Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004

Las políticas de atención y apoyo a la familia constituyen para el Gobierno una prioridad básica. Por ello en los últimos años se han emprendido y adoptado, tanto en el plano legislativo como en el social, diversas e importantes iniciativas de apoyo, que están permitiendo mejorar el bienestar de las familias. Cabe destacar, entre las más significativas, las que referimos a continuación.

Las dirigidas a facilitar la contratación de las mujeres con la aprobación de la medida «coste cero», establecida por Real DecretoLey 11/1998, por la que se bonifica el 100 por 100 de los costes sociales para aquellas empresas que contraten empleados para sustituir a trabajadores durante el permiso de maternidad.

Las dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, con la aprobación de la Ley 39/1999, para la conciliación entre la vida familiar y laboral, estableciéndose medidas para que los trabajadores puedan participar de la vida familiar, dando un nuevo paso hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Las dirigidas a mejorar la protección familiar de la Seguridad Social, con la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2000, actualizando los importes de las prestaciones familiares por hijo a cargo menor de dieciocho años e introduciendo prestaciones económicas por cada hijo nacido a partir del tercero así como en caso de parto múltiple.

Las modificaciones introducidas para ampliar el concepto de familia numerosa a aquella que teniendo dos hijos, uno sea minusválido o incapacitado para el trabajo.

Las relativas a política fiscal y de rentas en la nueva Ley 40/1998, del IRPF, mediante un tratamiento fiscal favorable para la familia, suprimiendo la tarifa conjunta y con la posibilidad de tributación familiar con opción de una u otra modalidad (individual/conjunta), la configuración de un mínimo familiar exento, la exención de pensiones por alimentos, la deducción por inversión en vivienda habitual, la tributación favorable de las pensiones a favor de los hijos o el establecimiento de un mínimo personal y familiar especial para personas afectadas por discapacidad o en estado carencial que implique la ayuda de otras personas.

La puesta en marcha e impulso de programas y actuaciones en el área de protección a la familia, a través de distintos planes de la Secretaría General de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante convenios con las Comunidades Autónomas, destinando créditos para programas sociales dirigidos a servicios de atención a la primera infancia (0-3 años: escuelas infantiles, ludotécas, casas de niños), a mayores y discapacitados dependientes, a familias desfavorecidas, a orientación y mediación familiar, a apoyo a familias monoparentales y a aquellas en que produce violencia.

Las dirigidas a la participación y colaboración con las ONGs y las subvenciones a las mismas para el desarrollo de programas de atención y apoyo a la familia.

Esta acción continuada ha sido intensificada en el año 2001, en el que se ha dado un impulso decisivo a las políticas de apoyo a la familia con la aprobación del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004. El Plan fue acordado por el Consejo de Ministros en su reunión de 8 de noviembre de 2001, a propuesta de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Economía, Hacienda, Fomento, Justicia, Educación, Cultura y Deportes y Ciencia y Tecnología.

El Plan Integral de Apoyo a la Familia, constituye una estrategia integral, para dar respuesta unitaria a las políticas de atención y apoyo que requiere la familia.

Contiene los objetivos básicos y las líneas estratégicas de la acción del Gobierno, a través de medidas transversales e integradoras de las actuaciones de los distintos departamentos ministeriales competentes, en materia de apoyo a la familia para los próximos años.

Los contenidos del Plan Integral de Apoyo a la Familia se configuran a la vez como punto de llegada de esa serie de medidas emprendidas por el Gobierno en los últimos años en materia de apoyo a la familia, como concreción e impulso de nuevas acciones y como punto de partida de futuras acciones que el apoyo a la familia vaya precisando para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad.

A partir de la aprobación del Plan se han puesto ya en marcha distintas acciones y se están impulsando las mediadas precisas para la ejecución de sus líneas estratégicas, destacando las siguientes:

En política fiscal y de rentas, se ha establecido en la Ley del IRPF la compensación de las declaraciones del IRPF entre los cónyuges en los casos de que una sea negativa y otra sea positiva, con aplicación en la declaración del Impuesto correspondiente al periodo impositivo 2001. En relación con la mejora del tratamiento fiscal, están las medidas previstas en el Anteproyecto de Ley sobre la reforma del IRPF, en el que se prevén beneficios fiscales como el incremento de las deducciones por hijo; una nueva deducción por el cuidado de menores de tres años, una paga directa o deducción de la cuota de cien euros por mes para madres trabajadoras durante los tres años siguientes al nacimiento o adopción del hijo, la mejora en las deducciones para las familias con mayores discapacitados a cargo y una nueva reducción por gastos de asistencia a mayores de 75 años o discapacitados.

Se han mejorado las asignaciones por hijo a cargo discapacitado con 18 años o más, incrementado las cuantías en función de la evolución del IPC, así como el límite de ingresos para acceder a las prestaciones en caso de hijos menores de 18 años no minusválidos.

En materia de conciliación de la vida familiar se ha aprobado el Real Decreto 1251/ 2001, en desarrollo de la Ley de conciliación, en materia de maternidad y riesgo durante el embarazo, incluyendo como principales novedades el disfrute del permiso por maternidad a tiempo parcial compatibilizándolo con el trabajo; el disfrute de la prestación por maternidad para los padres de hijos prematuros a partir de la fecha del alta hospitalaria del recién nacido, el percibo por el padre de la prestación por maternidad durante todo el permiso si la madre no reúne el requisito de cotización mínima para percibirla, siempre que él cumpla el requisito; la ampliación de la prestación por riesgo durante el embarazo a las trabajadoras autónomas y a las del régimen general de empleadas de hogar.

En la Ley 12/2001, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, se ha ampliado la normativa sobre permisos de maternidad y paternidad al supuesto de nacimiento de hijos prematuros o que requieran hospitalización tras el parto. En este marco de políticas de empleo se ha introducido también la bonificación de las cuotas de la seguridad social durante un año para mujeres desempleadas a las que se contrate tras un proceso de maternidad (Real Decreto 5/2001).

También en materia de conciliación se han impulsado los servicios de atención a la primera infancia, (escuelas infantiles, ludotecas, casas de niños, guarderías laborales...) y los servicios de teleasistencia, estancias diurnas y temporales para mayores y discapacitados, mediante los convenios de colaboración suscritos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos con las Comunidades Autónomas, incrementándose el presupuesto anual destinado.

Se ha aprobado el Real Decreto-Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, que facilita la prolongación de la vida familiar y laboral de los mayores, compatibilizando el trabajo con el cobro de una pensión de jubilación. Así como nuevas condiciones de acceso a la jubilación anticipada para mayores de 61 años desempleados y con 30 años de cotización efectiva.

En política de vivienda, el Real Decreto que regula el nuevo Plan de Vivienda 20022005, a propuesta del Ministerio de Fomento, responde a las prioridades en esta materia reflejadas en el Plan Integral de Apoyo a la Familia. En él se apoya el acceso a las viviendas protegidas por parte de las familias, y se establecen medidas especiales de apoyo a las familias numerosas.

Así mismo se están promoviendo otra serie de acciones contenidas en el Plan, como las destinadas a favorecer el acceso de las familias a las nuevas tecnologías, el desarrollo de los servicios de orientación y mediación familiar incrementando los programas sociales de orientación, mediación y puntos de encuentro familiar, y los programas de apoyo a familias en situaciones especiales, a través de los convenios de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Comunidades Autónomas. Las mejoras aplicadas a las pensiones de viudedad y orfandad, elevando los porcentajes o la edad para percibirlas, así como la posibilidad de compatibilizar la pensión de viudedad en caso de contraer nuevo matrimonio.

También se intensifica la participación de las ONG que trabajan a favor de la familia, habiéndose constituido en el marco del Consejo estatal de ONGS un Grupo de trabajo especifico sobre la familia.

En cuanto a las familias numerosas, la ponencia constituida en el Senado, está desarrollando sus trabajos para analizar la situación de las mismas y realizar propuestas a partir de las que se va a elaborar una nueva Ley de Protección a las Familias Numerosas.

Por otra parte hay que tener en cuenta la configuración de nuestro país como Estado autonómico, lo que añade otra característica a la política familiar, al tener las Comunidades autónomas competencias en materia de protección a la familia haciendo necesario actuar bajo el principio de la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas.

El Plan Integral de Apoyo a la Familia es el instrumento adecuado para el impulso, desarrollo y consolidación de las políticas precisas para el apoyo a la familia. Con el Plan como marco de referencia obligado, se van ha seguir desarrollando y potenciando las acciones precisas, haciendo una política de apoyo a la familia integrada, progresiva y continua. No se trata de hacer políticas natalistas que interfieran en la vida de las familias, sino de facilitar que éstas puedan tener las bases necesarias para tomar sus propias decisiones.

En todo ello está presente el hecho de que la familia es la institución fundamental de nuestra convivencia, nuestra sociedad y nuestro país, que la mayoría de los españoles viven en familia y que es la institución más valorada por la sociedad española, tal como se expone en la presentación del propio Plan Integral de Apoyo a la Familia, cuyo texto se inserta a continuación.

PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA 2001 – 2004

Aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de noviembre de 2001

INTRODUCCIÓN

La familia es la institución fundamental de nuestra convivencia, nuestra sociedad y nuestro país. La gran mayoría de los españoles vivimos en una familia: 38.848.133 de una población total de 39.852.651 habitantes 1. Asimismo, los españoles otorgamos sistemáticamente la máxima valoración a la familia: 9,37 sobre una escala de 1 a 10, por encima del bienestar económico, el trabajo, los amigos, la religión o la política. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el descenso de la natalidad y el envejecimiento progresivo de nuestra población son cambios reales, y el éxito del futuro de esta nueva sociedad depende de que las familias puedan desarrollar libremente el papel que les corresponde.

Es pues una obligación de la Administración del Estado apoyar a las familias españolas, desarrollando políticas que faciliten su estabilidad, calidad de vida, autonomía y bienestar y que, en consecuencia, eliminen al máximo posible los obstáculos o dificultades que afectan directamente a las familias.

La Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral aprobada en 1999, la aprobación del «coste cero» para las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos de sustitución por maternidad, la reforma del IRPF del año 1999 y la mejora de la protección familiar de la Seguridad Social son una muestra de que el Gobierno ya ha venido situando a la familia como eje de su labor.

Esta acción debe ser ahora no sólo continuada sino intensificada. Con tal objetivo se pone en marcha el Plan 2001-2004, que contiene medidas para avanzar en la efectiva conciliación de la vida familiar y laboral, mejorar la calidad de vida familiar y garantizar el principio de continuidad demográfica o relevo generacional. No se trata en ningún caso de hacer políticas que interfieran en la vida de las familias, sino de facilitar que éstas puedan tener la seguridad y estabilidad necesarias para tomar sus propias decisiones.

El Plan Integral de Apoyo a la Familia presenta una estrategia integral que se estructura en cuatro grandes objetivos: 1) Incrementar la calidad de vida de las familias, 2) Fomentar la solidaridad intergeneracional,

3) Apoyar a la familia como garante de la cohesión social y 4) Prestar apoyo a las familias en situación de riesgo social y otras situaciones especiales. Varios Ministerios participan en su diseño y en la ejecución de un Plan que tiene en cuenta las necesidades de las familias y valora el papel que éstas llevan a cabo en nuestra sociedad.

España es un país con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, siendo 1’07 el número medio de hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil (15-49 años) a lo largo de su vida 2. Esta cifra confirma la caída de la natalidad que se ha venido produciendo en nuestro país desde mediados de los años 70. De hecho, el umbral de reemplazo generacional (2,1) no se alcanza desde 1981.

En los próximos años no cabe esperar un gran aumento de la fecundidad. Entre las mujeres en edad fértil, sólo un 49% de las que actualmente tienen un hijo manifiestan tener intención de tener más en el futuro. Entre las que tienen ya dos hijos, este porcentaje baja al 6%, y entre las que tienen tres hijos, un 99% no tiene intención de tener más. Pese a que mayoritariamente la opción por la que se pronuncian los españoles como número ideal de hijos sigue siendo la de tener dos, se observa una tendencia creciente hacia la familia de un sólo hijo 3.

Sin embargo, las respuestas de las mujeres que no tienen hijos, sobre cuántos les gustaría tener ofrecen la esperanza de un posible aumento de la natalidad. Mujeres de edades que van de los 15 a los 34 años afirman que les gustaría tener una media de 1,75 hijos 4. Como estos grupos de edad son los que van a influir decisivamente en el nivel de fecundidad de los próximos años, si las preferencias se llevan a la práctica cabría esperar un cierto aumento de la natalidad, aunque sin alcanzar el nivel de reemplazo generacional. No se trata por tanto de poner en marcha políticas puramente natalistas, sino de dar el apoyo suficiente para que las familias puedan tener los hijos que deseen.

Cerca de la mitad de los ciudadanos (47%) considera que tiene, en líneas generales, menos hijos de los que desearía 5. Esto indicaría que existen obstáculos ajenos a la propia voluntad de las parejas para elegir la dimensión de su familia. El hecho de tener un solo hijo, opción muy frecuente, parece una solución para cumplir con el deseo de maternidad y paternidad, pero el ideal de familia incluye más hijos y tener sólo uno es una solución de

compromiso que permite mantener otras exigencias 6.

Respecto a las razones principales por las que algunas parejas no quieren tener hijos o

tienen menos de los que en realidad desean, las que se mencionan con más frecuencia son las razones económicas (83%), cargas que implican los hijos (28%), que la mujer trabaja

fuera de casa (22%) y el pesimismo ante la situación económica y social (17%) 7.

Según la encuesta del CIS realizada en 1998, para el conjunto de los ciudadanos, las medidas más eficaces para incrementar la natalidad serían «dar una ayuda especial a las familias con más de dos hijos» (mencionada en primer lugar por un 42%, y en segundo lugar por un 25%), «mayores deducciones por los hijos en los impuestos» (24 y 20% respectivamente), «promover el trabajo a tiempo parcial de las mujeres con hijos» (14 y 17%), y «aumentar el número de guarderías en los centros de trabajo» (6 y 13%).

Así pues, la mejora de la situación económica tiene sin duda un efecto positivo sobre la decisión de las familias de tener hijos.

Por otro lado, todos los datos indican que nuestra población tiene una tendencia acusada al envejecimiento. El incremento de la proporción de personas de 65 años o más sobre el total de la población nacional ha sido de 16,5% en 1999 y será aproximadamente un 18% en 2010, cerca del 22% en 2025, y alrededor del 30% en 2040 8. Datos a los que habría que añadir el incremento de la esperanza de vida al nacer (81,32 años para las mujeres; 73,44 años para los hombres, 1996). Así, unas unidades familiares cada vez más reducidas en cuanto a su composición tendrán que hacer frente de manera creciente a problemas de dependencia.

La labor de cuidado de personas dependientes, tanto mayores como niños y discapacitados, ha venido recayendo tradicionalmente en las mujeres. La progresiva incorporación de éstas al mercado de trabajo exige incrementar los servicios de apoyo que faciliten la conciliación entre la vida familiar y laboral.

Pese a que en los últimos años se ha producido una mejora general del empleo y la ocupación para las mujeres 9, aún estamos lejos de alcanzar los niveles medios existentes en los países de nuestro entorno 10. La incorporación de la mujer española al mercado de trabajo todavía está en fase de expansión, por lo que debemos aumentar los servicios de apoyo familiar e introducir fórmulas flexibles que permitan compatibilizar las responsabilidades laborales y familiares, no sólo de las mujeres, sino también de los hombres, puesto que el nuevo modelo de relaciones familiares implica una asunción conjunta de las responsabilidades familiares por parte de la pareja.

El ideal de familia igualitaria, es decir, ambos trabajando y compartiendo tareas domésticas, es mayoritario; sin embargo, en la realidad cotidiana de las familias españolas se produce, mayoritariamente, un reparto desigual de tareas y responsabilidades entre el hombre y la mujer. Esta desigualdad en el reparto de tareas, que no se comparten en la medida que debería en una sociedad avanzada y que reclama una posición de igualdad para las mujeres, es un obstáculo para la incorporación de la mujer al empleo y su progreso profesional pero también para que los padres vivan la paternidad.

A pesar de la tendencia a familias con un menor número de hijos, en nuestro país existe un número de familias (13%) que tienen tres hijos o más, o dos hijos y uno de ellos con discapacidad y que, por tanto, de acuerdo con la Ley 8/1998, de 14 de abril, son familias numerosas. La sociedad española se enriquece demográfica y económicamente del esfuerzo de los padres y madres de familias numerosas y resulta preciso tener en cuenta, que para estas familias el cuidado y educación de los hijos implica una diferencia sustancial con el nivel de vida de otras familias con menor número de hijos. Por ello las familias numerosas deben recibir un apoyo diferenciado de aquellas que no lo son, con objeto de que el hecho de tener un mayor número de hijos no constituya en sí, una mayor carga y su realidad sea tenida en cuenta en las políticas de apoyo a la familia.

Especialmente reseñable es también el caso de las familias monoparentales, es decir, aquéllas en que un solo progenitor (la madre con carácter general) asume en solitario las cargas familiares (por viudedad, por separación o divorcio o por maternidad de madre soltera). Este tipo de familia se ha incrementado en España de manera progresiva en los últimos años, sobre todo debido al aumento de los casos de separación o divorcio. Algunos estudios sitúan en algo más del 8% los hogares monoparentales (padre o madre solos que conviven con hijos menores) sobre el total de núcleos familiares con hijos menores de 18 años. Estas familias requieren de un apoyo adicional y específico ya que presentan mayores dificultades de conciliación entre trabajo y familia y mayor riesgo de exclusión social.

Apoyar a la familia significa también tener en cuenta los fenómenos de la conflictividad familiar en sus distintas vertientes (de pareja, entre padres e hijos, etc.). Desde la aprobación de la legislación reguladora de la separación, el divorcio y la nulidad matrimonial en 1981, se ha producido un incremento gradual y progresivo de casos de rupturas matrimoniales en nuestro país. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos están implicados hijos menores de edad, cuyo interés debe prevalecer, y que las responsabilidades parentales no se extinguen con la ruptura de la pareja, parece conveniente apoyar la solución pacífica de los conflictos. Por eso es importante proporcionar recursos sociales de protección y apoyo a la familia en situación de conflicto o ruptura, como los servicios de orientación y/o mediación familiar, así como puntos de encuentro familiar para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas de los hijos por parte del progenitor no custodio.

Apoyar a las familias significa además atajar la violencia familiar en sus distintas vertientes:

– Violencia entre la pareja, generalmente contra la mujer, incluyendo violencia física, sexual, psicológica y económica.

– Maltrato a los niños/menores en el seno de la familia, incluyendo maltrato y abandono físicos, maltrato y abandono emocionales, explotación laboral y/o mendicidad, abuso sexual, corrupción y maltrato prenatal.

– Maltrato a ancianos, incluyendo abandono y maltrato físico, abandono y maltrato psicológico, abuso económico, violación de los derechos del anciano, negligencia y abuso sexual.

– Violencia de los hijos hacia sus padres, incluyendo conductas tiránicas, de utilización y de desapego.

Es necesario por tanto, potenciar las actuaciones frente a la violencia familiar, así como los recursos sociales permanentes para abordarla. Para ello debe continuarse la labor iniciada con el II Plan Integral Contra la Violencia Doméstica aprobado en el 2001 y en ejecución hasta el 2004.

Apoyar a la familia significa además prestar una atención específica a aquellas familias desfavorecidas, en situación de dificultad o riesgo de exclusión social, el Plan Integral potencia con ese objetivo mecanismos de intervención social: prestaciones de la Seguridad Social, proyectos de inserción sociolaboral, programas para la educación familiar y atención de familias desfavorecidas y en situación de riesgo.

Este documento expone las principales líneas de acción y políticas del Plan Integral de Apoyo a la Familia y constituye un documento vertebrador de medidas y actuaciones que vienen a dar unidad a las políticas de atención y apoyo a las familias, así como de reconocimiento de derechos que inciden en el ámbito familiar.

La política familiar debe ser progresiva y continuada, por ello el Plan contempla un horizonte temporal para su ejecución desde el 2001 hasta el 2004 y la realización de las medidas se enmarcan en las normas y reformas que durante este período se van a llevar a cabo.

De esta manera, los contenidos del Plan Integral de Apoyo a la Familia se configuran a la vez como punto de llegada de una serie de medias emprendidas por el gobierno en los últimos años, como creación e impulso de las nuevas acciones que en él se prevén, y como punto de partida de las futuras actuaciones que el apoyo a la institución familiar va a ir reclamando para el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad.

El gobierno desea que la sociedad participe en el desarrollo de estas políticas; que todos los niveles de la Administración se sientan implicados: el Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos; que las organizaciones sociales, de voluntariado y no gubernamentales aporten ideas y acción, para lo que se establecerán los cauces institucionales adecuados.

Pero el gobierno desea sobre todo que sean las propias familias las que colaboren y aporten ideas y sugerencias, pues nadie mejor que ellas mismas saben a qué dificultades se enfrentan y cuáles son sus necesidades. Sus sugerencias sobre los objetivos planteados en este plan y también sobre las políticas concretas expuestas se podrán enviar a través de internet a la página web cuya creación está prevista en este Plan.

OBJETIVOS

Los posibles campos de actuación que afectan a la familia son múltiples y complejos. Resulta por ello imprescindible definir correctamente unos objetivos prioritarios y unas líneas estratégicas que permitan el mayor impacto posible de las medidas que se puedan adoptar.

Los objetivos básicos que deben abordarse son:

1. Incrementar la calidad de vida de las familias

   El objetivo prioritario del gobierno es mejorar la calidad de vida de todas las familias españolas, entendiendo por dicho concepto no ya sólo el imprescindible desarrollo del nivel de bienestar económico de nuestros hogares, sino también la promoción de todos aquellos valores personales y sociales que la mayoría de los españoles asocian a su ideal de familia: estabilidad, autonomía, comprensión, acceso a la educación y a la cultura.

2. Fomentar la solidaridad intergeneracional

   El Plan incluye entre sus objetivos prioritarios el apoyo y fortalecimiento de la familia y de sus miembros más débiles, para que puedan afrontar, sin el quebranto de su calidad de vida, toda una serie de cambios que se han producido en la esfera social, laboral y demográfica. El gobierno considera necesario actuar de forma eficaz para, por un lado, fomentar las nuevas relaciones intrafamiliares, y por otro, reducir las posibles rigideces de los sistemas legales o fiscales que pudieran dificultar la adaptación de las familias a las nuevas situaciones.

3. Apoyar a la familia como garante de la cohesión social

   Otro objetivo importante del presente Plan consiste en el reconocimiento y la gratificación expresa de la labor solidaria que la familia realiza dentro de la sociedad. Y lo quiere hacer de la mejor manera posible: mediante la implantación progresiva de un entorno jurídico y económico que favorezca y reconozca a las familias españolas que asumen responsablemente esta función de cohesión intra e intergeneracional de la que toda la sociedad resulta beneficiada.

4. Prestar apoyo a las familias en situación de riesgo social y otras situaciones especiales

   Aunque la intención de este Plan se dirige a crear un entorno más amable para la familia en general, el gobierno no puede olvidar la existencia de situaciones familiares especialmente difíciles que exigen la adopción de medidas urgentes y específicas: familias en situaciones de riesgo de exclusión social, familias monoparentales, familias en situación de conflicto o ruptura, familias en cuyo seno se produce violencia intrafamiliar.

   LÍNEAS ESTRATÉGICAS

   Todos los objetivos anteriores van a concretarse en diez líneas estratégicas, y en una extensa batería de medidas.

   Las diez líneas estratégicas son las siguientes:

   1. Política Fiscal y de Rentas.

   2. Mejora de las prestaciones de Seguridad Social por hijo a cargo.

   3. Conciliación de la vida familiar y laboral.

   4. Política de vivienda.

   5. Favorecer el acceso a las familias a las nuevas tecnologías.

   6. Revisión del Derecho de Familia.

   7. Desarrollo de los servicios de orientación y/o mediación familiar.

   8. Apoyo a las familias en situaciones especiales.

   9. Fomento de la participación social y el acceso a la cultura de las familias.

   10. Nueva Ley de protección a las familias numerosas.

   1. Política fiscal y de rentas

      La política fiscal desarrollada por el gobierno en los últimos años ha buscado desde un primer momento mejorar el tratamiento de la familia. Así lo ponen de manifiesto algunas de las reformas acometidas en el Impuesto de Patrimonio (elevación del mínimo exento de la vivienda habitual) o en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (tratamiento concedido a la transmisión por fallecimiento de la vivienda habitual), reducción del impuesto de matriculación para las familias numerosas y sobre todo, en la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) realizada en 1999.

      Que duda cabe, que el tratamiento fiscal que reciben las familias en España va a depender fundamentalmente de cómo sean tratadas en el IRPF, ya que es básicamente en este impuesto, donde la renta de las personas físicas es gravada teniendo en cuenta las circunstancias familiares del sujeto pasivo.

      Sin ninguna duda, la reforma fiscal efectuada en 1999 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, ha supuesto un punto de inflexión en la fiscalidad de las familias en España.

      Con la incorporación de un «mínimo vital», con la que se declara la exención de un mínimo de renta que varía según las circunstancias personales y familiares del declarante, se asegura un nivel de renta digno para el contribuyente, una vez que ha atendido a sus propias necesidades y las de los sujetos que de él dependen.

      Aunque los efectos de dicha reforma han sido notorios, el Gobierno quiere impulsar una nueva reforma del IRPF. En el nuevo IRPF se va a prestar una atención especial a la familia a través de sus múltiples dimensiones. En concreto, el nuevo impuesto incluirá, entre otros aspectos, el aumento de las reducciones fiscales actualmente existentes, con el fin de compensar a las rentas familiares en función de las cargas que soportan, y de favorecer la formación de nuevos hogares independientes. Está previsto introducir nuevas ayudas dirigidas a compensar a la madre durante varios años después del nacimiento, incorporar importantes beneficios vinculados al nacimiento de un tercer hijo e incrementar las deducciones de los gastos derivados de la crianza y atención de hijos menores de tres años. También se prevé que el nuevo IRPF introduzca un nuevo mecanismo que favorezca la reincorporación laboral de las mujeres que hayan abandonado el mercado de trabajo.

      Aunque el núcleo principal de medidas fiscales se concentre en torno al IRPF, el Plan contempla la posibilidad de incorporar algunas medidas adicionales en otras figuras tributarias.

      Medidas:

      En el marco de la próxima reforma del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, las medidas que se introducen son las siguientes:

      • Ayuda a las madres en los tres primeros años de maternidad. Se aplicará sólo para la madre mientras tenga hijos menores de tres años y sin límite por nivel económico. Los primeros años de crianza de un hijo implican unos gastos extra, por lo que se quiere ayudar a las familias a sufragar parte de dichos gastos. Por eso, esta medida consiste en una compensación por el coste económico y laboral de la maternidad, y será compatible con la deducción por hijos.

      • Ayuda especial a las familias numerosas. Consistirá en una compensación adicional a partir del tercer hijo.

      • Ayuda fiscal al empleo de familias con hijos. Cuando un trabajador parado deje de percibir prestaciones por desempleo por reincorporarse al mercado de trabajo, será compensado en el IRPF durante el tiempo que le corresponde recibir prestaciones por desempleo.

      • Ayuda fiscal a las familias para cuidado de hijos y ascendientes. Esta medida ayudará a las familias que, por tener hijos pequeños o personas mayores o con discapacidad, necesitan la utilización de centros de educación infantil o la asistencia de personal contratado para colaborar en el cuidado de los hijos o de personas mayores. Al mismo tiempo, con esta medida se crea empleo. También se incluiría el gasto sanitario de las personas discapacitadas y dependientes.

      • Mejora del tratamiento fiscal del alquiler de viviendas, que permita aumentar la oferta y reducir el precio del alquiler estimulando el arrendamiento del elevado número de viviendas que se encuentran desocupadas.

      • Compensar las declaraciones del IRPF de los cónyuges en los casos en que una sea negativa y otra sea positiva. Con

      esta medida se evita, en la medida de lo posible, que una familia tenga que realizar pagos adelantados a la Hacienda Pública en el momento de liquidar el impuesto.

      • Instar a las CC.AA. a que lleven a cabo una actualización del vigente valor máximo de 20 millones de pesetas, al que alcanza la bonificación existente en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las transmisiones de la vivienda habitual. Esta medida, instaurada en 1996, requiere su actualización periódica para tener en cuenta la evolución de los precios.

      • Instar a las CC.AA. a que lleven a cabo una nueva reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los minusválidos con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

   2. Mejora de las prestaciones de Seguridad Social por hijo a cargo

      Las prestaciones de la Seguridad Social son un instrumento de primer orden en toda política familiar, junto con la fiscalidad, para la compensación de las cargas familiares.

      A principios de 2000 se ha producido una actualización de los importes de las asignaciones familiares por hijo a cargo no minusválido menor de dieciocho años por vez primera desde 1991, de la que se han beneficiado más de 800.000 familias. Asímismo, se han introducido nuevas prestaciones económicas de protección familiar para los supuestos de parto múltiple y nacimiento del tercer o sucesivos hijos. Sin embargo es preciso profundizar en la mejora del sistema de Seguridad Social de cara a potenciar la eficacia y la intensidad protectora de sus prestaciones, sobre todo para las familias en circunstancias más desfavorables y con mayor número de hijos.

      Medidas:

      • Ampliar el límite máximo de ingresos anuales establecidos para tener derecho a las prestaciones económicas de pago periódico por hijo a cargo. La Seguridad Social concede una prestación económica de pago periódico por cada hijo a cargo de las familias que se encuentren por debajo de un determinado nivel de ingresos. Una ampliación en el límite máximo de ingresos anuales permitirá un aumento sustancial en el número de familias que se podrán beneficiar de esta prestación.

      • Actualización de las cuantías de las prestaciones económicas de pago periódico por hijo a cargo.

      • Incrementar la cuantía de la prestación económica de pago único por nacimiento de hijo. Actualmente, la prestación económica de pago único actúa como una ayuda puntual de la Seguridad Social a aquellas familias que, teniendo más de dos hijos y un nivel de renta inferior al umbral establecido, tengan un nuevo hijo. Con esta medida, se incrementará la cuantía de la ayuda económica única que percibirán estas familias.

      • Extender el derecho a las prestaciones familiares por nacimiento del tercer hijo y siguientes y por parto múltiple, a los supuestos de adopción y acogimiento preadoptivo o permanente.

   3. Conciliación de la vida familiar y la vida laboral

      Los cambios sociales acontecidos en las últimas décadas, con la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, han alterado sustancialmente el tradicional esquema de reparto de responsabilidades familiares y laborales.

      Aunque el punto de equilibrio ideal entre el ámbito familiar y laboral puede ser muy

      diferente para unas personas y otras, y responde en definitiva a la propia escala de valores y prioridades vitales, su traslación a la vida real se ve a menudo condicionada por la existencia de estructuras rígidas que impiden que muchas familias puedan organizar sus actividades con libertad, con desahogo y con una calidad de vida aceptable.

      La creación de un marco más amable donde las familias puedan organizar su vida tal y como desean pasa necesariamente por el compromiso y la participación de todos los sectores institucionales implicados.

      En primer lugar, en las propias familias deben fomentarse actitudes favorables para que las responsabilidades familiares sean compartidas de manera equilibrada entre el hombre y la mujer.

      En segundo lugar, es muy importante que las empresas, a través de su propia actividad y de sus políticas de recursos humanos, cooperen en la creación de un clima más favorable a la conciliación del trabajo con la vida familiar.

      También es importante que tanto los sindicatos como las patronales, contribuyan a impulsar este cambio de sensibilidad que debe penetrar toda la realidad laboral del país.

      Por último, el Estado y todos los niveles de la Administración Pública, a través de sus actividades de prestación de servicios y de su capacidad reguladora, deberán asegurar que tanto el hombre como la mujer puedan acceder al mercado de trabajo, sin discriminaciones de ningún tipo y sin verse obligados a abandonar sus responsabilidades familiares.

      Con la aprobación de la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las personas trabajadoras el gobierno ha lanzado una primera señal que deberá ser recogida por el resto de los agentes y por este mismo documento. Aunque su implantación ha supuesto un avance sustantivo en la legislación de los permisos parentales y de paternidad, es necesario seguir actuando en nuevas líneas.

      Inicialmente se debe tener en cuenta que la conciliación de la vida familiar y laboral está muchas veces condicionada por la existencia de oferta de servicios para el cuidado de niños. Actualmente, la tasa de cobertura de estos servicios para niños menores de tres años en España es todavía reducida.

      En este sentido, el gobierno quiere reforzar los esfuerzos que en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos está realizando para incrementar la oferta de servicios públicos y privados de atención infantil, ajustando sus características a las necesidades actuales.

      Este impulso a la extensión de los servicios de atención a la primera infancia debe enmarcarse también en el desarrollo de las directrices y recomendaciones para el empleo de la Unión Europea, que se concretan en nuestro país a través de los Planes Nacionales de Acción para el Empleo del Reino de España.

      Por otro lado, el aumento de la esperanza de vida y el descenso en la natalidad se ha traducido en un aumento del peso relativo de las personas mayores dentro del total de personas dependientes.

      Las familias de las personas mayores dependientes realizan una muy relevante función social al ser los principales proveedores del apoyo que necesitan. Pero, recíprocamente, estas familias han de recibir el apoyo institucional preciso para poder seguir realizando esa función sin detrimento de su calidad de vida no sólo económica, sino también emocional.

      Por ello, el Gobierno quiere suministrar servicios diversificados para las familias con personas dependientes (mayores, discapacitados, enfermos crónicos, etc.) que contribuyan a crear unas condiciones más favorables

      al desempeño de su función social y que faciliten una mejor conciliación entre vida laboral y responsabilidades familiares.

      Medidas:

      • Desarrollo reglamentario de la Ley de Conciliación de Vida Familiar y Laboral de las personas trabajadoras. Con el fin de mejorar el cuidado de los hijos, al tiempo que ofrece la posibilidad de que los padres mantengan su vinculación con su puesto de trabajo.

      • En el marco presupuestario de las políticas activas desarrolladas por el Instituto Nacional de Empleo:

      1) Ampliar la ayuda de la Seguridad Social para que las mujeres desempleadas sean contratadas después de su maternidad. La medida supone ampliar a todas las mujeres desempleadas, suprimiendo el requisito de «parada de larga duración», la bonificación del 100% de la cuota empresarial durante un año cuando son contratadas en los 24 meses siguientes a la fecha del parto.

      2) Establecer una bonificación de la aportación empresarial a la Seguridad Social para la contratación de padres y madres solteros en situación de paro y con hijos a cargo.

      3) Establecer una bonificación del 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante un año en los supuestos de suspensión del contrato de trabajo por maternidad cuando se produzca la reincorporación de la mujer al puesto de trabajo.

      • Elaborar un «Código de buenas prácticas» sobre conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas, en colaboración con los Agentes Sociales.

      • Adaptar la normativa que regula la educación infantil al entorno europeo. En particular, siguiendo dos líneas de actuación: a) mejorando la calidad de los servicios y dando respuesta a las necesidades asistenciales y educativas de los niños y al bienestar social de las familias, b) adaptando la organización, funcionamiento y atención de los centros, así como la definición de los perfiles del personal especializado que les atiende para responder a las necesidades de niños y familias.

      • Incrementar los servicios de atención a la primera infancia en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, con el fin de ampliar las redes de servicios que faciliten la conciliación y extender gradualmente la oferta de plazas públicas para niños y niñas menores de 3 años hasta cubrir la demanda existente.

      • Incrementar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, el desarrollo de Servicios de:

      – Ayuda a domicilio y teleasistencia, para la atención de personas mayores y discapacitadas con autonomía funcional limitada.

      – Estancias diurnas y estancias temporales en residencias para personas mayores y discapacitadas dependientes, con el fin de facilitar la conciliación de las tareas profesionales y domésticas a sus familias.

      • Facilitar la prolongación de la vida laboral de los mayores mediante la compatibilidad entre el trabajo y el cobro de una pensión de jubilación. Se llevarán a cabo las modificaciones legales necesarias que afecten a la regulación de la jubilación parcial, de manera que se posibilite la compatibilidad entre el cobro de una pensión de jubilación y el desarrollo de actividades laborales.

   4. Política de vivienda

      El sector de la vivienda es, a un tiempo, uno de los sectores más pujantes de nuestra economía, y uno de los mercados cuyo funcionamiento tiene un mayor calado social. Y es que la vivienda representa, con mucho, el capítulo más importante del presupuesto de la mayor parte de las familias, y sobre todo, de aquellas que tienen menor renta o un mayor número de hijos.

      El análisis del comportamiento que ha seguido el mercado de vivienda libre durante los años 1998-2000, apunta a la existencia de una importante demanda potencial de viviendas de precio moderado insatisfecha. Este hecho, unido a otros factores relacionados con la coyuntura económica y la evolución de los precios, apuntan a que el problema de la vivienda en España proceda fundamentalmente del lado de la oferta.

      El importante grado de descentralización que se ha alcanzado en todos los ámbitos relacionados con la política de vivienda y la planificación urbanística ha reducido las competencias del Estado a las de coordinador y garante de la cohesión territorial. El urbanismo y la política de suelo, materia prima imprescindible para la construcción de viviendas, es ya competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, por lo que la mayor parte de las acciones que puedan impulsarse desde el gobierno deberán centrarse fundamentalmente en la búsqueda de la colaboración y el compromiso de las administraciones territoriales.

      En este sentido, el gobierno se ha propuesto actuar como impulsor y catalizador para que se lleven a cabos las reformas necesarias en materia de urbanismo y regulación del suelo que pudieran incidir de forma indirecta en la oferta y el precio de la vivienda.

      El gobierno tiene la intención de lanzar un nuevo Plan de vivienda 2002-2005 que intentará involucrar a las Comunidades Autónomas en la solución de los problemas de vivienda de los ciudadanos, y mejorar el sistema de ayudas mediante su simplificación y su concentración en los ciudadanos más desfavorecidos.

      Aparte de los resultados que se consigan a través de estas acciones, el gobierno considera necesario incorporar algunas acciones adicionales que incidan directamente sobre la capacidad de las familias para acceder a una vivienda digna, incrementando la oferta de VPO y ajustando sus características a las diferentes necesidades de las familias.

      Medidas:

      • Dirigir la oferta de Viviendas de Protección Oficial a las familias con menores niveles de ingresos. En respuesta a la demanda existente de Viviendas de Protección Oficial se incrementará la oferta existente. También se procederá a una mejor adecuación de sus características a las necesidades de las familias.

      • Aumentar el tamaño de las Viviendas de Protección Oficial para las familias numerosas y regular el cambio de vivienda cuando varíen las circunstancias específicas de cada familia. Esta medida garantizará que las familias numerosas puedan acceder a viviendas protegidas con un tamaño más acorde con sus necesidades. Se atenderán al mismo tiempo los problemas de espacio o de adecuación de las viviendas de las familias que cuenten con personas con discapacidad o personas mayores.

      • Añadir el número de hijos como criterio preferencial para optar a una Vivienda de Protección Oficial. Aparte de incrementar el tamaño de las viviendas protegidas, es necesario que los criterios de selección y adjudicación de las mismas incluyan el mayor gasto absoluto en vivienda que corresponde a una familia numerosa. Junto al nivel de ingresos, se tendrá en cuenta el número de hijos a la hora de optar a una

      vivienda protegida y se facilitará el cambio a una vivienda más grande a las familias que aumenten su tamaño.

      • Buscar el compromiso de las Comunidades Autónomas para orientar las políticas de vivienda desde una óptica de respeto a la familia: a través de las Conferencias Sectoriales correspondientes, el Estado buscará la mayor coordinación posible entre las políticas de vivienda, urbanismo y suelo que desarrollen las distintas Comunidades Autónomas.

   5. Favorecer el acceso de las familias a las nuevas tecnologías

      La promoción de una sociedad basada en el conocimiento es uno de los objetivos esenciales para la sociedad española. Las nuevas tecnologías plantean oportunidades importantes para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las familias y para la integración social de determinados colectivos como las personas con discapacidad o en situación de exclusión social.

      Por este motivo, el Gobierno entiende que un plan dedicado a la familia no podría dejar de lado todas las posibilidades que estas nuevas herramientas ponen a disposición de las familias y de la sociedad entera. De esta manera, se considera fundamental seguir impulsando y favoreciendo el acceso de las familias a las nuevas tecnologías y muy especialmente a aquellas que por tener rentas más bajas o un mayor número de hijos, podrían quedar al margen de esta nueva corriente de bienestar y calidad de vida. Este objetivo viene a recalcar alguna de las líneas que ya han quedado recogidas en Plan INFO XXI.

      En este sentido, el Plan plantea algunas medidas, encaminadas a facilitar la conexión del mayor número de hogares posible, tanto de las familias como de las instituciones educativas, a las tecnologías más rápidas y eficaces a través de las cuales podrán disfrutar de una amplísima oferta de servicios telemáticos y contenidos audiovisuales.

      Otro campo importante de actuación, que rompe una posible desconfianza y desprotección de las familias al poner al alcance de los menores este nuevo mundo de posibilidades, viene por el lado de la creación de instrumentos legales, institucionales y tecnológicos que permitan dar seguridad a la información, y velar por la veracidad, legalidad y conveniencia de los contenidos.

      Medidas:

      • Impulsar el programa «Internet para todos», con especial incidencia en el colectivo de jóvenes, amas de casa y personas mayores. El objetivo de este programa es formar a un millón de usuarios en el manejo básico de herramientas cotidianas como el correo electrónico o la navegación por internet.

      • Impulsar la aplicación de la reducción del 40% de la tarifa plana ADSL (Vía rápida de acceso a Internet) para colegios y bibliotecas públicas. Con el fin de proceder a la total y efectiva aplicación del programa a todos los centros que lo demanden.

      • Mejorar la protección a la infancia. Esta medida se articula a través de tres componentes:

   1. Señalización y control de contenidos audiovisuales y de Internet.

   2. Etiquetado de todos los contenidos digitales. A través del etiquetado de los contenidos el propio productor tendrá que calificar el contenido de sus productos.

   3. Establecimiento de filtros de los contenidos. En el contexto de las recomendaciones realizadas por la Unión Europea relativas a la protección de los usuarios ante contenidos ilegales e inconvenientes en Internet, este Plan promoverá la realización de campañas de difusión en

      el ámbito doméstico y educativo de los sistemas de filtrado y protección.

      • Favorecer el acceso de las nuevas tecnologías a las nuevas viviendas. Se está elaborando una normativa que obligue a que las nuevas construcciones cuenten con infraestructuras que permitan el acceso a los servicios que ofrece la sociedad de la información.

      • Desarrollo de la Comunidad Virtual Escolar. A través de esta iniciativa, los colegios podrán aprovechar las enormes posibilidades que les brindan las nuevas tecnologías de la información para ofrecer servicios a los alumnos y a los padres. Junto a las ventajas que la creación de la Comunidad Virtual ofrezca a los alumnos, los padres podrán participar más activamente en el seguimiento del proceso formativo de sus hijos.

      • Desarrollo de nuevas propuestas de teleasistencia, destinada a enfermos y mayores. Se trata de emplear las nuevas tecnologías para mejorar las posibilidades de atención a personas necesitadas de especiales cuidados, como los enfermos y los mayores.

   6. Revisión del derecho de familia

      El derecho de familia en España tiene el objetivo primordial de proteger a la familia. La Constitución Española consagra este principio en su artículo 39 al establecer que «Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación y de las madres cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda».

      Desde hace años se viene realizando, como es notorio, la mejora del Código Civil español. Entre las ya efectuadas, varias han afectado directamente al derecho de familia, ya fuera centrándose en una institución concreta –como lo hizo la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, sobre la Adopción–, ya fuera abarcando varias instituciones, como la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, pero todas ellas han respondido a una necesidad o demanda social ampliamente manifestada.

      En el momento actual son diversos los temas que son objeto de esa preocupación social y que podrían aconsejar una renovación de nuestro ordenamiento jurídico a fin de poder ofrecer la respuesta demandada, en especial, en relación con las situaciones generadas a raíz de la separación o el divorcio.

      Medidas:

      • Garantizar el derecho de visita de los abuelos a sus nietos en caso de divorcio o separación. La medida se materializa en una modificación del Código Civil para garantizar la comunicación, relación afectiva y en concreto el derecho de visita de los abuelos con sus nietos en los supuestos de separación y divorcio en línea con los estudios realizados en el seno de la Comisión General de Codificación.

      • Tipificar como delito la sustracción de menores. Se estudia la posible tipificación como delito específico e independiente la sustracción de menores por alguno de sus progenitores, tanto en los términos que ya están siendo analizados en el Congreso de los Diputados como en el marco de la revisión que está llevando a cabo la Comisión Técnica de Reforma del Sistema de Penas.

      • Hacer frente al incumplimiento reiterado del régimen de visitas de los hijos en los casos de separación o divorcio. En concreto, se abordarán las consecuencias del incumplimiento reiterado de las obligaciones

      derivadas del régimen de visitas de los hijos por parte de los progenitores separados o divorciados en el marco de la revisión que está llevando a cabo la Comisión Técnica de Reforma del Sistema de Penas.

      • Analizar, y en su caso, modificar el ejercicio de la patria potestad en caso de separación o divorcio.

   7. Desarrollo de los servicios de orientación y/o mediación familiar

      Desde el año 1981 en que se promulgó la ley que modificaba la regulación del matrimonio y determinaba el procedimiento a seguir en los casos de nulidad, separación y divorcio, se ha ido registrando en España un aumento gradual y sostenido de separaciones y divorcios.

      Debe destacarse que en nuestro país se aprecia desde hace pocos años un mayor número de casos de separaciones y divorcios por mutuo acuerdo frente a los basados en causas legales, lo que demuestra que va calando en la sociedad la necesidad de afrontar los conflictos de pareja de una forma más negociada.

      La solución pacífica surge como alternativa a la paradoja de intentar resolver el conflicto con más conflicto. Por ello, la mayoría de países occidentales se ha ido dotando de recursos que mejoran la capacidad de las parejas para la flexibilidad y la negociación en el momento crítico de su ruptura. Entre los recursos de protección y apoyo a la familia destacan los servicios de mediación familiar que se orientan a que la experiencia de la ruptura matrimonial sea lo menos traumática posible para todos los implicados y los puntos de encuentro.

      Se debe, pues, potenciar la implantación en todo el territorio nacional de servicios de orientación y/o mediación familiar, al objeto bien de reconducir la situación de conflicto familiar y evitar la ruptura, bien de negociar de manera pacífica los efectos de la ruptura cuando ésta ha sido decidida por la pareja, siempre preservando el interés superior de los menores afectados, incluyendo la problemática derivada del cumplimiento del régimen de visita establecido tras la ruptura de la pareja.

      Medidas:

      • Promover programas en todas las Comunidades Autónomas que incluyan:

      – Orientación familiar para ayudar a la solución de los conflictos que se generen entre los miembros de familia (entre cónyuges, padres e hijos, etc.)

      – Mediación familiar para la solución pacífica de los conflictos que surgen en los procesos de ruptura matrimonial.

      – Puntos de encuentro familiar para el cumplimiento del régimen de visita de los hijos tras la separación de la pareja, cuando no pueda desarrollarse de forma autónoma.

   8. Apoyo a familias en situaciones especiales

      Determinados colectivos de familias se encuentran en situaciones complejas y problemáticas que requieren una atención especial. Dichas actuaciones deben ir encaminadas tanto a prever y solucionar los conflictos, como a amortiguar los efectos negativos que de ellas se deriven, e impedir que se deteriore aun más su nivel de vida.

      Se trata fundamentalmente de familias en situación de dificultad social o riesgo de exclusión, de familias monoparentales con hijos menores y aquéllas en cuyo seno se produzca violencia familiar.

      Actualmente la actuación que se realiza en relación con este colectivo de familias se

      encauza fundamentalmente a través del Sistema Público de Servicios Sociales. Otra vía de actuación importante consiste en la financiación de proyectos de ONGs, centrados en la atención y prevención de situaciones de dificultad social o exclusión social.

      Aparte del fortalecimiento de las políticas que se encuentran ya en funcionamiento, el Plan se propone actuar preferentemente en la línea de asegurar la inserción social de los miembros de las familias con especial riesgo de exclusión social, mediante la promoción de su actividad laboral y el desarrollo de nuevos programas de apoyo. Dichas iniciativas se realizarán en coordinación con las acciones previstas en el Plan Nacional para la Inclusión Social del Reino de España y en la estrategia europea en la que se enmarca.

      Medidas:

      • Mejorar las pensiones de viudedad y orfandad. En el marco del Acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social, recientemente aprobado, este Plan prevé impulsar el incremento de las prestaciones sociales para este colectivo, incluyendo las pensiones del SOVI.

      • Promover la inserción social facilitando el acceso al mercado laboral. Con el objeto de favorecer la integración en el mercado de trabajo de los desempleados de larga duración que tengan cargas familiares, un nivel socioeconómico escaso o que pertenezcan a familias en situaciones especiales (monoparentales, inmigrantes, víctimas de violencia, etc.).

      • Llevar a cabo programas de educación familiar y atención de familias desfavorecidas y en situación de riesgo, que incluyan actuaciones tanto socio-educativas como de intervención social para familias que viven en zonas y barrios desfavorecidos.

      • Desarrollar programas de apoyo a familias monoparentales (un solo progenitor con hijos menores de 18 años) en situación de dificultad social, incluyendo actuaciones dirigidas a que estas familias cuenten con los apoyos necesarios para hacer frente a su especial problemática.

   9. Fomento de la participación social y el acceso a la cultura de las familias

      La familia juega un papel fundamental como ámbito de formación y promoción cultural de la persona, e indirectamente, de toda la sociedad. Normalmente es en la familia donde se aprenden las cuestiones más importantes y donde se desarrollan buena parte de las aptitudes sociales, culturales y artísticas de los individuos. Cuidar el nivel cultural de los hogares equivale indirectamente a cuidar la cultura de una sociedad. Es por ello por lo que el gobierno quiere facilitar el acceso de las familias españolas a los bienes y servicios culturales tanto de carácter público como privado, abriendo nuevos cauces de integración de la familia en la vida cultural de nuestro país, y creando mecanismos que ajusten el coste de la cultura a las circunstancias de tamaño y nivel económico de las familias.

      Asimismo, se considera necesario impulsar desde la Administración Pública todo el potencial de actuación que las familias españolas podrían desarrollar tanto en su propio beneficio como en el de múltiples cuestiones de ámbito público.

      Por un lado, se considera necesario fomentar y apoyar las iniciativas de carácter asociativo o cooperativo que redunde en beneficio de las familias o de la sociedad. Por otro lado, las distintas Administraciones Públicas deberán crear nuevos cauces para que las ONGs que ya actúan en servicio de las familias, puedan manifestar sus preocupaciones y defender sus intereses, así como recibir información de las medidas y actuaciones que se vayan estableciendo en materia de política familiar.

      La política familiar tiene carácter transversal y por tanto afecta a los distintos Ministerios de forma que en el ámbito de sus competencias deben orientar sus acciones a apoyar a las familias. Se hace por ello conveniente contar con foros de encuentro desde donde se impulsen y coordinen estas políticas y se efectúe el seguimiento y la evaluación de las mismas. Igualmente en el marco del diálogo con las ONGs hay que incluir expresamente la política familiar como una de las cuestiones prioritarias para el Gobierno y la sociedad española.

      También es necesario mejorar el conocimiento de la situación de la familia y de su evolución con el fin de ir adaptando la política familiar a su evolución y necesidades.

      Medidas:

      • Facilitar el acceso de la familia a los bienes y servicios culturales de carácter público. Con esta medida, no sólo se pretende abaratar el acceso de las familias numerosas a los bienes culturales públicos, sino también motivar decisiones similares en el ámbito cultural de gestión privada. En concreto, las medidas que se tomarán serán las siguientes:

      1 Promover descuentos en museos nacionales para familias de tres o más hijos.

   2. Promover descuentos a familias de tres o más hijos que acudan a representaciones del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

   3. Incorporación de programas específicos para público de carácter familiar en las unidades del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

   4. Desarrollar convenios específicos con asociaciones de familias para facilitar el acceso a actividades culturales.

      • Creación de un grupo de trabajo específico sobre la familia dentro del Consejo Estatal de las ONGs.

      • Emplear la Comisión Interministerial Técnica sobre Familia como espacio de encuentro y foro de coordinación de las distintas iniciativas que pudiendo afectar a la familia vayan a ser adoptadas por los distintos Ministerios. También se le atribuirá la responsabilidad del seguimiento del Plan y el debate de nuevas propuestas.

      • Facilitar apoyo financiero y asesoramiento técnico a las ONGs que trabajan a favor de la familia a través de las distintas convocatorias de subvenciones.

      • Impulsar la publicación de estadísticas e investigaciones científicas sobre la situación familiar. Esta medida se concretará en la mejora y mayor aprovechamiento de los censos de población y de la nueva encuesta sobre condiciones de vida, así como con un mayor apoyo a las investigaciones que aborden los distintos ámbitos que afectan a la familia.

      • Crear una página web que contenga información sobre las ayudas a las familias y permita recoger las sugerencias de las mismas.

   10. Nueva ley de protección a las familias numerosas

       La protección social a las familias numerosas está regulada por la Ley 25/71, de 19 de Junio, de Protección a las Familias Numerosas, que si bien ha venido siendo objeto de modificaciones, no se ajusta a la realidad social y económica de nuestros días. Por otra parte, por tratarse de una norma preconstitucional, muchos conceptos han quedado obsoletos y los beneficios en su mayor parte han caído en desuso, no correspondiéndose con la actual organización del Estado donde el ámbito de competencias de las distintas Administraciones Públicas es distinto a la época en que se promulgó dicha Ley.

       Medidas:

       • Elaborar una nueva Ley de Protección a las Familias Numerosas teniendo en cuenta las conclusiones de la ponencia constituida en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Senado con el fin de analizar la situación de las familias numerosas en España.

       EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

       Cuando se pone en marcha un Plan es necesario diseñar un mecanismo que permita seguir y evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos, así como la consecución y efectividad de las medidas realizadas.

       Todavía está más justificada esta evaluación cuando muchas de las acciones deben ser llevadas a cabo mediante la colaboración de los diferentes niveles de las Administraciones Públicas y contando, en numerosos casos, con la participación de ONGs y de los agentes sociales. Además, muchas de las medidas se financiarán con cargo a fondos públicos y su puesta en marcha abarca un horizonte temporal de varios años (2001-2004).

       Por ello, está previsto una evaluación y seguimiento del Plan Integral de apoyo a la familia en el marco de la Comisión Interministerial Técnica sobre Familia, a través de los siguientes mecanismos:

   1. En el primer trimestre de cada año se elaborará una memoria de seguimiento sobre las acciones iniciadas o realizadas en el año anterior. En ella se detallarán las actuaciones previstas que se han puesto en marcha y en qué nivel de desarrollo se encuentren. Por otro lado también se incluirán balances sobre los recursos utilizados en apoyo de las acciones y de ser posible el número de beneficiarios de las mismas.

   2. Al finalizar el periodo de vigencia dichas memorias de seguimiento se integrarán en una única memoria de evaluación final, donde además de recoger las acciones realizadas, se hará una valoración de los resultados obtenidos respecto a los objetivos señalados en el Plan.

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      ¹ Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 1998 (INE).

      ² Encuesta de Fecundidad 1999 (INE). Sin embargo, datos provisionales más recientes señalan un repunte hasta 1™19 hijos por mujer en edad fértil. Nacimientos (1975-2000)

      ³ Del total de núcleos familiares con hijos, un 37,91% tiene un único hijo, un 38,09% tiene dos hijos y un 24% cuenta con tres o más hijos.

      ⁴ Las de 15 a 19 años declaran que 1,68; las de 20 a 24 dicen desear 1,8 hijos; 1™79 es lo señalado por las de 25 a 29 años y 1™74 por las de 30 a 34.

      ⁵ Estudio CIS sobre Hijos y Parejas, marzo 1998.

      ⁶ Estudio «Flexibilidad, elección y estilos de vida familiar» dirigido por Inés Alberdi. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000.

      ⁷ Fuente: Encuesta «Flexibilidad, elección y estilos de vida familiar», 2000. De la investigación dirigida por Inés Alberdi. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000.

      ⁸ La misma tendencia ocurre con la población de 80 o más años (actualmente, 3,5% ; para 2010, cerca de un 5% ; para 2025, casi un 6%, y para 2040, 8%).

      ⁹ La tasa de actividad de las mujeres españolas ha pasado de un 34,55% en el segundo trimestre de 1993 a un 39,72% en el segundo trimestre del 2001; es decir se ha incrementado en 5,17 puntos. En términos de tasa de ocupación, las mujeres ocupadas representaban un 24,68 en el segundo trimestre de 1993, mientras que en igual trimestre de 2001 suponen un 32,21% (7,53 puntos de incremento). Se trata de un incremento superior al registrado en los hombres que ha sido de 5,81 puntos. En términos absolutos el número de mujeres ocupadas se ha incrementado en dicho período en 1.510.790.

      ¹⁰ La tasa de actividad media de la Unión Europea (datos Eurostat 2000, población 15-64 años) de las mujeres se sitúa en el 59,9% frente al 50,8% de España, con una diferencia por tanto de 9,1 puntos, mientras que en el caso de los hombres esta diferencia es de sólo 0,7 puntos (78,1% Unión Europea frente a 77,4% España). Igualmente la tasa de empleo presenta una diferencia sustancial ya que mientras que en el caso de las mujeres la diferencia oscila entre el 59% en la Unión Europea y el 40,3% en España (13,7 puntos), en el caso de los hombres esta didferencia es de sólo 2,6 puntos (72,5% Unión Europea frente a 69,9% España).

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