La personación y presentación de alegaciones ante el Tribunal Constitucional

Autor:Marta Fernández de Frutos
 
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La personación y presentación de alegaciones ante el Tribunal Constitucional

Este Capítulo examina la personación y presentación de alegaciones ante el Tribunal Constitucional en relación con la posible inconstitucionalidad de la norma objeto de la cuestión de inconstitucionalidad.

El Capítulo se centra principalmente no en el análisis de cómo debe desarrollarse la intervención de los sujetos a que se refiere el art. 37.2 LOTC, sino que el eje central del mismo lo constituye la discusión sobre la posible intervención en el proceso constitucional de las partes del proceso principal, y en menor medida la intervención de terceros, aunque respecto a dicha intervención la LOTC omite cualquier referencia. Las razones del protagonismo que cobra el examen de una posible intervención que la ley no prevé, frente al examen de la intervención a que el art. 37.2 LOTC se refiere no son, o al menos no pretenden serlo, gratuitas. Desde la aprobación de la LOTC, pero especialmente desde la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de junio de 1993, Ruiz Mateos c. España, la doctrina que ha examinado la tramitación de la cuestión de inconstitucionalidad ha discutido la necesidad de que las partes del proceso principal puedan personarse en el proceso constitucional y presentar sus alegaciones sobre la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada, atendido que dicha norma resulta aplicable en el proceso en que se discuten derechos e intereses de los mismos. Esto ha motivado que en este trabajo se intente llegar a alguna conclusión respecto a sí esa intervención resulta necesaria teniendo presente la actual regulación del proceso constitucional, por lo que se analizan todos los argumentos tanto favorables como contrarios a esa personación y presentación de alegaciones por las partes del proceso principal.

En relación con la estructura del Capítulo, en el primer apartado se hace referencia a los sujetos que el art. 37.2 LOTC prevé que pueden personarse y formular alegaciones ante el Tribunal Constitucional, examinando cómo debe realizarse su personación y la presentación de alegaciones.

El segundo apartado analiza los criterios utilizados respecto a la posible intervención en el proceso constitucional de las partes del proceso principal. En primer lugar se examinan los argumentos manifestados por la mayoría del Tribunal Constitucional mediante los que se rechaza la posible personación de las partes del proceso principal, y los votos particulares favorables a la misma. Se analizan seguidamente los argumentos principales sostenidos a favor o en contra de la personación de las partes en el proceso constitucional, así, la finalidad objetiva de la cuestión de inconstitucionalidad y la posible existencia de intereses subjetivos en su tramitación; la posibilidad de transponer los principios procesales que rigen la comparecencia en los procesos judiciales ordinarios a la intervención de los sujetos ante el Tribunal Constitucional; el argumento de Derecho Comparado; y la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 23 de junio de 1993, Ruiz-Mateos c. España. Finalmente, vistos todos estos argumentos se expone cuál es la conclusión a la que se llega respecto a sí, atendida la tramitación actual del proceso constitucional, es necesario defender la intervención de las partes del proceso principal.

Por último, el tercer apartado hace referencia a sí resultaría posible admitir que sujetos no previstos en el art. 37.2 LOTC y que no fuesen parte en el proceso principal, pero que ostentasen un interés legítimo en la tramitación y decisión del proceso constitucional, presentasen sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional.

1. Los sujetos previstos en el art. 37.2 LOTC

La Constitución no establece los sujetos que pueden personarse en la tramitación del proceso constitucional, sino que deja en manos del legislador tanto la previsión de la posible personación y presentación de alegaciones en el proceso constitucional, como la determinación de los sujetos que, en su caso, pueden personarse y presentar alegaciones. Así, es el art. 37.2 LOTC1 el que establece que “el Tribunal Constitucional dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposición normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrán personarse y formular alegaciones sobre la cuestión planteada en plazo común improrrogable de quince días”2.

Por tanto, la LOTC limita la intervención en el proceso constitucional a determinados órganos públicos. Esos órganos, salvo por lo que se refiere al Fiscal General del Estado, son los mismos que pueden comparecer en el procedimiento del recurso de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo previsto en el art. 34.1 LOTC, sin que durante la discusión del proyecto de ley se pusiesen de manifiesto las razones que motivaban que fuesen esos órganos a los que se debería dar traslado de la cuestión de inconstitucionalidad, permitiendo su personación en el proceso constitucional.

1.1. El Congreso de los Diputados y el Senado

La personación y presentación de alegaciones por el Congreso de los Diputados y el Senado es posible que fuese prevista atendiendo a que a dichos órganos corresponde la tramitación y aprobación de las leyes, lo que ha llevado a algunos autores a sostener que su intervención en el proceso constitucional debe realizarse en defensa de las normas cuestionadas3. No obstante, hay que considerar que si bien resulta lógico pensar que si dichos órganos son los que tienen atribuida la función de elaborar y aprobar las leyes tendrán interés en defender la constitucionalidad de aquellas que sean objeto de una cuestión de inconstitucionalidad, lo cierto es que teniendo presente que las leyes cuestionadas pueden ser anteriores a la Constitución, y por tanto no habrán sido aprobadas por un poder legislativo democrático; o que la composición política de las Cortes en el momento en que la cuestión se plantea puede ser diferente a la existente en el momento en que la norma se aprobó, es posible que no exista ningún interés en defender la conformidad de la norma cuestionada con la Constitución. Por ello, hay que concluir que no en todo supuesto Congreso y Senado deberán, en su caso, intervenir en el proceso constitucional en defensa de la constitucionalidad de la norma cuestionada, puesto que ni ello sería coherente con el hecho de que la Constitución sea la norma suprema del ordenamiento, debiendo el resto de normas no contradecir lo que aquella disponga, ni permitiría a esos órganos apartarse de la voluntad expresada por las Cortes en un momento anterior.

Respecto a la forma en que deberá realizarse la personación en el supuesto en que Congreso y Senado decidan intervenir en el proceso constitucional, hay que decir que el Reglamento del Congreso de los Diputados no regula la personación del Congreso en la tramitación de los procesos constitucionales. Por su parte el art. 187 del Reglamento del Senado, incorporado a través de la Reforma de 14 de junio de 2000, establece que “la personación y la formulación de alegaciones en los recursos de inconstitucionalidad y en el control previo de la constitucionalidad de los Tratados Internacionales en los casos que afecten al Senado, se tramitará a través de la Comisión Legislativa que resulte competente por razón de la materia”, omitiendo cualquier referencia a la personación en las cuestiones de inconstitucionalidad. No obstante, a pesar del silencio de los Reglamentos Parlamentarios, resulta que en la práctica, como pone de manifiesto el examen de las sentencias del Tribunal Constitucional, tanto en el Congreso como en el Senado, ha sido la Mesa, atendido que recaen en dicho órgano las funciones no atribuidas expresamente a otros órganos, la que se ha pronunciado sobre la pertinencia de personarse y presentar alegaciones, siendo comunicada la decisión definitiva de la Mesa al Tribunal Constitucional a través del Presidente de la Cámara correspondiente.

En el caso de que se acordase la presentación de alegaciones, teniendo presente que el art. 71 del Estatuto de Personal Parlamentario dispone que los Letrados de las Cortes tienen entre sus funciones “la representación y defensa de las Cortes Generales ante los órganos jurisdiccionales y ante el Tribunal Constitucional”, las alegaciones serán redactadas por el Letrado de las Cortes al que se le asigne esa función, debiendo seguir las indicaciones de la Mesa sobre la posición a adoptar4.

En la práctica tanto el Congreso como el Senado han mantenido una actuación uniforme, atendida la inexistencia de un deber de comparecer en el proceso constitucional5. El primero comunicando a través del Presidente del Congreso el acuerdo de la Mesa de no personarse y formular alegaciones, y el segundo remitiendo por conducto del Presidente del Senado el acuerdo de la Mesa de personarse pero sin formular alegaciones, salvo en las cuestiones decididas mediante las SSTC 37/94 y 48/95 en las que el acuerdo fue el de la no personación6.

1.2. El Fiscal General del Estado

El art. 37.2 LOTC, a diferencia de lo previsto en el art. 34.1 relativo a la personación en el recurso de inconstitucionalidad, establece la posible personación en la tramitación de la cuestión de inconstitucionalidad del Fiscal General del Estado.

Respecto a las razones que motivan la intervención del Fiscal General del Estado en la tramitación de la cuestión de inconstitucionalidad, y no en el recurso de inconstitucionalidad, Flores Prada declara que esa distinción resulta acertada porque existe una correlación de fundamento entre la función concreta de defensa de la legalidad que la Constitución atribuye al Ministerio Fiscal y su intervención en los procesos ante el Tribunal Constitucional...

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