Reforma del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la seguridad social

Autor:Adriana de Buerba
Cargo:Socia del Área de Penal Económico
Páginas:31-35
 
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El 28 de diciembre de 2012 se ha publicado en el BOE la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre por la que se modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social (la "LO 7/2012"). La LO 7/2012 entró en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE.

Los puntos más destacados de la reforma son los siguientes:

I Responsabilidad penal de los partidos políticos y de los sindicatos

Los partidos políticos y sindicatos dejan de disfrutar de la exclusión de responsabilidad penal establecida hasta ahora en el artículo 31 bis.5 del Código Penal ("CP"). En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de la LO7/2012, los partidos políticos y sindicatos podrán incurrir en responsabilidad penal en la misma medida que cualquier otra persona jurídica privada1.

II Reforma del delito fiscal
  1. Subtipo privilegiado

    Se regula un nuevo tipo privilegiado que permite imponer la pena inferior en uno o dos grados a los responsables del delito fiscal cuando, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputados, realicen las siguientes conductas:

    (i) al obligado tributario o al autor del delito, si satisface la deuda tributaria y reconoce judicialmente el delito;

    (ii) a otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, si colaboran activamente en la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.

  2. Subtipo agravado

    Se introduce un nuevo subtipo agravado cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

    (i) que la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros;

    (ii) que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal; o

    (iii) que se utilicen personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación2que

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    oculten o dificulten la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

    Las penas contempladas para el subtipo agravado son: (i) prisión de dos a seis años, (ii) multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada, y (iii) pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayuda públicas o de disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años3.

    El aumento de la pena de prisión implica, en estos casos:

    (i) que la competencia para el enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Provincial con posibilidad, en su caso, de ulterior recurso de casación ante el Tribunal Supremo y

    (ii) que el plazo de prescripción se eleve hasta diez años.

  3. La regularización

    La regularización pasa a ser un elemento del delito y no sólo una causa de exclusión de la pena. Hasta ahora, la regularización no eliminaba el delito fiscal sino sólo la posibilidad de imponer una pena al defraudador4. Con esta reforma, una vez completada la regularización, el delito mismo desaparece. En la práctica, esta diferencia tendrá como efecto, por ejemplo, que no se pueda perseguir como delito de blanqueo de capitales la transformación u ocultación de patrimonios no declarados después de regularizados. También se ha dicho que convierte al delito fiscal en imprescriptible, ya que exige para su consumación un elemento negativo como es el de que no se haya regularizado la deuda tributaria. Sin embargo, los informes previos a la reforma emitidos por el Consejo General del Poder Judicial y la propia Exposición de Motivos de la LO 7/2012 parecen rechazar esta interpretación, por otra parte absurda.

    La reforma aclara que sólo excluye el delito fiscal la regularización que reúna los siguientes requisitos:

    (i) que se lleve a cabo mediante el completo reconocimiento de la deuda...

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