Perfil sociodemográfico de delincuentes ecológicos en el Estado Barinas, Venezuela
| Autor | José Flores - Sandra Flores |
| Cargo | Abogado. Dr. En Ingeniería (UVA, España). Posgrado en Derecho Agrario y Ambiental. Universidad Ezequiel Zamora. Avenida 23 de Enero, Alto Barinas, Barinas, Estado Barinas, Venezuela. - Abogada. Doctoranda en Ingeniería de la Organización, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España |
Según la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (2010), las estimaciones más conservadoras señalan que en la Tierra existen entre dos y diez millones de especies distintas, de las que sólo se han descrito un millón ochocientas mil, lo que igual supone una biodiversidad asombrosa, que en su gran mayoría son microorganismos e insectos. Esa biodiversidad no actúa individualmente sino que, además, teje interrelaciones complejas entre sus componentes (genes, especies y ecosistemas).
Sin embargo, en la actualidad, uno de los problemas más apremiantes que confronta la humanidad es la protección del ambiente a escala planetaria, como condición impretermitible para garantizar la supervivencia de nuestra especie. Cotidianamente se difunde información acerca de innumerables problemas que amenazan, en mayor o menor grado, la vida en la tierra (Organización Mundial de la Salud, 2008; World Wildlife Foundation, 2008; Das 2013).
Entre estas amenazas se encuentran el delito ecológico, fenómeno social que no ha recibido la atención que merece, pues los estudios empíricos no son abundantes, especialmente en lo que se refiere a perfiles sociodemográficos de los delincuentes ecológicos. Así por ejemplo, hasta donde alcanzó la revisión bibliográfica, no se ha determinado la curva de la edad del transgresor ecológico, herramienta metodológica que ha sido profusamente abordada para los casos de delitos comunes (Vigna 2012: Villagra 2014, p. 94), ya que, conjuntamente con otras variables, tiene grandes implicaciones en la formulación y evaluación de políticas de prevención, control y rehabilitación en el ámbito de la seguridad ciudadana. La determinación del perfil sociodemográfico de los transgresores es usual en los casos de delitos comunes (Quiceno et al. 2012, Arcila et al. 2013) y en el caso de los delitos ecológicos, se ha establecido el perfil con base en la percepciones social de las violaciones a las leyes medioambientales (Martín et al. 2005, Martín et al. 2007) y, también, se han abordado algunas variables sociales (con diferentes niveles de detalle) en estudios relacionados con delitos ecológicos (Gómez y Molina 2007; Carr et al. 2008, Sierra 2013, Iamartino y Gómez 2015). Lo habitual es que el daño ecológico se estudie desde la perspectiva de la víctima o parte de la naturaleza afectada (Sotelo et. 2015).
Por ello, la presente investigación pretende ampliar el limitado acervo de estudios empíricos sobre perfiles sociodemográficos de los delincuentes ecológicos en Venezuela, específicamente en el estado Barinas, cuya economía se sustenta principalmente en actividades agrarias, forestales, pesqueras, así como en la explotación de hidrocarburos y del usufructo de un sector industrial escasamente desarrollado. Por otra parte, su población ha crecido rápidamente, acrecentada por corrientes migratorias, que en muchos casos, se ha desplazado hacia regiones o áreas caracterizadas por su gran diversidad biológica, lo que ha generado conflictos que justifican el diagnóstico de importantes variables del perfil sociodemográfico de los transgresores ecológicos, tales como edad, género, estado civil, ocupación y nacionalidad, que son relevantes para la formulación de políticas públicas en materia de protección ambiental.
El presente estudio se justifica por la necesidad de lograr un desarrollo sostenible, plasmada en acuerdos internacionales (Borràs 2015, Naciones Unidas. 2015) y legislaciones nacionales. Asimismo, la quinta Conferencia de Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas (Naciones Unidas 2010) contra la Delincuencia Organizada Transnacional identificó los delitos ecológicos como uno de los delitos nuevos y emergentes de interés y, por tanto, se requiere de una respuesta adecuada por los Estados Partes.
La curva de la edad del crimen (age-crime curve), que ha sido muy difundida, aporta evidencia que a finales de la infancia y en la adolescencia, hay un aumento importante en el número de jóvenes que se involucran en actos delictivos y que este número comienza a disminuir a finales de la adolescencia y la edad adulta (Farrington 1986, Loeber y Farrington 2013). Con mayor nivel de detalle, en esta curva se pueden identificar cinco puntos (Rodríguez 2015): A) en los primeros diez años de vida la participación en conductas delictivas es muy baja, B y C): entre los 10 y 12 años la frecuencia delictiva se de manera sostenida hasta un segmento extremo entre los 15 y 20 años, C y D) en esta edad (20 años) se produce un punto de inflexión que marca el inicio de una fase de decrecimiento que se extiende hasta los 60 años, D) después de los 65 años es casi nula la incursión en la delincuencia (Birkbeck, 2006; Farrington, 1986, 2003; Hirschi y Gottfredson, 1983).
La curva de la edad del crimen se desarrolló a partir de datos agregados y su forma ha resultado consistente, aún cuando se han empleado fuentes de datos oficiales diversas (procesamientos, denuncias, arrestos), o se han analizado sociedades diferentes e, incluso, en estudios diacrónicos (Hirschi y Gottfredson, 1983; Moffitt, 1993). Aunque ha recibido críticas (DeLisi y Vaughn 2007; Serrano 2010, p. 9) este enfoque todavía está vigente (DeLisi 2015) y es muy útil para formular políticas públicas (Fabio et al. 2011, Loeber 2012, p. 17), entre otras aplicaciones.
Entre las críticas se pueden señalar consideraciones metodológicas sobre la curva y dudas sobre su generalidad, debido a que fue desarrollada con información de delitos comunes, es decir, básicamente delitos contra la propiedad. Por ello, se mantienen reservas sobre su extrapolación a algunas formas delictivas, como los llamados delitos de cuello blanco o con algunos grupos sociales, como es el caso de las mujeres (Serrano, 2010, p. 9), así como los delitos sexuales, de drogas y delitos económicos, que tienen una distribución, duración y frecuencia distinta (Villagra, 2014, p.94). Asimismo, la curva antes mencionada se considera una curva-tipo, que puede estar sujeta a ligeras variaciones en cada país, debido, por ejemplo, a diferencias en políticas públicas de seguridad ciudadana que incidan directa o indirectamente en las edades de inicio o desistimiento de la carrera delictiva (Villagra, 2014, p. 94).
Con base en estas posibles variaciones, principalmente las ocasionadas por los tipos de delitos, se aborda en la presente investigación la elaboración de la curva de edad relacionada con los delitos ecológicos, como aporte original de este trabajo.
Según el estudio de los delitos comunes, el género es considerado el correlato más sólido con el delito (Serrano 2013, p. 83). Universalmente se acepta que las mujeres cometen menos delitos que los hombres (Villagra 2014), con problemas y necesidades que a menudo las diferencian de los varones delincuentes, ya sean jóvenes o adultos (Loeber et al. 2011).
Igualmente, en comparación con los hombres, la iniciación delictiva de las féminas es más tardío y el desistimiento se presenta más temprano (Zahn y Browne 2009). Incluso se considera más probable que las diferencias se presenten, no solo en el momento, sino también en las formas de desistimiento (Massoglia y Uggen, 2007). Asimismo, el sexo también incide en el tipo de delito cometido, ya que las mujeres suelen concentrarse en actividades de tráfico y venta de drogas, mientras una gran mayoría de los hombres se dedica a delinquir contra la propiedad (Vigna 2012).
Sin embargo, es importante destacar que los factores claves para la conformación de las carreras delictivas han sido estudiados con mayor profusión en hombres, desconociendo las particularidades que puedan existir cuando se trata de delincuentes femeninas (Giordano et al., 2002; Leverentz, 2006; Norza et al. 2012; Loinaz 2014).
En delitos como el homicidio, se ha evidenciado relación entre el delito y el estado civil. Por ejemplo, Carvajal et al. (2015), en una muestra de homicidas en Cuba encontró que el 50% eran solteros (sin pareja estable). Igualmente, al comparar una muestra de hombres privados de libertad con otra de hombres libres en Bogotá, se detectaron diferencias estadísticamente significativas en los porcentajes de las modalidades de estado civil (Quiceno et al. 2012). Asimismo, en un estudio socio demográfico de la población privada de libertad en Puerto Rico se detectó que la mayor parte eran solteros, seguidos de uniones consensuales, categorías que sumaron el 87,6% del total de la muestra (Bermúdez et al. 2013, p. 7).
Se ha evidenciado relación entre la actividad laboral del delincuente y la comisión del delito. Así, en el 89,2% de una muestra de homicidas estudiada en Cuba, no se constató la existencia de vínculo laboral, lo que se relaciona con su personalidad (Carvajal et al. 2015). Por otra parte, al comparar una muestra de hombres privados de libertad con otra de hombres libres en Bogotá, se detectaron diferencias estadísticamente significativas en los porcentajes de las modalidades de las ocupaciones estudiadas (Quiceno et al. 2012). También, se han analizado exhaustivamente las evidencias que establecen la relación entre desempleo y delincuencia (Ramírez 2008; Finklea 2010; Phillips y Land 2012) y, finalmente, Adebayo (2013), además de aseverar que las altas tasas de desempleo juvenil en Nigeria han contribuido, en gran medida, a la participación de este grupo etario en actividades delictivas (delitos comunes), aseveró que este fenómeno ha sido una de las principales causas de la lentitud del desarrollo en Nigeria.
Venezuela es uno de los países de la región que garantizan el derecho a migrar, según el cual, las personas tienen el derecho a decidir dónde van a residir y cualquier cambio en la residencia no debería alterar la garantía a sus derechos, que son independientes a la condición migratoria y laboral (García y Gainza 2014, p. 78).
La comisión de delitos por parte de inmigrantes (o la percepción equivocada de los hechos) suele ser una fuente de tensiones o conflictos sociales, que configura una percepción negativa sobre ellos, que incluye el entorno donde residen, y configura estereotipos no han tenido mucha relación con la realidad, pero sí una gran importancia en el desarrollo de las políticas, actitudes y relaciones sociales en todas las sociedades que han enfrentado esta problemática (Wagman 2002).
La depredación ambiental en algunas zonas con abundancia de recursos, ubicadas en el estado Barinas, se inició en los años 40 debido, en un primer momento, debido a la expansión demográfica hacia espacios vacios por parte de campesinos pobres provenientes del propio estado, de estados vecinos, y de Colombia, que se dedicaron a la práctica de la agricultura de subsistencia (Chuvieco et al., 2002). A manera de síntesis destaca que, por la dinámica de poblamiento, tanto nacionales como extranjeros (en menor grado) han venido generando impactos ambientales en muchas regiones del país.
Con el objetivo de revertir la situación antes descrita, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 127 establece el derecho individual y colectivo "a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado", pero también impone que es "un deber de cada generación, proteger y mantener el ambiente, en beneficio de sí misma y del mundo futuro". De manera que la constitución y demás leyes pertinentes, establecen la corresponsabilidad para que venezolanos y extranjeros (en suelo patrio) se conviertan en protectores de la ecología.
Se utilizó información proveniente de una muestra de 90 sentencias o decisiones (que reunían requisitos de calidad y cantidad de datos) publicadas por los tribunales del estado Barinas (Venezuela) con competencia en materia penal ambiental, durante los años 2005 al 2014. Por tanto, el área geográfica bajo estudio comprende todo el territorio de este estado. En total la muestra estuvo conformada por 164 personas procesadas por delitos ambientales.
La obtención de información para estudios criminológicos no es fácil (Ruíz, 2012, p. 12). Para este tipo de estudio se han empleado sentencias, decisiones o expedientes incoados (Guerra, 2010; Fernández et al. 2014), bases de datos de Observatorios de Seguridad Ciudadana (Ruíz 2012, Dammert y Estrella 2013) o de cuerpos policiales (Norza et al. 2012; Ponce, 2015, p. 47). Las fuentes oficiales gozan de mayor consenso, aunque no están exentas de controversias (Maguire, 2007; Mosher et al. 2011, Dammert y Estrella 2013; Molina (2013).
El Estado Barinas, cuya capital es la ciudad homónima de Barinas, es una de las 24 entidades federales de Venezuela. Está ubicada en la Región de los Llanos y, en menor proporción, en la Región de los Andes al suroeste del país. Los llanos constituyen una ecorregión prioritaria para la conservación de la biodiversidad (Ruiz 2004), al igual que la región andina (La Marca 2012). Barinas posee una extensión geográfica de 35.200 km2; (3,84% del Territorio Nacional) y para el año 2015 se le estimó una población de 901.129 habitantes.
Para el análisis de la data se utilizó estadística univariante y bivariante, procesada con el software SPSS 21 (IBM Corporation 2012).
A continuación se analizan y discuten los resultados de cinco variables del perfil sociodemográfico de los delincuentes ecológicos del estado Barinas, Venezuela.
La edad promedio de los delincuentes ambientales de la muestra en estudio fue de 37 años, con un máximo de 87 años y un mínimo de 18 años (Tabla 1), ya que el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes prohíbe exponer o divulgar, por cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles. De manera que el estudio no abarcó a los menores de edad por las limitaciones para la obtención de la información pertinente. La no inclusión de menores de edad introduce limitaciones a la comparación de la media de edad con la obtenida para delitos comunes.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la variable edad de los delincuentes ambientales
| Media | Mediana | Mínimo | Máximo | Desviación típica | Percentil25 | Percentil75 | |
| EDAD (AÑOS) | 37,0 | 36,0 | 18,0 | 87,0 | 13,1 | 27,0 | 44,0 |
El histograma de la edad de los delincuentes ambientales (Figura 1) muestra varias características a saber: 1) presenta una distribución no normal (Anexo 1), 2) Es asimétrica (Anexo 2), pues el valor de la asimetría es mayor que el doble de su error típico (IBM Corporation 2012, p. 11) y, también, es positivo, lo cual indica que los valores tienden a reunirse en la zona de los valores menores a la media, 3) Presenta problemas de curtosis (Anexo 2), ya que el valor del estadístico esta fuera del rango de 0±0,5 (Webster 2001) y es una cifra positiva, lo cual revela que la distribución concentra los valores hacia la media (con respecto de la curva normal con curtosis cero) y se denomina distribución leptocúrtica.
Figura 1. Histograma de la edad de los delincuentes ambientales
Las características del histograma de la Figura 1, muestran similitud con la muy conocida curva de edad del delito postulada en la criminología como una verdad universal e invariante de la relación entre estas dos variables (Hirschi y Gottfredson 1983, Moffitt 1993), establecida a partir de estudios de delitos comunes, es decir, básicamente delitos contra la propiedad (Villagra 2014, p. 94).
Como se dijo anteriormente, la curva del delito es agregada (varios delitos), pero no incluye el delito ecológico o ambiental (Villagra 2014, p. 94) y hasta donde alcanzó la revisión bibliográfica no hay estudios previos que reporten este tipo de curva con delitos ecológicos. De manera que, en adelante, el principal aporte de la presente investigación se denominará curva de edad del delito ecológico (CEDE) y, por tanto, se establecerán a continuación algunos aspectos que la diferencian de la curva de delitos comunes.
En primer lugar es de esperarse que el valor de la media de la CEDE sea más alto, ya que esta curva estaría más desplazada a la derecha. Así por ejemplo, según la Tabla 2, la media de 37 años de la CEDE resultó mayor (p
Tabla 2. Prueba de medias para la CEDE Vs. Media de transgresores de delitos comunes
| Valor de prueba = 29,9 años | ||||||
| t | gl | Sig. (bilateral) | Diferencia de medias | 95% Intervalo de confianza para la diferencia | ||
| Inferior | Superior | |||||
| EDAD(AÑOS) | 6,63 | 149 | 0,00 | 7,11 | 4,99 | 9,23 |
En segundo lugar, la CEDE explicaría más el fenómeno criminológico conocido como prevalencia (Loeber, 2012, p. 16; Piquero et al. 2013), según la cual, en las edades más tempranas de la vida aumenta el número de personas que se involucran en este tipo de actividades delictivas. Por el contrario, si el mismo número de individuos que cometen delitos (más o menos estable a lo largo de la vida), incrementa notablemente su grado de actividad (frecuencia) durante esas edades, se denomina incidencia (Vigna, 2012).
En tercer lugar, a diferencia de la curva de edad para delitos comunes, en todos los casos considerados en la CEDE fueron personas mayores de edad (la legislación venezolana prohíbe la divulgación de este tipo de información de delincuentes menores de edad). Sin embargo, es de esperar que la inclusión de menores de edad no afecte de manera importante la forma de la CEDE, debido a características tales como las ocupacionales de los infractores en este tipo de delito.
Al extrapolar la información generada para la curva de delitos comunes, se tienen algunas implicaciones importantes de la CEDE:
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En los programas de control y prevención del delito ecológico, a nivel de individuos, de no controlar rigurosamente la variable edad, se corre el riesgo de confundir los efectos del desistimiento espontáneo por efecto del paso del tiempo, con los efectos del programa ejecutado. De manera que cualquier programa de reeducación de delincuentes de una cierta edad, aunque sea ineficaz, tenderá a registrar que, a posteriori, este grupo comete menos delitos (Serrano, 2010, p. 11).
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Algunos factores que correlacionan (correlatos) con el delito pueden depender de la edad. Factores tales como la clase social, la inteligencia, o los de naturaleza biológica sólo correlacionarían con el delito y la criminalidad después de algunas etapas relativamente tempranas de la vida, pero no durante las mismas debido a que en ellas la comisión de delitos está muy extendida (Serrano, 2013, p. 102).
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La idea de versatilidad indica que sea los que sea que origine la criminalidad, debe tener un carácter general, ya que se encuentra en la raíz de muchos comportamientos delictivos heterogéneos (abuso de drogas, delitos sexuales, contra la propiedad, delitos ecológicos, entre muchos otros (Serrano, 2013, p. 102).
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Desde el paradigma de la criminología del desarrollo Moffitt (1993) y con base en la correlación entre edad y delito y las dificultades para explicarla de manera satisfactoria se distinguirían dos tipos:
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Delincuentes ecológicos cuya actividad delictiva se limitaría a tempranas etapas de la adultez.
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Delincuentes ecológicos persistentes, que delinquirán durante toda su vida. En el caso de los delincuentes comunes el origen de la delincuencia de este tipo tiene una naturaleza neuropsicológica, y en el caso de delitos ecológicos, la razón pudiera ser la aceptación social de la conducta delictiva.
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El desistimiento de la carrera delictiva en el caso de la CEDE, al igual que en el caso de los delitos comunes, pudiera estar determinada, en parte, por la merma de las capacidades físicas (Serrano 2013, p. 97), particularmente para realizar trabajos duros como la deforestación manual, pero contradictoriamente, resulta ser más tardía, hecho que pudiera ser explicado por la ausencia o bajo nivel de aplicación de sanciones formales (Serrano 2013, p. 97), ya que varias actividades delictivas contra el ambiente son socialmente aceptadas en muchas comunidades, tanto urbanas como rurales (Hernández et al., 2005).
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Una categorización de la edad de los delincuentes ecológicos apropiada pudiera ser la propuesta por Vera-Villarroel et al (2013): rangos de edad de 18-24 años, 25-40 años, 41-65 años y de 65 y más años. Estos rangos de edad, basados en criterios de desarrollo evolutivo, corresponden los dos primeros rangos a adultez temprana, el tercero a adultez media, y el cuarto a adulto mayor. Se segmentó la primera etapa de la adultez en dos periodos dada su extensión. Se consideró como criterio de corte para dividir esta etapa el promedio de edad en que se concluyen estudios superiores y comienza la vida laboral y familiar.
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La alta participación de personas jóvenes en la delincuencia ecológica pudiera ser explicada en gran medida, al igual que en los casos de delitos comunes, por la falta de oportunidades laborales para jóvenes (Añez y Han 2013).
Un altísimo porcentaje (95,1%) de la muestra de delincuentes ecológicos fueron hombres (Figura 2), valores cercanos a los reportados por la literatura para los casos de delitos comunes. Por ejemplo en España se han reportado valores de 4% a 9% de mujeres en poblaciones privadas de libertad (Vigna 2012), aunque en países como Méjico se ha detectado un incremento de la delincuencia femenina en los últimos años, debido, en parte, a que la mujer imita cada vez más al hombre en su forma de delinquir, y adopta actitudes, técnicas y modus operandi que tradicionalmente sólo empleaba el varón (Álvarez 2015). Por tanto, es de esperarse que en Venezuela, los niveles de delincuencia ecológica femenil se eleven en el mediano plazo.
Figura 2. Distribución por sexo de la muestra de delincuentes ecológicos
Por otra parte, la distribuciones de edad por sexo fueron muy disímiles (Figura 3 y Anexo 3). Las edades de inicio y desistimiento de las mujeres difieren de las de los hombres, pues la primera es más tardía (22 años) y la segunda es más temprana (50 años). Este resultado (mayor concentración de los datos de las mujeres) concuerda con las afirmaciones hechas para los casos de delitos comunes (Zahn y Browne 2009).
Asimismo, el pico de ocurrencia de delitos de las féminas es más retrasado, se presenta alrededor de los 43 años.
Figura 3. Distribución por sexo y edad de la muestra de delincuentes ecológicos
Un alto porcentaje (81,6%) de los delincuentes ecológicos son solteros (Figura 4), mientras que en segundo lugar se ubican los casados (10,3%). Estos valores difieren de los reportados para privados de libertad por delitos comunes en Bogotá (Quiceno et al. 2012): solteros (28.6%) y viven en unión libre (42.9%).
Figura 4. Estado civil de una muestra de delincuentes ecológicos
Los trabajadores agrarios son el grupo laboral que comete mayor cantidad (42,3%) de delitos ecológicos (Figura 5), debido a que muchos delitos de este tipo son perpetrados por personas que laboran en el sector primario de la economía (Iamartino y Gómez 2015), incluso en el 2007 Venezuela ocupó el décimo lugar entre los países con mayor tasa de deforestación en el mundo (Lozada 2007), especialmente en áreas protegidas (Lozada 2007, Lozada 2009, Rial 2011, p. 264, 274). Entre las causas que han contribuido a elevar la tasa de deforestación se han señalado (Lozada 2009): 1) la política orientada a favorecer a los campesinos y a la agricultura, inclusive en tierras forestales, mediante el llamado "Manejo Comunitario del Bosque" (Ortegano, 2000), 2) la creación de organizaciones llamadas "Unidades Territoriales de Base" formadas por invasores de tierras que toman decisiones en las Reservas Forestales, donde la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario estableció el carácter de "ociosas" a las áreas sin producción agropecuaria, aún cuando tengan bosques, y 3) el Plan de Ordenamiento de la Reserva Forestal Ticoporo del estado Barinas, que plantea, entre otros objetivos, garantizar la seguridad agroalimentaria. Es importante destacar que agricultura constituye la principal amenaza para muchas áreas protegidas de muchos países (Carey et al., 2000, p. 41; Szabó et al. 2001) y Venezuela no es la excepción.
Siguen otras ocupaciones (31,4%) y, luego, el productor agrario, el profesional, el trabajador no agrario y el personal técnico se reparten porcentajes muy pequeños. Es relevante señalar que las modalidades "sin información" y "otras ocupaciones" pueden enmascarar el desempleo de las personas involucradas en delitos ecológicos, factor que influye en el delito (Finklea 2010, Phillips y Land 2012).
Figura 5. Ocupaciones (%) de una muestra de delincuentes ecológicos
Obviamente, una gran mayoría (86,5%) de los delincuentes ecológicos son venezolanos, seguidos por los naturalizados (8,4%), quienes son extranjeros (colombianos) que han adquirido la nacionalidad venezolana y, por tanto, están obligados por la Constitución y las leyes pertinentes, a proteger y conservar el ambiente (Figura 6). De este segundo grupo se espera corresponsabilidad en la defensa ambiental, pues se asume que ha creado un vínculo de permanencia con su grupo familiar y el entorno (Useche et al. 2014).
Finalmente, en un bajo porcentaje se ubican los extranjeros, quienes en su mayoría son colombianos. Estas porcentajes, reflejan la realidad de la composición de la población en nuestro país, el cual ha recibido flujos migratorios de diversos países, especialmente de Colombia en los últimos años debido, en gran parte, a razones socioeconómicas asociadas a la pobreza y a la guerra civil de ese país (Carreño, 2014), y a convenios entre los países miembros del Pacto Andino para la protección de derechos humanos de los indocumentados (Álvarez de Flores, 2004, p. 193). Por tanto, la comisión de delitos ecológicos es otro impacto socioeconómico ocasionado por las migraciones, que se puede agregar a la lista reseñada por Dávila (2002) o, también, se pudiera clasificar en una dimensión aparte como impacto ecológico.
El estado Barinas es uno los tres principales receptores de la migración colombiana (Romero 2012, p. 34), conformada en buena parte por personas dedicadas a las actividades agropecuarias (Useche et al. 2014).
Figura 6. Categorías de nacionalidad de una muestra de delincuentes ecológicos
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Como un aporte original de la presente investigación, se determinó la curva de edad del delito ecológico (CEDE), que presenta aspectos que la diferencian de la curva de delitos comunes. Así, la media de edad (37 años) resultó estadísticamente superior al compararla con una muestra de delitos comunes. Asimismo, el pico de ocurrencia de delitos de la CEDE (37 años) superó al de delitos comunes (20 años). Estas diferencias pueden explicarse, en parte, porque bastantes actividades delictivas contra el ambiente son socialmente aceptadas en muchas comunidades, tanto urbanas como rurales (Hernández et al., 2005), lo cual incide negativamente en el desistimiento por mecanismos de control social.
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Un altísimo porcentaje (95,1%) de la muestra de delincuentes ecológicos fueron hombres, cifra cercana a los reportados por la literatura para los casos de delitos comunes. Por otra parte, las distribuciones de edad por sexo fueron desiguales. Las edades de inicio y desistimiento de las mujeres difieren de las de los hombres, pues la primera es más tardía (22 años) y la segunda es más temprana (50 años). La forma en que se diferencian las curvas por género concuerda con lo reportado para los casos de delitos comunes (Zahn y Browne 2009).
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Un alto porcentaje de los delincuentes ecológicos son solteros y trabajadores agrarios. A esta categoría de ocupación se le atribuyen muchos delitos de este tipo (Lozada 2009; Rial 2011, p. 139; Iamartino y Gómez 2015).
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La gran mayoría (86,5%) de los delincuentes ecológicos son venezolanos, seguido por los naturalizados (8,4%), y en un bajo porcentaje por extranjeros (las dos últimas categorías provenientes de Colombia). Estos datos reflejan la realidad de los flujos migratorios hacia el estado Barinas, provenientes de diversos países, especialmente de Colombia en los últimos años (Romero, 2012, p. 34; Useche et al. 2014) debido, en gran parte, a razones socioeconómicas (Carreño 2014) y a convenios entre los países miembros del Pacto Andino (Álvarez de Flores, 2004, p. 193). Por tanto, la comisión de delitos ecológicos es otro impacto socioeconómico ocasionado por las migraciones, que se puede agregar a la lista reseñada por Dávila (2002) o, también, se pudiera clasificar en una dimensión aparte como impacto ecológico.
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| Kolmogorov-Smirnova | Shapiro-Wilk | |||||
| Estadístico | gl | Sig. | Estadístico | gl | Sig. | |
| EDAD (AÑOS) | .097 | 150 | .002 | .942 | 150 | .000 |
| a. Corrección de la significación de Lilliefors | ||||||
| Edad (años) | Estadístico | Error típ. | |
| Media | 37,01 | 1,07 | |
| Intervalo de confianza para la media al 95% | Límite inferior | 34,89 | |
| Límite superior | 39,13 | ||
| Mediana | 36,00 | ||
| Varianza | 172,91 | ||
| Desviación típica | 13,15 | ||
| Mínimo | 18,00 | ||
| Máximo | 87,00 | ||
| Rango | 69,00 | ||
| Asimetría | 0,95 | 0,20 | |
| Curtosis | 1,25 | 0,39 | |
| SEXO | ||
| Edad (Años) | Masculino | Femenino |
| Mínimo | 18 | 22 |
| Máximo | 87 | 50 |
| Media | 37 | 36 |
| Mediana | 36 | 39 |
