Una política de mantenimiento de ingresos

AutorJosé Luis Rey Pérez
Páginas303-306

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Uno de los problemas más importantes que tiene nuestro sistema de bienestar es que, derivado de las elevadas tasas de desempleo, nos encontramos con un número muy importante de hogares que no perciben ningún ingreso o no tienen a ninguno de sus miembros trabajando. En los años de la crisis hemos visto como la pobreza se ha incrementado afectando particularmente a los niños y a los hogares monoparentales. Es indiscutible que comer, vestirse, lavarse, son necesidades fundamentales que compartimos todos los seres humanos. Y que, en las sociedades contemporáneas, eso no puede hacerse si no se dispone de recursos financieros para pagarlo. Por tanto, existe el derecho a tener cubiertas estas necesidades y, dada la inviabilidad, en sociedades complejas como las actuales, de cubrirlas en especie, el derecho a disponer de una renta o de un ingreso que permita cubrir las necesidades más fundamentales. En España contamos con diversos sistemas de garantía de ingresos, algunos dependientes de la Seguridad Social, otros de las Comunidades Autónomas, que provocan que ese sistema sea dispar, fragmentado, confuso y, en definitiva, bastante ineficiente. Los distintos programas de garantías de ingresos se han ido creando sin que hubiera en

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la mente del legislador y de las autoridades, un plan y un diseño meditado y bien trazado. Eso hace que los programas se superpongan, se confundan y si, descendemos a las rentas mínimas de inserción (RMI) de las Comunidades Autónomas, sean poco igualitarios porque, como se ha explicado en el capítulo III del presente volumen, el nivel de cobertura y la generosidad de la cuantía varían mucho de una Comunidad a otra.

Una de las reformas que no se puede posponer más tiempo en nuestro modelo de bienestar es el del sistema de garantía de ingresos que debe hacerse con dos objetivos: en primer lugar, un objetivo de extensión para que alcance a todos aquellos ciudadanos que efectivamente necesitan un dinero para la supervivencia, y otro de implementación para lograr la simplificación del sistema y que no se produzcan situaciones discriminatorias entre beneficiarios que se encuentran en una situación semejante. Para ello, quizá lo mejor sería que el Estado asumiera toda la competencia en materia de política de mantenimiento de ingresos y creara un sistema sencillo y no parcelado: toda aquella persona que no percibiera ningún ingreso derivado de la renta salarial o de las prestaciones por desempleo tendría...

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