Politica criminal frente a la delincuencia urbanística
| Autor | José Antonio Martínez Rodríguez |
| Cargo del Autor | Abogado y Doctor en Derecho |
| Páginas | 29-36 |
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Nuestro país se ha convertido en las últimas décadas en una potencia turística mundial con un sobresaliente desarrollo económico, que debido a la alta demanda de suelo residencial, ha convertido a la industria del ladrillo y el cemento en pilar fundamental de la actividad económica española, originan-
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do con ello que los gobernantes de los municipios consientan y promuevan un desmesurado desarrollo urbanístico en nuestras ciudades, pero con más virulencia si cabe en las zonas del litoral español. Este enorme crecimiento, además de conseguir pingües beneficios para los empresarios que se han dedicado al sector económico de la construcción en detrimento de los intereses generales, también ha originado la consolidación de prácticas corruptas tanto públicas como privadas. Esta es la observación que ha apuntado parte de la doctrina más especializada en temas de corrupción urbanística, al señalar que entre los factores favorecedores de esta conducta criminal, cabe mencionar los elevados beneficios susceptibles de obtener con la actividad urbanística, la dependencia de esa actividad de un buen número de decisiones discrecionales administrativas, y la frecuente confluencia de intereses privados provenientes del ámbito económico privado y de los ejercientes de funciones públicas, así como de intereses políticos partidarios50.Una de las principales causas de estas prácticas corruptas es debido a que el control administrativo de la actividad urbanística a desempeñar por las Administraciones Públicas ha fracasado, pues han sido incapaces de abordar la situación con una mínima eficacia, y no han querido hacer frente a la corrupción urbanística, lo que ha originado que en muchas ocasiones los intereses generales han cedido frente a los intereses privados, políticos y partidarios.
La doctrina más especializada coincide en que estas conductas delictivas se debe a la tolerancia de un capitalismo voraz cuyo enorme beneficio ha traído capitales de dudosa procedencia, y los intereses particulares de las autoridades y altos funcionarios se han antepuesto a los intereses generales, los partidos políticos han procurado financiación abusando de la discrecionalidad administrativa de la que gozan en este ámbito sus cargos políticos, y se ha buscado por los gobiernos municipales mejorar las expectativas electorales, mediante una abusiva potenciación de los ingresos procedentes del urbanismo para desarrollar actividades o servicios, que suponen una extralimitación de sus competencias municipales, o para subsanar deficiencias de gestión financiera. Además de todo lo expuesto, también se achaca como causa de
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esta corrupción a las reclasificaciones y recalificaciones de suelo mediante continuas modificaciones a la carta del planeamiento, los convenios urbanísticos, y el abandono de la actividad inspectora, sancionadora, y ejecutora de sentencias por parte de las administraciones correspondientes.
Como se ha hecho mención con anterioridad a lo largo de este trabajo, para la sociedad española, el binomio corrupción y urbanismo51está indisolublemente unida y es una práctica delictiva generalizada por toda la geografía española, pero donde más se acentúa es en la Administración Local, donde se considera que es un foco de corrupción permanente, de ahí que el Informe Global de corrupción 2007, señale que la multiplicación de escándalos en nuestro país vinculado a la denominada «corrupción urbanística» está reforzando la imagen «cínica» de la ciudadanía española sobre nuestros gobernantes, y contribuyendo a deslegitimar a las instituciones democráticas.
La corrupción urbanística está provocando que se socave la legitimidad de nuestros gobernantes, atentando contra la sociedad, el orden penal y la justicia. Por ello, con la finalidad de fortalecer las instituciones públicas, la estabilidad, la paz social y el desarrollo integral del Estado español, se debería combatir la propia corrupción urbanística desde la raíz52.
Todos somos conscientes de que la lucha contra la corrupción urbanística es una tarea ardua53y harto difícil, siendo para ello conveniente para erradicar esta corruptela, una acción al unísono de todos los agentes públicos y privados que conlleve modificaciones de las leyes con el objetivo de un mayor grado de cumplimiento y un mayor endurecimiento de las penas, así como aplicación de medidas que alcancen la plena educación social para con-
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seguir la mitigación y erradicación de la corrupción en materia de urbanismo. Para esta difícil empresa no hay nada más eficaz que hacer escuela, es decir, educar...
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