La Política Europea: ¿un nuevo issue nacional?
| Autor | Irene Sánchez Vítores |
| Cargo | Estudiante del Master en Democracia y Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid |
| Páginas | 201-219 |
Page 202
La Unión Europea ha sido, desde su creación, un asunto rodeado de dudas y preguntas que cuestionaban su futuro. ¿Sobreviviría una alianza de esta naturaleza en la conflictiva Europa? ¿Sería capaz de soportar una crisis económica? ¿Debían apostar por la extensión territorial o la profundización en el proyecto político? ¿Sería capaz de incluir países que no compartieran su tradición socioeconómica? Muchas de estas preguntas siguen en el aire. A pesar del largo trayecto recorrido y de la dureza con la que la crisis ha golpeado a la región, la Unión Europea de los 28 sigue resultando un proyecto atractivo. Las solicitudes de entrada pendientes como la de Turquía así lo manifiestan y auguran nuevos retos para el futuro. Estas dudas abordan muchos aspectos diferentes del funcionamiento de la Unión Europea pero comparten un elemento: no cuestionaban el proyecto comunitario tal y como se viene desarrollando hasta la fecha. La actual crisis económica parece introducir elementos novedosos cuyas consecuencias están por explorar. En primer lugar, trajo problemas económicos cuya solución no era exclusivamente técnica, sino que tenía un marcado carácter político. No solo eso, introducía un elemento internacional en la gobernanza económica para el que no existían precedentes exitosos que aplicar. ¿Qué hacer cuando un Estado como Grecia se encuentra al borde de la bancarrota? ¿Es aceptable cambiar soberanía nacional por liquidez? ¿Cuáles son las consecuencias políticas de estas decisiones?
Todas las preguntas que he planteado hasta este momento no son las que este trabajo trata de analizar sino más bien el contexto en el que surge la pregunta de investigación que guía este artículo. Algunos trabajos1han abordado ya el impacto de la crisis sobre las actitudes de los ciudadanos y, sin embargo, en este contexto de incertidumbre, aún quedan preguntas por responder. La actividad de la Unión Europea ya no se limita a reglamentos que afectan a cuestiones agrarias y de seguridad alimentaria, y ha pasado a abordar medidas de mucha mayor visibilidad. Las exigencias de austeridad a los gobiernos han traído recortes en los servicios sociales, reducciones generalizadas de sueldos y mucha contestación social. En este contexto novedoso, en el que la Unión Europea aumenta su presencia en el día a día de los ciudadanos, parece razonable pensar que los ciudadanos pueden incluir a la Unión Europea en su evaluación de los resultados de la actividad política y, por ende, tomar su actuación en consideración en el momento de decidir su voto.
“Europa no merece la pena si cuestiona el decreto de vivienda”2
Page 203
Con estas palabras, José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía hacía unas declaraciones muy controvertidas, sobre todo teniendo en cuenta cuánto se ha beneficiado la comunidad autónoma en la que gobernaba de los fondos comunitarios. Indudablemente, estas declaraciones se produjeron como contestación a otras de la Comisión Europea en las que se criticaba duramente un paquete de medidas del mencionado gobierno. Sin embargo, hace unos años hubiera sido impensable una contundencia similar3. Acaso estas declaraciones no respondan a un comportamiento asentado, pero sí son un síntoma de que en los últimos años algo ha cambiado en las actitudes hacia la Unión Europea.
En los temas íntimamente relacionados con la Unión Europea es difícil separar la relevancia social de la académica. Hasta fechas recientes, era raro cualquier debate de calado en la esfera pública sobre el rumbo de la Unión Europea. El debate generalmente se articulaba en torno a estar en la Unión Europea o fuera de ella y no estaba presente en todos los países, ni con la misma intensidad. En los últimos tiempos esta tendencia parece estar rompiéndose con la aparición de ciudadanos críticos que, sin rechazar de plano el proyecto comunitario, discuten las decisiones y muestran su desacuerdo con las decisiones que se adoptan4.
Desde 2011, la presencia de la Unión Europea en la vida diaria de los ciudadanos ha crecido y adquirido relevancia. Temas como la Política Agraria Común (PAC) o los requisitos del etiquetado de alimentos son cercanas al debate público pero tienen una presencia menos continuada. Los ciudadanos para los que estos temas son realmente decisivos son grupos muy reducidos, por lo que la presencia en la agenda pública no se mantiene durante largos períodos de tiempo5. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado en los últimos tiempos con el incremento del protagonismo en el diseño de las políticas económicas.
Una Unión Europea políticamente activa y relevante puede resultar profundamente atractiva para los defensores de la integración europea6pero no está exenta de problemas. Una fractura de los consensos pondría en riesgo un entramado institucional muy complejo cuyo bloqueo, o incluso su desaparición, tendría graves consecuencias para los Estados
Page 204
miembros7. La Unión Europea nació en los años 50 del siglo pasado como una estrategia para facilitar los intercambios comerciales dentro de una Europa sumida en la reconstrucción de los daños causados por la guerra. Esta construcción, realizada fundamentalmente desde las elites políticas de los Estados Miembros8tiene desde sus inicios un problema de legitimidad democrática. A pesar de ser presentada como una garantía de la democracia en Europa, su funcionamiento no es exactamente democrático y en tiempos en los que la membresía deja de ser una fuente de beneficios y requiere sacrificios, esta falta de exigibilidad de responsabilidades adquiere una mayor relevancia9.
Para atacar la solución de la crisis, las instituciones comunitarias han apostado por soluciones articuladas en torno a la austeridad económica, la contención del gasto público y la intervención directa en la actividad de los gobiernos nacionales10. No obstante, el camino para adoptar estas decisiones ha sido lento y complejo. Los mecanismos decisorios de la Unión Europea prevén que sea la Comisión Europea la que tenga la iniciativa legislativa pero luego es el Consejo el que adopta las decisiones. De esta configuración institucional se extraen dos consecuencias íntimamente entrelazadas, la falta de rendición de cuentas ante los ciudadanos y las desigualdades que se plantean entre los Estados Miembros. En un momento en el que los Estados miembros se agrupan en deudores y acreedores, la soberanía de estos últimos se ha visto comprometida como consecuencia de los acuerdos de estabilidad financiera, visibilizando desigualdades ya existentes11.
A pesar de que las últimas reformas institucionales pretendían reforzar el papel del Parlamento Europeo para tratar de involucrar a los ciudadanos y resolver los problemas de legitimidad de la Unión Europea, lo cierto es que en los últimos tiempos esta institución se ha visto relegada a un papel marginal en las decisiones importantes12. La Comisión y el Consejo no tienen rendición de cuentas directa ante los ciudadanos y, la que pudiera realizarse a través de las elecciones al Parlamento Europeo no es tal. Cabría la posibilidad de que, dado que los ciudadanos eligen a sus representantes ante el Parlamento Europeo
Page 205
podría producirse una exigencia de responsabilidad por las decisiones adoptadas en el seno del mismo y de las instituciones cuyo control democrático se le atribuye. El inconveniente a esta afirmación es que, hasta ahora, esto no se ha producido, y las elecciones anteriormente celebradas se han resuelto en clave nacional13. Puede ser que futuras elecciones sí que se celebren en clave europea pero, por el momento, esto no son más que meras suposiciones. No es mi pretensión aquí abordar en profundidad la refiexión sobre cómo las instituciones representativas se enfrentan a los retos de los sistemas de gobernanza multinivel14pero es dentro de ese problema normativo que este proyecto se inserta.
Por otra parte, la crisis económica ha planteado problemas a los que los gobiernos no pueden enfrentarse individualmente, no solo por su alcance sino porque tampoco controlan algunos de los instrumentos clásicos de ajuste económico como la política monetaria15.
Lo cual no significa que las instituciones en cuyas manos está la soberanía monetaria de la eurozona estuvieran preparadas para un reto como el que está resultando ser la crisis económica16. Esta situación ha producido un cambio institucional que, aunque no se ha consagrado en los tratados, fractura el equilibrio existente, que giraba en torno a un cierto grado de protección de la soberanía nacional en esta materia17. En otras palabras, aunque la política monetaria había sido cedida a las instituciones del Euro, la configuración de los procedimientos decisorios y la falta de una política fiscal común impiden que haya una europeización efectiva de la competencia. Son los Estados los que deciden en el seno de la Unión Europea, primando los intereses de su Estado siempre que no sean coincidentes con el del conjunto de los Estados miembros18. Como consecuencia de la crisis económica y retomando la idea de la ruptura del equilibrio institucional, las negociaciones no se producen entre Estados Miembros en igualdad de condiciones. Según el papel que cada Estado adopte dentro de la crisis, así será su capacidad para defender su soberanía en materia económica. De este modo, los Estados deudores perciben una pérdida de soberanía de mayor intensidad frente a sus acreedores.
Estas diferencias entre países hacen necesario romper con el esquema formal clásico anticipando, aunque sea de forma incompleta y breve la selección de casos. El contexto institucional...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba