Reflexiones y perspectivas sobre la futura reforma del baremo de indemnizaciones

Autor:Lluís Bermúdez Morata/Mercedes Ayuso Gutiérrez/Miguel Santolino Prieto
Cargo:Universitat de Barcelona
RESUMEN

La Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005, relativa al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos (Quinta Directiva), modifica determinados aspectos de las cuatro directivas anteriores con una finalidad claramente reforzadora de la protección a los perjudicados en accidentes de circulación, así como la de conseguir una mayor... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO

La LRCSCVM establece la obligatoriedad del seguro del automóvil y lo define como un seguro de responsabilidad civil por los daños derivados de accidentes de circulación. Por tanto, el asegurador se obliga a indemnizar a un tercero por los daños y perjuicios causados por el asegurado en la conducción de un vehículo a motor. De este modo, la compañía de seguros desarrolla un importante rol social puesto que es la responsable de reparar económicamente a la víctima por el daño patrimonial soportado y también por la pérdida humana, entendiéndose ésta como la pérdida de calidad de vida y el sufrimiento que el accidente le genera. Ahora bien, determinar qué cantidad es la «justa» compensación económica por la que la compañía debe indemnizar a la víctima de un accidente de tráfico por el daño corporal sufrido no es una tarea sencilla ni exenta de discusión entre los expertos.

En España, desde 1995 la valoración de la indemnización económica del daño sufrido por las víctimas de accidentes de tráfico debe cuantificarse de acuerdo con el «Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de Circulación», publicado como anexo de la LRCSCVM y comúnmente conocido como baremo de indemnizaciones. Este sistema de valoración se articula mediante unas tablas que incluyen los conceptos a indemnizar así como las cuantías indemnizatorias a otorgar.

Ante los cambios normativos derivados de la Quinta Directiva, parece lógica una reflexión sobre la determinación de las cuantías indemnizatorias a partir de la aplicación del baremo español. En efecto, aunque la nueva Ley haya incrementado el límite de la cobertura por daños corporales hasta los 70 millones de euros por siniestro, en la mayoría de casos no se garantizará una mayor protección a los perjudicados de accidentes de tráfico si no se modifica el sistema de valoración vinculante que determina los límites indemnizatorios para estos siniestros. En otras palabras, se impone una reforma del sistema de valoración de los daños personales causados por accidentes de circulación. En este sentido, a principios de 2008, el director de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones consideró que la actualización del baremo requiere de una «dosis máxima» de consenso, de sosiego, de debate y reflexión, y de estudios sobre el impacto que puede tener en el sector asegurador esta reforma.

Atendiendo a la petición del director general de Seguros y Fondos de Pensiones, y desde la neutralidad que nos confiere la condición de profesores universitarios, decidimos en su día analizar los entresijos de la valoración de los daños personales causados por accidentes de circulación para, de este modo, constituir una herramienta de apoyo al debate y a la reflexión necesarias en este tema. En esta tarea pudimos contar con la colaboración de FUNDACIÓN MAPFRE, a través de las Ayudas a la Investigación en Seguros (convocatoria 2007), dando como resultado la publicación del trabajo Perspectivas y análisis económico de la futura reforma del sistema español de valoración del daño corporal (Bermúdez, Ayuso y Santolino, 2009). El contenido de esta publicación se estructuró en dos partes. En la primera presentamos los conceptos teóricos que ayudan a comprender la dinámica del funcionamiento del baremo en España, comparándolo con los sistemas existentes en otros países de nuestro entorno, así como a obtener una idea, lo más concreta posible, del estado de la cuestión sobre la reforma del sistema. En la segunda parte del trabajo nos propusimos responder a la necesidad de realizar ejercicios prácticos de valoración del impacto económico ante los posibles escenarios que la futura reforma del baremo pueda definir.

El presente artículo, basado en el trabajo mencionado en el párrafo anterior, tiene por objetivo resumir las conclusiones y las reflexiones que hemos alcanzado sobre el funcionamiento del baremo y el de su posible reforma. De este modo, en el siguiente apartado recordamos los principios y fines que inspiraron el baremo vigente y explicamos su funcionamiento. En el tercer apartado analizamos la influencia que el marco armonizador europeo puede tener en la reforma del baremo. Seguidamente, en el cuarto apartado, reflexionamos sobre las perspectivas de reforma del baremo, teniendo en cuenta su carácter multidisciplinar (legal, médico y socio- económico). Llegados a la conclusión de que para afrontar con garantías una reforma del baremo es necesario tener en cuenta el impacto económico que las distintas propuestas de reforma tienen sobre el coste total de liquidación de los siniestros, en el quinto apartado realizamos, tras definir dos aproximaciones simples de reforma, una valoración económica de su impacto. Finalmente, en las conclusiones apuntamos de manera resumida nuestra opinión sobre la reforma del sistema de valoración de daños personales derivados de accidentes de circulación.

BAREMO VIGENTE: MOTIVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En el tema que nos ocupa, creemos que antes de iniciar el debate sobre la reforma del baremo de indemnizaciones es necesario tener muy presente la situación y los motivos que llevaron al legislador a incluir un «Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de Circulación» en el anexo de la Ley 30/1995, de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. De este modo, podremos valorar la vigencia de los supuestos que inspiraron el actual baremo. Éste se implantó para dar respuesta a una serie de factores que confluyeron y que podemos resumir en el siguiente párrafo.

Según datos de UNESPA, para el ejercicio 1991 el resultado técnico conjunto del sector para el ramo de automóviles era aproximadamente de un 108% sobre las primas devengadas. Entre las causas apuntadas para explicar tal resultado destaca la tendencia persistente, desde mediados de los 80, por parte de los jueces, a incrementar las indemnizaciones por daños personales (inflación judicial). Este fenómeno, unido a la desigualdad de criterio entre los juzgadores, desalentaba la resolución de los conflictos mediante acuerdo amistoso entre las partes. La excesiva litigiosidad incrementó el retraso judicial en la determinación de las indemnizaciones por siniestros con daños corporales, causando un sesgo importante entre el nivel de indemnización finalmente pagado y el utilizado para calcular las primas, unos años antes. En otras palabras, las provisiones de las entidades de seguros, calculadas a partir de las primas devengadas en el año de ocurrencia del accidente, eran insuficientes para hacer frente a las indemnizaciones finales pagadas en el año de liquidación, tras sucesivos años de inflación judicial. Las entidades de seguros no eran el único agente económico perjudicado por esta situación: los tribunales de justicia se encontraban colapsados; las víctimas de accidentes de circulación veían compensados los daños de manera tardía y desigual, según el tribunal asignado, y el regulador tenía serias dificultades para controlar la solvencia de las entidades dedicadas a este ramo.

Con la aprobación del baremo, el legislador se propuso acabar con la situación descrita en el párrafo anterior proporcionando a los agentes económicos implicados en este proceso, mecanismos de previsibilidad, moderación e igualdad en la valoración de la indemnización económica del daño sufrido por las víctimas de accidentes de tráfico. El baremo de indemnizaciones sirve para la valoración de los daños corporales (muerte, lesiones permanentes y temporales) sufridos por la víctima de un accidente de circulación. El sistema de valoración se articula mediante un sistema tabular en el que se incluyen los conceptos susceptibles de indemnización, así como las reglas o criterios para la valoración económica de dichos conceptos. Todo ello dentro de un esquema cerrado, es decir, sin posibilidad de salirse de este sistema. Con el fin de conseguir los objetivos marcados, el legislador impuso la obligatoriedad de su aplicación por parte del juez. El carácter vinculante del baremo de indemnizaciones ha sido, desde su aprobación, su aspecto más discutido y polémico. No obstante, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 181/2000 (STC 181/2000) se ha dejado de debatir, al menos abiertamente, sobre este punto.

El Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de Circulación se estructura en dos apartados y un «anejo» (anexo del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA