Políticas sociolaborales

AutorFrancisco Ramos Martín
Cargo del AutorTutor de los estudios de Ciencias del Trabajo en la Univesitat Oberta de Catalunya

El empleo es aún el fundamento de legitimidad de la ciudadanía social y el sustrato material del estado del bienestar. Cuando el pleno empleo se torna inalcanzable, se plantean graves problemas a la hora de estructurar derechos sociales que en un primer momento estaban vinculados al empleo.

El desempleo y la creación de empleo se han convertido en uno de los principales problemas de las sociedades occidentales. La incapacidad de las políticas utilizadas hasta la fecha para dar respuesta a un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo ha provocado una gran reflexión sobre el tema. En las últimas comunicaciones de las instancias oficiales internacionales (OIT, OCDE, UE) sobre la cuestión, se pone el acento en una mejor definición de las políticas sociolaborales, especialmente de las políticas de empleo, que permitan un mejor funcionamiento de los mecanismos del mercado de trabajo, que conlleve una reducción de las tasas de desempleo.

Este interés en la concreción de las políticas sociolaborales viene apremiado por la necesidad de situar en sus justos términos los instrumentos de los que dispone el poder público a la hora de diseñar sus políticas, en este caso relacionadas con el empleo.

Ya hemos visto, en anteriores capítulos, que las políticas orientadas al empleo incluyen desde, por ejemplo, políticas económicas de demanda expansiva con un fuerte componente de gasto público, hasta políticas laborales de regulación del mercado de trabajo o de las condiciones de trabajo, relaciones laborales o negociación colectiva, o políticas sociales que garanticen rentas, educación o salud, y políticas sociolaborales.1

Figura 12.1. Relaciones entre las diversas políticas

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En este y los siguientes capítulos se examinarán las políticas sociolaborales, que, como vimos, eran aquella parte de las políticas sociales que de forma directa o indirecta persiguen incidir en el grupo de personas que desarrollan actividades productivas, y en los sujetos que facilitan dicho desarrollo, a la vez que influyen en el desarrollo de dicha actividad. Como vimos, su concreción estaba en la siguiente clasificación, la cual seguiremos en la exposición, con dos salvedades. Trataremos conjuntamente las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión y los servicios sociales, y trataremos la política de formación profesional como una (la principal, de hecho) de las políticas de empleo:

- Políticas de garantía de rentas: pensiones (Seguridad Social).

- Políticas de servicios sociales.

- Políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

- Políticas de educación, especialmente las de formación profesional.

- Políticas de empleo.

1. Políticas de garantía de rentas

La remuneración del trabajo es, en nuestras sociedades, la principal vía de obtención de las rentas familiares disponibles. Pero ni es la única, ni históricamente lo ha sido. Guy Standing,2 economista jefe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) avanza la siguiente tipología de fuentes de ingresos en las sociedades actuales:

- Salario monetario.

- Ingresos o apoyo facilitado por la familia o la comunidad: donaciones familiares, regalos, caridad, trabajo voluntario o comunitario (por ejemplo, los bancos de tiempo).

- Ingresos facilitados por la empresa en que se trabaja: prestaciones sociales (economatos, descuentos en determinados servicios), retribuciones en especie (vehículo, equipos informáticos, etc.), seguros o planes de pensiones, participación en beneficios, etc.

- Ingresos o apoyos facilitados por el Estado: servicios universales (sanidad, educación), prestaciones contributivas (pensiones, prestación por desempleo) o no contributivas (subsidios asistenciales, servicios sociales, rentas mínimas, etc.).

- Rentas privadas: inversiones, acciones, seguros y planes de pensiones privados, etc.

Standing analiza las diversas repercusiones que estos tipos de rentas han producido sobre los diferentes modelos sociales, en función de las formas institucionales predominantes respecto a los mecanismos de redistribución (comunidad, Estado o mercado), así como su diferente peso en las sociedades actuales, incluidos los diferentes modelos de bienestar existentes. Así, por ejemplo, los mecanismos de asignación de rentas basados en la familia o la comunidad tienen un mayor peso específico en África o el sudeste asiático, mientras que los basados en las rentas privadas cuentan con su mayor referente en Norteamérica y, en menor medida, en Europa occidental, que siendo el lugar donde los beneficios estatales tienen un mayor peso, consigue un buen equilibrio de los diferentes mecanismos de obtención de rentas. La siguiente tabla (tabla 12.1) explica en detalle los diferentes pesos de los tipos de rentas identificados por Standing.

Tabla 12.1. Peso de los diferentes tipos de ingresos en la renta total en diferentes subcontinentes

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De todas formas, y por lo que respecta a la política social de garantía de rentas, lo cierto es que, desde el origen de los tiempos, se puede reconocer estrategias orientadas a la protección frente a las necesidades sociales, para el caso de que falten, por alguna causa, los ingresos derivados del trabajo remunerado. En algunos casos individuales, en otros colectivas, se puede hacer una primera clasificación de estas estrategias en dos técnicas diferenciadas:

- Técnicas de ayuda: la caridad, la beneficencia (privada o pública) o asistencia pública.

- Técnicas de previsión o provisión: ahorro individual, seguro privado, mutualidad o seguro social.

Sin embargo, y pese a posiciones conservadoras en contra, la forma predominante de protección y garantía de rentas, al menos en el siglo XX, ha sido el seguro social público. Respecto a la financiación pública de las prestaciones sociales, ésta puede realizarse a través de dos modelos: el contributivo y el asistencial. El modelo contributivo establece una relación entre cotizaciones sociales y prestación posterior. El pago de una cantidad establece un derecho a la prestación cuya cuantía está relacionada con el periodo de cotización y de la cuantía de la cuota. Dentro del modelo contributivo se pueden identificar dos opciones: el sistema de reparto y el de capitalización.

- Sistema de reparto, las contribuciones de la población activa financian los cobros de la población con derecho a la prestación.

- Sistema de capitalización, el beneficiario recibe la cuantía acumulada durante el periodo de vida laboral, siendo la cantidad final la suma de las aportaciones realizadas y los intereses obtenidos.

Mientras en el modelo asistencial el conjunto de la población tiene derecho a percibir o acceder a la prestación por el mero hecho de poseer la ciudadanía, en este caso, la fuente de financiación es el sistema tributario.

A título ilustrativo, la figura 12.2 recoge los principales mecanismos de transferencias de rentas en España. Evidentemente, el hecho de que convivan prestaciones de carácter contributivo y de carácter asistencial no es óbice para que las prestaciones basadas en la contribución previa del beneficiario tengan un importe cuantitativo mayor que las de carácter asistencial. Así lo pone de relieve la tabla 12.2, donde quedan recogidos los datos de beneficiarios, así como el gasto medio por beneficiario de este tipo de transferencias en la Administración central española.

Figura 12.2. Tipología de transferencias de rentas en España

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Tabla 12.2. Gasto medio total por beneficiario y gasto medio en prestaciones por beneficiario, niveles contributivo, asistencial y subsidio REASS, 1994-2000 (Pesetas corrientes)

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Conviene destacar un par de cuestiones. La primera de ellas, la disminución en el número de beneficiarios tanto de prestaciones contributivas como asistenciales, por un doble motivo. En primer lugar, por una descentralización de las políticas de protección social, que ha trasladado algunas prestaciones asistenciales a los presupuestos de las comunidades autónomas. Por otro lado, por la disminución de la protección por desempleo, causada tanto por la reducción de los potenciales beneficiarios (por la reducción del desempleo producida en los últimos años del siglo XX) como por la reducción en la cobertura (por endurecimiento de los requisitos para su percepción).

La segunda cuestión que hay que retener es el hecho de que, aunque la cuantía de la prestación contributiva y...

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