nacionales» (Alonso y Furió, 2010).
La década siguiente, especialmente el periodo que va entre 1999 y 2007 será el periodo de mayor crecimiento económico de la historia española, únicamente superado en Europa por Irlanda.3
El 14 de abril del año 1998, durante el gobierno de José María Aznar, fue publicada en España la Ley 6/19984sobre régimen del suelo y valoraciones que, entre otras cosas, se proponía generar un fuerte impulso privatizador mediante el masivo cambio del destino de los suelos rurales a urbanos o urbanizables, con la finalidad de promover la inversión inmobiliaria. Además, se afirmaba que al existir mayor oferta de casas y pisos los precios de éstos bajarían y...
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