Participación pública en la gestión ambiental: dos contribuciones de la psicología ambiental
| Autor | Juana María Serrano/Roberto Moreno/Santiago Gutiérrez |
| Páginas | 293-304 |
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La participación del público en la gestión ambiental, es clave para aumentar la eficacia de la misma (Reed, 2008). Esta afirmación es el elemento común que vincula a los dos trabajos que aquí se presentan. Realizados desde la perspectiva de la Psicología Ambiental sus resultados tienen importantes aplicaciones para la participación del público (o la comunidad) en la gestión ambiental.
En general, se considera gestión ambiental al conjunto de acciones, preventivas y paliativas, orientadas a minimizar los efectos o impactos ambientales no deseados de la actividad humana. Concretamente, es “la toma de decisiones estructurada intencionalmente desde una `visión´ pro-ambiental orientada a un desarrollo más sostenible, que implica y condiciona los objetivos de la organización (es decir, su `misión´) y sus `estrategias´ para alcanzarlos” (Pol, Moreno y Castrechini, 2010, p. 379). Tradicionalmente esta toma de decisión ambiental la han llevado a cabo los expertos (gestores, técnicos), pero, cada vez más, incluyen la participación del público, que mejora la calidad y duración de las decisiones, además de otros beneficios.
La participación pública es “la práctica de consultar e implicar a los miembros del público en el establecimiento de la agenda, la toma de decisiones y la elaboración de las políticas de organizaciones o instituciones” (Rowe y Frewer, 2004, p. 512). Por tanto, implica no sólo el derecho de los ciudadanos a conocer y a ser informados (participación pasiva), sino también el de participar en la toma de decisiones (participación activa) (Cox y Pezzullo, 2016). En función del flujo de información entre gestores y público se han distinguido tres formas de participación (Rowe y Frewer, 2005). La comunicación pública, cuya información es de un sentido: los gestores la transmiten al público, que “participa” como receptor pasivo de la misma (no hay diálogo). La consulta pública, cuya información es de un sentido: los gestores consultan al público, que, al responder (p. ej. un cuestionario) “participa” como emisor de la información (tampoco hay diálogo). Y la auténtica participación pública, cuya información es de dos sentidos: los gestores y el público la intercambian, ya que el público participa “activamente” en la toma de decisiones (hay diálogo).
Los trabajos que aquí se presentan hacen referencia a distintas formas de participación. El primero, más básico, analizó los obstáculos de los gestores a la participación (activa) de las comunidades en la toma de decisiones, en el ámbito de la gestión de las energías renovables (Lima et al., en prensa). El segundo trabajo, más aplicado, analizó los efectos que la participación (pasiva) en un plan de comunicación tiene en sus participantes, en el marco de la gestión de los riesgos ambientales (Bodoque et al., en revisión). Además, estos trabajos se articulan en torno a la comunicación ambiental, ya que sus conclusiones pueden aplicarse al diseño de estrategias comunicativas que mejoren la calidad de la comunicación entre legos y expertos, en el primer trabajo, y la percepción del riesgo de inundación, en el segundo.
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La participación de la comunidad en la toma de decisiones ambientales tiene muchos beneficios. mejora las decisiones (Newig, 2007), las relaciones entre los participantes (Stringer et al., 2006) y la calidad de la democracia (Lima et al., 2012), entre otros.
Pero esta participación es difícil de implementar, porque tiene que salvar obstáculos procedentes de la comunidad: “es perder el tiempo”, “es aburrida” o “es inútil” (Irving y Stansbury, 2004) y de los gestores, los cuales han sido menos investigados.
Un obstáculo importante son las expectativas negativas que los gestores tienen sobre las reacciones de la comunidad (efecto NIMBY, Not in My Backyard, “mode-lo de déficit”), que se corresponden con las imágenes que tienen de ella, las cuales, a su vez, influyen en qué medida están dispuestos a implicarla en el proyecto (Maranta et al., 2003). En este trabajo estas imágenes (creencias, representaciones) se consideraron el estereotipo social que los gestores tenían de la comunidad (Lima et al., en prensa), es decir, las “imágenes evaluativas simplificadas y compartidas” que tenían de ella (Hogg y Vaughan, 2009, p. 34). Este estereotipo es negativo (la comunidad es ignorante, irracional y emocionable) y genera en los gestores expectativas negativas sobre las reacciones de la misma.
El “Modelo de Contenido del Estereotipo” afirma que los estereotipos tienen dos dimensiones universales: la competencia (dimensión cognitiva) y la amabilidad (dimensión afectiva) (Fiske, Cuddy, Glick y xu, 2002). En función de una combinación de ambas hay cuatro tipos de estereotipo que caracterizan a ciertos grupos sociales: muy competentes y muy amables (clase media y cristianos), muy competentes y poco amables (ricos y asiáticos), poco competentes y muy amables (mayores y discapacitados), poco competentes y poco amables (drogadictos y vagabundos). Este modelo sostiene que el estatus social del grupo predice la competencia y la interdependencia predice la amabilidad. Por tanto, los gestores, con mayor estatus que la comunidad, que, además perciben como amenazante (probable oposición al proyecto), tienen un estereotipo social de ella como de poco competente (ignorante, “modelo de déficit”) y poco amable (egoísta, hostil), lo que les lleva a deshumanizarla, aunque sea sutilmente (Lima et al., en prensa). Una deshumanización que usarán para justificar su exclusión del proyecto.
El objetivo de este estudio era conocer la relación causal entre la deshumanización de la comunidad por los gestores y su actitud hacia la participación de la comunidad en el proyecto, así como la mediación en esta relación de las conductas de protesta que los gestores esperan de la comunidad. La hipótesis señalaba que cuanto más deshumanizada sea la visión que los gestores tienen de una comunidad mayores expectativas tienen de que lleve a cabo protestas ilegales y violentas contra el proyecto, lo que provocará menos actitudes positivas en los gestores hacia la participación de la comunidad en el mismo. Es decir, la visión deshumanizada que los
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gestores tengan de la comunidad causará en ellos una actitud desfavorable hacia su participación en el proyecto.
185 técnicos (66% hombres), con una edad media de 42,36 años (SD = 11,70), mayoritariamente ingenieros, con experiencia en gestión de proyectos ambientales, participaron en un experimento online. Primero leían una breve noticia sobre un conflicto relacionado con el proyecto de instalación de un parque eólico en un pequeño pueblo. En ella se informaba del proyecto, las primeras protestas surgidas y, al...
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