Las personas sin hogar, hoy

AutorPedro José Cabrera/María José Rubio
CargoUniversidad de Comillas
Páginas51-73

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1. Introducción

El sinhogarismo (homelessness), esto es, la falta de un alojamiento adecuado y permanente que proporcione un marco estable de convivencia (AVRAMOV, 1995), es uno de los principales problemas señalados por la Estrategia Europea de Inclusión Social. Las nuevas políticas sociales para abordar este problema, lejos ya de considerarlo como una cuestión estática en cuyo origen predominan las razones personales o individuales, parten de una definición situacional del mismo. Así, se entiende el sinhogarismo desde una perspectiva dinámica, y no estática, de la exclusión social.

De una manera más precisa, el problema que nos ocupa se puede describir como un continuo de procesos y situaciones que bien merecen ser diferenciados al objeto de ofrecer respuestas cada vez más adecuadas y efectivas. La especificación y caracterización de esas diferentes situaciones es condición necesaria para que el sinhogarismo de un único rostro, dé lugar a una nueva óptica que refleje sus múltiples caras. En ellas se conjugan diferentes circunstancias biográficas, momentos históricos, problemas sociales y necesidades personales.

Dentro de este enfoque situacional, las definiciones oscilan entre la perspectiva más estricta que considera a la personas sin hogar (PSH) sólo en referencia a la carencia de un domicilio (sinhogarismo literal o restringido), hasta aquella otra que abarca no sólo la falta de hogar sino todas aquellas situaciones en las que las personas afectadas viven en alojamientos que no reúnen unas condiciones mínimas para un adecuado desarrollo humano y social (sinhogarismo extenso) y que, consecuentemente, pueden desembocar en la falta literal de un lugar donde vivir. Con frecuencia, la opinión pública suele pensar la exclusión social ligada al alojamiento, como un fenómeno estrechamente vinculado a la calle. Sin embargo, la realidad nos permite percibir el problema más allá de sus signos más visibles y evidentes (las personas que no tienen un techo bajo el que cobijarse), mostrando todo un catálogo de condiciones residenciales precarias.

Naturalmente, esta última definición del sinhogarismo supone tomar en cuenta una serie de dimensiones que van más allá de lo físico-técnico (tener un lugar donde vivir), y apunta a cuestiones políticas y culturales. La complejidad y magnitud de la cuestión hacePage 52 que con frecuencia se asuma únicamente la definición más restrictiva, con lo que las estadísticas suelen reflejar tan sólo aquellos casos que literalmente carecen de un domicilio y viven o bien en la calle (a la intemperie) o en centros de acogida (albergues) dirigidos a este colectivo. De este modo no toman en consideración a aquellas personas que viven en lugares con condiciones inaceptables o aquellas otras que sufren una situación clara de vulnerabilidad frente al problema de la vivienda y el alojamiento. Así, se visualiza y se cifra el fenómeno de un modo extremadamente limitado, lo que tiene su repercusión en las políticas públicas diseñadas al efecto, que suelen abordar el problema teniendo en mente tan sólo su núcleo más duro.

Tomando como referencia la definición más amplia del sinhogarismo, el Observatorio Europeo que auspicia FEANTSA1 ha desarrollado una tipología de personas sin hogar y en situación de exclusión residencial, con el fin de contribuir a la mejora, integración y coherencia de las políticas de prevención y atención del problema. Al mismo tiempo esta tipología trata de impulsar y sistematizar pormenorizadamente el recuento y las estadísticas de las PSH en la Unión Europea. ETHOS2 (European Typology on Homelessness) es una rejilla de lectura de la realidad del sinhogarismo que operacionaliza según distintas categorías las situaciones de exclusión residencial en las que se puede reconocer el problema. Para elaborar esta definición operativa se comienza por identificar lo que se nombra como «dominios» o espacios principales que constituyen un hogar, de manera que la ausencia en mayor o menor grado de alguno de ellos perfila las distintas formas de sinhogarismo que pueden darse:

- Dominio físico (una vivienda adecuada de la cual una persona y su familia pueden ejercer un uso exclusivo).

- Dominio social (un espacio donde las personas pueden mantener su privacidad y establecer relaciones satisfactorias).

- Dominio legal (referido al hecho de disponer de un título legal de ocupación y tenencia).

De la combinación de estos tres dominios se desprenden cuatro grandes categorías básicas que implican un mayor o menor grado de exclusión residencial:

* Sin techo (Rooflessness)

* Sin vivienda (Houselessness)

* Vivienda insegura (Insecure Housing)

* Vivienda inadecuada (Inadequate Housing)

Y, a su vez, a partir de estos cuatro grandes tramos se pueden reconocer hasta trece situaciones diferentes.

Esta definición operativa abarca una serie de situaciones que varían a lo largo de un continuum que incluye, desde los casos de quienes se encuentran literalmente viviendo en la calle y utilizan espacios públicos para dormir (rough sleepers), hasta la situación de quienes se encuentran alojados en precario en campos de refugiados, o aquellos otros que viven acogidos temporalmente por su familia porque carecen de una vivienda propia.

Mientras que en las situaciones más extremas de falta de vivienda estaríamos refiriéndonos al sinhogarismo literal o en sentido restringido, en el amplio abanico de situaciones de precariedad o vulnerabilidad en el alojamiento que se dan cita hacia el otro polo de la definición de FEANTSA, estaríamos hablando más bien del sinhogarismo en sentido amplio o extenso.

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2. Las causas del sinhogarismo

Aunque pueda parecer una obviedad, conviene recordar que ante todo, el problema del sinhogarismo está estrechamente relacionado con la falta de alojamiento, esto es, con la exclusión residencial. La necesidad y el derecho al alojamiento digno es un elemento central, aunque no único, para prevenir el problema y promover la inserción social de las personas que lo padecen.

Pero como forma más extrema de la exclusión social, el sinhogarismo es un fenómeno complejo y multifactorial, en el que convergen múltiples causas, que exige una mirada poliédrica sobre la realidad social que lo conforma. Pensar la cuestión de las personas sin hogar, hoy, supone relacionar tres ámbitos en los que destacan algunos procesos y transformaciones sociales.

Las razones individuales, tradicionalmente, han servido para explicar las causas por las que una persona puede encontrarse sin hogar (problemas de alcoholismo, toxicomanías, salud mental-). Así podemos encontrar con que algunos de los estudios más significativos en nuestro país, señalan, por ejemplo, tasas de alcoholismo entre las PSH del 23% al 48,4%, yPage 54 de trastornos psicológicos o psiquiátricos importantes que se situarían entre el 20% y el 52%. En todo caso, siendo porcentajes importantes, están lejos de ser algo que afecte a todas las PSH tal y como tiende a creerse desde una visión estereotipada del problema. Naturalmente, las tasas encontradas están enormemente influenciadas por el proceso de elaboración y selección de la muestra a partir de la cual se obtienen. Y en última instancia, siempre estaremos ante la dificultad de saber a ciencia cierta si esos problemas eran previos al sinhogarismo o fue éste, precisamente, quien los desencadenó o terminó por cristalizarlos.

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Pero más allá de estas razones «individuales», las fracturas y quiebras en las relaciones familiares y sociales suponen un factor esencial para explicar el tema que nos ocupa. Los apoyos socio-relacionales, los vínculos sociales y contactos con familiares, amigos, vecinos, colegas, etc suponen una malla de seguridad ante los avatares que puedan surgir a lo largo de nuestras vidas y constituyen nuestro capital relacional y social.

Este factor ha sido especialmente relevante en los países de la Europa mediterránea, donde los vínculos familiares han supuesto una barrera de protección frente al riesgo de pobreza y exclusión social. Sin embargo, la complejización de las sociedades modernas ha supuesto una cierta erosión de ese capital social. Lo que en buena medida se puede ver reflejado en el aumento de las rupturas familiares. Así, por ejemplo, en Barcelona, como en otras grandes ciudades, los datos estadísticos nos brindan la oportunidad de constatar cómo la tasa de riesgo de pobreza está estrechamente vinculada con el estado civil y las rupturas familiares acaecidas por uno u otro motivo. 3

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Del mismo modo, los indicadores de pobreza utilizados por el Plan Nacional de Inclusión Social a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2006, nos muestran cómo la tasa de riesgo de pobreza es del 10% entre los hogares formados por dos adultos en edad laboral, mientras que sube hasta el 37,4% entre los hogares monoparentales; o hasta el 34,9% entre los formados por una sola persona (ver IneBase en http://www.ine.es/). La soledad, sea como consecuencia de una ruptura de los vínculos o por fallecimiento de los más íntimos, es sin duda un factor de vulnerabilidad importantísimo.

En un segundo dominio se pueden agrupar diferentes factores estructurales macro-sociales como pueden ser la distribución de la riqueza entre los ciudadanos, las limitaciones del acceso al mercado de trabajo y la calidad de los empleos o el fenómeno de la inmigración sin la debida regulación de estos ciudadanos. Factores que pueden generar una importante franja de vulnerabilidad y exclusión social y conducir a la falta de un lugar donde vivir o a hacerlo en condiciones indignas.

Los datos estadísticos del año 2005 muestran, por ejemplo, cómo la economía española experimentó un gran dinamismo, con un aumento (3,5%) superior a la media europea (1,5% EU-15). Y también los índices de creación de empleo (4,8%) fueron superiores. Pero estos datos coexisten con otros que señalan significativas tasas de pobreza y exclusión social. En ese mismo año la población por debajo del umbral de riesgo de pobreza supu-Page 56so el 19,8%4. Tasa que obviamente afecta sobre todo a los parados, los inactivos y los no ocupados, pero que también alcanza a más del 10% de las personas con empleo. En el año 2006, todavía no habían empezado a sentirse los efectos de la crisis económica actual, si bien comenzaba a repuntar una cierta desaceleración, lo que se tradujo en una ligerísima subida de la tasa de riesgo de pobreza y sobre todo en un agravamiento de la situación económica de los desempleados y en general de los no activos.

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Todos estos indicadores no hablan tanto de la exclusión literal respecto del alojamiento, como de las dificultades económicas en general que en muchos casos se van a traducir en precariedad residencial. La traducción más inmediata de los bajos ingresos en términos residenciales la encontramos en el hecho de que si bien entre la población general el 90% vive en viviendas de su propiedad o en cesión gratuita y sólo 10% en régimen de alquiler, esta última situación asciende hasta el 16% entre los hogares situados bajo el umbral de riesgo de pobreza. Los problemas con la vivienda se acumulan entre la población con menos ingresos. Esto es especialmente cierto en un país como España donde la carestía de la vivienda ha hecho que se multipliquen las situaciones de precariedad residencial. En el último informe publicado por la European Foundation for the Improvement of the Living and Working Conditions sobre Calidad de Vida en Europa (2004), España era uno de los países de la Europa de los quince (sólo superado por Grecia) con mayor porcentaje de hogares que manifestaban tener problemas para llegar a fin de mes: el 18%, frente a un 10% en la EU-15.

El aumento de las dificultades económicas, tal y como son experimentadas subjetivamente, se traduce en un incremento del porcentaje de hogares que dicen llegar con dificultad a fin de mes, y así fue recogido por la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares hasta finales de 2005, último año en que se realizó. Que estas dificultades para cuadrar el presupuesto mensual puedan llegar a traducirse en dificultades serias desde el punto de vista del sinhogarismo, nos lo demuestra otro indicador como pueda ser el aumento de los juicios por desahucio, o el que muestra un indicador un tanto exótico pero sin duda significativo, como es el hecho de que los servicios realizados por el Ayuntamiento de Barcelona para almacenar utensilios procedentes de desahucio, hubieran pasado de 153 en 2001 a 253 en 2005. Ciertamente se trata de un dato un tanto espúreo pero que no deja de tener su importancia, al fin y al cabo es en el terreno de la precariedad y la dificultad social donde se incuba el drama del sinhogarismo. Por supuesto, la realidad de quien se encuentra literalmente en la calle es sustancial y simbólicamente muy distinta de la de ese 0,6% de la población española que vivía en edificios ruinosos cuando se realizó el último censo, o no digamos de ese 1,4% que habitaba viviendas en mal estado, pero, sin embargo, no deja de ser en esePage 57 humus donde se acumulan las causas de la exclusión residencial más grave, y donde ya se empieza a vivir en situaciones que resultan indignas desde nuestros estándares de vida, como por ejemplo, vivir en un lugar sin lavabo, esto es, sin agua corriente, tal y como les ocurría a 112.824 españoles todavía en 2001.

Desde entonces hasta ahora, la degradación de determinados barrios centrales en las grandes ciudades, unida a las dificultades que experimentan muchos trabajadores inmigrantes para acceder a una vivienda digna, no ha hecho sino multiplicar el hacinamiento y el llamado chabolismo vertical, haciendo que las fronteras entre tener un techo o vivir a la intemperie no siempre signifiquen gran cosa en términos de dignidad y derechos humanos.

Con este telón de fondo, la cuestión del acceso a la vivienda adquiere un relieve especial. A tenor de los datos que a continuación se exponen el problema del acceso a una vivienda digna que se plantea en nuestra sociedad, supone uno de los factores más importantes que generan y/o refuerzan la exclusión social.

En 2005, el precio por m2 de la vivienda libre alcanzó en España los 1.888 ?, con un incremento acumulado para el período 1995-2005 de un 281%. Desde el primer trimestre del 2005 hasta ahora, el índice general de precios de la vivienda que elabora el propio Ministerio ha experimentado un incremento del 24,7%, es decir, una cuarta parte en apenas tres años y pese a la ralentización en la subida de los precios de los dos últimos años, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre se situó en 2.085 ? a finales de 2007. En el caso de las viviendas de nueva construcción en zonas urbanas, el precio medio del metro cuadrado fue de 2.618 ?/m2 a finales de 20055, lo que representó un crecimiento anual del 12%.

Los graves problemas de acceso a la vivienda, la precariedad laboral en la que aún vive una considerable capa de población, agudizan la cuestión de la falta de vivienda digna y asequible, y plantean abiertamente la necesidad de una respuesta que, frente a la única lógica del mercado libre, haga crecer el parque público de vivienda en régimen de alquiler social, por ejemplo, como elemento regulador frente a las dificultades en el acceso a la vivienda por parte de los grupos más vulnerables.

El tercer nivel de análisis corresponde a la respuesta institucional actual de cara a la prevención y atención a las personas sin hogar, sus modelos de gestión y las formas que adopta. En España arrastramos la carencia secular de una política social pública que dé una respuesta suficiente e integral a las personas sin hogar, lo que sin duda contribuye a perpetuar el problema.

Con carácter general, tal y como apuntaba hace un par de años el Síndic de Greuges de Catalunya (2005), no parecen suficientes los presupuestos sociales públicos dirigidos a atender a las PSH, en concreto, las políticas de Vivienda no suelen tener en cuenta a este colectivo, y tan sólo alguna organización de la sociedad civil promueve el alquiler de viviendas a precios asequibles para estas personas.

Del mismo modo, las políticas sociales de garantía de ingresos (Pensiones no Contributivas o Rentas Mínimas de Inserción), prestan ayudas insuficientes. Baste recordar que, como señala el citado informe, cubrir las necesidades básicas de una persona (comer y dormir en establecimientos económicos) dobla la cuantía de los ingresos medios que por ese tipo de prestaciones reciben las personas sin hogar.

Tampoco el mercado de trabajo parece reservar un hueco para la inserción sociolabo-Page 58ral de este colectivo. La Administración Pública no ha desarrollado recursos que trabajen en este sentido, debido a la intervención de carácter asistencial que suele desarrollar, y las empresas de inserción social, por ejemplo, aún no cuentan con el respaldo suficiente para poder absorber este tipo de usuarios. Paradójicamente son escasísimos los ejemplos de ciudades en los que se introduce una cláusula social que favorezca a las empresas de inserción en la licitación de concursos para ofrecer servicios de mantenimiento (limpieza, cocina, etc.) en los centros públicos de alojamiento para personas sin hogar.

En cuanto a la salud, aún queda mucho por hacer tanto por lo que respecta a la necesidad de contar con recursos adaptados a las personas sin hogar con problemas de salud mental, como a la coordinación de los centros de salud de atención primaria o especializada con la red de atención a PSH. Prácticamente no existen plazas de larga estancia para desintoxicación y recuperación de personas con problemas severos de alcoholismo; en los hospitales se siguen dando altas apresuradas a personas que se encuentran viviendo en la calle y que difícilmente pueden recibir cuidados postoperatorios, por poner sólo un par de ejemplos de falta de coordinación entre la red sanitaria y la red social.

Centrándonos en el caso de las personas sin techo (aquellas que duermen al raso), los problemas de salud física suponen entre dos y cincuenta veces más que la población en general (Muñoz, Vázquez, C. y Vázquez, J.J., 2003). El informe del segundo recuento nocturno de personas sin hogar en Madrid, señala que el 46,3% de personas entrevistadas dice tener problemas de salud. Pero entre ese grupo de «enfermos», más de la mitad (60%) no recibe ningún tratamiento médico. (Cabrera, P.J., Muñoz, M. y Sánchez, R., 2008).

Por último, y analizando la red específica de recursos dirigida a PSH, no es difícil concluir que:

  1. El número de plazas de alojamiento para PSH en las grandes ciudades es en la actualidad claramente insuficiente.

  2. En la mayoría de los casos se trata de alojamientos de carácter temporal, que continúan con el sistema de puerta giratoria.

  3. El carácter de la atención actual está mayoritariamente basado en la intervención asistencial y de urgencia.

  4. Aún contamos con una clara falta de recursos materiales y humanos.

  5. La realidad cambiante del sinhogarismo, sobre todo a consecuencia del impacto de la inmigración, ha superado ampliamente la capacidad de actuación de los profesionales implicados en el sector y se echa en falta un reciclaje formativo que les proporcione las herramientas necesarias frente a los nuevos perfiles y problemas.

3. La cuantificación del problema ¿Cuántas personas sin hogar?

Los datos arrojados por la encuesta realizada por el INE a finales de 2005 mostraron que en España existían alrededor 21.900 personas sin hogar. En ese momento, la población española era de 44,1 millones de personas, lo que nos daría una tasa de 0,49 personas sin hogar por cada 1.000 habitantes.

El perfil sociodemográfico general de la población sin hogar es el siguiente: un 83% de varones. Una edad media de 37,9 años que resulta una demostración evidente del proceso de juvenalización que está experimentando la población sin hogar. En un 82% de los casos se trata de personas solas (apenas un 18% se manifiestan casados o en pareja), y extranjeras en una altísima proporción. Prácticamente la mitad, el 48,2%, de la gente sin hogar es extranjera. Este es sin duda el rasgo más sobresaliente de cuantos arroja la encuesta INE.

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En apenas 10 años, los extranjeros han pasado de ser alrededor de un 15% de la población más excluida, a representar la mitad, lo que denota la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchos trabajadores inmigrantes que además de los problemas para lograr entrar en el país, se encuentran con serias dificultades para conseguir, por este orden: papeles, empleo y alojamiento. Por países de procedencia, estos extranjeros sin hogar son: marroquíes (16%), rumanos (9%), argelinos (7%), portugueses (6%), bolivianos (5%). Es decir, de aquellos países africanos, de Europa del Este y de América latina que aportan los mayores contingentes de inmigración.

Teniendo en cuenta que la determinación del número de personas sin hogar existentes se hizo a partir de un trabajo de campo entre los centros que atienden a la gente sin hogar (albergues y comedores), quizás no sería del todo ilegítimo pensar que allí donde la red de atención resulta más insuficiente para atenderles, la estimación del sinhogarismo resulta inferior a la realidad. Eso explicaría que aparezcan por debajo de la estricta proporcionalidad en base a la población que en ellas reside, las dos Comunidades autónomas (Madrid y Cataluña) que incluyen las dos mayores áreas metropolitanas del país (ver gráfico sig.). Tanto en el caso de Madrid como en el de Barcelona, nos encontramos con que en las poblaciones de su entorno, muy populosas, pero de reciente crecimiento, no se han desarrollado prácticamente ninguno de los servicios típicos destinados a dar cobijo, comida, etc, a los más necesitados, de manera que han seguido siendo deudores de los servicios existentes en la capital, creados muchos de ellos hace décadas o incluso siglos. Piénsese que hablamos de municipios como Móstoles, Alcalá de Henares, Badalona u Hospitalet de Llobregat que superan los doscientos mil habitantes y que siguen remitiéndose esencialmente a los servicios de albergue y emergencia que existen en la capital provincial.

Como han puesto de relieve muchos autores (Edgar et al, 2007) la medición del sinhogarismo, cuando ha de hacerse a partir de datos de encuesta a entidades especializadas en el tema, resulta enormemente dependiente de la distribución del mapa de recursos, esto es, del directorio de centros, servicios y programas que haya servido para comenzar el trabajo de campo y realizar el muestreo. Es más, el directorio será más o menos amplio, e incluirá uno u otro tipo de servicios, en virtud de cuál sea la visión del problema que se tenga entre las entidades que proporcionan alojamiento social, y de su disposición a conside-Page 60rar la propia actividad como orientada a dar respuesta a gente en situación de exclusión residencial severa independientemente de si responden o no al estereotipo del «sin techo». Esto hace que, por ejemplo, los centros de alojamiento de emergencia para mujeres víctimas de violencia doméstica, se autoincluyan a veces sí y a veces no, entre el conjunto de entidades que dan techo a gente que carece de él; obviamente, en su caso debido a circunstancias y problemáticas bien concretas y distintas a las de otras personas que se ven también obligadas a vivir temporalmente sin hogar. Eso es lo que explica la extrema variabilidad en la proporción de mujeres que se detecta entre unas comunidades autónomas y otras (ver graf. siguiente). En el caso de Castilla-La Mancha, Galicia o Murcia están ligeramente por debajo de la media nacional (17,3%) mientras que habría regiones como Canarias, Navarra o La Rioja, donde las mujeres rozan el 50% de las PSH. En todo caso, como decimos, estos datos son deudores esencialmente de la matriz institucional que atiende a la población más excluida en cada región y que ha aceptado implicarse en la encuesta del INE.

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Del mismo modo, si consideramos los grandes grupos de edad, según CC.AA., nos encontramos con enormes diferencias entre unas regiones y otras. Mientras que los jóvenes entre 18 y 29 años, representan el 83% de las personas sin hogar en Murcia, apenas si son un 4,1% en Asturias. A nuestro entender, datos tan dispares están reflejando hasta qué punto están siendo atendidos desde la red destinada a las personas sin hogar, todos aquellos extranjeros, inmigrantes, que se encuentran con problemas severos de alojamiento. Naturalmente, esto depende del porcentaje de inmigrantes existente en cada CC.AA., pero también, y mucho, de la opción adoptada en términos de política social o institucional: ¿se atiende en los albergues y comedores a inmigrantes en situación de exclusión residencial, o bien se mantiene una visión esencialista y se decide que no se trata de personas «sin techo» sino de «otra cosa» y se les atiende desde una red paralela y distin-Page 61ta de servicios. Eso es lo que explica, la abundancia relativa de jóvenes sin hogar en Murcia, Ceuta y Melilla, La Rioja, o incluso la Comunidad Valenciana. Se trata de regiones donde se atiende indistintamente a locales y foráneos.

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Desgraciadamente, las tablas facilitadas por el INE, no permiten otros análisis desagregados por provincias o por grandes capitales, para poder llevarlos a cabo hemos de remitirnos a diversas fuentes locales que suelen dar una visión fragmentada del problema, puesto que no existe prácticamente ninguna gran ciudad en la que se integren todos los datos de personas con problemas de exclusión residencial atendidas por centros públicos y privados, destinados a los diferentes grupos o colectivos de personas excluidas.

Las casi 22.000 personas sin hogar, detectadas por el INE a partir de los usuarios de la red de centros de atención, se encontraban alojadas en el momento de realización de la encuesta en muy diversos lugares. Si los ordenamos según el grado mayor de exclusión residencial que puedan representar, en función de la propuesta ETHOS, nos encontramos con los siguientes resultados (ver tabla sig.):

Alrededor de un 23% dormía en espacios públicos, ya fuera en un parque, el cajero de un banco o un pasaje comercial, una estación de ferrocarril o el metro. A éstos habría que sumarles el 15% que pasaba la noche en alojamientos de fortuna, esto es, algún tipo de edificación que comúnmente se considera que no reúne condiciones para la habitabilidad humana (el hall de un inmueble, cueva, coche-). Estos dos grupos conformarían lo que en términos ETHOS se considera sin techo (roofless) (8.218). Los alojamientos institucionalizados de uno u otro tipo vendrían a albergar al 54,4% de la población sin hogar, yPage 62 el 8% restante se alojaba en viviendas ocupadas para las que carecían de cualquier título o credencial que les diera derecho a usarlas.

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No obstante, hay que tener en cuenta que sólo una pequeña fracción de los centros destinados a acoger mujeres maltratadas aceptaron responder a la encuesta, mientras quePage 63 otros muchos renunciaron a hacerlo por entender que su clientela no es gente sin hogar, lo que significa que aún no está del todo aceptada la definición situacional y operativa del sinhogarismo que propone FEANTSA y que asumió el INE en su trabajo de campo.

Igualmente, están excluidos de las cifras anteriores la mayor parte de los centros de internamiento de inmigrantes sin papeles, o solicitantes de asilo o refugio.

Teniendo en cuenta todos estos matices, resulta espectacularmente elevado ese 22,5% de personas sin hogar, captadas esencialmente a partir de las entrevistas efectuadas en comedores que dice dormir habitualmente a la intemperie, lo que denota las limitaciones e insuficiencias de la actual red de albergues y alojamientos.

Una red en la que siguen predominando los albergues colectivos, en donde el 44% de las PSH comparte dormitorio con cinco o más personas y sólo un 22% dispone de dormitorio individual. Albergues en donde el 48% de las personas no puede permanecer durante el día, el 26% no puede recibir correo, el 25% no puede recibir llamadas telefónicas, y el 80% no puede usar Internet. Lo que significa que se trata de centros con fuertes limitaciones para mantener la malla de vínculos y relaciones sociales que puedan subsistir.

En cuanto al tiempo que llevaban viviendo sin hogar, los resultados ofrecidos por la encuesta del INE indican que el 38% llevaba más de 3 años sin alojamiento propio, viviendo por tanto en una crisis residencial y personal que se había convertido en algo crónico y permanente. Por el contrario, el 30% llevaba menos de 6 meses y en consecuencia sería susceptible de una intervención social temprana que pudiera evitar mayores deterioros. Esto sería particularmente urgente entre las personas sin hogar más jóvenes, puesto que el porcentaje de quienes llevaban menos de seis meses en la calle se elevaba hasta el 47% entre la gente sin techo con menos de 30 años. Algo parecido a lo que ocurría con los extranjeros, ya que en general, su crisis residencial era más reciente que entre los españoles, el 48% de los cuales lleva viviendo sin hogar más de tres años, sin embargo ya es posible detectar un 26% de extranjeros que llevan más de 3 años sin hogar. Hablando en términos generales, podríamos decir que la cronificación de la situación de exclusión residencial afecta aproximadamente a la mitad de los autóctonos y, de momento, tan «sólo» a la cuarta parte de los extranjeros sin hogar (ver gráfico).

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De hecho, como se puede apreciar en los dos gráficos que siguen, la situación de alojamiento de las personas sin hogar extranjeras tiende a ser más precaria aún que la de los nacionales: los que duermen en espacios públicos o en alojamientos de fortuna representan el 42% de las PSH extranjeras, mientras que entre los españoles este porcentaje se reduce al 33%. Esto viene a significar que si la red de albergues es insuficiente para proporcionar un techo a los españoles sin hogar, aún es peor la situación para quien tiene otra nacionalidad, con lo cual hay que pensar que a pesar de tratarse de una crisis demográfica y humanitaria aún muy reciente, la gravedad de las situaciones que se dan entre los inmigrantes sin hogar, muchos de ellos «sin papeles», sin trabajo y sin redes de apoyo, unido a su mayor visibilidad por razones étnicas, constituye un cóctel muy peligroso que puede dar lugar a demostraciones de hostilidad vecinal, racismo y xenofobia, tal y como ya está sucediendo en bastantes ciudades y centros históricos españoles.

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Aunque se trata de datos parciales, contamos con la posibilidad de validar esta tendencia al fuerte incremento de la presencia de extranjeros entre la gente sin hogar, merced a las experiencias de recuento nocturno que se han llevado a cabo en Madrid, desde el año 2006 y más recientemente en Barcelona6. Se trata de una metodología que consiste en rastrear de forma sistemática todas las calles de una gran ciudad en una noche dada, con vistas a detectar, censar y tomar noticia de las características y necesidades de la gente que vive literalmente sin techo y que se encuentra durmiendo literalmente en la calle. Este tipo de indagación sólo es posible gracias a la colaboración de centenares de voluntarios que, en una operación donde se mezclan los objetivos de investigación y de sensibilización social, se muestran dispuestos a permanecer en la calle desde la caída del sol hasta bien entrada la noche para intentar localizar y entablar una conversación con quienes muestran signos de encontrarse sin techo. En Madrid fueron cerca de 500 voluntarios los que participaron en la edición de este año, mientras en Barcelona fueron algo más de 700.

En cuanto a los resultados en ambas ciudades, tenemos que en Madrid se localizaron 650 personas sin techo y en Barcelona un número sorprendentemente similar: 658. En ambos casos se trata de una cifra que indica una referencia mínima de partida, puesto que no es posible llegar a saber cuántos pudieron no ser detectados por encontrarse refugiados en lugares escondidos y poco visibles. Más que el número, lo que reviste más interés es el tipo de perfil que emerge a partir de los datos de observación y de entrevista. En este sentido, resulta muy similar el perfil de población que vive en la calle en ambas ciudades. Así por ejemplo, tenemos que se trata mayoritariamente de varones (89,1 % en Madrid y 88,2% en Barcelona); que en su mayor parte se encuentran solteros (52% en Madrid; 50% en Barcelona), separados/divorciados (19,4% en Madrid; 21,5% en Barcelona) o viudos. En este sentido, los solitarios (esto es, los que no están casados o en pareja) son las tres cuartas partes de las personas sin techo (77% en Barcelona y 75% en Madrid).

En ambos casos, la mayoría de las personas sin techo son extranjeros, si bien parece detectarse un porcentaje algo mayor en Barcelona, el 60% de las personas sin techo entrevistadas en esta ciudad declararon ser extranjeros, mientras en Madrid fueron el 53%. De todos modos estas variaciones hay que tomarlas con cierta cautela pues pueden estar sometidas a fluctuaciones debido a las peculiares condiciones del trabajo de campo. En todo caso, lo que parece evidente es que la fracción más excluida y destituida de las personas sin hogar, las que se encuentran viviendo literalmente sin techo en las calles de nuestras grandes ciudades, han pasado a ser, mayoritariamente extranjeras.

Aproximadamente, la cuarta parte (24% en Barcelona y 23 en Madrid) dice obtener sus ingresos para subsistir de la mendicidad, si bien los que afirman realizar algún tipo de trabajo son más en Madrid (30%) que en Barcelona (20%). En cualquier caso se trata siempre de pequeñas chapuzas tales como recogida de chatarra, o así, no tanto de empleos reglados.

De manera sorprendente, coincide exactamente el porcentaje de quienes afirman padecer algún problema de salud (46%), y prácticamente coincide la proporción de quienes declaran no estar recibiendo tratamiento a sus dolencias (el 42% en Barcelona y el 40% en Madrid).

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Finalmente, también es muy alta la coincidencia en el porcentaje de quienes afirman haber sido víctimas de algún tipo de delito mientras se encontraban viviendo en la calle: el 48% en Barcelona y el 50% en Madrid.

Para terminar de dibujar el cuadro de semejanzas, basta observar el gráfico siguiente en el que figura el porcentaje de quienes, en base a datos de observación consignados por los voluntarios que participaron en el recuento, se encontraban, en la noche de referencia: solos, con la ropa sucia o con poca higiene, con aspecto de encontrarse mal físicamente, ya fuera por mostrar alguna discapacidad visible o por presentar indicios de enfermedad mental, alcoholismo o drogadicción. Finalmente, se consignaba si se encontraban acompañados de alguna mascota o arrastraban bolsas, bultos u otras pertenencias. Tal y como puede observarse, a partir de los datos recogidos, la forma en que se hacen presentes las personas sin techo en el espacio público, esto es, se visibilizan a los ojos de cualquier observador, resulta muy similar tanto en Madrid como en Barcelona. Las variaciones que presentan no parecen demasiado significativas, si acaso se podría pensar que en Madrid se agudiza la presencia de determinados rasgos indicativos de un mayor deterioro personal, pero todo ello dentro de una enorme semejanza.

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4. La intervención con PSH
4.1. El proceso: un continuo de atención y recursos

El conjunto de causas descritas hasta ahora y su mutua influencia, están provocando el aumento del problema del sinhogarismo en Europa y en España, con lo que cada vez el fenómeno es percibido desde las instancias políticas como una cuestión a abordar no sólo desde el ámbito privado (organizaciones sociales), sino desde el institucional público. Precisamente esta es la razón por la que el sinhogarismo es uno de los principales problemas planteados por la Estrategia Europea de Inclusión Social.

Las políticas sociales de lucha contra el sinhogarismo, desde la perspectiva de la exclusión residencial, han de abordar tanto la atención como la prevención del sinhogarismo y precisan del entendimiento de los itinerarios y procesos que lo desencadenan.

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En este sentido la tipología ETHOS, antes expuesta, al tratar de recoger todo el abanico de situaciones de exclusión residencial en las que puede hallarse una persona sin hogar, que van desde vivir literalmente en la calle, hasta quienes viven en precario, pasando por quienes residen en alojamientos sociales o protegidos, nos ayuda a entender el tipo de intervención a desarrollar dentro de un continuo de situaciones que precisan de una respuesta diferencial y adaptada a cada caso.

La intervención con PSH vista desde esta perspectiva confirma, por tanto, que el sinhogarismo es un proceso, antes que un fenómeno estático. Lo que implica que, primero, puede afectar a muchas personas en situación de vulnerabilidad residencial en diferentes momentos de sus vidas. Y, segundo, que la atención ha de estar formada por un conjunto de recursos que vaya más allá de la mera asistencia a las situaciones de necesidad, para poder inducir procesos de estabilización, mejora y cambio que procuren la integración social de las personas. Visto desde un plano superior, las políticas tradicionales, de urgencia y cuidados asistenciales (basadas esencialmente en albergues de corta estancia y comedores sociales) han de dar paso a otras que primen la prevención, la estabilización y el paso a la vida independiente (acceso y mantenimiento del alojamiento de larga duración).

De este modo, la intervención con personas sin hogar debería dar respuesta a tres grandes tramos o áreas de actuación: 1) preventiva. 2) Satisfacción de necesidades básicas y 3) Recuperación e inserción social.

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Todo ello teniendo presente que la totalidad de servicios y recursos que han de conformar cada área no debe entenderse como un conjunto aislado, sino dentro de un continuo interrelacionado, en el que cada usuario pueda encontrar acomodo según sus necesidades, y en el que, idealmente, se puedan efectuar movimientos de un escalón a otro hasta conseguir, en aquellos casos en que así sea factible, el acceso a una vida lo más autónoma posible.

En ese sentido, los recursos deben de adecuarse a la idea de proceso que está implícita en los proyectos de inclusión social. Esos que, al menos de manera formal y a veces ampulo-Page 68sa, presiden los discursos políticos y técnicos de nuestras políticas sociales actuales. Aunque en algunos casos el tipo de intervención que es dado realizar, debido al grado de deterioro de algunas personas, impida fijarse otras metas más allá de la reducción de daños. Pero también en este punto la atención a personas sin hogar resulta un elemento clave, pues se debe avanzar en la dignificación y garantía de los servicios a las personas con un grado de deterioro mayor.

Por otro lado, el problema de las personas sin hogar ha de ser entendido de una manera holística e integral. Los recursos básicos como el alojamiento, la manutención diaria o el aseo, deben ser acompañados por la atención a la salud psíquica y física, la recuperación de las habilidades personales y sociales básicas, la inserción socio-laboral o el acceso a determinadas prestaciones sociales.

En ese continuum de la intervención social con PSH, que iría de la exclusión social (o su prevención) hasta la inclusión social y la autonomía personal, proponemos el modelo que aparece en el cuadro siguiente. En él se intenta presentar, de una forma ordenada y coherente, los servicios y recursos que serían necesarios para lograr un impacto real en relación con: la prevención de la exclusión por falta de alojamiento; la atención a las necesidades de las personas sin hogar en términos de alojamiento temporal y acompañamiento social; el acceso a servicios y prestaciones sociales; y la integración social mediante el acceso a alojamientos permanentes7.

Como se puede observar, el cuadro integra una doble lectura: En dirección horizontal el modelo puede ser interpretado como una cadena de pasos que tiene como horizonte la inclusión social y el paso a la vida independiente. En ese trazado adquieren especial relevancia el área de Prevención, tan relegada hasta ahora, pero que resulta imprescindible si se quiere mejorar la detección de situaciones de riesgo; así como el área de Recuperación e Inserción Social, como espacio más adecuado para la estabilización de las personas, con alojamientos de mediana o larga estancia, servicios relacionados con la inserción socio-laboral, y alojamientos-puente a la vida independiente. Sin duda, el área de Satisfacción de Necesidades Básicas supone un tipo de asistencia ineludible, pero que de encapsularse en sí misma, sin mayor proyección, no sería más que perpetuar el consabido modelo de «puerta giratoria» que ha venido impregnando la acción social con PSH hasta hace bien poco en nuestro país. Pero también el modelo permite una lectura transversal, habida cuenta de que el continuum está impregnado del carácter integral de la intervención: coordinación de recursos, atención a los diferentes problemas asociados a la falta de alojamiento y apoyo y seguimiento profesional deberían estar presentes en todas las alternativas que se plantean.

A nuestro modo de ver, la rejilla de servicios que presentamos en este cuadro, puede servir para testar el nivel de desarrollo de la red de atención a PSH, tanto a escala local como regional, de manera que puedan ser puestas de relieve las carencias, inadecuaciones o, en su caso, excesos de concentración en alguno de los tramos del continuo de atención que se propone.

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[ VEA LA TABLA EN EL PDF ADJUNTO ]

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4.2. El alojamiento social: un puente entre el centro de acogida y la vida independiente

En todo ese conjunto de servicios y recursos que hemos planteado, la cuestión del alojamiento, a lo largo de todo el proceso pero especialmente en la etapa de Recuperación e Inserción Social, supone un punto de anclaje central en los procesos de inclusión social, habida cuenta que viene a ser un factor esencial de estabilización personal. Justamente, por la capacidad estabilizadora que puede aportar el hecho de disponer de un alojamiento digno, adaptado a las necesidades de la persona y de estancia no limitada a corto plazo, éste viene a ser la plataforma privilegiada desde la que trabajar la inserción socio-laboral, las mejoras en la salud, la normalización de los hábitos y relaciones cotidianas, etc. Razón por la cual el alojamiento de larga estancia ha pasado a ser el elemento central dentro de algunas estrategias europeas de lucha contra el sinhogarismo, que se apoyan sobre el principio del: housing first, o lo que es lo mismo: alojamiento (vivienda) en primer lugar8.

De modo genérico, se viene empleando el término «alojamiento social», para nombrar a toda una serie de alternativas que tratan de facilitar el paso entre la red de recursos especializados y la vida autónoma. Los colectivos a los que suele dirigirse suelen ser personas sin hogar que han iniciado procesos de inclusión social y que han superado etapas de recuperación básica, pero también acogen a personas en situación de riesgo de exclusión social o residencial (mujeres víctimas de malos tratos, familias o personas sin recursos económicos que han sufrido un desahucio, etc.).

En este marco también se pueden encontrar equipamientos destinados a acoger de una manera indefinida a personas que, por su cronificada situación, no parece posible que pueda plantearse con ellos la meta de una vida independiente. En este caso se procura una atención paliativa en un marco que se asemeja a la vida cotidiana de las viviendas ordinarias, sin que se apliquen programas de alto contenido psico-social.

Como último eslabón del continuo, aparecen los servicios de acceso y apoyo a la vivienda ordinaria.

Algunas experiencias internacionales, pioneras en el diseño y puesta en práctica de alojamiento social, sirven para documentar este apartado.

En cuanto a los equipamientos residenciales de media o larga estancia, podemos referir algunos tipos de recursos que tratan de promover la inserción social de PSH con importantes carencias psicosociales y/o el paso a una vivienda estable y autónoma. Suelen ser personas que han iniciado procesos de inserción social, condición que permite un trabajo intenso hacia su progresiva autonomía. Consecuentemente, estos equipamientos cuentan con programas de apoyo social. En relación a la cuestión económica, los usuarios suelen abonar una parte de los gastos en función de sus posibilidades, y con frecuencia este tipo de equipamiento suele contar con el apoyo de las autoridades políticas de las áreas de vivienda (quien apoya económicamente la adquisición y rehabilitación de los edificios) y de servicios sociales (que financia la acción social). El modelo francés ofrece dos tipos de equipamientos de interés: los Centres d'Hébergement et de Réinsertion Social (CHRS) y las Résidences Sociales.

La red de Centres d'Hébergement et de Réinsertion Social (CHRS) cuenta con alrede-Page 71dor de 33.000 plazas en todo el país y suelen estar gestionados por entidades no lucrativas. Los centros firman un contrato de alojamiento con cada usuario, en principio, por seis meses, pero renovable en función de las necesidades que se consideren en su momento. Los usuarios abonan una cantidad anual en función de sus ingresos. Muchos de ellos son familias o personas que atraviesan dificultades económicas, de salud o de otro tipo y que precisan ayuda hasta que pueden recobrar su autonomía. Las necesidades de estas personas son atendidas por profesionales de diferentes disciplinas, con lo que se procura garantizar una atención lo más completa posible.

También en Francia se pueden encontrar Résidences Sociales que ofrecen alojamiento, en principio, hasta de dos años, pero igualmente renovable. La atención y la modalidad de la estancia es más individualizada: una habitación amueblada para cada usuario, pero con la ventaja de disponer de servicios y salas de acceso común. Las residencias sociales suponen un paso más avanzado en el camino hacia la vivienda independiente, generalmente proporcionada por el parque de vivienda social en alquiler. Están, por tanto, dirigidas principalmente a PSH con problemas de acceso a la vivienda, pero con un considerable nivel de autonomía. Los clientes de estas residencias abonan la estancia en ellas, pudiendo solicitar una ayuda pública específica denominada Aide Personalisée au Logement. En nuestro país, sólo de forma incipiente, y dirigidos a grupos muy específicos (ej: jóvenes) empiezan a aparecer estas ayudas directas encaminadas a favorecer el sostenimiento económico de un lugar donde residir de forma autónoma e independiente.

Los equipamientos de larga estancia tienen un carácter indefinido y más que perseguir el objetivo del proceso y tránsito a una vida independiente, buscan el cuidado paliativo y la reducción de daños.

Están especialmente destinados a población sin hogar con acentuado deterioro, para quienes es muy difícil la meta de la integración social plena, y/o a personas con edades avanzadas que además presentan hábitos y conductas difícilmente compatibles con lo exigido por la red de residencias para gente mayor.

También en Francia, encontramos las Maison Relais o pensiones sociales o de familia, son recursos de pequeño tamaño (alrededor de diez personas) con un variado perfil de clientela, que no requieren de una intervención psicosocial intensa. Están destinadas a personas con una situación de aislamiento y exclusión social importante, que por sus características no pueden acceder a un alojamiento ordinario. Se dirigen de una manera privilegiada a las personas que han frecuentado repetitivamente los albergues, pero que ya no aceptan su estancia en ellos.

La Maison Relais conjuga habitaciones individuales y salas y servicios colectivos y cuenta con un anfitrión (Hôte) o una pareja de anfitriones que están destinados a favorecer las relaciones de la vida cotidiana de una casa ordinaria. La figura del anfitrión está especialmente ideada para jugar un rol principal en el desarrollo de esa vida cotidiana, y aunque su cualificación profesional puede ser variada, han de ser personas atentas y a la escucha de las necesidades de los usuarios, asegurando su presencia cotidiana cerca de ellos.

Por último, el eslabón final del continuo de atención a PSH vendría a estar constituido por los programas de ayuda para el acceso a la vivienda ordinaria y/o para el mantenimiento en la misma. Por ejemplo, en Reino Unido existen los Floating Support Services o servicios ambulatorios, que en conexión con los centros de alojamiento para PSH, tratan tanto de buscar viviendas dignas donde vivir, así como de de entrenar a sus posibles inquilinos en habilidades de convivencia básicas.

También, y gracias al parque de viviendas de alquiler social del Reino Unido, losPage 72 Move-on Schemes promueven el acceso de PSH que residen en centros de media y larga estancia a viviendas autónomas o semi-autónomas.

En nuestro país existen ya experiencias pioneras dentro del sector de la intermediación inmobiliaria (Ej. provivienda) que no se limitan a facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a los segmentos de población menos solventes económicamente, sino que incorporan, ya sea por sí solos o en colaboración con otras entidades especializadas, programas de trabajo social y acompañamiento a los usuarios que les permiten alcanzar un notable nivel de éxitos en términos de inclusión social.

Tal y como pusimos de relieve con ocasión del encuentro de pares que revisó hace año y medio la estrategia noruega de lucha contra el sinhogarismo, sólo de forma muy paulatina se ha ido abriendo paso en nuestro país una concepción del problema que -a diferencia de las visiones tradicionales que insistían en las razones individuales y buscaban exclusivamente la readaptación de las personas afectadas- intenta encontrar una comprensión más amplia y estructural del mismo, por lo que se asume la importancia de articular la política social con la política de alojamiento/vivienda, así como la urgencia de superar la vieja dicotomía que lleva a considerar al excluido como digno/indigno (worthy/unworthy) de ser atendido, para afianzar una política social universalista basada en los derechos de los ciudadanos.

Es muy importante que se produzca este cambio de perspectiva, si se quiere expandir el campo de lo que política y socialmente se considera factible realizar en estos momentos en España. Hoy por hoy, el espacio para una posible actuación política frente al sinhogarismo se encuentra demasiado circunscrito al terreno delimitado por la política social y los problemas individuales (alcoholismo, drogadicción, enfermedad mental, etc) que presentan las personas sin hogar. Sólo si se cambia la concepción del sinhogarismo para entenderlo de forma más amplia y estructural será posible iniciar actuaciones que en este momento parecen imposibles desde nuestro actual marco social: las que nos puedan permitir actuar sobre el sinhogarismo, no sólo desde los Servicios Sociales específicos, sino también desde la política de vivienda.

Esto permitiría modificar los límites estructurales del sistema de intervención en todos sus aspectos, tanto sociales y económicos (mercado de trabajo, sanidad, educación, redes sociales) como políticos, puesto que implicaría el reconocimiento efectivo del derecho a la vivienda y el alojamiento digno. Una realidad básica y necesaria que no puede quedar vinculada a la adopción por parte del cliente de una determinada pauta de conducta individual. Todo lo cual nos permitiría olvidar la actual dinámica, restrictiva, estrecha y corta de miras que acaba por seleccionar al cliente de entre una serie de colectivos considerados como dignos de recibir atención, para empezar a extender la ciudadanía inclusiva, también en materia residencial, a todos los ciudadanos sin excepción.

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[1] European Federation of Organisations Working with the Homeless. European Observatory on Homelessness. (http://www.feantsa.org).

[2] Instrumento diseñado por el European Observatory on Homelessness de FEANTSA.

[3] El Informe sobre Pobreza y Exclusión en la ciudad de Barcelona agrupa los datos de la Encuesta Metropolitana de Barcelona en «Personas en situación de pobreza» (aquellas que disponen de unos ingresos per cápita que les sitúa en la primera decila de la distribución de la renta), «Personas en situación de precariedad» (situadas en la segunda décila) y el «Resto de población».

[4] Encuesta Condiciones de Vida, 2005. (INE).

[5] Ministerio de la Vivienda (2007): Estudio de Oferta de vivienda de nueva construcción en España. Madrid: Ministerio de la Vivienda.

[6] El segundo recuento madrileño, patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid dentro del plan de seguimiento e investigación trazado desde el Foro técnico de personas sin hogar se llevó a cabo el 26 de febrero y el de Barcelona apenas unos días más tarde, el 12 de marzo de 2008. En este caso estuvo auspiciado por la Fundació Un Sol Món y contó también con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. En ambas ciudades, la experiencia pudo llevarse a cabo merced a la implicación de la red de entidades sociales que trabajan a favor de las personas sin hogar.

[7] Tales fines ya fueron planteados en el Documento Político La promoción de la Inclusión Social a través del acceso al alojamiento. FEANTSA. Bruselas. 2001.

[8] Algunas políticas públicas, como la Estrategia Nacional de Noruega para prevenir y combatir el sinhogarismo, ya han hecho sustantiva esta forma de entender el problema. La perspectiva que prioriza el acceso o mantenimiento de la vivienda en la intervención con las personas sin hogar, sin el menoscabo de los servicios adicionales que cada persona precise («The housing first approach»), se encuentra en la base de estas intervenciones en el marco europeo.

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