Perfeccionamiento de lo servicios sociales en España. Informe con ocasión de la ley sobre autonomía y dependencia
| Autor | Laura Ponce De León |
| Páginas | 196-200 |
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Este informe enumera las diferentes aportaciones recogidas en el Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIROPO), ofre-Page 197ciendo una reflexión razonada y un debate práctico sobre la reciente aprobada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, centrándose en la relevancia de los servicios sociales como principal organismo ejecutor de la misma, y en cuyo apartado surgen sendos interrogantes de actuación, ante los cuales se pretende ofrecer soluciones y alternativas viables. Para conseguir este objetivo, el libro aparece dividido en tres partes claramente delimitadas: una primera de estudio, donde se analizan durante seis capítulos la experiencia en materia de servicios sociales de diversos países y la evolución histórica de los mismos en España; otra segunda más práctica, compuesta de seis capítulos, en la que se proponen alternativas de mejora para favorecer el cumplimiento de la citada Ley y la ampliación de la capacidad protectora de los servicios sociales; y una tercera donde se analiza la coordinación de las ramas de los servicios sanitarios y sociales.
El capítulo primero ofrece una aproximación terminológica de los servicios sociales, entendidos estos últimos como un rama de actividad que tiene como objetivo mediato el bienestar individual y social, procurando apoyo polivalente, prestaciones, servicios técnicos, con rigor formal y dispensados bajo regímenes institucionales. Los servicios sociales son ubicados como una rama más de los sistemas o políticas sociales junto con la asistencia sanitaria, servicios educativos, protección social del trabajo, política de rentas personales y la protección social de la vivienda; obviando el carácter sectorial o de división por colectivos y orientando su actuación hacia la identificación de áreas especializadas, pudiendo ser de carácter público o privado.
El capítulo segundo y tercero analizan la información internacional en materia de servicios sociales en países de nuestro entorno más cercano; se citan diversos ejemplos entre los que se destacan Dinamarca, Francia, Reino Unido, Holanda, Irlanda, Suecia y Finlandia. La información aportada se centra especialmente en materia de ordenación territorial, organización administrativa, sistema de competencias, financiación, responsabilidad pública, la economía mixta de bienestar y la acción del tercer sector. Las diferentes tendencias de estos países son: reforzamiento de la acción comunitaria, modelos de atención integrada e individualizada, conciliación de responsabilidades familiares y profesionales, previsiones específicas en materia de dependencia, la protección de los derechos de las personas usuarias y la garantía de prestación. Respecto a la atención de la dependencia, se pueden desglosar tres modelos fundamentales de protección social. El primero es un Sistema público de tipo universal financiado mayoritariamente por impuestos, países escandinavos y Holanda. Estos países han integrado la atención a la dependencia en los dispositivos de salud pública y servicios sociales. El segundo modelo es un Sistema público universal financiado y gestionado en el marco de la Seguridad Social en el que la dependencia se reconoce como un nuevo "riesgo social";, en él destacan Alemania, Austria y Luxemburgo. Estos países han optado por la creación de una rama específica, dentro de la Seguridad Social para dar respuesta a la situación de dependencia. El último, es el Sistema que mantienen los países mediterráneos, en el que se contempla la dependencia desde la consolidación de prestaciones por clasificación de gravedad, definiéndose un plan de ayuda con un tratamiento de proximidad, así como la gestión de prestaciones económicas en coordinación con servicios sociales específicos. La atención en este modelo no es universal sino orientada a aquellas personas que tienen situación de insuficiencia de recursos.
Los tres siguientes capítulos recogen la evolución de los servicios sociales en España, especialmente desde las primeras Leyes de Beneficencia, pasando por la aprobación de la Ley de Bases de la Seguridad Social (1963) y la formación del INAS o Instituto Nacional de Page 198 la Seguridad Social (1974), hasta la consolidación de la Constitución española de 1978, que supuso una emergente reafirmación de la concepción de los servicios sociales. Este evento se plasmó en la entrada en vigor de los Estatutos de Autonomía y posteriormente la aprobación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985, donde se establece la obligatoriedad de los Ayuntamientos a prestar servicios sociales. Más tarde se define el Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, en 1988. A partir de este momento, entre 1982-1992, se suceden las aprobaciones de las diferentes leyes autonómicas de servicios sociales. A partir de aquí el libro analiza la evolución de esta paulatina consolidación, centrando su discurso en la explicación de la financiación, estructuración territorial y la asignación de las competencias. Esta parte finaliza con la revisión del impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LPAPAPD) en los servicios sociales de las Comunidades Autónomas, lo que implica una revisión detallada de las actuales leyes autonómicas así como los servicios derivados de los mismos, especialmente en materia legislativa, presupuestaria y competencial.
En los capítulos restantes, el libro adquiere un carácter práctico y reflexivo, dilucidando las diferentes propuestas de mejora para el perfeccionamiento de los actuales servicios sociales españoles, que tienen como asignatura pendiente la atención a la dependencia. El capítulo siete esgrime un diagnóstico de la situación actual de los servicios sociales en España, caracterizado por la escasa integración de los recursos comunitarios, lagunas competenciales y presupuestarias, la falta de reconocimiento profesional y un exceso de burocratización. Tres características perfilan este diagnóstico: desestructuración, inequidad e inaccesibilidad. Ante este análisis se plantea la paradoja de la incorporación de la LPAPAPD, por un lado la consolidación de los servicios sociales como el cuarto pilar básico del Estado de bienestar, y por el otro un desequilibrio y desorden al incrementar los servicios en los más o menos estructurados sistemas autonómicos. Se analizan los aportes de cuatro Comunidades Autónomas que han decidido poner en marcha un proceso para la elaboración de una nueva ley de servicios sociales: Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia. Ante este diagnóstico las propuestas de mejora son las siguientes: conceptualizar los servicios sociales hacia una reafirmación institucional de los mismos como un sistema de protección, acotar y definir los servicios y las prestaciones a ofrecer, evitar un crecimiento desordenado posibilitando recursos adecuados, delimitar la responsabilidades, mejorar la accesibilidad, crear una organización racional, incrementar el gasto público, regular las entidades públicas, privadas o voluntarias, y fortalecer el papel de los entes locales y la participación de la iniciativa social. En definitiva, se propone una propuesta proactiva, capaz de salir al encuentro de una demanda emergente de servicios.
Los dos capítulos siguientes centran la propuesta de mejora en dos aspectos concretos: los objetivos y la elaboración de un catálogo de servicios que permita delimitar el carácter operacional de los servicios sociales. Cuatro objetivos deberán ser tenidos en cuenta para su modernización y para dar la cobertura requerida: la asistencia supletoria de carencias y limitaciones personales, la habilitación y rehabilitación con vistas a la integración social, la prevención del malestar individual y social, y la accesibilidad funcional y social. Entre otras propuestas interesantes se proponen la concepción comunitaria de la intervención, la relevancia de los planes individualizados de atención y la prevención de situaciones de riesgos de emergencia. Como rasgo característico se propone una novedosa ordenación del catálogo de las diferentes actividades llevadas a cabo desde los servicios sociales en materia de dependencia, donde se tiene en cuenta la atención de media y larga Page 199 duración como fuente clasificadora. La propuesta de mejora relativa a los servicios se resume en cuatro aspectos: información de las actividades, investigación para perfeccionar las mismas, evaluación mediante buenos indicadores y la formación de un cuerpo técnico de profesionales.
A continuación, el capítulo diez analiza las propuestas relativas a la mejora de la organización y la gestión de los servicios sociales. Se analizan los diferentes problemas suscitados a raíz de la asignación exclusiva de las competencias en materia de servicios sociales a las diferentes Comunidades Autónomas, especificando las desigualdades existentes en los servicios sociales primarios competencias de los Ayuntamientos y los servicios sociales especializados, donde se entrelazan diferentes entidades. Para sufragar estos desequilibrios se analizan las siguientes mejoras: el usuario debe ser el centro del sistema, dotar de una información suficiente a los profesionales, flexibilidad y coordinación institucional, determinar objetivos de trabajo concretos y dotación de recursos humanos. Las tres propuestas novedosas son la creación de Centro de Recursos Especializados, que darían una atención amoldada a las diferentes necesidades; la creación de Centros Coordinadores, encargados de asegurar la coordinación, investigación, planificación, promoción y evaluación; y la figura del gestor de caso, especializado para la elaboración del Plan Individualizado de Intervención.
La financiación es tratada en el capítulo once donde se realiza un estudio de los posibles costes del cumplimiento de la Ley, evidenciando un sistema de financiación actual insuficiente que no garantiza la cobertura de toda la población, el incremento de desigualdades interprovinciales y la necesidad justificativa del sistema de copago. Se propone la implantación de un sistema de financiación tendente a una lógica institucional universalista, que abandone presupuestos asistencialistas.
Seguidamente, el capítulo doce enumera una serie de mejoras jurídico-institucionales generales entre las que se destacan: elaboración de una Ley estatal reguladora de las condiciones básicas de servicios sociales, el progresivo reconocimiento de los servicios sociales como un derecho del ciudadano, un mayor avance en la regulación de la responsabilidad pública, ordenación de los recursos sociales para hacerlos más próximos al lugar de residencia del ciudadano, una regulación jurídica de la atención sociosanitaria, mayor clarificación en la delimitación competencial que tienen las Administraciones públicas, mayor profundización en la regulación de la iniciativa privada, una mejora de la instrumentación jurídica- administrativa y el perfeccionamiento de los Pactos Locales. En las conclusiones finales de este capítulo se enfatiza sobre los aspectos legales vigentes bajo dos medidas importantes contempladas en la LPAPAPD: la valoración de la dependencia y la elaboración del programa individual de atención.
A continuación, el libro aborda su última parte temática, relativa a la necesaria coordinación de los servicios sanitarios y sociales en materia de dependencia. Tras su aproximación conceptual se procede al análisis del trabajo realizado hasta la fecha, centrándose especialmente en variados ejemplos de atención sociosanitaria, llevados a cabo por instituciones públicas, como el Programa de Planificación de Alta Hospitalaria del Hospital de Sant Andreu de Manresa o del Hospital Vires da Xunqueira en A Coruña, la atención gerontogeriátrica realizada por el Ayuntamiento de Madrid y la atención sociosanitaria realizada por el Ayuntamiento de Sabadell y el Instituto Catalán de la Salud. Todos ellos ejemplifican la necesidad de una coordinación institucional sociosanitaria y de un estudio pormenorizado de necesidades, que permitan adaptar los servicios de una manera eficiente y razonada.
Dos propuestas de especial relevancia se apuntan en el libro como principal escollo Page 200 para la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia: por un lado la articulación territorial de las responsabilidades, cuya propuesta se orienta hacia unas competencias concurrentes y no excluyentes; y por el otro la financiación, en cuya propuesta se deja entrever las responsabilidades financieras de las respectivas Comunidades Autónomas. La síntesis interpretativa de libro ofrece sobradamente un panorama reflexivo, cargado de posibles soluciones y de amplias propuestas de aplicación.
